El Legislativo había realizado siete observaciones el 29 de noviembre de 2022. Sin embargo, ninguna de estas fue acatada. Entre las peticiones estaba el aumento del gasto público, sobre todo en los presupuestos para la Policía Nacional y los sectores sociales (educación y salud). Asimismo, cuestionó como un dato subestimado la proyección del precio del petróleo (USD 64,8 por barril).

El Gobierno de Lasso remitió a la Asamblea su apertura a realizar ajustes el 7 de diciembre. Aunque especificó que cualquier cambio se ejecutará durante el presupuesto de 2023 y según los ingresos reales que obtenga.

Frente a esto, el Pleno de la Asamblea tenía un plazo de 10 días para reunirse y debatir la respuesta del régimen a sus siete observaciones. No obstante, los legisladores se fueron de vacaciones desde este lunes 19 de diciembre y regresarán 15 días después.

Al fin y al cabo, la Asamblea no sesionó sobre este tema por la vacancia. Por lo que sería la segunda vez que fracasa en su intento por cambiar la proforma de Lasso. Las primeras observaciones fueron devueltas por el Gobierno y se ratificó en la proforma de origen.

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“Esta es la vida del pescador, que viva en la miseria y el Gobierno no lo atiende.  Queremos cambiar la matriz productiva y tenemos un viceministro de Pesca que se burla de los pescadores artesanales y el Gobierno no hace nada. Yo no puedo estar aquí en esta Asamblea si no se hace justicia. Me daría vergüenza estar aquí ganándome un sueldo”, dijo Remache al borde del llanto, mientras exponía las denuncias de este sector.

La intervención se hizo en medio de la comparecencia de los delegados del Ministerio del Interior. El parlamentario preguntó si en el presupuesto del 2023 están incluidos los procesos de inteligencia para la contingencia de los delitos en espacios acuáticos. Ante la el cuestionamiento, los delegados respondieron que estas áreas eran atribución de otra institución.

“Es importante que se incluya un presupuesto para los delitos en espacios acuáticos porque está acabando con la economía de Santa Elena. Cuando no hay pesca se para toda la economía de Santa. Elena, nadie vende y nadie compra”, resaltó Remache.

Agregó que la producción de los pescadores forma parte del 7% de la economía ecuatoriana, por lo que es importante velar por su seguridad.

Los presupuestos…

La Comisión de Régimen Económico recibió a los representantes y delegados del Gobierno para analizar la proforma presupuestaria 2023. Inició su comparecencia el secretario de Planificación, Jairon Merchán, quien expuso los montos destinados para en Plan Anual de Inversiones (PAI). En la planificación se incluyen 223 proyectos de inversión de 57 instituciones.

A la mesa parlamentaria también acudieron delegados de los ministerios del Interior, de Defensa, de Salud, y de Transportes y Obras Públicas, para exponer los montos asignados a su sector (A.G.M).

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Observaciones

A primera vista, se descarta la tesis del régimen de Lasso. Son 17 sectores prioritarios que sufrirían recortes a su inversión, según la legisladora por UNES, Jahiren Noriega.

Por otro lado, el economísta Marco Flores resaltó que es necesario un cambio de política económica porque la economía que lleva a cabo Lasso es muy débil. Precisó que existen distorsiones en la comparación de valores o cifras de un año y otro. Además, apunta que la proforma no satisface a los 18 millones de ecuatorianos.

Acotó que hay un alto rubro para gasto corriente y apenas 7.3 millones de dólares para lo demás.

En cambio, María de Lourdes Lozada, representante de los Jubilados, solicitó el incremento del presupuesto para el pago a los maestros jubilados de los últimos tres años. A esta observación se unió el asambleísta de UNES, Blasco Luna, que mencionó que lo destinado para los jubilados en la proforma es preocupante, porque no alcanza para el pago.

Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE, destacó que las universidades han sido víctimas del recorte presupuestario; por ejemplo, la Universidad de Cuenca. En la proforma se reduce el dinero en al menos diez instituciones de educación superior (IES).

Los parlamentarios del oficialismo, Eitel Zambrano y Guido Chiriboga señalaron que existe un incremento presupuestario a favor de las universidades. Asimismo, contradijeron la exposición de Lozada respecto a los maestros jubilados. «Es un tema netamente del incentivo jubilar y no de la jubilación. El incentivo no tenía una fuente de financiamiento», dijo Zambrano.

La asambleísta por UNES, Ana Herrera, refirió que sí existe un recorte a las IES. “Una cosa es lo que se dice y otra la que nos han entregado, por lo que es necesaria la revisión”, enfatizó.

Finalmente, la doctora Verónica Chávez, del Colectivo de Salud, indicó que el sector de la salud está en graves problemas. Los ejes del Plan Decenal, la baja ejecución presupuestaria, problemas urgentes, “banderas rojas”, entre otros puntos relacionados con el presupuesto son cabos sueltos.

Instituciones que perderían…

Según el Gobierno, para el 2023 está prevista una inversión social de USD 15.276 millones, superior a los USD 14.500 millones proyectados para el 2022. Además, considera que cumple con las normas constitucionales para el Sistema Nacional de Salud y para la Educación Inicial, Básica y Bachillerato. Sumados los dos ámbitos aumentarían en total USD 1.223,7 millones.

Un análisis que no convence. Noriega asegura que hay instituciones de sectores prioritarios que ven decapitada su inversión desde el régimen. Entre las observaciones, la proforma no contempla la creación del Ministerio de la Mujer, anuncio de Lasso para apaciguar la violencia machista en el Ecuador.

La Secretaría de Derechos Humanos pierde una inversión del -46.5 %, mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social -10 %. Sumadas las dos entidades encargadas del desarrollo social y las mujeres son más de USD 13 millones menos.

En el sector salud, el Ministerio del ramo tiene -7 % y la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición infantil -30 %. Esto significa menos USD 21,4 millones.

La proforma recorta a la justicia más de USD 20 millones. El Consejo de la Judicatura refleja -75 % y la Defensoría Pública -38 %. La seguridad también pierde más de USD 30 millones. El Ministerio de Gobierno (-96 %) y el ECU-911 (-7 %).

Finalmente, a nueve universidades se les disminuye la inversión en más del 70 %. La Central, de Cuenca, Nacional de Educación, de las Artes, Técnica de Ambato, ESPE, Técnica del Norte de Ibarra, de Guayaquil, y Técnica de Manabí son las más afectadas. «En total 85% menos recursos para inversión», aseguró Noriega.

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En la reunión del 12 de noviembre de 2022, la Comisión acordó que las comparecencias inicien el lunes 14 y martes 15 de noviembre. A este primer debate acudirán autoridades del sector civil, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), expertos económicos y académicos.

A partir del 16 de noviembre, asistirán autoridades gubernamentales. Entre ellas, los ministros de Defensa, Luis Jara; del Interior, Juan Zapata; de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena; Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, otros. Además, la Comisión aún debe definir nuevas fechas y sus asistentes.

Resultados del primer debate

En esta primera discusión los asambleístas cuestionaron la comparación que realizó Arosemena. El ministro «analizó» el presupuesto codificado de 2022 con el presupuesto inicial de 2023, pero para los legisladores lo correcto sería comparar los presupuestos iniciales.

Según los parlamentarios, el principal objetivo es verificar la asignación de presupuestos a la salud, educación y seguridad.

Informe de observaciones

Esta comisión deberá elaborar un informe de las observaciones a la proforma 2023 y presentarlo al Pleno. La Asamblea tendrá 30 días para aprobar o descartar el informe y el Gobierno deberá pronunciarse en 10 días más. En este plazo puede acoger las observaciones o mantenerse en la propuesta inicial.

Proforma presupuestaria 2023

Según Arosemena, la proforma se planteó con el objetivo reducir el déficit fiscal e incrementar la inversión social. Para eso, comentó que los recursos de inversión superan los USD 15 mil millones en comparación al año pasado que fue de USD 13 mil millones. Además, mencionó que la medida más sana para enfrentar la economía ecuatoriana es a partir de la reducción del déficit fiscal. (N.J.C)

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La cartera de Estado quitaría más de USD 54.5 millones a 12 instituciones de educación superior (IES). Las afectadas serían:

La FEUE se prenuncia

El presidente de la FEUE, Mauricio Chiluisa explicó a Radio La Calle que a más del recorte que Lasso plantea para las universidades, solo entregó USD 17. 5 millones que no compensan las deficiencias que presentan. «Esto no representa los recursos significantes como infraestructura, crecimiento, investigación y ampliación de cupos para los nuevos bachilleres», comentó.

Según Chiluisa, esta asginación pretende mantener el mismo porcentaje entregado a las IES y subir mínimos montos. Enfatizó que las universidades grandes, las que agurpan a más del 53% de la población, son las más afectadas porque continúan menorando su presupuesto.

También, indicó que el Gobierno se justifica anunciando que incrementó el presupuesto para las universidades en USD 200 millones, pero esto es solo una preasignación. Es decir, se puede o no concretar esta entrega. Precisó que para que este rubro se entregue depende de la venta de petróleo y la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que lo conoce en abril de 2023.

Además, mencionó que Lasso tiene una deuda con la Universidad de USD 131 millones de 2017, 2018 y 2019.

No es la primera vez que Lasso intenta reducir el presupuesto a las universidades. En la proforma presupuestaria de 2022, se planteó reducir USD 213 millones. “Esto pone en riesgo la calidad, el acceso, la investigación en la educación superior y los planes de retorno progresivo presencial a las aulas universitarias», reza un comunicado emitido por la FEUE.

Próximas movilizaciones de la FEUE

El presidente de la FEUE informó que del 15 al 22 de noviembre de 2022 realizarán plantones, asambleas, movilizaciones y charlas en 23 universidades del país, como respuesta a la reducción presupuestaria y la reforma a la LOES. También recalcó la preocupación que mantiene el colectivo por la reducción que Lasso prevé para los centros de investigación.

«Reduce de USD 4 a 5 millones el presupuesto para las investigaciones. Una Universidad Pública sin investigación no se la puede considerar Universidad», puntualizó. (N.J.C)

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