El pedido, anunciado por el asambleísta Franklin Samaniego, cuestiona que las pesquisas del denominado «Caso Apagón» —que investiga un presunto peculado con perjuicios de más de USD 100 millones, según la Contraloría— se hayan centrado en funcionarios de rango medio, como el exgerente de CELEC Fernando Calero, allanado el pasado 28 de julio. Samaniego exigió que se apliquen «medidas urgentes» contra los ministros, argumentando que «quienes estuvieron al frente de las directrices deben responder» ante las irregularidades verificadas.

Crisis eléctrica y contratos improvisados

Los hechos se remontan a abril de 2024, cuando Ecuador enfrentó cortes masivos de luz. El entonces ministro encargado de Energía, Roberto Luque, declaró emergencia en el sistema eléctrico el mismo día de su posesión (16 de abril), autorizando a CELEC a realizar contrataciones directas para incorporar generación termoeléctrica.

En mayo de 2024, Luque viajó a Houston (Texas, EE.UU.) junto al entonces gerente de CELEC, Fernando Calero, para evaluar instalaciones de Progen, una de las empresas interesadas. Un mes después, Calero declaró emergencia en CELEC y delegó en subalternos la firma de contratos con Progen, argumentando urgencia para evitar nuevos apagones.

Graves fallas

Pese a las promesas, las plantas en Quevedo y Salitral nunca operaron:

• En Quevedo, Progen incumplió plazos y solo entregó 17 de 20 generadores, ninguno operativo.
• En Salitral, aunque llegaron 29 motores, faltaron obras críticas como un transformador.
  CELEC terminó unilateralmente ambos contratos en junio de 2025.

La Contraloría detectó que los equipos ofrecidos por Progen no eran nuevos, carecían de certificación como fabricante autorizado y correspondían a modelos discontinuados desde 2019. Además, los motores —diseñados para diésel— incumplían el requerimiento de operar con Fuel Oil.

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El documento revela que los equipos entregados —fabricados en 2016 y sin certificación de compatibilidad con el sistema nacional— fueron recibidos como «nuevos» pese a su antigüedad, mientras CELEC EP desembolsó USD 71.4 millones (80% del contrato) anticipadamente sin verificar avances físicos o pruebas operativas.

La planta operó sin licencias ambientales o municipales, violando normativas, y careció de certificados de garantía técnica del fabricante, configurando un «incumplimiento contractual grave». Ante estos hallazgos, la Contraloría remitió el caso a la Fiscalía por posibles delitos de peculado y tráfico de influencias.

¿Lavado de manos del gobierno?

En respuesta, la ministra de Energía, Inés Manzano, anunció la salida de «varios funcionarios» de su cartera vinculados a los contratos con Austral y Progen —este último involucrado en proyectos paralelos—, aunque omitió revelar nombres. Las irregularidades se originaron durante la crisis energética de 2024, cuando el Ministerio declaró emergencia nacional para acelerar compras ante el déficit agravado por sequías y el fenómeno de El Niño.

El proceso para la contratación de generadores eléctricos comenzó bajo la exministra Andrea Arrobo —censurada posteriormente por la Asamblea—, quien inició la contratación mediante el polémico «Giro Específico de Negocio», mecanismo de adjudicación directa cuestionado por opacidad. Su sucesor, Roberto Luque (entonces encargado), continuó las negociaciones junto al secretario de Administración Arturo Félix Wong y Fabián Calero —entonces titular de CELEC y actual viceministro de Electricidad—, quienes supervisaron visitas técnicas y anuncios públicos con las empresas.

Luego llegó el exministro Antonio Goncalves a la entidad y aseguró que «todos los procesos legales se cumplieron», la Contraloría contradice esta versión al exponer pagos totales de USD 168.9 millones a Progen y Austral por plantas que, a la fecha, permanecen inoperantes. Manzano, al asumir el cargo, intentó sostener los proyectos pero pronto alertó sobre «problemas de ejecución», culminando en las destituciones tras el escándalo.

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En un comunicad la asambleísta Jácome sostuvo que una resolución del Consejo Administrativo Legislativo (CAL) le otorga a su comisión la potestad «exclusiva» para investigar los contratos de Progen, invocando el Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) Según Jácome, esto impide que otras comisiones intervengan, calificando el proceso como «cuestión de legalidad, no de disputa de espacios».

Sin embargo, el asambleísta Guido Mendoza (RC) replicó de inmediato, pues precisó que el CAL no encargó una fiscalización formal, sino solo un «requerimiento administrativo de información». Mendoza acusó a Jácome de «confundir a la opinión pública» al equiparar ambos procedimientos, recordando que para abrir una investigación formal se requiere aprobación mayoritaria de la comisión, trámite no cumplido.

El legislador reveló además que Jácome excluyó el tema Progen del plan de trabajo de la Comisión de Transparencia. «Pretenden distorsionar el procedimiento parlamentario», denunció Mendoza, subrayando que la Comisión de Garantías Constitucionales sí inició una fiscalización formal y actúa dentro de sus atribuciones.

Conflicto de fiscalización

El conflicto surge mientras avanzan dos procesos paralelos:

1. La Comisión de Transparencia insiste en su «autofiscalización» basada en resoluciones administrativas.
2. La Comisión de Garantías Constitucionales, dirigida por Jaime Estrada impulsa una investigación formal sobre pagos a Progen, empresa señalada por presuntas irregularidades en contratos energéticos.

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Según los Términos de Referencia publicados por la Unidad de Negocio Electroguayas, el llamado a cotizaciones con plazo hasta el 17 de junio apunta a establecer un «presupuesto referencial» previo al proceso contractual formal. La energía contratada —destinada a cubrir la demanda nacional— deberá activarse en un plazo máximo de seis meses, evitando así repetir los «meses críticos» de sequía.

Falla con Progen: telón de fondo de la urgencia

La decisión se da en medio de una crisis jurídica y operativa:

• Ruptura unilateral: Entre el 28 de mayo y el 3 de junio, CELEC canceló los contratos de las plantas estratégicas de Quevedo (50 MW) y Salitral (100 MW), pese a que Progen había instalado 46 de 49 generadores y completado un gran porcentaje de los trabajos pagados.
• Reclamos empresariales: John Manning, CEO de Progen, calificó la medida como «arbitraria» y denunció deudas millonarias de CELEC por obras civiles, además de multas «injustas». La empresa exige una mesa técnica para renegociar plazos y costos ajustados a inflación.
• Errores estructurales: Fuentes técnicas señalan plazos «irrealistas» de tres y cuatro meses para obras complejas

Impacto en la seguridad energética

La cancelación sabotea el 15% de la meta del Plan de Estiaje 2025-2026 (979 MW nuevos), diseñado para evitar réplicas de los apagones de 2024 con casi 11 horas diarias sin servicio. Según el Operador Nacional (Cenace), Ecuador dependerá en un 82% de hidroeléctricas durante el próximo estiaje si no se cumple contratación de energía emergente.

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Según Progen, la ministra omitió información clave al afirmar que los generadores para el proyecto Quevedo no han sido inspeccionados ni entregados. La empresa aseguró que ha cumplido con la entrega del 79% de los equipos contratados —23 de 29 generadores—, y que los retrasos en el envío de los restantes se deben a eventos de fuerza mayor, como huracanes y una huelga en los puertos de Estados Unidos, todos debidamente notificados a las autoridades.

Falta de inspección en Estados Unidos

Progen desmintió las acusaciones de Manzano sobre una supuesta falta de colaboración para la verificación de los equipos. La empresa afirmó que CELEC EP no envió a sus técnicos a Tampa, Florida, dentro del plazo de cinco días posteriores a la firma del contrato, el pasado 3 de septiembre.

“Han transcurrido más de 115 días sin que se realice esta inspección técnica, que es responsabilidad de CELEC EP. A pesar de ello, hemos facilitado todas las condiciones para la visita, que fue reprogramada del 12 al 18 de diciembre por motivos de salud del personal designado por CELEC”, señaló la empresa a través de un comunicado.

Avances en Salitral y compromisos pendientes

Progen informó que los generadores entregados para el proyecto Salitral ya están en proceso de instalación y calibración, mientras que los equipos restantes, incluidos transformadores y tableros de control, están en vías de entrega. La empresa aseguró estar trabajando para completar el proyecto en el menor tiempo posible.

Posibles implicaciones legales

Progen advirtió que una terminación unilateral del contrato podría generar graves consecuencias legales y financieras para el país, además de retrasos significativos en la ejecución de proyectos críticos para el suministro energético. La empresa reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las disposiciones contractuales.

“Es fundamental basar las decisiones en hechos verificables y no en señalamientos inexactos”, concluyó Progen en su pronunciamiento oficial.

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De acuerdo a las declaraciones de la ministra de Energía (e), Inés Manzano, en Centro Digital, Progen no ha cumplido con las condiciones estipuladas para los proyectos termoeléctricos de Quevedo, en Los Ríos, y Salitral, en Guayaquil.

Ambos contratos, adjudicados el pasado 2 de agosto por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), tenían el objetivo de inyectar un total de 150 megavatios al sistema eléctrico del país a cambio de una inversión de USD 149.1 millones.

En el caso de Quevedo, la ministra informó que los 20 generadores destinados a la central termoeléctrica aún se encuentran en Estados Unidos. La razón principal del retraso, según Manzano, es que la empresa no ha proporcionado una dirección para que los técnicos de CELEC puedan realizar la inspección de los equipos. Tampoco han respondido a los pedidos de información por parte del Ejecutivo.

“La verificación no la hemos hecho porque ellos no han enviado la dirección para los de Quevedo. Mientras no entreguen la dirección, no hay nada que hacer”, señaló.

Respecto al proyecto en Salitral, la situación es apenas más alentadora. Progen entregó 23 generadores termoeléctricos el pasado 30 de noviembre, que ya están en proceso de instalación y calibración. Sin embargo, aún faltan seis generadores adicionales, además de componentes clave como transformadores, tableros de control y electrógenos.

Sobre estos equipos, la ministra explicó que la empresa ha presentado dificultades técnicas. “Hemos tratado de ayudar con esto último de los transformadores, pero ha sido difícil porque los que necesitan son de diferentes voltajes”, comentó.

Contradicciones y sanciones económicas

Otro aspecto preocupante es la falta de transparencia por parte de Progen Industries. La titular manifestó que la empresa ha ofrecido versiones contradictorias sobre el origen de los equipos. Inicialmente, argumentaron que fueron fabricados en China, pero luego cambiaron la versión indicando que provenían de Estados Unidos.

“Al final del día, el Gobierno desconoce dónde está la maquinaria ni dónde fueron fabricados. Pero tienen que entregarlos, y eso estamos esperando”, añadió Manzano.

En respuesta a estos incumplimientos, el Gobierno ya ha enviado dos notificaciones formales de incumplimiento, lo que activa una multa de hasta el 5% del valor del contrato. No obstante, Manzano aseguró que las acciones no se limitan a las sanciones económicas: “Estoy impulsando acciones legales porque este es un recurso del país, dinero de todos, y hay que salvaguardarlo. Me tienen que entregar equipos y maquinaria”, afirmó.

Progen solicita prórrogas, el Gobierno insiste en el cumplimiento

A pesar de las críticas, Progen ha intentado justificar los retrasos solicitando una prórroga de casi dos meses para completar la instalación de los generadores en Quevedo. Según la empresa, los equipos están listos para ser embarcados, pero la falta de inspección técnica por parte del Gobierno ha complicado el proceso.

Sin embargo, la ministra fue enfática al señalar que no se permitirá un cambio unilateral en los términos contractuales. “Ellos tienen una fecha que quieren entregar, pero una cosa es lo que ellos quieran, y otra lo que dice el contrato. Justamente ya iniciaron las multas”, indicó.

Incógnitas sobre los plazos y operación de los proyectos

Aunque el Gobierno y Progen afirman que los trabajos avanzan, ambos proyectos enfrentan incertidumbre sobre su fecha de operación. En Salitral, las pruebas podrían comenzar en la tercera semana de diciembre, siempre y cuando lleguen los equipos faltantes. Sin embargo, en Quevedo, el panorama es aún más incierto, ya que los generadores continúan sin ser inspeccionados ni enviados al país.

Pese a esta situación, el Gobierno no ha cerrado completamente las puertas a la empresa. “Dijeron cosas que no cumplieron. Me parece que no saben manejar este tema, pero seguimos esperando que cumplan”, expresó Manzano. Cuando se le preguntó sobre los responsables de haber firmado estos contratos, la ministra prefirió no emitir comentarios.

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