En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), el Fondo para la Protección del Agua (FONAG) juega un papel crucial en la conservación de los ecosistemas hídricos. El FONAG, con su misión de proteger, cuidar y restaurar los ecosistemas fuentes de agua para la capital ecuatoriana, cuenta con un equipo de 27 guardaparques altamente capacitados que realizan una vigilancia exhaustiva de los páramos y bosques que abastecen de agua a la región.

Estos guardianes de la naturaleza supervisan áreas vitales como Antisana, Pichincha – Atacazo, Alto Pita, Noroccidente, Cerro Puntas, Chalpi, Rumipamba, Ponce – Paluguillo y Oyacachi. Su trabajo es esencial, ya que los suelos de los páramos actúan como esponjas naturales, reteniendo y liberando agua durante las temporadas secas, un proceso que debe preservarse para garantizar el suministro de agua de calidad para los habitantes del DMQ.

La vigilancia constante de los guardaparques es fundamental para combatir las amenazas que ponen en peligro estos ecosistemas delicados, como las actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios forestales. El perfil del guardapáramo del FONAG es único; estos profesionales poseen un profundo conocimiento de la flora y fauna de los páramos, así como del clima particular de estos ecosistemas, situados a alturas superiores a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Además, su fortaleza física y habilidad para tratar con las comunidades locales son cruciales para la protección de estas áreas vitales.

En este Día Mundial de los Guardaparques, el FONAG extiende su agradecimiento a cada uno de sus guardaparques por su dedicación y esfuerzo en la protección de los páramos y bosques. Su trabajo no solo preserva estos mágicos lugares donde nace el agua, sino que también garantiza el bienestar y la calidad de vida de la población del Distrito Metropolitano de Quito.

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“Proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, exclusivamente en territorio nacional, por el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la finalización de su mandato. Culminado dicho plazo, la protección y seguridad referidas terminarán automáticamente”, dice el documento.

El pasado 13 de noviembre de 2923 se publicó en el registro oficial, donde la protección para expresidentes y sus cónyuges era de mínimo dos años tanto en el territorio ecuatoriano como en el exterior. Para el exvicepresidente y sus cónyuges era de mínimo un año. (MIB).

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Este presupuesto se utilizará para el fomento productivo, infraestructura turística rural, vialidad estratégica, infraestructura social, protección y conservación ambiental, desarrollo tecnológico e innovación. Este esfuerzo busca dinamizar la economía rural y combatir la desigualdad existente.

Esta inversión tiene en cuenta la protección ambiental. El 92% del suelo que debe ser conservado se encuentra en las parroquias rurales, especialmente las que pertenecen al Chocó Andino.

La entrega de este fondo se realizará en la parroquia de Tumbaco, en un evento en el que estará presente el burgomaestre.

Trabajar para la ruralidad

Quito se convierte, de esta manera, en la primera capital de la región en pensar en un enfoque de desarrollo rural. Entre los proyectos para la parte rural está una Dirección Metropolitana de Desarrollo Rural, una Estrategia de Gestión Integral de la Ruralidad que se está construyendo y el Fondo de Desarrollo Rural que financiará la estrategia.

El Gobierno asignó más de 12 millones de dólares a las parroquias rurales, más el presupuesto del Fondo de Desarrollo Rural. Esta inversión permitirá que estas parroquias cuenten con más del doble del presupuesto previsto para el año 2024.

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En una investigación de Radio Pichincha se reveló que el equipo de seguridad de Villavicencio estaría conformado por un mínimo de seis personas, dos oficiales y tres miembros de tropa, quienes se turnan todo el día de lunes a domingo. El equipo lo lideran dos capitanes, quienes ganan en promedio USD 120 diarios y se turnan los fines de semana.

Los otros cuatro policías tendrían ingresos de USD 60 al día. El costo diario de ese personal de seguridad sería de USD 480 diarios. En un mes, USD 14.400. Cada vehículo policial recibe 10 galones de gasolina. Dependiendo del tipo, la suma diaria sería de USD 24, USD 720 al mes, así lo revelaron fuentes de la Policía Nacional y el Regimiento Quito.

En total, sumando equipo y logística, la seguridad costaría USD 504 diarios, es decir, USD 15.120 mensuales, lo que da como resultado USD 181.440 anuales. La protección de Villavicencio no es nueva, empezó hace 15 meses, por su posición de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, por lo que, en total se habrían utilizado USD 226.800. (MIB)

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Varias organizaciones de esta iniciativa se agrupan alrededor de lo social. Buacan crear confianza, brindar servicio e institucionalidad. El 82% desconfía de su entorno.

La agenda global de juventudes trabajará en seis ejes importantes: inserción laboral, emprendimiento, salud mental, derechos humanos, ambiente, venezonalidad.

Entre las actividades alrededor de esta agenda están los acuerdos con universidades. Sesiones de terapia para jóvenes migrantes venezolanos. Creación del perfil del migrante joven.

Así también la asistencia técnica en derechos humanos. Capacitación para jóvenes en derechos humanos. Protocolos para los migrantes y refugiados.

Redes de organizaciones de la sociedad civil, academia, privados enfocados en ambiente. Sensibilización sobre temas ambientales y acuerdos internacionales en los que participe Venezuela.

Revise aquí, la agenda.

Ciertos problemas

La agenda se creó por el trabajo de redes de organizaciones que forman el Plan país. Las encuestas tuvieron presentes a todo tipo de migrantes, con estabilidad laboral y también grupos vulnerables.

El emprendimiento es un espacio importante para mejorar la situación de los migrantes jóvenes. El objetivo es llegar a emprender en tecnología.

A pesar de esos esfuerzos, existe una falta de políticas públicas en migración. No hay cifras exactas de cuántos venezolanos están en el Ecuador. La Cancillería dice que 300.000 personas están en nuestro país y el Ministerio del Interior coloca la cifra en menos de 200.000.

A eso se suma que no todos tienen la posibilidad de facilidades para la estabilidad económica. Menos del 20% se puede permitir una cuenta bancaria. El 90% de los migrantes venezolanos está en la informalidad y su situación legal les impide ejercer su profesión en nuestro país. (MIB)

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¿Deberíamos preocuparnos por la Ley Orgánica reformatoria a varios Cuerpos Legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral? ¿Qué cambios son los más alarmantes?

Creo que, si hay que preocuparse, precisamente por el hecho de que hay al menos cuatro cambios que amplían el poder punitivo del Estado. Esto quiere decir que le reduce la capacidad de control democrático a través de la intervención de los jueces, sobre todo para que Policía y Fiscalía puedan llevar a cabo investigaciones criminales. No solo por medio de espionaje de fuentes humanas, sino fundamentalmente por el ciberespacio.

Creo que este es un primer elemento clave porque la ley reformatoria permite no solo que se pueda crear la figura del agente encubierto informático, sino que permite que todas las grabaciones de audio y video de cámaras de vigilancia, ojos de águila, pero también las que realicen policías y militares con equipos de dotación propios, puedan servir como medios probatorios de incriminación.

El segundo cambio demuestra una mayor influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos que no son ni de defensa ni de seguridad. Esta delegación de competencias o esta restitución de facultades le da mayor peso político y económico a las FF.AA., lo cual da cuenta de la debilidad que hoy tiene el poder civil sobre ellas.

El tercer cambio tiene que ver con la visión narcotizada de la seguridad que se basa en ampliar algunos tipos penales como el terrorismo o incluir nuevos tipos penales bajo la lógica de que eso va a ser suficiente para contrarrestar la ola criminal en la que vivimos.

¿El espionaje y la influencia de las FF.AA. en otras áreas no atentaría contra la democracia?

Tiene que ver con la base conceptual de la política de seguridad que ha planteado el gobierno. Esto se basa en la idea de que al estar en una guerra contra los narcotraficantes se requiere mayores facultades para la persecución de los delitos del crimen organizado. El dilema que propone esta base conceptual es más seguridad a cambio de menos derechos y libertades civiles. Lo podemos ver en el caso de El Salvador, donde un presidente, Bukele, ha logrado contrarrestar las pandillas a costa de un enorme desgaste de las reglas democráticas.

Se debe a esta base conceptual de guerra contra las drogas que evidentemente va carcomiendo el margen democrático bajo el pretexto de garantizar y dar seguridad. Es un error que se plasma en las normas. Lo peligroso de esto es que, al abrirse las puertas para un mayor poder punitivo, las víctimas de la persecución y hostigamiento no serán solo criminales relacionados a organizaciones transnacionales sino también opositores políticos, periodistas incómodos, generadores de opinión que molesten al gobierno de turno.

Esto se vivió en el caso del gobierno de Rafael Correa, que compró el programa Galileo a la empresa Hacking Team para hacer espionaje y persecución político y lo hizo con los dirigentes indígenas, con los yasunidos y una serie de opositores políticos. Lo hizo al margen de la ley, ahora lo grave es que se está creando un marco legal para que esto se permita y legalice.

¿Esto se relaciona de alguna forma con las compras en seguridad que ha estado haciendo el Gobierno Nacional?

Eso es parte de lo que podríamos especular. No hay datos ni evidencia concluyente al respecto, pero si hemos visto el acercamiento que se ha dado con el Gobierno de Israel que entre sus productos estrella tiene la oferta del programa Pegaso, un spiceware para hacer espionaje cibernético, no es difícil pensar que una de las adquisiciones que haga el gobierno o que ya hizo fue precisamente la de este programa con toda la asesoría y equipamiento que eso implica.

Con respecto a la tenencia de armas ¿hay beneficiados allí? Porque el presidente ha dicho que lo han pedido las empresas de seguridad privada, los agricultores ¿quién se beneficia de esos cambios?

Sin duda yo creo que hay un sector claramente beneficiario que son los grupos económicos vinculados a ciertas agroindustrias que han venido presionando desde algunos años atrás para que se les dé mayores facilidades en la tenencia y porte de armas y constantemente las empresas de seguridad privada, no así los guardias, cuyo gremio ya salió a manifestar su rechazo. Los guardias seguramente no estarán de acuerdo porque los expone a mayor riesgo letal, pero los dueños están de acuerdo porque esto supone mejorar su servicio y por lo tanto rentabilizar mejor la oferta de protección privada.

Esto tiene que ver mucho con el modelo neoliberal y la política económica del gobierno porque ese es uno de los grandes puntos ciegos en el análisis de la seguridad. Normalmente se suele pensar que la seguridad no tiene nada que ver con la política económica cuando es todo lo contrario. Hay una relación intrínseca entre ambos campos de acción porque la política económica del gobierno que apuntala un gobierno neoextractivista, privilegiando ciertos sectores económicos, fomentando la acumulación a nivel del capital financiero. Es absolutamente congruente con esta liberalización del mercado de las armas y con la conversión de la protección en una mercancía.

En el fondo lo que está pasando es eso. El Estado ya no administra ni garantiza la protección del ciudadano, sino que le convierte a la protección del ciudadano en una mercancía que, así como se la compra, también se la vende. Por lo tanto, quien tenga mayores recursos, tendrá mejor capacidad de comprar la protección. Es a lo que nos avoca, tanto la Asamblea con su ley como el decreto ejecutivo 707.

Entonces no es que todo el mundo se va a armar sino los que tengan el dinero para hacerlo…

Sin duda alguna. Es una política súper elitista porque parte de un presupuesto falso pretendiendo que los ciudadanos y los civiles vamos a poder armarnos cuando es evidente que lo harán los sectores socioeconómicos que primero cuenten con los recursos para capacitarse, entrenarse y comprar las armas y municiones permanentemente. Eso es un poco la ilusión que genera, pero que evidentemente tiene un enorme redito en los sectores más acomodados de la sociedad que también están asustado y ven en esta opción la garantía de protección y cuidado.

Lo riesgoso de esto es que además se constituya lo que se conoce como vigilantismo, es decir, estrategias que utilizan los que son víctimas de crimen para poder enfrentar a los criminales y evitar ser victimizados. El vigilantismo en América Latina ha tomado varias formas, pero tal vez la más popular sea los linchamientos colectivos y las autodefensas. Los linchamientos normalmente son esporádicos, las autodefensas son más bien sostenidas en el tiempo.

Lo que podemos encontrar es que, si uno analiza la economía en ciertas zonas del Ecuador y la captura criminal del aparato policial, donde cada vez se muestra una policía más corrompida es muy probable que el país con esta flexibilización de la tenencia y porte de armas, más estos otros dos ingredientes, faciliten la creación de grupos de autodefensa vinculados a agroindustrias.

Ya hemos visto las denuncias de los gremios de pescadores artesanales por el tema de la piratería en el mar y también se ha autorizado el servicio de seguridad privada en espacios acuáticos. Es lo que ha pasado en la región y Ecuador no es un país excepcional, está en la norma general de lo que ha ocurrido en otros países violentos. (MIB)

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Lasso dijo que el apoyo y el reconocimiento a las “mujeres fuertes” del país aparece en acciones concretas. “Primero, creamos el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en segundo lugar, declaramos el Registro único de Violencia como política pública y en tercer lugar amplificamos la voz de las madres víctimas de femicidio”, expresó.

No sería necesario amplificar esas voces si existiera una política pública para disminuir los femicidios. Solo en 2022, la cifra de muertes violentas por cuestión de género llegó a 332, según datos de la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios. Esto quiere decir que asesinaron a una mujer cada 26 horas.

El mandatario agregó que “educamos con enfoque de género a las fuerzas públicas y otras instituciones”. Esa educación llegó tarde en el caso de Germán Cáceres, quien se encuentra en proceso de juicio por ser el autor del femicidio de su esposa María Belen Bernal. No es el único caso, en Ambato un mayor de Policía violó a una niña de 9 años y se encuentra en proceso de juicio.

Otros vacíos

Para la ministra de educación, María Brown, es un “reto” romper la barrera laboral para que la mujeres en ese rubro lleguen a cargos altos. Algo que no ha tenido solución en anteriores gobiernos y que tampoco la administración actual ha propuesto cambiar. Agregó que “las mujeres somos capaces de hacerlo todo”, sin mencionar que un verdadero apoyo estatal nos permitiría conseguir esas metas.

Lasso recordó que la principal demanda es el aumento de presupuesto para aplicar la Ley de erradicación de la violencia de género, una normativa vigente de 2018 que no tuvo tratamiento en el gobierno de Moreno y a la que el actual presidente prometió darle importancia y recursos. Eso en 2021 cuando todavía existía la Secretaría de Derechos Humanos. “Por eso invertiremos USD 24 millones hasta 2025”, una promesa que lleva desde el inicio de su mandato y que hasta ahora no ha tomado forma. (MIB)

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«Del presupuesto de USD 495 millones en educación para infraestructura, mantenimiento, útiles escolares. Solo se han destinado USD 160 millones. Es una cantidad irrisoria. Es una forma de salir del paso para el gobierno. Los padres gastaron en uniformes y en arreglos de las escuelas. No hay forma de garantizar el refuerzo de habilidades en los chicos que estudiaron 2 años en pandemia”, dijo a Radio La Calle.

Martínez agregó que además se redujeron las horas de carga escolar. «No está en el radar del Gobierno fortalecer el derecho a la educación y la educación como servicio».

Más de 50.000 alumnos no irán a clases

Sobre po qué los chicos no volvieron a las aulas en este año lectivo, la activista subrayó que «esa respuesta debe darnos el Gobierno. Dicen que 57.000 no volvieron a clases. El Ministerio no tiene un plan para incentivar el regreso a clases. A eso hay que sumarle factores como la pobreza multidimensional extrema que llega a un 10%. 150.000 niños se encuentran en el trabajo infantil niños y 3.000 niños en mendicidad».

Vulneración de derechos en las escuelas

La política de protección y derechos en la educación no existe. «En la pandemia se llevaron la peor parte, hablamos de niños que después de dos años se vuelven a reunir con los compañeros. También existen vulneraciones al derecho de la libre personalidad y la libertad estética que llevan hasta obtener orden judicial para que un adolescente se corte el cabello», explicó.

El sistema de disciplina en las escuelas no debe tratarse con castigos o vulneración de los niñ@s y adolescentes. “La disciplina no debe tratarse por el miedo. Hay que preguntarse si los adultos – desde el presidente hasta los padres – somos un ejemplo de comportamiento».

Martínez también indicó que la violentación de derechos puede denunciarse y la protección debe garantizarse. “El ámbito educativo no puede ser un espacio de deformación de los jóvenes a través de estas prohibiciones. Debemos crear ambientes seguros, sanos. Si esto sucede hay mecanismos, las juntas de derechos permiten llevar adelante los casos para cambiar las normas en los colegios».

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«Que, las operaciones llevadas a cabo para la recepción de señales de televisión digital comienzan con el envío por internet de contenido multimedia en forma de datos IP hacia el dispositivo “Apple TV”, dispositivo que hace previamente el requerimiento por medio de una aplicación informática que se encuentra instalada en el mismo y una vez recibida la decodifica y transmite en un formato de señal que se puede mostrar en una pantalla, monitor o televisor no incorporado en dicho dispositivo”, describe el documento al aparato.

Esta movida del Servicio Aduanero crea un manto de protección a las operadoras de televisión por cable para que mantengan sus servicios que, con el pasar del tiempo, se han vuelto más caros y poco atractivos a una audiencia que, poco a poco, migra al servicio de streaming.

¿Cómo funciona?

“El consumo de contenido en televisores y que el usuario adquiera servicios de televisión por cable (TV Cable, Claro TV) ya no tiene tanto impacto. Lo que la gente prefiere tener ahora es una buena conexión a internet y que uno pueda contratar servicios de entretenimiento en streaming (Apple TV, Netflix, HBO Max)”, dijo a Radio La Calle, Pedro Jijón, director de Tecnologic Site.

Entre las razones están el bajo precio. “La tarifa de servicios, en promedio, cuesta USD 6 y tienes acceso a infinitas películas, series. Están poniendo trabas para evitar traer estos dispositivos. En el caso de Apple TV, tiene un pequeño codificador que lo conectas al televisor y puedes ver todo por USD 6 mensuales más el precio del aparato”.

Esto genera perdidas porque estos aparatos codificadores que se venden en varios almacenes de tecnología de varias marcas permiten ver todo tipo de contenido de las plataformas de streaming. “Lo que hace el servicio es que el usuario deje de usar cable, por un sistema mucho mejor. Quieren limitar el acceso para que se siga usando el servicio de tv cable”.

¿Qué dijo la SENAE?

La aduana indicó que no se han prohibido la importación de los aparatos. «Ante publicaciones que circulan en redes sociales, el SENAE informa que como ente de control y facilitación del comercio exterior no prohíbe la importación de mercancías». MIB

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En la primera pancarta solicitan a Newsom enfrentar a las grandes petroleras que contribuyen al consumo de California. También que se ponga fin a las importaciones de petróleo amazónico. La segunda pancarta pide al presidente Lasso detener la expansión de la frontera petrolera en la selva Amazónica.

En Twitter también llamaron a la acción al presidente. «Nuestro mensaje al Presidente de Ecuador @LassoGuillermo : ¡PROTEJA LA AMAZONIA! Deje de envenenar a las comunidades indígenas en su país y termine con todas las nuevas perforaciones petroleras en la Amazonía».

La protesta se llevó a cabo en Queensway Bay. Allí, los tanques llenos de petróleo de la Amazonía viajan al puerto de Long Beach. Ahí se encuentran dos de las tres principales instalaciones de California, que refinan el petróleo de la selva tropical.

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“La explotación petrolera en nuestra Amazonía ha traído contaminación, enfermedades, deforestación, destrucción de nuestras culturas y la colonización de nuestros territorios. Es una amenaza existencial para nosotros y vulnera nuestros derechos fundamentales como pueblos indígenas. Estamos pidiendo el fin de todas las actividades extractivas en nuestros territorios. Hacemos un llamando a todas y todos los californianos a que se unan a los pueblos indígenas. Hay que exigir al Gobernador Newsom, que ponga fin a la destrucción del Amazonía”, expresó Nemo Andy Guiquita, líder indígena Waorani. MIB

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“Mediante el Ecu911 fueron alertadas las unidades de que un cuerpo sin vida estaba a la entrada de un club ecuestre en el sector Pasochoa. Por medio de las huellas dactilares se pudo comprobar su identidad. Las unidades de investigación buscan a los autores del hecho para evitar la impunidad”, dijo el comandante general de la Policía,

Dispuso que a zona 5 de Quevedo sea resguardada por el personal policial. “Se ha ordenado que a la familia del fallecido se le dé protección para precautelar su seguridad. La Policía investigará este caso que ha conmocionado al país”.

“Estamos buscando los indicios en el lugar que nos permitan encontrar a los responsables del hecho. Nos hemos reunido con el fiscal del caso para coordinar acciones. Se conformó un equipo de forenses, ADN y balísticos para hacer una inspección externa del cuerpo para descubrir las causas de la muerte. También exámenes toxicológicos”, expresó Freddy Sarzosa, director de la Dinased.

Una semana antes, Miguel Ángel Nazareno apareció en las instalaciones del Ministerio de Defensa, aunque todavía no existen explicaciones sobre las actividades que realizaba en ese lugar. MIB

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La decisión de los jueces apela al artículo 293 inciso segundo del COIP, con el atenuante del art. 46. En este contexto, se impuso una pena de 3 años con cuatro meses de prisión y se dictaminó la suspensión de los derechos de ciudadanía. Asimismo, se le impuso una multa de 10 salarios básicos unificados y reparación de 10.000 dólares para cada una de las víctimas.

Al ser una sentencia de primera instancia, la defensa tiene tres días a partir de la entrega de la sentencia por escrito para presentar la apelación. «Nos deja con un amargo sabor de boca. Realmente vemos que la justicia tiene un sinnúmero de errores en la interpretación de las leyes», dijo Olmedo tras la sentencia.

Los hechos

El 11 de julio de 2021, el oficial de Policía, Santiago Olmedo vio que tres sospechosos asaltaban con un arma blanca a un adolescente, que transitaba por una calle de Riobamba. El gendarme intervino y disparó a los tres presuntos agresores.  

Dos sospechosos fallecieron, uno en el sitio del robo y otro en un hospital. El tercer cómplice huyó.  

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«Las emisoras Galaxia Stereo (88.5),  Alfa Stereo (104.1),  Tropicalida Stereo (91.3) y Like Fm  (96.1) continúan al aire gracias a una resolución de 13 páginas que Arcotel cocinó durante los últimos días del Gobierno de Moreno, y que se publicó el 27 de mayo del 2021 —cuatro días luego de asumir el Gobierno Guillermo Lasso y uno antes de que se posesionara el nuevo director de esa entidad de regulación», dice una parte de la investigación.

Esta devolución se habría dado con la participación de la Cancillería. Este organismo respondió a una consulta sobre si los tratados de comercio que Ecuador tiene con Guatemala incluyen medios de comunicación. De esa forma permitieron saltarse la ley de comunicación que indica que al menos el 49% debe caer en manos de una persona natural.

El trato para la devolución de las frecuencias empezó desde el 5 de mayo cuando Moreno viajó a Miami. Allí se reunió por 10 minutos con González.

¿Qué obtuvo a cambio? Según la investigación, González habría ofrecido ‘protección mediática’ frente a futuras demandas en contra del exmandatario. Aunque no se ha comprobado esta versión. «Lo que sí es obvio es que hubo servicios prestados entre Moreno y El Fantasma, cuyo emporio mediático está manchado con denuncias de irregularidades y corrupción».

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Según el decreto, la protección y seguridad ahora será únicamente dentro del país, por el período de un año o seis meses respectivamente.

Asimismo, se indica que estos plazos se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos, que obligatoriamente se elaborará para el efecto.

El pasado 15 de junio, mediante el Decreto Ejecutivo No. 75, se dispuso que la Casa Militar Presidencial no proporcionará seguridad a los familiares del presidente ni vicepresidente.

Tampoco a los cónyuges o familiares de expresidentes y exvicepresidentes, salvo que se justifique la necesidad de hacerlo, mediante un informe de riesgos debidamente motivado.

En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: «Los recursos de los ecuatorianos se respetan. Estamos comprometidos con una administración al servicio de la gente. Se ha reformado la normativa sobre protección y seguridad a expresidentes y exvicepresidentes, aclarando que ésta aplicará únicamente dentro del país».

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