Opiniones divididas

Durante los eventos musicales del 6 de diciembre, que fueron parte del cronograma de las actividades previstas para las fiestas de la ciudad, la banda quiteña “Mugre Sur” realizó un acto simbólico de protesta contra el gobierno del presidente Daniel Noboa usando el característico recurso de campaña del primer mandatario. Tanto los asistentes al concierto del Quito Fest como algunos internautas de las redes sociales apoyaron este acto que lo calificaron como una protesta social. Sin embargo, al Ejecutivo le pareció que en estos espacios organizados por el Municipio de Quito se estaría incitando a la violencia, fomentando el odio y la división entre ciudadanos.

Por su parte, el concejal metropolitano Michael Aulestia, anunció que habría solicitado al alcalde de Quito se convoque a la sesión del 10 de diciembre al secretario de Cultura, Jorge Cisneros, a comparecer ante el Concejo Metropolitano sobre su responsabilidad en la organización del “Quito Fest 2024” e informar sobre el manejo del presupuesto utilizado para este Festival. A este pedido se suma el del concejal Wilson Merino, quien solicitó públicamente al alcalde Pabel Muñoz pida la renuncia del secretario.

Pero también hubo quienes rechazaron la politización a la que se habría llevado un evento cultural. El excongresista y actual periodista de la radio Centro Digital, Alfonso Harb (Pocho Harb) así como Xavier Benedeti rechazaron estos actos de protesta, calificándolas como “asquerosidades propias de la politiquería” y señalando a la banda de haber utilizado “sin gracia ni imaginación el arte callejero para hacer política”. Ante estos señalamientos, en la red social X circularon videos de Harb en el extinto Congreso donde se enfrentaba a otros legisladores con un arma en la mano y del excandidato presidencial Andrés Páez cuando realizó un acto similar frente al CNE, colgando un peluche en forma de borrego.

¿Protesta social por doquier?

La protesta no solo fue durante la presentación del grupo Mugre Sur, también se dieron consignas del público en el concierto del reconocido cantautor puertorriqueño Residente y de la banda mexicana Molotov. Los asistentes a estos conciertos grabaron videos donde se escuchaba la consigna “Fuera Noboa Fuera”, lo que politizó aún más los hechos en medio de las festividades de Quito. Nuevamente, se generó un intenso debate en los entornos digitales sobre lo que sería o no una libertad de expresión.

Los integrantes de la banda Lolabum manifestaron su rechazo a lo dicho por el Ministerio de Cultura, alegando que si bien el acto de Mugre Sur es visualmente impactante sería más impactante lo que pasa en Ecuador, y que este pronunciamiento del Ejecutivo pretendería callar a la ciudadanía. Entre otras reacciones también estuvo la de Alondra Santiago, quien ha sido perseguida por el gobierno de Noboa.

La conversación pública se mantuvo durante la noche del 6 de diciembre y se prolongó hasta la tarde del sábado.

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«La democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que permiten la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. Las acciones de grupos violentos, cuyo único objetivo es crear el pánico agrediendo y extorsionando a las empresas, instituciones y autoridades».

«Las FF.AA miran con profunda preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo, principio fundamental de la convivencia en libertad y democracia para intentar imponer al Estado sus peticiones».

Relación con el narcotráfico

Lara dice que las acciones coinciden con las acciones narcotraficantes y el crimen organizado. estas acciones van más allá de la protesta ciudadana. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia.

«Las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional. Quiero ser enfatico en selakar que la protesta social es legítima, siempre y cuando no atenten con los derechos de la mayoría de personas que quieren trabajar, educar a sus hijos, producir y moverse».

Lara habló sobre octubre del 2019 y comparó la situación. «Ya no procede la excusa de que hay infiltrados que realizan destrozos, agreden periodistas y ciudadanos desarmados. Es evidente que actúan con consentimiento de quiénes arman la movilización». MIB

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“No podemos mezclar los temas de movilización social con los de delincuencia común. Solicitamos eliminar los artículos 23, 24 y 25 que tienen que ver con la intervención de la movilización social”, dijo el jefe de bloque de Pachakutik, Salvador Quishpe.

Añadió que la historia les ha enseñado que la excepción se terminó convirtiendo en la regla general. “Estamos trabajando una ley para controlar la delincuencia común, no estamos regulando la protesta social”.

En un comunicado, la bancada informó que los artículos mencionados “van en contraposición con los dispuesto en el artículo 98 de la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos que, reconoce el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. La propuesta de Pachakutik es crear un Comité que califique de resistencia y agresión.

«Se protege a los manifestantes», dice asambleísta Narváez

No obstante, en el debate del Pleno, uno de los legisladores dijo que el proyecto de ley cuida los intereses de los manifestantes. “La protesta social es un problema de orden público y debe ser conocida. Con la ley es un derecho protegido que se considera un acto lícito. Con el proyecto de ley se garantiza que el espacio público. En este proyecto se prohíbe la utilización de municiones cubiertas de caucho. Si la policía establece que hay conducta violenta, puede dispersar la protesta”, dijo el asambleísta Ramiro Narváez.

Por otro lado, el jefe de bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres anunció que la bancada a la que represente votará a favor de este proyecto de ley. «La bancada del PSC votará a favor de la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza. Hemos participado en su elaboración y se han acogido nuestras observaciones. Esta Ley servirá para que policías y militares tengan un mayor respaldo al enfrentarse a delincuentes». MIB

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Quito 28 de dic (La Calle).- Los alrededores del palacio de Gobierno estaban cercados. La Policía Nacional solicitaba identificaciones a quienes buscaban superar los filtros. Entre las calles Benalcázar y Mejía, una larga fila de ciudadanos esperaba para ingresar al edificio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

A pocos metros, los manifestantes de la Unión Popular y de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) exteriorizaban su malestar en la Plaza Grande. Sus consignas eran en apoyo a los trabajadores de Explocen. Los manifestantes, cerca de una decena, tenían maletas en sus espaldas como si recién hubiesen llegado a la Capital. Con banderas rojas expresaban su insatisfacción y enojo por los sucesos del fin de semana en la fábrica ubicada en la provincia de Cotopaxi.

La convocatoria se difundió el pasado 26 de diciembre. La idea era que organizaciones sociales se reunieran en un plantón frente al Ministerio de Gobierno, sin embargo el cerco policial impidió el paso de las personas argumentando que solo podía acercarse una a la Cartera de Estado. Esta delegación debía entregar una solicitud a las autoridades para que se realice la protesta. Edwin Bedoya, delegado de los manifestantes, ingresó al Palacio con la misión de lograr la autorización del plantón.

La marcha se convocó dos días antes

“En el oficio se plantea el retiro de la Policía y se acompaña de un pedido al Ministerio del Interior para que no se agudice la situación en Explocen. Nosotros pedimos que los agentes se retiren de la empresa, porque este es un tema laboral. Alrededor de 160 familias no cobran los sueldos desde hace tres meses”, dijo Bedoya.

Blanco de abuso policial

Los trabajadores solicitaron la solución inmediata del conflicto que lleva de más de 166 días. “Explocen tiene que enfrentarse a los aparatos de represión. Las leyes están a favor del patronal”, añadió Bedoya.

En Navidad, los huelguistas anunciaron que se registró una incursión militar y policial en la fábrica. Los ciudadanos fueron víctimas de múltiples agresiones físicas, por lo que responsabilizaron al Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El 25 de diciembre, último William Guanoluisa fue retenido y posteriormente liberado, sin embargo se irrespetaron sus derechos humanos. “Las leyes están a favor de los aparatos de represión. Estábamos en una reunión de diálogo social hasta que ingresaron sin previo aviso miembros de las Fuerzas Armadas, acompañados del gerente de la Empresa, de inmediato empezaron las agresiones”, acotó.

La Constitución de la República en el Art. 98 establece: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

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