Hubo tres pronunciamientos durante la mañana de este lunes 6 de noviembre. El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) realizaron ruedas de prensa para expresar su malestar por la medida del régimen.

La prefecta de Pichincha y presidenta del Congope, Paola Pabón, mantuvo una reunión con sus homólogos de las provincias para tomar acciones ante la suspensión de entrega de asignaciones y la «deuda histórica» del Gobierno Central.

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, indicó que la deuda asciende a los USD 563 millones. «No pedimos nada extra, lo único que pedimos es que cumpla el Ministro de Finanzas», refirió.

El presidente nacional de Congaropare, Pabel Cantos, anticipó que los integrantes de las juntas parroquiales se movilizarán de manera pacífica el día miércoles 8 de noviembre de 2023.

Deudas a los municipios

El alcalde de Nabón y presidente de AME, Patricio Maldonado, señaló que no han obtenido una respuesta satisfactoria del régimen y que los recursos no han llegado a los municipios.

La Asociación advierte que los acuerdos ministeriales 027 y 062 del Gobierno lesionan los recursos con un recorte del 6.63 % del presupuesto de GAD’s municipales. Las medidas equivalen un golpe de USD 147.76 millones de valores pendientes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Maldonado precisó que el Gobierno Central adeuda USD 511.92 millones a los diferentes municipios por diferentes rubros, solo al cabildo quiteño le debe USD 200 millones. Los montos a cancelar se dividen así:

• USD 5.5 millones por la Ley 047
• USD 392 millones por el Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico desde 2019 a 2023
• USD 27 millones (aproximadamente) por devolución de IVA desde las resoluciones de julio de 2023
• USD 62.8 millones por la Ley Orgánica de Servicios Públicos y Energía Eléctrica
• USD 24.3 millones por fondos Fingad

Tras la reunión, los alcaldes y simpatizantes ase volcaron a las calles de Quito hacia el ministerio del ramo, ubicado en la Plataforma Financiera al norte de la capital.

Marcha en el Guayas

Por otro lado, en Guayaquil se produjo una marcha encabezada por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, en compañía de varios alcaldes de la provincia. Las autoridades y manifestantes presentes exigían al régimen que desiste en su decisión de reducir las asignaciones.

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Los gremios demandan al Gobierno Nacional medidas urgentes para combatir la delincuencia:

1. Militarización permanente en todas las vías del Ecuador, de manera especial en los puntos más críticos de la red vial.
2. La instalación de antenas móviles que aseguren la cobertura telefónica en todas las carreteras del país.
3. Eliminación de radares y foto multas. (L.T.)

La medida de hecho fue tomada el día de ayer, 24 de octubre de 2023, durante la Asamblea General Ampliada de la Asociación.

Foto arte: Carchi al Día

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Señalan que las autoridades estatales «no hacen nada» y califican a los privados como «corresponsables» de la crisis en el sector. Exigen que tanto carreteras como puertos sean militarizados ante el insostenible abandono.

Los manifestantes cerraron el 12 de octubre la vía y bloquearon la salida de unos 500 cabezales de camiones en la Terminal de Puertos Privados de Guayaquil (TPG), a quien señalan como parte del problema.

La razón de la manifestación es la creciente amenaza de extorsiones que enfrentan los transportistas. El gremio reclama a los puertos privados por la falta de implementación de seguridad y largos tiempos de espera en cuanto a infraestructura, los cuales, señalan, «han llegado al límite».

Según el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) adoptado por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, toda instalación portuaria -ya sea de acceso por mar o tierra- debe estar vigilada y protegida por:

• alumbrado;
• guardias (incluido patrullaje a pie, motorizados y en embarcaciones);

• y, dispositivos automáticos de detección de intrusos y equipo de vigilancia (CCTV).

Los conductores explican que las normas -establecidas internacionalmente- no se están cumpliendo al pie de la letra, por lo que son víctimas de la inseguridad y falta de control que los públicos y privados deben garantizar.

Hace unos días se hizo viral un video en el que se observaba a extorsionadores, conocidos como «vacunadores», exigiendo dinero a un conductor de tráiler que intentaba ingresar al Trinipuerto. Los antisociales están solicitando un pago de 20 dólares por cada ingreso a las terminales portuarias, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad de transportistas.

René Gómez, coordinador de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape), expresó para Ecuavisa su inquietud por esta situación y señaló que la protesta no se limitará a Guayaquil. Los manifestantes exigen la militarización de los puertos y las carreteras como una medida de seguridad para poner fin a las extorsiones y garantizar la integridad de los conductores y sus cargas.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) convocó a una reunión con los manifestantes en el ECU 911 de Samborondón, pero los líderes de los transportistas anticiparon que no asistirán. En cambio, tienen previsto reunirse en Quito con representantes del sector empresarial para exponer su situación y esperan que el presidente de la República, Guillermo Lasso, dé la cara.

Félix Toala, miembro de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, representando al Guayas, explicó para TC Televisión que esta protesta es una medida preventiva que busca mayor seguridad en las carreteras y puertos, especialmente en el corredor Quito-Guayaquil. Advierte que si no se atienden sus demandas, el movimiento se replicará en otras ciudades.

El régimen planea reunirse con los transportistas. Sin embargo, los choferes han dejado en claro que comenzarán con las medidas de hecho y extenderán las protestas a nivel nacional si sus demandas no son satisfechas.

Foto: Referencial

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Los trabajadores han pagado al por mayor su estancia en la tierra. Sus manos mueven cada centímetro de ciudad y son capaces de detener el tiempo con solo dejar de laborar. Esta mañana, no todos pudieron parar y celebrar su día, pero en las calles estuvieron muchos y sus voces se escucharon alto. Este 1 de Mayo, en Quito, puso muchas demandas en la palestra pública, pero, sin dudas, el grito de «Fuera Lasso» fue la consigna unitaria.

Las referencias a la presunta corrupción gubernamental estuvieron presentes; abordadas a veces con humor y con una visceralidad profunda en otros casos. El gobierno nacional recibió hoy un mensaje claro del pueblo: ¡Fuera, Lasso!

Organizaciones, colectivos y gente de las poblaciones del noroccidente de la capital, “Quito sin minería” hizo presente su defensa del Chocó Andino. Este colectivo busca reunir al menos 200 mil firmas para lograr su objetivo a través de una consulta popular.

El Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL) marchó junto al Comité 15 de noviembre, la organización Hijos e hijas de Mayo y el Partido Comunista del Ecuador (PCE). Finalmente, algunos de los guevaristas (acusados por el Gobierno) pudieron salir a las calles, tras la declaración de inocencia de seis de ellos. La principal demanda de estos colectivos fue la liberación de sus tres compañeros declarados culpables de tráfico de armas y personas, en la cruzada de criminalización de la protesta, que desde 2022 se cierne sobre esta organización comunista ecuatoriana.

Los trabajadores de la cultura se hicieron escuchar. En sus consignas estaba la promesa de un arte comprometido con las causas políticas y sociales, que persigue ser reflejo de un Ecuador multicultural y rebelde.

La plurinacionalidad ecuatoriana, las tradiciones más profundas que dan rostro a la identidad nacional se escucharon, cantaron y bailaron en las calles. Las diversas comunidades llegaron al desfile para exigir un país sin discriminación, que reconozca en el espacio político a los pueblos que lo conforman. La CONAIE celebró desde Puyo la toma de posesión de Guillermo Churuchumbi, nuevo coordinador nacional de Pachakutik.

La necesidad de un Ecuador coherente con las demandas populares, que incluya a obreros y campesinos; que priorice la educación de sus hijos e hijas y no prescinda de condiciones de vida básicas para su población, fue un reclamo general.

Allí estuvo la voz de las mujeres y la comunidad LGBTIQ. La lucha por decidir sobre sus cuerpos y por reivindicaciones laborales que transversalizan a las mujeres e identidades no cisheteronormadas se escuchó en los tambores de la batukada.

La marcha transcurrió de forma pacífica, aunque vigilada por drones y con un despliegue considerable de fuerzas policiales. Al finalizar todo, los uniformados se concentraron en la Plaza de la Independencia en torno a Carondelet.

Muchos, no tenían un trabajo digno que celebrar, algunos, ni siquiera un trabajo, otros, durante la marcha fueron apresados por robar en una tienda dos o tres alimentos.

En los márgenes de la concentración estaban, como expectantes, quienes este sistema cruel ha dejado fuera, como un recordatorio de que incluso la protesta es un privilegio y que Ecuador debe levantarse, pero también mirar con ojos humanos alrededor. 

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“Trabajadores, estudiantes, maestros y distintos sectores sociales están movilizándose en todo el país frente a la política del Gobierno. No hay cupos para la universidad. Escuelas no están dotadas de herramientas. Crece el costo de la vida y el gobierno no enfrenta estos problemas y prefiere seguir negociando los intereses particulares”, expresó el coordinador nacional de UNE.

Agregó que el Gobierno solo reacciona al diálogo cuando le conviene. “El Gobierno se acuerda del diálogo solo cuando hay movilización. Solo cuando los sectores populares nos tomamos las calles. El Gobierno solo ha negociado con el Fondo Monetario Internacional y a cambio de eso, todo el presupuesto de educación y salud. Se agotó el diálogo y el gobierno tiene responder”.

“Son 14 provincias del país donde se produce el cierre de vías por parte del movimiento indígena, agricultores, maestros. Solo para el gobierno no existe movilizaciones. Lógicamente al gobierno le va a afectar el descontento de las pueblos y ciertos sectores populares que están en pie de lucha”, añadió.

La protesta llegó a las inmediaciones de la Plaza del Teatro, donde algunos ciudadanos prendieron fuego a llantas. La policía Nacional dispersó la protesta con gases lacrimógenos y los motorizados expulsaron a los manifestantes de la Plaza.

Organizaciones como el Frente Popular y la UNE anunciaron manifestaciones para el próximo 16 de junio. MIB

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Las acciones de la UNE, entre las que se encuentran el cierre y bloqueo de vías a nivel nacional, es en exigencia de la equiparación salarial y la defensa de la educación. Piden a la Corte Constitucional que rechace el veto del presidente Lasso a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y resuelva a favor del Magisterio.

Además, del bloqueo de vías, los maestros han tomado otras medidas radicales como la huelga de hambre y el desangramiento a las afuerzas de la Corte, que inició este lunes.

Esta mañana en el Puenta de la Unidad Nacional, miembros de la Policía Nacional y de La Comisión de Tránsito del Ecuador intentaron habilitar el paso. Sin embargo, la fila de autos cruzaba toda la ciudad de Durán de este a oeste.

La protesta

La huelga de hambre inició el pasado 3 de mayo en rechazo al veto del presidente Guillermo Lasso a la LOEI y a la falta de presupuesto destinado a la Educación. Este lunes, 16 de mayo, varios maestros tomaron la decisión de desangrarse en las afueras de la Corte Constitucional (CC), como otra medida para exigir sus derechos.

En los últimos días las protestas se intensificaron en las calles de diversas ciudades del país, pues la Corte tiene hasta este 26 de mayo para emitir una resolución.

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«Vengo de ocho, 10 horas de sol. Usted dice que estamos cometiendo delito, entiéndanos, las habas hoy a USD 2. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde está nuestro trabajo? La arveja a USD 8. Lo que les pido es conciencia», dijo el agricultor.

El ciudadano fue muy claro al decirles a los policías: «Mañana cuando tomen café se acordarán que el pan que comen es hecho con la harina del trigo que sembramos los agricultores».

«Pedimos que se respeten nuestros derechos y nuestro trabajo», añadió.

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Quito 29 de abr (La Calle).- En menos de cinco meses, decenas de trabajadores de Almacenes Juan El Juri protestan nuevamente en los exteriores del local de ubicado en la Av Orellana y Diego de Almagro en Quito. El plantón se debe a la falta de pago de sueldos y liquidaciones de los obreros.

El pasado 20 de noviembre de 2020, trabajadores de la misma compañía lideraron una protesta en los exteriores de uno de los locales en rechazo a los despidos que se habrían generado de forma intempestiva.

Trabajadores de TONI protestaron por entrega de USD 5 de utilidades

El pasado 14 de abril decenas de trabajadores de la corporativa TONI exigen respuestas a los propietarios de Tonicorp por la supuesta entrega de USD 5,41 por colaborador + 1,47 por carga familiar con lo que recibirían un total de USD 6,88 como utilidades. A lado de los valores se muestra la frase «A pesar de un año complejo y con grandes retos, cuidamos las plazas de trabajo».

Los obreros, decidieron paralizar sus actividades. A primera hora se reunieron en los parqueaderos de la empresa ubicada en Guayaquil para recibir una respuesta por parte de las autoridades.

¿Qué son la utilidades?

Hasta el 15 de abril de 2021, las empresas deben realizar el pago a sus trabajadores y extrabajadores de un valor correspondiente al 15% de utilidades del ejercicio del año anterior. Las utilidades son el pago que la empresa privada hace al trabajador de acuerdo a las ganancias obtenidas en este periodo. Para la determinación de este monto se toma en cuenta las declaraciones o liquidaciones del pago a la renta.

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Quito, 05 mar (La Calle).- A casi un año de uno de los derrames de petróleo en la Amazonia ecuatoriana, la Corte Constitucional no presentó respuesta a las exigencias de reparación solicitada por las comunidades indígenas afectadas. Por esta razón, las comunidades llegaron a Quito este viernes a manifestarse frente a la institución.

“Vivian Idrovo, coordinadora de @DDHH_Alianza, explicó la falta de acciones de la justicia y entidades gubernamentales en brindar reparación a las víctimas”, informó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) en sus redes sociales.

De acuerdo al informe de la Alianza, el derrame tuvo lugar el pasado 7 de abril de 2020. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, el Oleoducto de Crudos pesados, y el poliducto Shushufindi. Esto sucedió por la erosión en el cauce del Río Coca. El incidente afectó a 27.000 personas asentadas la ciudad del Coca y en las riberas del rio Napo.

Las petroleras implicadas, OCP, Petroecuador y MAE, presionaron a las comunidades indígenas para que validen una falsa remediación de los ríos Coca y Napo.

La primera manifestación de las comunidades se realizó el 29 de septiembre de 2020 frente al Consejo de la Judicatura para denunciar las irregularidades. Para diciembre del mismo año hicieron dos peticiones de audiencia a la Corte Provincial de Orellana, pero ninguna obtuvo respuesta.

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«El debilitamiento de la democracia no solo afecta a Centro Democrático que impulsa la candidatura de Andrés Arauz. La Fiscalía en un acto desesperado, al igual que la Contraloría General del Estado ha pronunciado la posibilidad de hacer una pericia informática. Está en manos de los ciudadanos defender la democracia», dijo el asambleísta por la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego.

Intromisión en la democracia

Por otro lado, la legisladora Amapola Naranjo dijo que «a través de la consulta popular del 2018 se tomaron todos los poderes del Estado que ahora responden a este gobierno […] Quieren impedir a toda costa que el candidato Andrés Arauz llegue a la presidencia porque es un candidato progresista.

«La ciudadanía está presente por la intromisión de la Fiscalía General del Estado quieren perpetuar el poder y robarse la democracia y no lo vamos a permitir. Estamos en una vigilia permanente», expresó la asambleísta Nancy Guamba.

Democracia en riesgo

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint se pronunció sobre el pedido de la Contraloría.

«Nuestra función es proteger el derecho de participación política a elegir y ser elegido. Así mismo defenderemos la institucionalidad democrática del Ecuador y la supremacía de la Ley por encima de los intereses políticos partidistas. Los ecuatorianos esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se haga eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto el CNE», afirmó.

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En entrevista con el noticiero Ecuador Radio, Guarderas aludió a las movilizaciones sociales ocurridas en Quito durante la tarde del 22 de octubre. Un único incidente aislado, donde la represión policial se hizo inmediatamente presente, sirvió de pretexto para que las autoridades consoliden una posición orientada a deslegitimar las demandas de la ciudadanía.

Guarderas, en nombre del Municipio de Quito, lamentó un supuesto daño al patrimonio y acusó a los manifestantes de incurrir en niveles delincuenciales. “La protesta no debe derivar en violencia, ni mucho menos en daño al patrimonio”, se lamentó el vicealcalde. Además, mencionó que esa gente no comprende que protestar no implica violencia.

Antecedentes

Horas antes de las movilizaciones, el Gobierno amenazó a la ciudadanía con el uso de la fuerza. El Ministerio de Gobierno desplegó a 1.700 policías en las calles y cercó el Centro Histórico con vallas y alambres de púas.

El 21 de octubre, a pesar del anuncio de que las marchas serían pacíficas, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, amenazó a la ciudadanía. “creemos que la Policía tiene la potestad de responder a cualquier manifestación donde la violencia se haga presente” sentenció Romo.

Ese mismo día, Mario Pazmiño, ex candidato del Partido Social Cristiano y ex Director de Inteligencia, propuso la organización de brigadas paramilitares para, según su posición, “poner en su lugar a los desadaptados que se movilicen en Quito”.

El Gobierno cumplió con lo dicho. Aunque la movilización fue pacífica, la fuerza pública dispersó con gas lacrimógeno a los manifestantes reunidos en la Plaza de Santo Domingo.  (JEB).

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“Las reivindicaciones laborales de los trabajadores de Lácteos González deben ser procesadas con respeto de las reglas y los derechos que los trabajadores tienen para impulsar sus legítimos reclamos. Por eso exigimos al Ministerio de Gobierno y de Trabajo transparenten sus acciones. Hasta el momento por la acción del primero y el silencio del segundo se ha irrespetado el derecho a la protesta”, dice parte del comunicado del colectivo.

La organización envía toda su solidaridad a los trabajadores. «Su lucha redunda en favor de los demás trabajadores y personas de clase media y baja. Personas que no disponemos de los recursos suficientes para afrontar la crisis. Sin embargo, las clases pudientes del país pretenden que la llevemos en nuestras espaldas”.

Intervención de la Policía

El pasado 24 de septiembre, un pelotón de policías a cargo del coronel Ernesto Pérez Hidalgo impidió la toma de instalaciones de la empresa.

A pesar de que uno de los trabajadores indica que tienen los papeles correspondientes y están esperando al abogado. “Yo hago mi trabajo como Policía Nacional, no me interesan sus problemas o porque está aquí”, responde el coronel.

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Los participantes se reunieron en varios lugares del centro-norte de Quito y se movilizaron por la avenida 10 de Agosto con el objetivo de llegar a la Casa Presidencial ubicada en el Centro Histórico de la Capital y mostrar su descontento. Sin embargo, días atrás el Gobierno ya había cercado los accesos para llegar a Carondelet y hoy junto con la presencia policial bloqueó su entrada. La marcha fue desviada por las fuerzas del orden hacia el Sector de la Marín. Allí, finalizó la concentración con un breve enfrentamiento entre la policía y los manifestantes.

La movilización se dio en el marco de un nuevo recorte presupuestario de USD 98millones a la Educación Superior Pública. Esto tras la decisión de la Corte Constitucional. Según el fallo, la Corte habría emitido una sentencia en la que consta la revocatoria de las medidas cautelares concedidas el pasado 12 de mayo, que impedía al Ministerio de Finanzas a reducir el presupuesto de las universidades.

Resolución de la Corte Constitucional

Según la Corte Constitucional el Ministerio de Economía y Finanzas actúa dentro de sus competencias en torno al sector de la educación. “La emisión de las directrices presupuestarias constituye una medida constitucional. Además, recalcó que las denuncias acumuladas contra el Ministerio de Finanzas sobre los recortes presupuestarios a las universidades públicas para que estos valores se restituyan, son materialmente irrealizables.

“Consta como atribución del Ministerio de Economía y Finanzas el aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles presupuestarios fijados. (…) Considerando esas premisas normativas, se concluye que la emisión de directrices presupuestarias por parte del Ministerio de Economía y Finanzas no constituye como tal una medida excepcional adoptada al amparo del artículo 165 de la Carta Constitucional, sino una medida del régimen constitucional y legal ordinario”, dice la Corte Constitucional.

Los estudiantes advirtieron que el fallo de la Corte Constitucional pone en riesgo la educación. Son aproximadamente 300.000 jóvenes universitarios del país y la operatividad de las carreras de Medicina y Artes en la Universidad Central los principales afectados. La denuncia estudiantil se suma a los pendientes que tiene el Gobierno con la ciudadanía. Se sabe que el sector de la salud y en general el sector público tiene sueldos atrasados. Esto pese a que la Defensoría del Pueblo exigió por la vía legal cumplir con este compromiso por tratarse de un sector prioritario. Las personas que ocupan estos puestos en su mayoría son cabezas de hogar. Entre las deudas se suma las que arrastran con las diferentes municipalidades, donde las obras para el mejoramiento están paralizadas. (AB)

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