De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen a casos por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social en octubre del 2019; 154 defensores de los territorios comunitarios; 12 por la administración de Justicia indígena y 42 defensores de la naturaleza.

Reacciones

«El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea Nacional del Ecuador cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión», publicó el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el expresidente Lenín Moreno consideró que los 99 votos del Legislativo la mañana de este jueves 10 de marzo fueron un golpe a la democracia. «Quienes atentaron contra la democracia en octubre de 2019 y pretendieron dar un Golpe de Estado entre protestas, secuestros, destrucción de ciudades patrimoniales y actos de vandalismo, hoy han sido absueltos con 99 votos por la Asamblea Nacional como si nada hubiera pasado», señaló por medio de su red social.

De igual forma se pronunció el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien se siente «ofendido» por el Legislativo al haber concedido amnistías a «quienes sembraron terror y cometieron actos vandálicos contra la capital de la República (…) y no pueden ser considerados perseguidos políticos».

Como con la marcha del 8 de marzo, Guarderas se solidarizó con los «bienes patrimoniales» destruidos. Finalmente, advirtió que «no permitiré que Quito vuelva a ser ultrajada y utilizada por mezquinos intereses políticos», reza el comunicado.

La exministra de Gobierno, María Paula Romo, censurada y destituida del cargo por atentar contra los derechos humanos en la brutal represión de octubre de 2019 y acusada de haber repartido hospitales públicos como botines políticos, también expuso su negativa frente a las amnistías. Calificó la decisión del Pleno como «pura impunidad». «El precedentes es nefasto para nuestra democracia: amnesia para los que atacaron el Ecuador, y castigo para quienes hicieron su trabajo», publicó.

Quienes hablan de democracia…

El jefe de la bancada de Pachakutik, Marlon Santi, apuntó al expresidente Lenin Moreno como el responsable de atentar contra el bienestar de las familias ecuatorianas al firmar el decreto 883, que eliminó los subsidios a la gasolina y fue el detonante para las protestas de octubre del 2019.

Dijo: “Se nos acusa de octubre, se nos acusa de que el movimiento indígena es el responsable de saquear Quito. Pero, ¿quién es el que hizo el Decreto 883, y él está libre ahorita por Estados Unidos?».

No se ha mencionado nada de los 11 muerto de octubre, pero aseguró que se continúa criminalizando a los dirigentes indígenas, tachándolos de terroristas. «Aquí hay personas responsables del Estado ecuatoriano que hicieron y mataron a nuestros hermanos de octubre», sostuvo Santi.

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Jhajaira Urresta añadió que respecto a las investigaciones sobre los afectados por la represión Diana Salazar  le respondió que existen nudos críticos que no le permiten avanzar con la investigación. “Pero para una sentencia de influjo psíquico no hubo nudos críticos, pero para una investigación tangible con víctimas y sobrevivientes si hay trabas”. Al momento siguen detenidos los procesos de indagación  

Urresta, asambleísta de UNES, dijo para La Ventana que las víctimas de octubre “hemos sido considerados rebeldes, e incluso se nos ha considerado como miembros de una organización delictiva, pero no como víctimas de un estado fascista”.

Así también indicó que desde su despacho se está buscando apoyo para los afectados de las manifestaciones de octubre. Es así que han solicitado al ministerio de salud atención médica y prótesis.

Sobre las conmemoraciones de octubre de 2019

El pasado 12 de octubre diversas organizaciones y colectivos sociales se congregaron en el Casa de la Cultura, mientras que en la Plaza Grande el presidente Lasso mencionaba que iba a mantener mano firme para detener a los revolucionarios de octubre.

Según indicó Urresta, Lasso está atentando contra el artículo 98 de la Constitución, donde se manifiesta que la resistencia pacífica es parte de la dinámica de la política.

¿Existe un interés de tomarse la ciudad?

El planteamiento de la Ley de oportunidades, la inestabilidad de los precios de los combustibles está generando resistencia en el pueblo ecuatoriano.

Lasso confunde el derecho a la protesta con rebelión y golpismos. Hemos solicitado que diferentes maneras que sus intervenciones no lleven calumnia, indicó la legisladora.

La respuesta de Lasso

Guillermo Lasso ha convocado a ciudadanos frente a Carondelet el próximo miércoles 20 de octubre en apoyo a su mandato, señaló Urresta.

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El policía compareció ante la Comisión de Fiscalización del parlamento. Esto, dentro del proceso de juicio político entablado contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

En esta ocasión, el proceso se analiza por las acciones adoptadas durante las protestas sociales de Octubre de 2019.

Carrillo dijo que la Policía usó las bombas caducadas para repeler las protestas porque se usaron 38.500 unidades de gas lacrimógeno durante las movilizaciones. Indicó que no había más, por lo que los uniformados se vieron obligados a su uso, tomando en cuenta que no había una prohibición al respecto.

Las bombas lacrimógenas utilizadas fueron adquiridas en 2010 y caducaron a finales de 2015.

El comandante defendió la labor policial durante las manifestaciones, asegurando que el uso de la fuerza siempre fue progresivo y que «no se utilizó armamento letal».

También defendió el accionar de la Policía en los alrededores de las universidades Católica y Salesiana; estos funcionaron como centros de ayuda humanitaria para los indígenas que participaron en las manifestaciones, especialmente para mujeres y niños.

Durante los operativos policiales para controlar las protestas de octubre del año pasado, las bombas lacrimógenas ingresaron a las dos universidades.

Las causales para el juicio político contra Romo son el uso de bombas lacrimógenas caducadas; activación tardía del comité de protección a periodistas e incumplimiento de funciones durante los 11 días del paro nacional.

La Comisión de Fiscalización fijó para el próximo 31 de octubre la comparecencia de Romo para que presente las pruebas de descargo dentro del juicio.

Según el cronograma aprobado por la mesa de fiscalización, el informe en el que recomendarán el enjuiciamiento o el archivo estará listo hasta el 5 de noviembre.

Según la ley de la Función Legislativa, para destituir a un ministro se requiere mínimo 70 votos del total de 137 asambleístas que integran la Asamblea Nacional.

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«No hay nada que esté fuera de lo normal. Es una regularización de la Policía. A pesar de que estamos hablando de movilizaciones diferentes a las de octubre de 2019, creemos que la Policía tiene la potestad de responder a cualquier manifestación donde la violencia se haga presente«.

María Paula Romo, ministra de Gobierno

Con el patrimonio, NO

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien también estuvo presente durante el evento, manifestó que no es un buen momento para que los ciudadanos se reúnan en las calles. «Estamos enfrentando una crisis sanitaria. Este es el momento menos propicio para crear aglomeraciones«, señaló.

Adicionalmente, el cabildo indicó que no permitirá daños al patrimonio del centro histórico de Quito. Según dijo, «cualquier acto de movilización debe mantenerse dentro de los establecimientos».

El Comandante de la Policía sugirió que mantener el orden público implica la coordinación de disposiciones que respondan a las manifestaciones de los ciudadanos. «Mientras sea de manera pacífica, nosotros actuaremos como un espejo. Al igual que en octubre de 2019, puede haber presencia de personas beligerantes», manifestó.

Cierre de iglesias por precaución

La ministra mantuvo conversaciones con los obispos de la Capital para cerrar las Iglesias por lo sucedido en Santiago de Chile, donde los manifestantes produjeron incendios en los templos. «No hay condiciones para alarmarse por las protestas más que por la pandemia. La población no quiere arriesgar su salud».

El pasado 18 de octubre, un funcionario de la armada de Chile fue detenido por la quema de una iglesia en la ciudad de Santiago. Este hecho sucedió en el marco de la conmemoración de las protestas contra la dictadura del exmandatario Augusto Pinochet. (GG)

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Apenas unos guardias privados se muestran al interior de la estructura. Recorren con pesar, los pisos derruidos con paredes y cielos falsos acumulados sobre el piso. La escena produce abulia, pesar. Nueve meses después de su incendio, ocurrido el 12 de octubre de 2019 en el contexto de las protestas en contra del Gobierno de Lenín Moreno, aún no se conocen los responsables reales de este hecho, por el que fueron acusadas más de 30 personas, ahora en libertad. El cargo fue en un principio terrorismo y posterior, destrucción de bienes públicos.

Quien no se ha quedado tranquilo con la situación es Alejandro Rodas, un ex funcionario de Contraloría, que ahora ha organizado un frente de afectados por esta institución. Hace poco, contó que tenía pruebas contundentes de que el incendio del 12 de octubre tuvo la intención de desvanecer glosas millonarias, entre ellas de una empresa operadora de telefonía móvil por 112 millones de dólares.

“Entre jueves y viernes de la semana entrante presentaré las pruebas a la Fiscalía. Tengo fotografías en las que se observa claramente que los responsables del incendio no fueron los manifestantes, ni los correístas, ni los indígenas”.

Según el entrevistado por Radio La Calle, la única forma de generar un incendio de esas proporciones es a través de detonaciones de granada. Varios testigos del lugar dan cuenta de una explosión de magnitud en la zona el día del siniestro, (Radio La Calle está cerca de la Contraloría) y confirman la hipótesis de Rodas.

Las llamas habrían acabado con las áreas de predeterminación y dirección de responsabilidades, algunas oficinas de talentos humano, la del Plan BID y la oficina del Contralor que daba a la calle Piedrahita. “En la oficina del Contralor estaba una caja fuerte que, a su tiempo, también utilizó el contralor Pólit”. Esa caja fuerte habría caído en manos militares antes del incendio, su contenido sería vital para entender este hecho, que no termina de arder por completo.

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