Quito, 31 julio (La Calle).- Este 30 de julio de 2025, grupos de activistas protagonizaron una marcha pacífica pero enérgica en Quito para rechazar el Decreto Ejecutivo Nº 60 emitido por el presidente Daniel Noboa. Esta disposición, que ordena la fusión de seis ministerios y el despido de 5.000 funcionarios públicos, ha generado preocupación por el debilitamiento institucional de carteras clave como la del Ambiente y la de la Mujer y Derechos Humanos.

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DECRETO 60 ELIMINA MINISTERIOS CLAVES

El Decreto Ejecutivo Nº 60, firmado el 24 de julio de 2025, establece la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, y del Ministerio del Ambiente con la cartera de Energía y Minas. La medida también contempla una masiva desvinculación de personal público. Organizaciones civiles advierten que estas fusiones invisibilizan agendas fundamentales como la defensa del ambiente y la protección de derechos de mujeres y niñas.

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MUJERES LIDERAN LA MARCHA EN QUITO

La protesta comenzó en los exteriores del Ministerio de la Mujer y culminó frente al Ministerio del Ambiente, en el norte de la capital. Con pancartas, tambores y consignas como “¡Fuera, Noboa, fuera!”, las manifestantes denunciaron que eliminar instituciones orientadas a garantizar derechos es una regresión inaceptable. Algunas portaban cruces negras y nombres de víctimas de femicidio como símbolo de denuncia.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1950707990069227562

FUNDACIÓN ALDEA ALERTA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Datos de la Fundación Aldea revelan que entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2025 se registraron 82 femicidios en Ecuador, de los cuales al menos 12 fueron contra niñas o adolescentes. Estos datos refuerzan la crítica de que eliminar el Ministerio de la Mujer desmantela políticas urgentes frente a la violencia de género.

La movilización ciudadana contra el Decreto 60 evidencia el rechazo a medidas que, según organizaciones sociales, vulneran derechos fundamentales y debilitan la estructura institucional del país. Las protestas continúan y se prevé que más colectivos se sumen en los próximos días en defensa de los derechos humanos y ambientales.

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«recuerda que la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, conforme estándares interamericanos de derechos humanos», escribió la organización en un post de X.

De acuerdo con medios internacionales, los miembros de la gendarmería y la Policía federal arremetieron contra los manifestantes lanzándoles las motocicletas y arrojando gas pimienta, balas de gomas. Además de crear un círculo de seguridad que impedía el tránsito en las calles.

El final de la jornada de protestas terminó con la detención de tres personas, incluido un ciudadano chileno, a quien arrestaron por presuntamente agredir a dos policías.

¿Qué es la ley omnibús?

El mega proyecto del presidente Javier Milei contenía orginalmente 664 artículos, de los cuales se eliminó la mitad. El mandatario sostiene la importancia de su ley argumentando que es una herramienta para enfrentar la crisis económica que enfrenta el país.

La propuesta de ley de Milei busca reformar diversos aspectos, incluyendo privatizaciones y ampliación del poder del Ejecutivo en asuntos económicos. Tras negociaciones, los artículos se redujeron a 280. El mandatario debió hacerle cambios por lo que se retiraron reformas a las pensiones y algunos de los artículos más controvertidos relacionados con protestas. Sin embargo, la privatización de más de 40 empresas estatales, la reducción de protecciones ambientales y otros aspectos de la legislación sobre protestas permanecen sin cambios.

Si el proyecto se aprueba en ambas Cámaras y no hay más modificaciones, Milei obtendría poderes especiales hasta finales de 2024 para legislar sobre asuntos económicos, financieros, de seguridad, fiscales, energéticos y administrativos. El Congreso podría extender este período por un año adicional.

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Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte se reactivaron este miércoles en Perú con epicentro en Lima y ecos en buena parte del país. Según la Defensoría del Pueblo, hubo marchas en 59 provincias y bloqueos de carreteras en 64, lo que representa el 32.7% de los territorios a escala nacional. Sin embargo, el Ministerio del Interior reportó hasta las primeras horas de la tarde 21.000 personas movilizadas en todo el Perú y no más de 1.500 en la capital. Las cifras oficiales contrastaban con el enorme despliegue de seguridad y con las movilizaciones que se vieron en las calles de la capital, demandando la dimisión de la presidenta y un adelanto electoral. Cuatro meses después de una larga oleada de protestas que convulsionó Perú entre diciembre y marzo los manifestantes aprovecharon, en esta ocasión, para transmitir el descontento también con ingenio.

En Plaza San Martín, uno de los lugares de concentración de la denominada tercera toma de Lima, resaltaba este miércoles una Barbie de carne y hueso que jamás se le hubiese ocurrido a la firma estadounidense Mattel: en la víspera del estreno mundial de la película sobre la icónica muñeca, una cosplayer personificó a una “Barbie dictadora”, en una alusión a la represión de las protestas por parte del Ejecutivo de Dina Boluarte, que en diciembre relevó a Pedro Castillo tras su intento fallido de golpe. Alumnos de la Escuela de Bellas Artes diseñaron una caja de dos metros de cartulina rosada con tres anotaciones: “Certificado de impunidad”, marca “Maten” e “incluye balas dum-dum y lacrimógenas”. Esta última anotación hacía referencia a una afirmación de Boluarte sobre los dieciocho civiles muertos en la ciudad de Juliaca en enero pasado. Según aseguró la mandataria, fallecieron tras recibir disparos de “un arma artesanal denominada dum-dum” cuyo uso fue atribuido por las autoridades a fuerzas paramilitares bolivianas. Esta tesis nunca fue demostrada. El empaque gigante se hizo con la intención de que cada ciudadano ingresara en el transcurso de la marcha. Pero en algún momento, una mujer, de gafas en forma de corazón y una cinta presidencial sostuvo dentro una pistola de juguete y la foto inundó las redes sociales.

La concentración arrancó a las cuatro de la tarde en la Plaza Dos de Mayo. El grueso de la manifestación estuvo conformado por peruanos de las regiones -principalmente las de la sierra sur- que padecieron una odisea para llegar el miércoles al Centro Histórico. La delegación aymara de Puno, por ejemplo, enfrentó cuatro intervenciones policiales hasta su llegada a Lima. El Ejecutivo dispuso un control exhaustivo de todos los vehículos que tenían como destino la capital. También hubo presencia de estudiantes universitarios, sindicatos de trabajadores, colectivos feministas y LGTBI, hermandades religiosas e incluso asociaciones de jubilados y adultos mayores.

Las banderas de lucha, como en otras ocasiones, no eran las mismas, aunque todas coincidían en la salida de Dina Boluarte del poder y el adelanto de elecciones generales, un escenario que la presidenta descartó de plano el pasado mes de junio. La demanda que más divisiones y entredichos genera es la que exige la liberación del expresidente Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo con dos sentencias de prisión preventiva. Una por ser el presunto líder de una organización criminal y la otra por rebelión tras su intento de autogolpe en diciembre pasado. “El pueblo dejó solo a Castillo, un cholo como nosotros”, dijo varias veces un dirigente con un parlante que se escuchó en la Plaza Dos de Mayo. En ese espacio donde se colocaron dos ataúdes de cartón con los nombres de los 49 civiles fallecidos a causa de la represión de las fuerzas del orden.

Incluso un colectivo de la región de Tacna, en el sur, exigía la libertad de Betssy Chávez, presidenta del último Consejo de Ministros de Castillo, que también se encuentra tras las rejas tras dictársele 18 meses de prisión preventiva el mes pasado por ser considerada coautora del autogolpe del maestro rural. Lo cierto es que hubo quienes salieron a las calles a sabiendas de que marcharían al lado de consignas que no son las suyas. Pero no fueron la mayoría esperada.

A diferencia de las movilizaciones del primer trimestre de Boluarte, esta vez los efectivos policiales permitieron que los civiles llegaran hasta el Congreso de la República, en la avenida Abancay, poco después de las seis de la tarde. No obstante, después de ello reforzaron el cordón policial y comenzaron a lanzar una andanada de bombas lacrimógenas hasta hacer retroceder a la multitud. Se registraron ocho heridos, seis civiles y dos policías, entre ellos una fotógrafa independiente, según la Defensoría del Pueblo.

En el interior del país lo más destacado de la jornada fue el enfrentamiento entre los agentes y los civiles en la Plaza de Armas de Huancavelica, en el centro del país, así como la quema de un ataúd de cartón delante de la Prefectura de dicha región de la sierra peruana y la toma de la Universidad Nacional de Cajamarca por parte del alumnado. Así concluye el primer día de un nuevo capítulo de convulsión social en el Perú.

Redacción: El País

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A pesar de la movilización masiva de policías, gendarmes y unidades de élite, no se puede controlar la situación. La cuarta noche consecutiva de violencia se da después de la muerte de Nahel M., quien fue abatido por un policía en Nanterre, un suburbio al oeste de París.

La noche del viernes 30 de junio, al igual que las anteriores, estuvo marcada por saqueos, incendios y ataques a edificios públicos en numerosas ciudades francesas. El primero de julio, el Ministerio del Interior informó que se detuvo a 1.300 personas a nivel nacional durante la noche del viernes, en comparación con las 667 de la noche anterior.

El medio de comunicación acota que tres serían las razones que han provocado los fuerte enfrentamientos entre los franceses y los policías.

Muerte de Nahel

Nahel, un adolescente de 17 años, murió el martes 27 de junio, luego de recibir un disparo en el pecho. Dos uniformados en motocicletas intentaron detener el automóvil que conducía el adolescente, sin embargo, al no detenerse un agente le disparó.

En un inicio los policías informaron que habrían sido envestidos por el vehículo. Sin embargo, en un video se muestra como el oficial le disparó al joven, cuando este iba a arrancar. El agente acusado de dispararle ha sido detenido por cargos de homicidio, pero las protestas en Francia continúan.

Racismo y abuso policial

El caso de Nahel revivió la controversia sobre la actuación policial en Francia, donde el año pasado se registró un récord de 13 muertes durante controles de tráfico. Asimismo, el joven es la segunda persona que muere de esta manera en el país, en lo que va del año.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Consejo de Europa han acusado recientemente a las fuerzas de seguridad francesas de abuso policial en el manejo de manifestaciones masivas, como las de los «chalecos amarillos» o las más recientes protestas contra la reforma de las pensiones.

No obstante, la muerte de Nahel parece poner de relieve que el problema va más allá. A tres días de su fallecimiento, la ONU instó el viernes a Francia a abordar de manera seria los problemas de racismo y discriminación racial dentro de sus cuerpos policiales.

El problema en los suburbios

Tras el fallecimiento del adolescente, la indignación en los desfavorecidos suburbios de Francia, rersurgió. Estos barrios, conocidos como banlieues (las periferias de las ciudades), se convierten en escenarios de protestas violentas en casos como el de Nahel, los cuales ocurren con cierta frecuencia.

En 2005, fue el suburbio parisino de Clichy-sous-Bois el que estalló tras la muerte de dos jóvenes musulmanes de 15 y 17 años, electrocutados en una subestación eléctrica mientras huían de la policía.

En ese entonces, Nicolas Sarkozy, quien era ministro del Interior y luego se convertiría en presidente de Francia, calificó a los manifestantes que iniciaron las protestas como «escoria». (DCJ)

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«Los que sueñan con preparar un estallido ‘social’ terrorista tienen que saber que esta vez los van a estar esperando como la ciudadanía espera«, escribió Palacio en su cuenta de Twitter este viernes. Esto en referencia implícita a la recomendación del Cosepe de emplear armas letales como parte de las medidas coercitivas urgentes para frenar el terrorismo.

El tweet generó varias críticas en la red social. Los comentarios de decenas de internautas cuestionaron la declaración de Palacio y la calificaron como «amenaza». Asimismo, periodistas expresaron su opinión respecto de la postura del excolumnista.

«Que la decisión no ha sido en combate al crimen organizado sino por si el pueblo se levanta y sale a las calles, es lo que dice este señor», expresó la periodista Alondra Santiago.

«Yo creí que la decisión del Cosepe apuntaba a tomar decisiones contra el crimen organizado. Estos mensajes no ayudan, de modo alguno, a entender el objetivo que queremos todos… o, al menos, la mayoría», escribió el periodista Fabricio Vela.

«Clarito lo dice, el decreto de seguridad contra el terrorismo no es para combatir el crimen organizado, es para reprimir a la lucha social con el terror de Estado. El plan Ecuador en marcha», publicó una internauta llamada Natalia Sierra.

A estos mensajes se sumaron también otras expresiones por parte de políticos y ex dirigentes de movimientos sociales, quienes respondieron a Emilio Palacio.

El uso de armas letales

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró al terrorismo «como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y a su seguridad integral». El anuncio se hizo durante una reunión en el Palacio de Gobierno en Quito, este jueves.

«La amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución», se amplió a través de un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación.

Adicionalmente, se recomienda al presidente Guillermo Lasso expedir un decreto ejecutivo, estableciendo «medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano».

En la reunión del Cosepe (integrada por diez personas), estuvo Wagner Bravo, nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado junto a Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad.

JR

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«Si eso se desboca, cuál va a ser la salida del Ecuador en ese escenario de calle. Seguramente será un gobierno civil militar o un gobierno militar que tendrá que poner orden en el Ecuador como en los años 60», dijo para el programa Políticamente Correcto.

Añadió que es una salida cuando «no hay freno, ni racionalidad y cuando nadie quiere ceder y buscar la institucionalidad». Ese llamado también iría para el Ejecutivo. «Si el Ejecutivo se salva del juicio político. Lo unico que le quedaría es una salida digna: la muerte cruzada porque este escenario de bronca solo llevará a un escenario no democrático, no constitucional. Será seguramente un gobierno civil militar para poner orden en el Ecuador».

Para Rohon, en ese escenario, las únicas que pueden imponer el orden son las Fuerzas Armadas. «Quizá un presidente civil puesto por los militares hasta que las cosas se arreglen. Pasar un período de transición que permita hacer una nueva Constitución, conversar, ponernos de acuerdo y buscar un futuro para el Ecuador».

Dictadura en Ecuador

La última vez que tuvimos una dictadura como gobierno en el país fue en 1972 cuando el general Guillermo Rodríguez Lara depuso al presidente José María Velasco Ibarra, que cumplía su quinto período presidencial. Rodríguez Lara duró en el poder hasta 1976. Durante ese tiempo ocurrió la nacionalización del petróleo y el inicio de una historia de explotación de crudo en la Amazonía ecuatoriana, cuyos beneficios posteriormente terminarían en manos de compañías extranjeras.

En enero de 1976 entró a gobernar el Consejo Supremo de Gobierno o el Triunvirato militar hasta 1979 con el regreso a la democracia con la elección de Jaime Roldós. En el triunvirato se perpetró la matanza de los trabajadores de la azucarera Aztra en La Troncal el 18 de octubre de 1977 y el asesinato de Abdón Calderón Muñoz en noviembre de 1978. (MIB)

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Más de 200 personas han sido detenidas el jueves (16.03.2023) en París al término de una manifestación espontánea contra la impopular reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron, aprobada unas horas antes por decreto y sin voto en la Asamblea Nacional.

Miles de personas se congregaron en la simbólica plaza parisina de la Concordia con la consigna de «bloquear el país» y la meta de tumbar al actual Ejecutivo. A final de esta manifestación, algunos de sus miembros quemaron contenedores, destruyeron automóviles y montaron barricadas.

Detenidos

Según la prefectura de policía de París, 217 personas fueron detenidas en la plaza de la Concordia, indicó el diario francés Le Monde, que también reporta disturbios similiares en Lyon, Rennes, Nantes y Marsella.

En Rennes, el alcalde de la ciudad denunció «una violencia asombrosa» de parte de los manifestantes.

En la ciudad portuaria de Marsella, en el sur, se destrozaron escaparates y fachadas de bancos, según los medios de comunicación franceses. Se atribuyó al menos parte de los destrozos a grupos radicales de izquierda.

Fuerza policial

Las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para desalojar la Concordia, pero las tensiones se trasladaron a otras zonas próximas, como la de los Campos Elíseos.

Los agentes utilizaron cañones de agua tras un intento de dañar las obras del Obelisco del antiguo Egipto situado en el centro de la plaza, según la policía. La actuación provocó importantes mareas humanas, constataron periodistas de la AFP.

Los bomberos intervinieron para extinguir varios incendios en el recinto del Obelisco, en particular de tablones y de una excavadora. También se registraron «varios incendios» en las calles aledañas, con cubos de basura y mobiliario urbano incendiados, indicó la prefectura de policía, indicó Le Monde.

Desde mediados de la tarde, miles de personas se concentraron en la plaza después que el gobierno adoptara una impopular reforma, que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años, sin someterla al voto de los diputados.

La policía cargó y lanzó gases lacrimógenos para alejar a los manifestantes del puente que conecta la plaza de la Concordia con la Asamblea Nacional (cámara baja).

Varias ciudades de Francia registraron manifestaciones espontáneas contra la reforma impulsada por el presidente liberal Emmanuel Macron.

Si la tensión en la calle es palpable, también es lo es en el Parlamento.

Tanto la ultraderecha de Marine Le Pen como la izquierda adelantaron que presentarán en breve respectivas mociones de censura para intentar tumbar al Gobierno de la primera ministra, Elisabeth Borne, por haber aprobado la reforma de las pensiones por la vía rápida.

Redacción: DW Español

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El riesgo país indica el nivel de peligrosidad que los inversionistas consideran para saber si un país es capaz de cumplir con sus obligaciones de deuda. Cuanto más alto, más negativo para el Ecuador porque ahuyenta a los mercados.

El indicador ha incrementado vertiginosamente desde la derrota del Gobierno en el referéndum. De 1.415 tras la elecciones seccionales, pasó a superar los 1.800 puntos. Sin embargo, el factor que más hizo repuntar el riesgo país es el eventual juicio político que podría enfrentar el primer mandatario.

Varios escenarios

Según diario El Universo, la banca de inversión Barclays sostiene que Lasso «es vulnerable» por la oposición que le presenta la Asamblea y por el descontento popular en las calles. No obstante, a juicio de la entidad financiera, el informe legislativo que recomienda su juicio político no tendría apoyo en la Corte Constitucional por «muy débil».

Aun cuando el escenario es la destitución de Lasso, asumiría el poder el vicepresidente Alfredo Borrero. «Sin embargo, los desafíos de gobernabilidad podrían obligar al vicepresidente a renunciar, lo que podría resultar en un llamado a elecciones anticipadas», reseñó el medio.

Para Barclays, los «logros económicos» del régimen -superávit, reservas internacionales, reducción de deuda- no pondrían en riesgo los compromisos adquiridos por Ecuador; incluso si «el correísmo asume el Gobierno».

Riesgo país desde el «NO»

El 6 de febrero el riesgo país en Ecuador subió 295 puntos tras el resultado de las elecciones seccionales y la derrota del la consulta popular de Lasso. Es decir, pasó de 11,20 % puntos a 14,15 %, de acuerdo a JP Morgan Chase.

La entidad financiera, a través de un informe, indicó que el escenario político que atraviesa el país es desafiante, por lo que el presidente tiene un margen de actuación limitado. Además, la posibilidad de que Lasso no termine su mandato creció.

El banco de inversiones enfatizó que el principal riesgo que tiene Lasso es el desarrollo de nuevas protestas sociales.

«Esto puede desencadenar un escenario político desestabilizador si el gobierno no logra contener el descontento social y tender puentes con la oposición y los grupos indígenas», mencionó.

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Para el exmandatario (2003-2005), el presidente Guillermo Lasso debería completar su periodo en el Palacio de Carondelet. “Ecuador es absolutamente gobernable, los que producen la ingobernabilidad son las élites y grupos de poder como militares y políticos”, señaló en entrevista para Ecuavisa.

Hasta Gutiérrez reconoció que existe un “desgobierno” y un malestar ciudadano, por lo que “el pueblo tiene derecho a protestar”. No obstante, rechazó que dicha indignación desemboque en actos de vandalismo.

Precisó que diversos sectores apuntan a un juicio político o, en su defecto, el rebrote de nuevas protestas. Sin embargo, Gutiérrez hace un llamado a la reflexión y al diálogo, porque considera que la permanencia de Lasso en el Gobierno depende realmente de las oligarquías y los militares.

Dice apoyar al pueblo

Para Lasso, la Conaie es una organización desestabilizadora por pedir su renuncia formal y enjuiciamiento político por parte del Legislativo. Además, advirtió que iniciaría un paro nacional si el presidente disolvía la Asamblea Nacional.

Frente a este panorama, Gutiérrez respaldó el descontento ciudadano. “Frente al desgobierno de Lasso, ante la corrupción generalizada, la impunidad, la inseguridad ciudadana, el sicariato, el desempleo, la caristía de la vida, el pueblo ecuatoriano -y estoy de acuerdo con ellos- tiene derecho a protestar”, mencionó en la entrevista.

El exjefe de Estado defendió su periodo de gobierno y dijo que uno de los errores de Lasso fue “condonar deudas a los ricos”. Por eso, añadió, la mejor salida para el primer mandatario es empezar a cumplir sus promesas.

Las flores para su gestión, aunque fue destituido

El exmandatario aseguró que no hay similitud en la situación política en la que se encuentra el actual Gobierno Nacional y su crisis política de 2005. Según Gutiérrez, las élites provocaron su destitución porque no les gustó las políticas que manejó.

En la destitución de Gutiérrez el pueblo no se levantó, sino que “(…) los generales que se dejan comprar por las oligarquías de turno, como pasó en mi gobierno, le quitan el respaldo al presidente, y el presidente se cae”, dijo.

Finalmente, afirmó que ahora el pueblo es el que quiere la salida del presidente y no una oligarquía, como pasó con él. (D.C.)

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El Congreso peruano declaró el viernes(17.02.2023) persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en rechazo a sus declaraciones contra la Policía Nacional del Perú (PNP) y pidió a las autoridades que garanticen que «no ingrese al territorio nacional».

La decisión recibió 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones del pleno legislativo. La moción que planteó esta medida se refirió a unas declaraciones que hizo Petro el viernes pasado, cuando mencionó el amplio despliegue de la PNP en el centro histórico de Lima el día anterior, en respuesta a una manifestación antigubernamental.

«En Perú, (los policías) marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos», señaló el presidente colombiano.

Petro resaltó que dicha convención «no se aplica solo a gobiernos de izquierda». «Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura», agregó el mandatario.

La moción que planteó esta medida fue aprobada el pasado martes por la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la diputada conservadora María del Carmen Alva, quien consideró en ese momento que las expresiones de Petro eran «lamentables, realmente vergonzosas».

Este viernes, Alva remarcó ante el pleno que el Congreso peruano está «defendiendo a la Policía Nacional», tras lo cual enfatizó que «nadie puede ofenderla diciendo que son tropas nazis».

También pidió declarar a Petro persona non grata y exhortar a los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores a realizar «las gestiones necesarias» para garantizar que el mandatario colombiano «no ingrese al territorio nacional».

En enero pasado, el gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su «enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia» de Petro en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.

Redacción: DW Español

(EFE, La FM, W Radio Colombia) 

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Ciudadanos en redes sociales denuncian el excesivo uso de la fuerza por parte de policías y militares. La violencia desproporcionada ha llamado la atención de los medios de comunicación internacionales, mientras la prensa local de ese país se alinea al discurso gubernamental.

Los ciudadanos se movilizan a favor del expresidente Pedro Castillo y exigen la salida de Boluarte, el cierre del Congreso. Tras estas peticiones, proponen la instalación de una Asamblea constituyente y el adelanto de elecciones generales 2023.

El último manifestante que murió fue un dirigente campesino, identificado como Remo Candia Guevara, reportó la congresista Ruth Luque.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú, hasta el momento se reportan 40 personas muertas en enfrentamientos directos contra las fuerzas del orden, policías y militares.

Por otro lado, siete personas más han sido victimas colaterales de los enfrentamientos al morir en accidentes de transito y hechos vinculados al bloqueo de vías y carreteras, según las autoridades. (M.J.)

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La indignación tomó las calles. Activistas kurdos, políticos de izquierda y grupos antirracistas protestaron el sábado en París tras la muerte de tres personas en un centro cultural kurdo por un ataque que las autoridades aún investigan pero que tendría motivación racial. 

La concentración fue mayoritariamente pacífica, aunque algunos jóvenes lanzaron proyectiles y enfrentaron a la policía, que disparó gases lacrimógenos. Algunos manifestantes gritaron consignas contra el gobierno turco. 

Los manifestantes volcaron vehículos y quemaron objetos cerca de la Plaza de la República, un lugar habitual para las manifestaciones en París. El descontrol continuó al menos por dos horas antes de que los manifestantes se dispersaran.

La mayoría de los manifestantes eran kurdos de distintas generaciones que se reunieron para rechazar la muerte de los miembros de su comunidad, así como compartir su preocupación por la inseguridad y preguntarse cómo es posible que se produzca un atentado de este tipo en el centro de París.

«No se nos protege en absoluto. En 10 años, seis activistas kurdos han sido asesinados en pleno corazón de París a plena luz del día», declaró Berivan Firat, portavoz del CDK-F, a BFM TV durante la manifestación.

Un nuevo golpe a los kurdos en Francia

El viernes un hombre armado perpetró los asesinatos en un centro cultural kurdo y una cafetería cercana en una zona concurrida del distrito 10 de París, golpeando a esa comunidad que se preparaba para conmemorar el 10º aniversario del asesinato no resuelto de otras tres activistas.

La policía detuvo al atacante de 69 años que, según las autoridades, había sido puesto recientemente en libertad a la espera de juicio por atacar con sable un campamento de migrantes en París hace un año. 

El tiroteo también hirió a tres personas y avivó la preocupación por los crímenes de odio contra grupos minoritarios en un momento en que las voces de extrema derecha ganan protagonismo en Francia y Europa. 

El agresor resultó herido y detenido. Según los reportes es un parisino que ahora enfrenta posibles cargos de asesinato e intento de asesinato por motivos racistas, según informó el sábado la fiscalía de París.

Las protestas ocurrieron el mismo día en que el jefe de la policía de París se reunió con miembros de la comunidad kurda para tratar de disipar sus temores.

Aumento de ataques de odio

En 2021 hubo un incremento del 13% de los delitos relacionados a temas raciales con respecto a 2019, según datos del Ministerio del Interior de Francia. Entre 2019 y 2018 también aumentó un 11%. 2020 no fue incluido en las estadísticas oficiales por los cierres relacionados con la pandemia. 

Según las autoridades francesas un número desproporcionado de estos delitos tiene como objetivo a personas afrodescendientes, y también cientos de ataques basados en la religión. 

En el último ataque el sospechoso tenía como objetivo claro a extranjeros, actuó solo y no estaba afiliado oficialmente a ningún movimiento de extrema derecha u otros movimientos radicales, según dijo el ministro del Interior, Gerald Darmanin. 

Según algunos activistas kurdos la policía les había advertido recientemente de amenazas contra objetivos kurdos. 

Los asesinatos del viernes se dieron previo al aniversario de los asesinatos de tres mujeres kurdas en París en enero de 2013. La investigación fue abandonada después de que el principal sospechoso muriera poco antes de llegar a juicio. 

Las tres mujeres activistas kurdas, entre ellas Sakine Cansiz, una de las fundadoras del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, fueron encontradas muertas a tiros en un centro kurdo de París.

«La comunidad kurda tiene miedo. Ya estaba traumatizada por el triple asesinato (de 2013). Necesita respuestas, apoyo y consideración», comentó David Andic, abogado que representa al CDK-F.

Actualmente el ejército turco lucha contra militantes kurdos afiliados al proscrito PKK en el sureste de Turquía, así como en el norte de Irak. El ejército turco también lanzó varios ataques aéreos y de artillería contra objetivos de militantes kurdos sirios en el norte de Siria. 

Redacción: France 24

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Varios turistas de diferentes nacionalidades, entre ellos ecuatorianos, no pueden salir del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, en Cusco, debido a las protestas. La Cancillería manifestó que mantiene contacto permanente con los compatriotas. También habilitaron una línea de emergencia.

“Estamos en contacto con las autoridades locales y nacionales para asistir a nuestros compatriotas varados en Perú y determinar el momento oportuno para su retorno al Ecuador”, dijo la Embajada en un comunicado.

Turistas piden auxilio

“Nos encontramos secuestrados en el país de Perú. Lastimosamente nuestras vidas corren peligro”, resaltó un turista de Bolivia en un vídeo difundido en redes sociales.

Por otro lado, los extremistas del expresidente Pedro Castillo asaltaron y robaron una joyería en el centro de la ciudad de Cusco. En este incidente se reportaron varios turistas heridos, según reportó Global News 24.

Protestas en Perú

Las protestas iniciaron el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del expresidente peruano, Pedro Castillo. Hasta el momento, la Policía Nacional de Perú confirmó el fallecimiento de ocho personas. El pedido de los manifestantes es que la nueva presidenta, Dina Boluarte, disuelva el Congreso y convoque a nuevas elecciones generales.

Por su parte, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia a nivel nacional. La medida será impuesta por 30 días. Esta resolución también aplica para la Red Vial Nacional, así el Ejército podrá salir a las calles y proteger diferentes puntos estratégicos como los aeropuertos.

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Boluarte declaró el 12 de diciembre el estado de emergencia en las «zonas de alta conflictividad social» y envió una propuesta de adelanto de las elecciones generales a abril de 2024 hacia el Congreso; dos años antes de los previsto.

Los manifestantes bloquearon carreteras y el aeropuerto internacional de Arequipa. Esta última, junto al departamento de Apurímac, son los lugares que registran los enfrentamientos más violentos con las fuerzas del orden.

Fallecidos

Según reporta BBC Mundo, el primer fallecido fue un menor de edad de 16 años, tras ser disparado por un arma de fuego en Apurímac. Después se registró el deceso de un hombre de 38 años en los enfrentamientos en Cerro Colorado, Arequipa.

Posteriormente, dos hombres jóvenes también murieron en Apurímac, uno de 26 años y el otro de 18 años. Las últimas dos víctimas son apenas un adolescente de 15 años y otro de 18 años.

Origen de las protestas

El 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, después de que este disolviera al primero y decretara un gobierno de excepción.

Diferentes sectores políticos interpretaron esto como un intento de «golpe de Estado». Luego Castillo fue destituido por «incapacidad moral», detenido y acusado de «rebelión».

Las protestas comenzaron en Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco y Puno; demandaron la liberación del ya expresidente. «En varias ciudades, como en Andahuaylas, en Arequipa y en la capital, Lima, se desataron enfrentamientos entre manifestantes y policía que dejaron al menos 7 muertos y decenas de heridos», reseñó el medio.

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“Señora rectora, no sea indiferente se viola a las niñas en la cara de los profes”, gritan varios jóvenes en la protesta.

Como respuesta, las autoridades y docente habrían culpado a la misma estudiante de ir al baño sin supervisión. Además, no se activaron los protocolos de denuncia correspondientes al caso. “Queremos la renuncia de la rectora”, dijo una de las madres de familia al medio comunitario Wambra.

A la protesta se unieron colectivos feministas, quienes transmitieron el plantón a través de redes sociales. En el vídeo se observa que la Policía Nacional se acercó al lugar para detener la protesta, incluso, manifestaron que corrían el riesgo de ser detenidas.

Otras denuncias…

La única respuesta que recibieron por parte del distrito de Educación es que el colegio va a ingresar al plan de ‘Escuelas Seguras’. Sin embargo, para los padres de familia el tema va mucho más allá, pues también habrían encontrado armas en los baños del colegio. También denunciaron que se han silenciado otros casos de acoso y bullying.

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«No se puede permitir que se ponga en riesgo la liquidez de una institución que sirve para sacar adelante a los emprendedores. Hemos expresado cómo el Gobierno Nacional está dando alivio de deudas de hasta USD 20 mil en BanEcuador. Lo adecuado es reprogramar las deudas. Condonar es condenar», enfatizó Arosemena.

Sin embargo, antes de la rueda de prensa y durante la charla con medios, el ministro dijo textualmente que desde el MEF «no van a aceptar la condonación de deudas (…) eso no se hará si es que me piden el dictamen».

Arosemena brindó estas declaraciones mientras socializaba la Proforma Presupuestaria 2023 con los representantes de los medios de comunicación en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, al norte de Quito.

Se vienen los roces con la Fenocin

El presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa, demandó los supuestos incumplimientos del Gobierno Nacional respecto a la condonación de deudas. El líder de la organización manifestó que prepararán “medidas de hecho” en la región costa.

Según el líder de la organización, el decreto de la condonación de deudas se firmría entre el 17 y el 21 de noviembre. Sin embargo, aún no tienen respuesta por parte del Gobierno por lo que los acuerdos fueron solo de palabra.

“No vamos a esperar más, vamos a preparar las medidas en la costa ecuatoriana. No es un paro nacional”, recalcó Espinosa.

El 21 de noviembre, existía una convocatoria para continuar con la mesa de seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos. La reunión nunca se efectuó y el Ejecutivo tampoco se pronunció. Para Espinoza, “el Gobierno Nacional está provocando la ira del pueblo ecuatoriano”.

Agregó que si no se consolida el decreto, convocarán a la asamblea de la FENOCIN y de otras organizaciones. El objetivo sería reactivar el paro regional en la Costa durante los próximos días.

Para saber las peticiones de la Fenocin, clic aquí

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Según videos difundidos en redes sociales, los taxistas avanzan pitando por las principales vías del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Además, la Ruta del Río fue bloqueada por montículos de tierra, piedras, costales y llantas con fuego, reporta la periodista Tere Menéndez.

«Hemos tomado esta decisión en vista de que las autoridades no nos prestan atención. Ahora que tomamos una medida de hecho aparece la Policía. Por qué no nos brindan ese mismo contingente (ante la inseguridad). Nosotros sabemos que esto es penado, pero es la única forma de llamar la atención de las autoridades», señala uno de los manifestantes.

La provincia de Los Ríos es una de las zonas más golpeadas por la delincuencia y el crimen organizado. Según diario La Hora, las bandas delictivas extorsionan desde locales comerciales hasta familias. Se presumen que un dólar por casa cuesta la extorsión en los barrios de Quevedo.

Este es uno de los cantones controlados por las bandas narcodelictivas conocidas como los «Choneros» y «Los Lobos». Según medios locales, suelen decomisarse varios cargamentos de droga al mes y son frecuentes los tiroteros. A mediados de agosto, fue encontrada una cabeza humana cercenada en medio de una calle. A unos metros, el cuerpo partido en pedazos reposaban en una funda de plástico.

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“Me anticipo a decirle al señor Iza que cuando quiera venir a la capital puede venir a reclamar con su gente, pero yo le voy a dar los permisos, porque me tiene que pedir permiso. Le voy a dar los permisos y la custodia para entrar”, dijo Páez.

Finalmente, amenazó al movimiento indígena con represalias si “rompen un vidrio, rayan una pared o dañan algo”. “Se topan conmigo”, enfatizó.

El político de derecha es candidato a la alcalde de Quito por la colación entre el Partido Sociedad Patriótica (PSP) del expresidente Lucio Gutiérrez, Democracia Sí y Acción Democrática Ecuatoriana (ADE).

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«La crisis es mortal para todos. Simplemente nos está obligando a cerrar nuestros talleres y dejar a 70.000 personas en la indefensión», dijo a Radio Pichincha uno de los representantes de las imprentas.

Solicitan al Gobierno que la facturación física se mantenga como una opción hasta los USD 300.000. «No nos oponemos ni a la tecnología ni la facturación electrónica solo pedimos que el RIMPE pertenezca a las imprentas».

Proponen también hacer que los negocios populares no emitan notas de venta sino facturación.

¿Qué dice la ley?

La Ley de Desarrollo Económico dispuso que todos quienes tienen un Registro Único de Contribuyentes (RUC) y emiten facturas, lo hagan a través del sistema de facturación electrónica. Esta disposición deberá empezar a partir del 29 de noviembre de 2022. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), la disposición es obligatoria para los negocios de todos los tamaños y para las personas naturales.

En Ecuador existen 2,27 millones de contribuyentes con RUC. De ese número, 269.575 contribuyentes, es decir, el 11,8% ya tiene el sistema electrónico, según un informe de la empresa especializada en facturación electrónica Alquimiasoft. El 88% restante (o dos millones de contribuyentes) todavía no tiene facturación electrónica, según esta compañía.

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Las protestas iniciaron el 16 de septiembre por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años detenida por la Policía de la moral al no acatar el código de vestimenta impuesto por el Gobierno.

Luego de ser llevada a una comisaría, Mahsa habría sufrido un infarto al corazón que la indujo en coma. Tras tres días en el hospital, falleció. Su familia señaló que la mujer no presentaba ningún problema de salud.

Mientras tanto, se han reportado manifestaciones en 131 ciudades del país. Así como, la toma de las calles de Teherán, capital de la República Islámica de Irán por parte de los manifestantes.

Un hecho histórico para Irán

Como muestra de rechazo al régimen, cientos de mujeres iraníes quemaron su hiyab que le es obligado a utilizar para cubrirse la cabeza y el pecho. Mientras que otras optaron por quitarse el velo en púbico y cortarse el cabello en medio de las movilizaciones.

En Irán el castigo para la mujer que se deja ver en público sin su hiyab va desde la detención, prisión, multas e incluso castigos físicos.

Restricción del Internet

Por su parte, el Gobierno empezó con la restricción del Internet y el acceso a redes sociales, impidiendo la difusión de lo que está ocurriendo en el país islámico. Así también, movilizó a miles de ciudadanos en rechazo de las protestas.

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