La publicación demuestra que 31.2 % de estudiantes y el 43.4% del alumnado LGBTIQ+ en Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia desde algún integrante de la comunidad universitaria desde que comenzó sus estudios.

Esta realidad es normalizada y hasta invisibilizada por las instituciones de educación superior. Se trata del estudio «De la evidencia a la prevención: cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas». Este es realizado por el Programa PreViMujer, parte de la Cooperación Alemana y la Universidad San Martín de Porres. Más de 23 mil estudiantes de 16 universidades del Ecuador participaron.

El acoso ocupa el primer lugar de modalidad más habitual hacia las estudiantes agredidas (20%), le sigue el acecho (19.7%), ataque psicológico (13.9%), abuso sexual (9.1%), violencia física (5.9%) y la violencia económica (4.8%).

Las cifras son similares con respecto a lo vivido por estudiantes LGBTIQ+. Igualmente el acoso en primer lugar (31%), acecho (27.5%), ataque psicológico (22.1%), abuso sexual (16.8%), violencia física (10.7%) y violencia económica (6.5%). A menudo, los agresores son estudiantes, profesores, personal administrativo o asociado a la universidad.

El doctor Alfredo Vara, investigador del informe, asegura que gran parte de la responsabilidad es de las universidades. «Aquí el problema es de omisión, las universidades no han visto esto como un problema que tengan que discutir, así que lo han omitido, no lo discuten, no generan espacios para reflexionar y asumir una postura correcta y mientras tanto va ocurriendo esto: porcentajes de violencia que son muy altos», explicó a EFE.

La Universidad resulta ser un espacio inseguro

Vera añadió que hicieron el estudio para demostrar la inseguridad que prevalece en los espacios universitarios. Recalca que estos espacios son muy inseguros tanto para mujeres como para personas LGBTIQ+. Por ello se corresponde a las consecuencias en el rendimiento académico y el estado de salud física y mental de quienes han sido víctimas de estos ataques.

Nicole Abad, estudiante universitaria relató su experiencia al medio Efeminista. Abad sufrió acoso por ser lesbiana. Según relató, un profesor la hostigó hasta llegar a modificar sus notas, reprobarla y obligarla a repetir el examen final de su materia.

«En el supletorio él me dijo: ‘Bueno, yo sé que usted igual iba a pasar, no se preocupe’ y yo: ‘entonces, ¿para qué me dejó a supletorio?’ Me dejó por casi 40 décimas y al final de toda esta discusión que él tenía con la cuestión de los supletorios me dijo: ‘Bueno mi hijita, salúdenme a su novia’. Fue rarísimo porque con él nunca habíamos hablado ni de mi novia ni de nada. Lo hizo para hacerme saber que tenía control tanto como para borrarme las notas, hacerme preocupar y dejarme supletorio», lamentó.

Debido a ese y otros ataques verbales, Abad decidió no denunciar este hecho ante las autoridades y omitirlo. «No quería volver a verlo», manifestó. Ella afirma que la comunidad universitaria no se encuentra capacitada para tratar con las diversidades sexogenéricas y, por ello, ocurren este tipo de problemas.

«Hay muchos casos sueltos incluso, eso es preocupante porque eso evidencia lo invisibilizados que están estos casos. Yo que trabajo en el medio y hago activismo no conozco muchos de los casos. Tengo que rebuscar en el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo para que me cuente y no hay canales de denuncia tampoco. En las universidades le han puesto mucho refuerzo a entender la violencia solamente contra la mujer y nos falta activar muchos protocolos para las diversidades, incluso para las mujeres a las que se nos puede violentar en el entorno de mujeres», asevera.

Mujeres y personas LGBTIQ+ rodeadas de violencia

El estudio también revela que aparte de la violencia recibida en los centros de estudio, mujeres y personas LGBTIQ+ no reconocen a la Universidad como un espacio seguro para ellas.

Las cifras indican que el 33.7% de las estudiantes sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja eventualmente, desde que empezó a cursar sus estudios universitarios. En el caso de las personas LGBTIQ+ la cifra asciende a 44.8%.

«Hay demasiada tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres, se la ve como normal, se la ve como algo esperable o que no es importante ni grave y cuando ocurre se la justifica, se le echa la culpa a la mujer o se le echa la culpa al contexto, pero no se hace cambios importantes y esto es terrible», mencionó el doctor Vara.

Planteles educativos no manejan la violencia correctamente

El experto acotó que más del 80% de estudiantes expresó no saber a dónde acudir en caso de verse obligados a buscar ayuda o denunciar casos de violencia en la Universidad. A pesar de que algunas universidades trabajan en protocolos de prevención parecen no funcionar, según dijo. Además, en redes sociales aumentan los testimonios de estudiantes violentadas impunemente. A ello agregan que no existía un protocolo o no lo pusieron en práctica.

Vera calificó a las cifras como «llamado de atención para que la universidad asuma su responsabilidad en la formación de profesionales con sólidos valores éticos y morales y eso no puede existir habiendo tanta violencia dentro». No obstante, víctimas como Nicole Abad aseguran que son los mismos estudiantes quienes se han organizado para guiar a sus compañeras y compañeros en situaciones de violencia.

La deuda de la violencia de género en Ecuador

Aun a pesar de los avances legislativos para prevenir la violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+, eso no se materializa, apuntó Vera.

«Hay impacto en la salud mental, la salud física, tienen peores notas y rendimiento. Hay más tasas de deserción, en el caso de las personas LGBTIQ+ tienen más dificultades para acceder atención sanitaria adecuada, más discriminación en el empleo, incluso en la vivienda para alquilar casas. Es decir, socialmente el cambio es mucho más lento y las universidades tienen un rol fundamental para asegurar ese cambio y si la universidad logra cambiar la mente de sus estudiantes va a cambiar la mente de muchísimas personas más en cuanto egrese», precisó.

La publicación muestra que tanto estudiantes como personal administrativo femenino pierde en torno a 28 días al año debido al problema. Las situaciones de violencia que sufren ocurren tanto fuera como dentro de las universidades.

«Justamente estas estadísticas lo que tratan de demostrar es que no es un problema aislado, no es un problema de dos o tres personas, es una gran cantidad de la población que está siendo sistemáticamente agredida por razones de género», zanjó el experto.

Foto: Observatorio / Instituto para el Futuro de la Educación de México

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En una carta, enviada el 29 de noviembre de 2022, al alcalde Santiago Guarderas, el secretario de Seguridad encargado, Guido Núñez, cuestionó la operación de este sistema de transporte, prevista para el 21 de diciembre de 2022.

En el documento, Núñez recordó que el 23 de noviembre la Secretaría de Seguridad convocó a una reunión en la que participaron representantes del ECU 911, la Policía Nacional y del Ministerio del Interior para verificar los avances de las dos mesas de trabajo instaladas para tratar temas de seguridad y de comunicación relacionados con el Metro de Quito.

La conclusión: la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito incumplió “varios acuerdos a los que se habría llegado en temas de comunicación y seguridad”. Núñez detalló cinco problemas que presenta ese sistema de transporte:

Tecnología

Núñez asegura que “desde el ECU 911 existen observaciones a la parte tecnológica y operativa, que no han sido solventadas”.

Por ejemplo, dice, no se ha implementado la estructura “para funcionar bajo tierra, y cómo va a ser la articulación con los entes de emergencia”.

Según el funcionario, el ECU 911 desconoce “cuál va a ser el sistema, la gestión y el canal que va se va a utilizar para que se comuniquen todas las instituciones”.

 Agregó que tampoco hay certezas acerca del funcionamiento de la consola de integración de comunicaciones y la articulación referente a tiempos de comunicación.

Simulacro fallido

 El ECU 991 también cuestiona un simulacro realizado por la Empresa Metro de Quito, pues “no se lo realizó de manera adecuada”. La carta de Núñez señala que no existen protocolos de seguridad definidos. “La Empresa Metro de Quito solo ha enviado un documento general, que no cuenta con protocolos específicos en casos de emergencia”.

Tampoco se establecen los tiempos de respuesta, los grados, ni la capacidad resolutiva que va a tener el Metro de Quito.

El documento agrega que los lineamientos elaborados por la Empresa Metro de Quito “no consideran problemas relativos a la seguridad ciudadana. Tampoco contempla las formas de actuación en casos del cometimiento de delitos en las instalaciones, ni sobre la forma de respuesta”.

Sistema no autorizado

El Ministerio del Interior también muestra su preocupación por el inicio de operaciones del Metro de Quito. Su vocero, Óscar Gabela, dice que el sistema TETRA, que será utilizado por el Metro de Quito, no está autorizado en Ecuador.

“Se requiere que este sistema tenga conectividad con el sistema de emergencia. Si no cumple con ello, no podría ser aprobado, ni utilizado”, señala Núñez en su carta.

El secretario de Seguridad agrega que funcionarios de la Empresa Metro de Quito han insistido que el sistema TETRA no podría responder a las emergencias que se presenten en el metro.

Redacción: Primicias

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