Actualmente el presidente Lasso se encuentra en Nueva York (EE.UU.) para reunirse con legisladores de ese país. En esas reuniones plantea explorar la posibilidad de establecer un tratado de libre comercio. Esa decisión la tomará el país norteamericano de acuerdo con el Primer Mandatario.

Concretamente se trataría de la venta de tierras camaroneras en materia económica. Por otra parte, los nuevos decretos-ley tienen por objetivo principal una reforma al mercado de capitales. Según Lasso, así el sistema sería «más atractivo para los capitales extranjeros».

También mencionó que una de las prioridades de su saliente Gobierno era la creación de empleo. El presidente dijo seguir trabajando en un «gran proyecto» para atraer la inversión de capitales en el Ecuador.

Lasso también explicó que el tratado de libre comercio con China (firmado en abril de 2023) deberá ser ratificado por la Asamblea elegida luego de las elecciones anticipadas de agosto.

El más obstinado: Lasso no descarta regresar al terreno político en 2025

«Esperamos que eso suceda porque es de mucha conveniencia para el Ecuador (…) es un mercado de 1400 millones de habitantes», afirmó el Primer Mandatario (S.B).

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El proyecto de ley de carácter urgente en materia económica fue calificado a trámite por el Consejo con cuatro votos a favor.

«Según la propuesta del Ejecutivo busca atraer y facilitar inversiones en diversos sectores de la economía, fomentar la creación de empleo, promover la eficiencia en el funcionamiento de los mercados, mejorar el desarrollo normativo en el ámbito de la regulación; y, profundizar la transformación digital. La cual será tramitada en la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa», publicó a través de Twitter el Órgano Legislativo.

Este proyecto de ley prevé una reforma respecto al mercado de valores y la incorporación de normas respecto a la transformación digital. Además, se contempla un marco normativo para la asociación público-privada. Y una regulación sobre el incentivo en zonas francas y zonas de especiales de desarrollo económico.

Por otro lado, la asambleísta por la Izquierda Democrática (ID), Johanna Moreira, señaló que se agregue una disposición derogatoria del decreto ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Con esto «será la oportunidad propicia para derogar el paquetazo tributario”, agregó.

De acuerdo al artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Desarrollo Económico tiene un plazo de 10 días a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto para presentar sus informes con las observaciones pertinentes al Legislativo.

En la sesión participaron Guadalupe Llori (PK), Yeseña Guamaní (ID), y los vocales Johanna Moreira (ID) y Nathalie Arias (BAN). Y no participaron de la sesión el primer vicepresidente Virgilio Saquicela (IND), y los vocales Darwin Pereira (PK) y Ronny Aleaga (UNES).

Otras calificaciones

Durante la reunión, y con 4 votos, el CAL calificó a trámite el proyecto de:

1) Ley Orgánica para Especialización de la Justicia, Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial.

2) Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Notarial

3) Proyecto de Ley Orgánica de Justicia y Protección Integral para los Páramos

El CAL también aprobó con 4 votos a favor:

4) El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal.

5) El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero.

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Por ello, dijo, la presidenta de la Asamblea tilda de conspiradores a quienes promueven su destitución y que incluso tiene el apoyo del presidente Lasso.

Álvarez dijo que, en su momento, UNES se opuso a la elección de Llori debido a su falta de capacidad para presidir la Asamblea y su alineación al oficialismo. Es por esto que «el tiempo le ha dado la razón» a quienes votaron en contra de la elección de la actual presidenta.

«Vamos a hacer respetar la institucionalidad», dijo Ferdinan Álvarez, refiriéndose a la falta de respuestas del Gobierno central.

Álvarez también precisó que el mismo Gobierno inició un «mercadeo de votos», que han denunciado varios legisladores oficialistas. Dijo que, como mayoría, velarán por los intereses de la ciudadanía.

La reciente ley de inversiones

Aclaró que la Ley de Inversiones, presentada por el Ejecutivo; pretende favorecer al sector financiero. «Si hay un proyecto de ley (…) que apoya y que realmente enfoca la solución de los problemas de los ecuatorianos, tengan ustedes la seguridad que nosotros vamos a apoyarla. Pero, si hay leyes creadas «como traje a la medida». en favor de grupos, eso nosotros no lo vamos a apoyar en absoluto», advirtió el asambleísta.

Asalto al CPCCS

Como último punto, Álvarez señaló que «hubo un golpe de Estado» contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). «Se tomaron por asalto una institución del Estado, orquestado por varias organismos del Ejecutivo» afirmó.

Indicó que varios Ministerios como los de Gobierno y Trabajo, así como la Policía Nacional y cuatro consejeros del CPCCS tomaron por la fuerza el control de la institución. También afirmó que no existía una razón administrativa o constitucional para reemplazar a la presidenta del Consejo.

«En algún momento la Corte Constitucional va a tener que pronunciarse por estas acciones», dijo el asambleísta.

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El CAL alegó que espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador respecto a si la Asamblea Nacional tiene competencias para derogar o modificar una ley económica urgente declarada como decreto-ley.

La noche de este 28 de enero estaba prevista la decisión sobre la calificación de los dos proyectos de ley derogatoria de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19. Ley decretada por el presidente Lasso el 29 de noviembre de 2021 y vigente desde enero de 2022.

La ley de Lasso dispone un incremento en el pago de Impuesto a la Renta para las personas con ingresos mensuales que superen los USD 2 mil.

“(CAL) Mocionó suspender la discusión referente a la calificación de los dos proyectos hasta que este Consejo pueda contar con el pronunciamiento de la Corte Constitucional (…) respecto a la facultad de la Asamblea Nacional de modificar o derogar  un proyecto de Ley calificado de urgente en materia económica promulgado como decreto-ley”, reza el documento del CAL.

¿Quién aplazó la calificación?

Según reseñó el medio, la moción de aplazar la calificación obtuvo cuatro votos: Guadalupe Llori (PK), Virgilio Saquicela y Nataly Arias (BAN-CREO) y la proponente Yeseña Guamaní (ID).

Los proyectos que buscan derogar la reformas tributarias del Régimen de Lasso fueron presentados por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Patricia Sánchez, Salvador Quishpe y Ángel Maita (PK). El legislador por UNES, Ronny Aleaga presentó la moción para que se dé paso a los dos proyectos de derogatoria este 28 de enero.

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A través de varios trinos, el exmandatario respaldó el accionar de la bancada de UNES. En una de las publicaciones señala que Pachakutik es aliado al gobierno y cuestionó la negativa de PK sobre el informe de minoría. Así también expresó que UNES no guarda ninguna responsabilidad con los ecuatorianos, pues el proyecto de Ley de Lasso no fue aprobado.

El día de ayer fue el segundo día de debate sobre el proyecto de Ley del Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional, propuesto meses atrás por el actual mandatario. El proyecto fue negado por UNES en debates pasados. Sobre ello, los legisladores de Unión por la Esperanza propusieron un informe de minoría, que fue rechazado y archivado por las bancadas de PK, PSC e ID.

No obstante, desde Pachakutik se propuso el archivo del proyecto de Ley de Guillermo Lasso, a lo que la bancada de UNES se abstuvo de votar. La moción fue negada con 53 votos afirmativos, 3 negativos y 81 abstenciones.

Esta última decisión causó malestar y diversas reacciones en redes. En ese contexto, muchos usuarios, asambleístas y lideres políticos cuestionaron el accionar de la bancada UNES. El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, expresó “Nefasta actuación de UNES con abstención para el archivo de la Ley de Desarrollo Economico.”  

Por su parte, esta reacción también fue cuestionada por los asambleístas de UNES. Fausto Jarrín rechazó que la bancada de PK le haya dado la espalda al informe de minoría.

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“En el artículo 16 del proyecto, incluye en el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario a los servicios educativos y de infraestructura hospitalaria, como sectores estratégicos, con exoneraciones de pago del impuesto a la renta. Con esto se fomenta la participación del sector privado en estas actividades, pero se afectan las acciones y los recursos del Estado para garantizar los derechos a salud y educación”, dice una parte del comunicado.

Finalmente la Universidad “considera que este proyecto de ley debe ser negado por la Asamblea o retirado por el Ejecutivo” “a fin de que sea re-elaborado por los distintos sectores sociales y de economía.

Mañana se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, este proyecto de Ley, después de la aprobación del Informe de la Comisión de Régimen Económico encabezado por Daniel Mendoza. Sectores sociales lanzaron una convocatoria de plantón a las 14h00 frente al edificio legislativo.

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Una de las disposiciones transitorias, la vigésima séptima, establece que, una vez publicada la ley en el Registro Oficial, el Ministerio de Trabajo tendrá tan solo dos meses para despedir a los empleados y funcionarios públicos que consten con servicios ocasionales y nombramientos provisionales.

El documento consta de 1.186 páginas que los 137 legisladores deberán analizar hasta este domingo 17 de noviembre de 2019 a las 14:00.

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El objetivo de este debate es la búsqueda de una alternativa al proyecto de Ley de Crecimiento Económico. En las negociaciones se estableció la creación de una comisión encargada de discutir la realización de una nueva ley económica, siempre y cuando se respete los derechos de los ecuatorianos.         

«Construimos una propuesta, no una ley, sino una propuesta alternativa económica para el país. Queremos presentarlo a la Asamblea Nacional para que también se incluya en el punto de debate”, mencionó Vargas ante el Legislativo.

El pasado 13 de octubre, la mesa de diálogo entre los líderes indígenas y el gabinete de Estado, dio como resultado la derogatoria del decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles, y sumergió al país en una serie de protesta que duraron 11 días.

DC/CE/KV/MIB

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“En Shushufindi la @PoliciaEcuador ha incautado hoy 900 galones de Combustible Líquido Derivado de Hidrocarburos (CLDH). Se conoce como gasolina blanca y es un precursor de la cocaína. Entre otros motivos, por esto debe revisarse el subsidio de combustibles”, expresó la Ministra a través de su cuenta de Twitter.

La eliminación de subsidios a los combustibles en Ecuador fue una de siete reformas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado 02 de octubre del 2019. Este decreto fue rechazado enfáticamente por diversos sectores de la sociedad, quienes se manifestaron y paralizaron el país por 12 días con el fin de conseguir la derogación del Decreto.

Ministro de Finanzas anuncia recorte de USD 83 millones para la Universidad Pública en 2020

SP/CM/sam

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Las reducciones también han tocado a las Universidades públicas, a las que se les recortará USD83 millones del presupuesto. Las mayores afectadas son: la Universidad de Cuenca, con una reducción de USD14.946.792; la Politécnica Nacional, con USD14.685.719 menos e IKIAM con una reducción de $19.803.679.

“No señores, el país no ha vuelto a la normalidad violenta de la desigualdad. ¡Lxs estudiantes marcharemos para defender nuestro derecho a una educación pública, gratuita y de calidad!”, escribió como reacción el movimiento Estudiantes Autoconvocados, a través de su cuenta de Facebook.

AM/CM/sam

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El documento señala que este proyecto de Ley carece de estudios técnicos e inacción legislativa. El comunicado, publicado en sus redes sociales, indica que las medidas económicas propuestas perjudican la estabilidad económica, social y política del país, además de “una reducción del espacio de soberanía nacional en los ámbitos fiscal monetario y financiero”.

El pasado viernes 18 de octubre, el Ministerio de Finanzas presentó el proyecto de Ley de Crecimiento Económico. De acuerdo con declaraciones del presidente Lenín Moreno, el proyecto contempla no incrementar el impuesto al valor agregado (IVA).

Este proyecto contempla además que las Empresas que tienen ingresos por 1 millón de dólares al año, harán una contribución que representará 532 millones de dólares, durante tres años.

DE/CM/sam

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El objetivo era ahuyentar a una burbuja inmobiliaria que merodeaba, por ese entonces, al mercado de la construcción.

Fue una ley polémica que detonó el descontento y protestas en Quito caracterizadas por blandir banderas negras en la avenida de Los Shyris. La propiedad y la herencia eran intocables para un grupo de la sociedad, opuesta a contribuir, incluso para su propio beneficio.

Esa Ley fue derogada en 2018 como efecto de la Consulta Popular. Se argumentó, con cifras del Banco Central del Ecuador, que su efecto inmediato fue la caída de la actividad de la construcción de 1,7% entre el tercer trimestre 2017 y el tercer trimestre 2018.

En las circunstancias actuales, la industria de la construcción no ha mejorado. Sigue contrayéndose y en el presente período ha disminuido 3,7% su actividad en relación al mismo período del año pasado. Algo no cuadra, quizás la Ley de Plusvalía no era la razón para la bajada en esta importante industria.

La baja actividad de la construcción es uno de los componentes que afectan a la economía ecuatoriana. En junio de 2019 -refiere el Ejecutivo en su nuevo proyecto de ‘Ley de crecimiento económico’ – el 57% de la población económicamente activa está en un empleo inadecuado (menos horas de trabajo, informalidad, deseo de cambiar de empleo).

Luego de la convulsión social que causó el Gobierno mediante un decreto desacertado respecto a los subsidios de los combustibles, sumado a un paupérrimo manejo de la crisis, se alcanzaron acuerdos. Las partes más polémicas y que deterioraban el empleo, fueron pulidas y descartadas mayormente del nuevo proyecto de Ley, mediante el que se pudiera recaudar 700 millones de dólares. Ahora, ¿adivinen qué?… les conviene revisar en la alacena sus provisiones de Nutella, porque de pasar el trámite de Ley, las reventas de inmuebles en los primeros cinco años pagarán tributos correspondientes al excedente de sus valores. Se propone la eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta y al mismo tiempo que no se permita deducir gastos a quienes perciban ingresos mayores a 100.000 dólares anuales. Se regresa la vista a quienes más pueden aportar. 

Los preocupados son los representantes de las diferentes cámaras, quienes suman sus críticas a las del exbanquero Guillermo Lasso, pese a que este tipo de regulaciones contribuyen a cuidar un mercado de una disparada caótica. Lo logró el pueblo en las calles;  no hay espacio para el egoísmo partidista en estos días críticos para este proyecto de Ley.

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