El colectivo LOA, impulsor de la primera propuesta junto a la Defensoría del Pueblo, exige al Legislativo el archivo de la ley que representa un retroceso histórico para los derechos que los animales habían conquistado en el país.

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LODA: Un retroceso de décadas en protección animal

La nueva legislación, aprobada con 96 votos a favor, elimina garantías establecidas en la anterior Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOA) y desconoce la sentencia 253-20-JH/22 de la Corte Constitucional que marcó un avance histórico en los derechos de los animales en Ecuador. La nueva propuesta de ley desconoce el estatus de los animales como seres sintientes y contradice lo dispuesto por la Corte Constitucional a reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, y abre la puerta a la explotación indiscriminada de animales en nombre del «interés social y económico».

“La Lopda quiere reconocer como tradiciones a prácticas crueles como las peleas de gallos, corridas de toros y otras formas de entretenimiento con animales. Esto haría que retrocedamos en lo que el pueblo ya decidió en la consulta popular”, expresó el colectivo LOA mediante un comunicado.

COMUNICADO LOA. https://x.com/LoaEcuador/status/1921950246709465114

«Estamos viendo cómo nuestros legisladores traicionan a los animales y desechan años de avances en materia de protección», denuncia Lucía Fernández, activista por los derechos animales. «La LOPDA permite que los animales sean tratados como objetos y no como seres sintientes que merecen respeto», aseguró.

La crueldad se legaliza bajo el disfraz de «tradición»

La nueva propuesta de ley, que desdibujó la iniciativa del colectivo de defensores y activistas, permite prácticas crueles como peleas de gallos, corridas de toros y rodeos, disfrazándolas como «expresiones culturales». El texto ignora deliberadamente el sufrimiento animal en nombre de supuestas tradiciones, contradiciendo la evidencia científica que demuestra que los animales sienten dolor y miedo durante estos eventos.

«Las pruebas científicas son contundentes: los animales utilizados en espectáculos sufren estrés, terror y dolor extremo», afirma el Dr. Eduardo Ramírez, veterinario especialista en bienestar animal. «Con esta ley, Ecuador legitima la tortura animal como entretenimiento».

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Propuestas de LODPA que retrocede en derechos:

• Elimina la obligación de proporcionar condiciones adecuadas de bienestar a animales de producción
• Reduce las sanciones por maltrato animal hasta hacerlas prácticamente simbólicas
• Permite el abandono de animales bajo circunstancias ambiguas
• Autoriza el sacrificio de animales callejeros sin garantías de métodos humanitarios
• Desprotege a animales silvestres frente a la explotación comercial

«Esta ley condena a millones de animales a condiciones de vida miserables y muertes dolorosas», advierte María Torres de la Coalición por los Derechos Animales. Asimismo, indica que los asambleístas han elegido ignorar el sufrimiento animal en favor de intereses económicos particulares.

Protestas masivas contra la regresión de derechos

Frentes ciudadanos y colectivos sociales se han manifestado frente a la Asamblea Nacional para expresar su rechazo a la LOPDA. Las protestas, que continúan creciendo en todo el país, evidencian que la ciudadanía rechaza mayoritariamente la crueldad animal institucionalizada. Carlos Mena, dirigente de varias organizaciones protectoras, indica que la propuesta de la Comisión representa un retroceso de al menos 15 años en materia de derechos animales. «Esta ley no refleja los valores de la sociedad ecuatoriana moderna que cada vez es más consciente del respeto que merecen todos los seres vivos».

TUIT MANIFESTACIONES. https://x.com/radiolacalle/status/1922011449175461961

Un llamado a la acción

Las organizaciones defensoras de los animales anuncian que presentarán recursos legales ante la Corte Constitucional para revertir esta ley regresiva y llaman a la ciudadanía a mantenerse movilizada.

«No permitiremos que esta crueldad quede normalizada», concluye Fernández. «Los animales en Ecuador merecen protección real, no una ley que legitima su explotación y sufrimiento».

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«Entre hoy y mañana, veremos como lo resuelve la Secretaria Jurídica, se enviará el proyecto (a la Asamblea), apenas tuvieron luz verde ya lo empezaron a construir. Lo que sí está claro es que el texto no va a tener mayores arreglos, muchos adjetivos sino que va a ser muy conciso para que no haya de dónde agarrar y decir que una palabra esté descontextualizada», dijo la secretaria. Agregó que se lo hace así para que la ciudadanía tenga claro, cuando voten los legisladores, «quién estuvo con el país y quién estuvo con el narcotráfico».

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En el Legislativo deberán decidir si crean una Comisión Ocasional para el proceso o si la envían a la Comisión de Enmiendas, cuyo presidente, Otto Vera, indicó que busca que coincida con las elecciones generales 2025. «Para no causar prejuicio económico al país y se dé en una sola elección», le dijo a Ecuavisa.

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La mesa legislativa lo decidió con cinco votos a favor, una abstención de Jorge Acaiturri y tres en contra, pertenecientes a los integrantes de la Revolución Ciudadana (RC). Los puntos que se queden en el informe para segundo debate son: incremento del IVA, incremento a la Salida de Divisas (ISD), impuesto a la banca, grandes empresa y cooperativas.

¿Cómo queda el informe?

• Se aprobó el incremento en un punto permanente del IVA (en 13 %) y dos puntos temporales (15 %) durante el 2024 y 2026.
• El incremento al impuesto a la Salida de Divisas al 5 %. El presidente podrá cambiar este valor según considere pertinente.
• Para la «Contribución Temporal de Seguridad» se pretende cobrar el 3.5 % a las grandes empresas entre 2024 y 2025 sobre las utilidades gravadas.
• Se mantiene el impuesto especial a las utilidades de los bancos. Este apartado también afectaría a las cooperativas de ahorro y crédito. El documento afecto a las entidades que hayan ganado más de USD 10 millones a las utilidades entre 2022 y 2023. El detalle quedaría de la siguiente manera:

¿Qué decían las letras pequeñas?

El presidente Daniel Noboa propone que se grave un impuesto del 3.3 % para profesionales y servidores del sector público y privado que ganen USD 1000 o más. Este nuevo cobro tendrá una temporalidad de uno a ocho meses para las personas que entren en este sector.

Según la jefa de bancada, Valentina Centeno, esta medida la propuso el gremio de profesionales «que buscan alternativas para salir de la crisis económica que vive el país». De acuerdo con declaraciones pasadas, los legisladores no iban a aprobar el informe con esas modificaciones.

Además, alegó que para presentar este documento recopilaron ocho de diez propuestas que hicieron los legisladores antes del primer debate. Sin embargo, la asambleísta Gissela Garzón mencionó que esta medida se aprobó de manera parcial.

También trascendió que mientras se pretendía imponer un segundo impuesto a los ciudadanos ecuatorianos, el Ejecutivo intentó disminuir el impuesto que tendría que pagar la banca hasta el 15%, cuando en el primer debate se discutió un monto de 25%.

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Esta iniciativa busca crear una ley que reconozca y refuerce la interrelación humano animal. Señalaron que es importante considerar esta relación por los productos animales que consume el país que ayudan a combatir los problemas de desnutrición crónica.

“Es importante reconocer el cuidado que deben tener los animales, sin que se afecte la producción y a los precios finales de la canasta familiar”, mencionaron.

El proyecto defiende cinco libertades de los animales: “libres de hambre, sed y de desnutrición; libres de temor y angustia; libres molestias físicas y térmicas; libres de dolor, lesión y enfermedad; y, libres de manifestar su comportamiento natural”.

EL proyecto pretende definir de manera clara las funciones y atribuciones de los diferentes niveles de Gobierno e instituciones que participan en la regulación y control de los animales.

Además, pretenden implementar programas de:

• capacitación, formación, educación, sensibilización y difusión en derechos de la naturaleza y de los animales en el ámbito público y privado;
• fortalecer la institucionalidad competente para la regulación y control de animales en todos los niveles de gobierno;
• garantizar la conservación in situ de la fauna silvestre y urbana, reconociendo la clasificación de los animales dentro de la presente ley; y,
• garantizar el cumplimiento del respeto de las libertades del bienestar animal.

Indicaron que es importante reconocer a los animales como sujetos de derechos, “sin dejar de lado los preceptos de la ciencia y la ancestralidad, y procurando no afectar negativamente la producción, el empleo y a las actividades interrelacionadas.

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El Gobierno informó esto mediante un comunicado vía twitter. Allí menciona que esta objeción del presidente Guillermo Lasso responde «a la necesidad de garantizar el uso de la fuerza de los cuerpos militares y policiales». Esto, «sin que eso signifique el menoscabo a sus derechos».

Actualmente las Fuerzas Armadas (FF.AA.) cuentan con 31 normativas directas e indirectas que controlan, regulan y garantizan sus actividades y derechos. Es decir, hay acuerdos ministeriales, resoluciones, reglamentos y leyes que amparan su accionar.

La Policía Nacional posee 13 cuerpos legales que de igual manera garantizan sus derechos, accionar y sobre todo, el uso de la fuerza. El 10 de julio de 2014 fue aprobado mediante acuerdo ministerial 4472 El Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional.

Uno de los puntos críticos es la ‘objeción de conciencia militar’ para el abogado y experto en DD.HH., Fernando Bastidas. Lasso pretende suprimir el artículo 19 que justifica incursiones militares, como situaciones que afecten el orden público. Pero más importante aún, que garantiza los derechos humanos.

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Para el ejecutivo, esto se justifica porque «las operaciones militares podrían verse afectadas y poner en riesgo la vida del personal». Según Lasso, esto implica que ningún soldado podrá negarse a órdenes superiores de este contexto y que en un caso de no serlo, la tropa sería procesada por sedición.

¿Fuerza pública para regular desobediencia civil?

Muchos opinan que no es del todo válida la justificación de Lasso para dejar sin regulación a la fuerza pública. Aseguran que el Gobierno busca nuevas competencias para las fuerzas del orden en casos de desobediencia civil.

El presidente intenta utilizar a las FF. AA. como grupo de apoyo en situaciones de emergencia. El Gobierno ya no necesitaría Estado de Excepción con el cambio del artículo 31 del veto. O sea, la ‘complementariedad’ cambia por el ‘apoyo’ militar a la Policía Nacional «durante crisis y graves alteraciones del orden».

Tras nueve días de finalizado el paro nacional surgió este veto presidencial que muchas organizaciones de DD.HH. tachan de autoritario, violento y desproporcionado desde la fuerza estatal.

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“Con este proyecto de ley se busca crear una banca pública de desarrollo, la Cooperativa Financiera Ecuatoriana y el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, protegida por la ley porque solo la regulan decretos ejecutivos, tanto es así que con un decreto se fusionaron la Corporación Financiera Nacional CFN y el BanEcuador”, explicó en una entrevista con Radio La Calle.

Sobre el tema principal del proyecto, la legisladora expresó que “al objeto de la ley le precede un título que es la defensa del Banco del Pacífico. Es la segunda institución financiera más importante, el banco es público, a pesar de que lo que todos en el Gobierno digan, tiene administración privada, pero es público”.

El banco del Pacífico nació en 1972 de forma privada y fue beneficiado de una política de fortalecimiento desde el Estado. “El último gran rescate que tuvo este banco con fondos públicos fue en el periodo del feriado bancario y eso el presidente Lasso lo sabe porque fue protagonista del feriado. Es público porque el Estado invirtió muchos recursos en rescatado, sus activos pertenecen a la CFN. Su patrimonio realmente es de USD 3.000 millones”, añadió Sánchez.

Proceso de venta

De acuerdo con la legisladora se ha realizado una limpieza dentro del banco para prepararlo para su venta. “Hay el despido de muchos empleados y cierre de agencia. Es un proceso de sanación para que aquella empresa que lo adquiera lo encuentre sin problemas y rentable.”

Añadió que, si bien no es posible evitar la venta, se puede revertir el proceso. “La ley no puede impedir la venta del banco, lo que está tipificado en este proyecto de ley es que el proceso de venta puede ser revertido por la procuraduría en el marco de la ley. ES vox populi que la venta ha conmovido a los ciudadanos. En su último reporte de utilidades prevé que en 2022 será de USD 100 millones”.

Para Sánchez, se quiere justificar la venta del banco con la desnutrición infantil. “Lo que se quiere hacer es vender un recurso publico a precio de gallina con peste. La venta del banco elimina la competencia para el gran negocio financiero en Ecuador. Detrás de esto está la captación de sus 2,7 millones de clientes”.

El gran riesgo es que la venta de este banco puede ser una medida de control de los créditos. “La banca no llegará a los pequeños productores y medianas empresas. Si solo nos quedamos con la banca comercial, el abanico de posibilidades se cierra. No realizan créditos a largo plazo. Si se cierra este banco no se atenderán esas necesidades. El país se entregará totalmente a un capitalismo especulativo sin procesos de capital productivo”. MIB

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“No podemos mezclar los temas de movilización social con los de delincuencia común. Solicitamos eliminar los artículos 23, 24 y 25 que tienen que ver con la intervención de la movilización social”, dijo el jefe de bloque de Pachakutik, Salvador Quishpe.

Añadió que la historia les ha enseñado que la excepción se terminó convirtiendo en la regla general. “Estamos trabajando una ley para controlar la delincuencia común, no estamos regulando la protesta social”.

En un comunicado, la bancada informó que los artículos mencionados “van en contraposición con los dispuesto en el artículo 98 de la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos que, reconoce el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. La propuesta de Pachakutik es crear un Comité que califique de resistencia y agresión.

«Se protege a los manifestantes», dice asambleísta Narváez

No obstante, en el debate del Pleno, uno de los legisladores dijo que el proyecto de ley cuida los intereses de los manifestantes. “La protesta social es un problema de orden público y debe ser conocida. Con la ley es un derecho protegido que se considera un acto lícito. Con el proyecto de ley se garantiza que el espacio público. En este proyecto se prohíbe la utilización de municiones cubiertas de caucho. Si la policía establece que hay conducta violenta, puede dispersar la protesta”, dijo el asambleísta Ramiro Narváez.

Por otro lado, el jefe de bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres anunció que la bancada a la que represente votará a favor de este proyecto de ley. «La bancada del PSC votará a favor de la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza. Hemos participado en su elaboración y se han acogido nuestras observaciones. Esta Ley servirá para que policías y militares tengan un mayor respaldo al enfrentarse a delincuentes». MIB

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Ambos colectivos instaron a la creación de una ley que permita al Estado, mediante declaratoria, reconocer que la fibromialgia es una enfermedad de interés nacional.

Que el Gobierno gestione el tratamiento adecuado de este padecimiento reumático; el acceso a la medicación; y que se reconozca a esta condición como enfermedad incapacitante, ya que en el Manual de Calificación de Discapacidad (2018) del Ministerio de Salud Pública (MSP) ecuatoriano, la fibromialgia no está contemplada.

Igualmente, se propone que con el acceso a la medicación, los fármacos usados para el tratamiento de la enfermedad se incluyan dentro del cuadro básico de medicación de salud pública.

Sobre el proyecto de Ley

Maritza Ochoa, de Viviendo con Fibromialgia Loja, manifestó que el proyecto de Ley propone el reconocimiento de esta enfermedad como incapacitante. «Implica que es una obligación gubernamental sensibilizar y capacitar a la sociedad sobre la existencia de esta enfermedad», dijo.

Además, solicitó que se disponga el tratamiento y el acceso a la medicación, puesto que los pacientes se ven limitados de recursos para adquirir los fármacos.

Gina Limaico, miembro de Fibromialgia Ecuador, expresó, en una entrevista con Radio La Calle, que los pacientes están en la lucha para ver si la enfermedad se cataloga como una discapacidad. «Estamos limitados para realizar cualquier actividad. No podemos realizar actividades fuertes, no podemos realizar actividades continuas, siempre tenemos que estar descansando», aseguró.

Los integrantes de ambos colectivos consideraron este acercamiento como positivo; puesto que, previo a la presentación del proyecto, no tuvieron acercamiento alguno con el Gobierno nacional ni con sus dependencias como el Ministerio de Saluo o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ni con los poderes del Estado competentes.

Tras la presentación del proyecto, los colectivos se encuentran a la espera del debido proceso.

En la actualidad, países como Francia, Italia, España, Chile y Argentina, tienen una legislación que contempla a la fibromialgia como una enfermedad incapacitante.

Fibromialgia

Ochoa, al ser cuestionada sobre la enfermedad, señaló que «es importante tener claro que no todas las enfermedades, ni las discapacidades son visibles». Y es que la fibromialgia, como la describen varias de las personas que la padecen, es una enfermedad invisible, silenciosa y no tiene cura.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) este padecimiento es una enfermedad reumática crónica con origen neurológico y es considerado como enfermedad desde 1992.

Según la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, esta condición afecta hasta un 6% de la población mundial. Y cerca del 60% de los pacientes con fibromialgia también presentan cuadros asociados a enfermedades como lupus o artritis reumatoidea, según información de El Diario Ecuador.

Asimismo, según María Mercedes Aguirre, del colectivo lojano, entre las secuelas que dejó el contagio de COVID-19, se encuentra la fibromialgia.

De acuerdo con los testimonios de miembros de los colectivos, la enfermedad hace que los pacientes presenten: dolor musculoesquelético, dolor articular, fatiga, falta de memoria, ansiedad, depresión, colon irritable, migrañas y hasta cerca de 100 síntomas adicionales.

No es posible diagnosticarla mediante imágenes o pruebas de laboratorio, sino que suele hacerse después de largo tiempo con médicos y fármacos.

Los pacientes de fibromialgia dijeron tener que usar gran cantidad de medicamentos como analgésicos, antidepresivos, neurotransmisores, somníferos y demás.

No obstante, también mencionaron que suelen dejar mucha de esta medicación para tratarse con medicina y terapias alternativas, ya que los medicamentos les resultaban contraproducentes.

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«Lo que procuramos es reformar el artículo 358 del Código Monetario referente a la reducción de los plazos de permanencia o antigüedad de la información de riesgo crediticio», manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que la reforma permitirá también añadir una transitoria que autorice a los bancos recuperar la cartera vencida y a cambio a los clientes se les elimina las clasificaciones de la central de riesgo, acogiéndose a este beneficio durante 120 días.

Cabezas recalcó que la propuesta es que la antigüedad de la información de riesgo crediticio sea solamente de 3 años y el reporte de información crediticia solo hará referencia únicamente a las operaciones vigentes, vencidas o canceladas en el último año.

«El trámite regular para aprobar la propuesta de ley sería que la califique la Comisión de Administración Legislativa y lo envía a la Comisión que corresponda. Esta tendría un tratamiento inicial de 30 días”, afirmó Cabezas.

La asambleísta detalló que una vez que el proyecto sea Ley, la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria reformarán los códigos correspondientes para que se materialice.

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La Alianza sostiene que la «objeción parcial» del presidente construye un nuevo proyecto de Ley, que modifica en un 97% el proyecto original y desconoce todo el proceso democrático que se llevó a cabo para contruirla.

Asimismo, reitera que es peligroso que el presidente pueda influir en la formación de las leyes por el efecto nocivo que podría tener sobre la democracia.

La Alianza argumenta que en un Estado de Derecho, existen varios bienes jurídicos que estarían siendo sacrificados con el proceder del presidente. Y que la seguridad jurídica que debe primar en los procesos de formación de las leyes.

De igual forma, solicita a la jueza de la Corte Constitucional activar el control preventivo de constitucionalidad, para que la Corte pueda emitir su dictamen.

La Alianza también dice que el presidente Lasso expidió un veto ambigüo, pues su interpretación se estructura en razones de constitucionalidad sobre las que el mandatario no se pronunció en su oficio.

Igualmente, en el documento, las organizaciones señalan que el mandatario, en un uso abusivo de su poder como colegislador, generó un proyecto de ley alternativo al originalmente planteado en el Legislativo.

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Los legisladores se apegaron al tercer inciso del artículo 140 de la Carta Magna que señala que el Legislativo podrá, en cualquier momento, modificar o derogar todo proyecto de ley calificado como urgente en materia económica; y que haya sido promulgado y publicado en el registro oficial como decreto ley.

La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Daniel Noboa, se encargará de tramitar estos proyectos.

Contexto

La reforma tributaria de Guillermo Lasso entró en vigencia por el ministerio de la ley, cuando el Pleno de la Asamblea votó en contra del informe de mayoría, del informe de minoría y de la propuesta de archivo.

Las propuestas derogatorias fueron presentadas por las bancadas de UNES y Pachakutik, en noviembre de 2021, La calificación y trámite de estos proyectos estaban suspendidos desde enero, pues la Izquierda Democrática solicitó consultar a la Corte Constitucional.

Sin embargo, el pasado 9 de marzo, la moción se negó en el Pleno y se decidió que siga el trámite ordinario.

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Quito, 09 mar (La Calle).- La Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social se aprobó la tarde de este miércoles. Con un veto parcial del Ejecutivo la Ley entrará en vigencia y reconocerá que la vivienda es un derecho convertido en servicio público, destinado al beneficio de todos los ecuatorianos.

Este proyecto de Ley presentado en 2018 e impulsado por Patricia Sánchez, asambleísta por Pachakutik, se ratifica hoy con 113 votos y 131 para allanamientos. Así, las mociones presentadas por la asambleísta a la Objeción Parcial del Presidente Guillermo Lasso, tienen luz verde por parte del Legislativo.

Patricia Sanchez, destacó que este proyecto de Ley lo viene trabajando por 30 años junto a organizaciones sociales y los barrios populares de Guayaquil. Hoy destacan los 63 artículos, cuya finalidad es garantizar la prestación del servicio público de vivienda de interés social a través de la generación y promoción de proyectos y planes habitacionales de iniciativa pública, privada o cooperativa.

¿Qué promueve esta Ley?

La ley promueve la organización cooperativa y el desarrollo de la economía popular
y solidaria en la planificación, oferta y solución de la demanda habitacional. Su aprobación exige al Estado impulsar la asignación, generación y gestión de recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros para el desarrollo de la vivienda de interés social.

Asambleístas de todas las bancadas le dijeron «sí» a la vivienda adecuada y digna para los sectores más empobrecidos del país. «Cuando de derechos sociales de nuestro pueblo se trata, nos unimos y votamos unánimemente», aseguró la asambleísta por Pachakutik.

Otros pronunciamientos, como el del asambleísta Salvador Quishpe se enfocaron en la titularización de las tierras. Planteando disposiciones transitorias para que en el plazo de un año, en coordinación entre el Ministerio de Vivienda y el de Agricultura se proceda a legalizar las tierras en favor de quienes viven por años y no tienen la titularización.

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“La ley se está debatiendo en la comisión. Este debate debe producir el informe de mayoría y probablemente también un informe de minoría. Y no puedo anticiparme, la Asamblea tiene plazo hasta el 24 de marzo próximo para tomar una decisión” dijo el mandatario.

Además, Lasso mencionó que espera la aprobación del proyecto de ley que consideró necesaria para generar empleo para los ecuatorianos, ya que, de cada diez ecuatorianos, tres tienen un empleo formal, y siete no lo tienen.

El proyecto de ley

El mandatario explicó que la ley “modernizará” el sistema de alianzas público – privadas, zonas francas que prevé generar inversión extranjera. Asimismo, dijo que modernizará la ley de Mercado de Valores “para dinamizar una fuente de financiamiento a proyectos productivos”.

Sobre la alianza público – privada, Lasso mencionó que no están planteando una privatización, sino una concesión del bien o activo durante lo que él considera “un tiempo razonable”, para que el privado recupere su inversión.

Al respecto de las zonas francas, Lasso señaló que estas estarán ubicadas en áreas cercanas a los puertos, para que el inversionista pueda:

1) importar materias primas,

2) exportar los productos y que el costo logístico sea más bajo. Además, aclaró que el inversionista debe emplear mano de obra ecuatoriana.

Por otro lado, Lasso también señaló que hay artículos sueltos o artículos varios, donde los recursos que se obtengan, se destinarán a proyectos de ayuda social.

Otros tratados y acuerdos

Lasso dijo que la integración del país a la Alianza del Pacífico dependerá de concluir el Acuerdo de Libre Comercio con México, el cual aún está proceso de negociación, pero que prevé concluirá el mes de marzo; la parte legal en el mes de abril, para suscribirlo en el mes de mayo.

El gobernante también manifestó que ya comenzaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur y que continuará con esta apertura económica.

Inestabilidad política

Lasso se pronunció al respecto de la supuesta inestabilidad política existente en el Legislativo y dijo: “no creo que (los legisladores) vayan a destituir a Guadalupe Llori”, quien preside actualmente la Asamblea.

El mandatario consideró que los problemas de la Asamblea Nacional quitan el tiempo y enfatizó en la independencia de poderes del Estado y apoyo a la institucionalidad de este.

Además, manifestó que lo que ocurra en la Asamblea Nacional debe ser resuelto allí, y dentro del respeto a la institucionalidad del país.

El gobernante también dijo que los problemas del Ecuador son más importantes que los problemas de los partidos políticos.

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Dávalos comentó que dicho proyecto de ley transforma al sector público en lo que el Gobierno denomina entidad delegante. Es decir, son entidades que pueden delegar gestores privados para que estos lleven a cabo proyectos de inversión pública.

“El sistema de rehabilitación social pasa a manos de sectores privados, la infraestructura de salud, educación, transporte, edificios públicos, y todo lo que corresponde al sector público se convierte en proyecto de inversión”, afirmó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, manifestó que una vez que se traslada al gestor privado y se califica el proyecto de inversión pública, se define una arquitectura institucional para llevar adelante este proceso y el Estado asume los costos de la elaboración del proyecto.

“Una vez que se firma el contrato, el gestor privado tiene la gestión del control sobre la infraestructura pública. Además, el gestor privado tiene que construir un fideicomiso mercantil”, sostuvo el analista.

Dávalos también recalcó que el Gobierno ya ha establecido otras leyes de privatización como la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con la utilización de fondos públicos, las reformas a la Ley de Dolarización, entre otras.

“Ahora viene esta ley que traslada infraestructura pública a gestores privados y establece fideicomisos. A todo esto, llaman atracción de inversiones”, aseguró Dávalos.

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El proyecto de ley de carácter urgente en materia económica fue calificado a trámite por el Consejo con cuatro votos a favor.

«Según la propuesta del Ejecutivo busca atraer y facilitar inversiones en diversos sectores de la economía, fomentar la creación de empleo, promover la eficiencia en el funcionamiento de los mercados, mejorar el desarrollo normativo en el ámbito de la regulación; y, profundizar la transformación digital. La cual será tramitada en la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa», publicó a través de Twitter el Órgano Legislativo.

Este proyecto de ley prevé una reforma respecto al mercado de valores y la incorporación de normas respecto a la transformación digital. Además, se contempla un marco normativo para la asociación público-privada. Y una regulación sobre el incentivo en zonas francas y zonas de especiales de desarrollo económico.

Por otro lado, la asambleísta por la Izquierda Democrática (ID), Johanna Moreira, señaló que se agregue una disposición derogatoria del decreto ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Con esto «será la oportunidad propicia para derogar el paquetazo tributario”, agregó.

De acuerdo al artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Desarrollo Económico tiene un plazo de 10 días a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto para presentar sus informes con las observaciones pertinentes al Legislativo.

En la sesión participaron Guadalupe Llori (PK), Yeseña Guamaní (ID), y los vocales Johanna Moreira (ID) y Nathalie Arias (BAN). Y no participaron de la sesión el primer vicepresidente Virgilio Saquicela (IND), y los vocales Darwin Pereira (PK) y Ronny Aleaga (UNES).

Otras calificaciones

Durante la reunión, y con 4 votos, el CAL calificó a trámite el proyecto de:

1) Ley Orgánica para Especialización de la Justicia, Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial.

2) Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Notarial

3) Proyecto de Ley Orgánica de Justicia y Protección Integral para los Páramos

El CAL también aprobó con 4 votos a favor:

4) El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal.

5) El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero.

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Los contratos que superen los USD 15 millones en inversión, serán pactados por el Estado con arbitraje internacional. En caso de que la inversión sea menor a tal monto, el arbitraje será de local. Estos mecanismos se aplicarían gradualmente en un cuadro que prevea el arbitraje como último recurso:

-Negociación directa entre las partes

-Mediación ante un centro de mediación registrado

-Arbitraje

Según el secretario de Alianzas Público Privadas del Gobierno, Roberto Salas, con esto se diversifica las alternativas de mediación con inversionistas en caso de una disputa, antes de llegar a un arbitraje.

La autoridad mencionó que hasta ahora se encuentran firmados más de 60 contratos y 197 están en trámite. Con esto se han creado más de 6 mil empleos y se pretende alcanzar 23 mil más. Esta opción no resulta nueva pues, en 2018 se incorporó la Ley de Fomento de Inversiones para contratos de inversión de empresas privadas.

El proyecto de Ley busca ahora ampliar la instancia a otros contratos como Alianzas Público Privadas para desarrollo de obras en trasporte, vivienda, infraestructura hospitalaria, deportiva, cultural y educativa.

A esto también se suman delegaciones privadas en el sector minero o de telecomunicaciones por medio de títulos habilitantes. Así como contratos de prestación y participación en servicios para la exploración y explotación petrolera.

CIADI

El artículo 71 de la iniciativa legal indica que el arbitraje internacional se pactará de acuerdo a las normas de uno de los sistemas internacionales reconocidos o suscritos por Ecuador.

Entre ellos se encuentra la Cámara Internacional de Paris, la Corte de Arbitraje de Londres y las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Lo que se destaca es que en ese listado también se encuentra el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Después de 12 años de haberse retirado, Ecuador se reincorporó al CIADI en 2021. El Gobierno de Rafael Correa en 2009 resolvió retirarse del CIADI ya que consideró inconstitucional que Ecuador ceda esta jurisdicción a tribunales internacionales.

En cambio, el Gobierno de Guillermo Lasso considera que este foro «impulsa la generación de un entorno atractivo a las inversiones y competitivo para los negocios».

¿Es inconstitucional?

Según el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas (UDLA), entrevistado por Primicias, esta cláusula de arbitraje no va en contra del artículo 422 en la Constitución. El artículo prohíbe firmar mecanismos internacionales o tratados en los que el Estado Ecuatoriano ceda su jurisdicción soberana hacia estos organismos de arbitraje internacional.

Galindo destaca que esta normativa aplica cuando el Estado firma tratados de libre comercio (TLC) o tratados bilaterales de inversión (TBI) que contengan cláusulas de arbitraje internacional. Los contratos de inversión no se encuentran en manos de estos instrumentos externos y por ello son constitucionalmente ‘viables’, explica.

Esta cláusula es una medida parcial por el momento, pero fue incorporada en el proyecto de Atracción de Inversiones para dar señales de confianza a inversionistas. La misma pretende contribuir a reforzar el nivel de negociación de Ecuador con China o México, con los que espera firmar en este año, acuerdos comerciales.

Los inversionistas exigen protecciones a escala del derecho internacional. Por ello, es un esfuerzo muy significativo, según Galindo. También asegura que los países insistirán en que se incluya el arbitraje internacional en un capítulo de inversiones para estos tratados comerciales.

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«El proyecto de ley económico urgente de Atraccion de Inversiones quiere, literalmente, poner código de barras al país. Todo, absolutamente todo, podrá ser privatizado. ¿Va UNES nuevamente a abstenerse para que pase por el ministerio de ley? ¿PK votará otra vez a favor del gobierno?», escribió en un tuit.

¿Qué dice el proyecto?

El proyecto contiene una sección de definiciones. En el apartado de servicios públicos, el concepto aplicará a la provisión, desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructura productiva, social o gubernamental. Aquí entran rubros como: cárceles, infraestructura educativa en todos sus niveles, hospitales y otro tipo de instalaciones para brindar servicios de salud, edificios de uso público, proyectos de regeneración urbana, unidades judiciales, autopistas, autovías, vías rápidas, carreteras, caminos vecinales, vías urbanas, ferrovías, ferrocarriles.

El uso de los servicios públicos aparece en el artículo 6 que trata sobre la asociación público – privada. «Todos los servicios públicos, que no estén regulados por leyes sectoriales para efectos de delegación al sector privado, aplicarán de manera obligatoria la modalidad contractual de Asociación Público-Privada, sujeto a los límites establecidos en este Libro».

Los servicios públicos también aparecen en el ámbito de la Gestión Delegada. Si la ley se aprueba, la Secretaría de Alianzas público-privadas se encargará de controlar a los servicios que mantienen este tipo de manejo.

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En lo que respecta al proyecto de Ley de Inversiones, Jijón manifestó que el Gobierno ultima detalles. En los próximos días será enviado, con carácter urgente, a la Asamblea Nacional para su discusión.

El funcionario señaló que este proyecto de ley contempla asociaciones público-privadas, una reforma a la ley y condiciones fiscales. El objetivo es atraer inversiones. El gobierno, con su portafolio de inversiones, prevé un ingreso alrededor de USD 30.000 millones, según Jijón. Asimismo, el gobierno considera, en su proyecto de ley, la creación de “zonas francas”. Lugares que implican una excepción o ventaja en el pago de impuestos.

Rehabilitación Social

Por otro lado, Jijón se pronunció sobre la propuesta de política pública en el área de rehabilitación social. Dijo que esta política contempla la pacificación de los Centros de Rehabilitación y “dotará de esperanza a las personas privadas de libertad (PPL)”.

Igualmente, enfatizó en que estos cambios brindarán gran importancia a la educación de los PPL para que “puedan elaborar un futuro (…) reinsertarse en la sociedad y sostener a sus familias”.

El consejero agregó que el Ejecutivo destinará alrededor de USD 27 millones para esta política. Los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación trabajarán en coordinación con la Secretaría de DD. HH. para lograr la mejora de las condiciones de vida de las PPL en los centros de rehabilitación.

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El CAL alegó que espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador respecto a si la Asamblea Nacional tiene competencias para derogar o modificar una ley económica urgente declarada como decreto-ley.

La noche de este 28 de enero estaba prevista la decisión sobre la calificación de los dos proyectos de ley derogatoria de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19. Ley decretada por el presidente Lasso el 29 de noviembre de 2021 y vigente desde enero de 2022.

La ley de Lasso dispone un incremento en el pago de Impuesto a la Renta para las personas con ingresos mensuales que superen los USD 2 mil.

“(CAL) Mocionó suspender la discusión referente a la calificación de los dos proyectos hasta que este Consejo pueda contar con el pronunciamiento de la Corte Constitucional (…) respecto a la facultad de la Asamblea Nacional de modificar o derogar  un proyecto de Ley calificado de urgente en materia económica promulgado como decreto-ley”, reza el documento del CAL.

¿Quién aplazó la calificación?

Según reseñó el medio, la moción de aplazar la calificación obtuvo cuatro votos: Guadalupe Llori (PK), Virgilio Saquicela y Nataly Arias (BAN-CREO) y la proponente Yeseña Guamaní (ID).

Los proyectos que buscan derogar la reformas tributarias del Régimen de Lasso fueron presentados por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Patricia Sánchez, Salvador Quishpe y Ángel Maita (PK). El legislador por UNES, Ronny Aleaga presentó la moción para que se dé paso a los dos proyectos de derogatoria este 28 de enero.

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«El debate ya no es entre los que están a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sino del tiempo máximo para que éste proceda (temporalidad); la mejor forma de denunciar y las condiciones en las que se aplicaría», indica parte del documento.

La coalición añade una pregunta que, a su juicio, es dura, pero necesaria. «¿Si fuera tu hija o tu hermana la que se encontrara en esta situación? ¿Quisieras que cuente con las mejores condiciones para que pudiera interrumpir la gestación o que luego de la violación además deba iniciar un suplicio administrativo?».

Los legisladores afirman que están de acuerdo para que las sobrevivientes de violencia sexual sean tratadas con las mejores condiciones y que la decisión que omen no sea juzgada por un Estado que no las supo proteger.

«Nosotros defendemos la vida. Una vida libre de violencia. Nosotros estamos por ampliar los derechos de las mujeres víctimas de violaciones. Nosotros y nosotras estamos por una Ley justa y reparadora».

La carta está firmada por 21 asambleístas de UNES y 13 asambleístas de otras bancadas (Pachakutik e ID). También por 12 asambleístas suplentes y otros actores que respaldan el comunicado.

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