El mandatario dispuso que la escultura de la virgen de la Inmaculada Concepción, representada en el Panecillo, gire en 360 grados para que así también pueda fijar su mirada en el sur de Quito. Los trabajos empezarán desde febrero del próximo año.

Esta figura religiosa es uno de los monumentos más grandes en Sudamérica con 41 metros de altura, superando incluso al Cristo redentor de Brasil, una de las siete maravillas del mundo moderno. «Queremos mostar una nueva faceta de este monumento», dijo el presidente.

Ahora que has llegado a este punto solo podemos decirte que caíste en una broma del día de los Inocentes. La estatua del Panecillo seguirá como siempre y el presidente Noboa no tiene planes de hacerla girar, al menos de momento.

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Según fuentes cercanas a la cartera de Estado, la obra estaría envuelta en una cortina de dudas y falta de transparencia. Se presumen que un importante bufete de abogados de la capital de la República, firma allegada a Vera, habría sostenido reuniones opacas con compañías interesadas en invertir en el proyecto. Con esto, los “cercanos” del exministro habrían tenido acceso a información privilegiada del proceso. Dichas reuniones se habrían llevado a cabo durante visitas a Houston, EE.UU., y  México D.F.

Pero el entramado no acaba allí. Presumiblemente, para no dejar huella, es otra la empresa encargada de manejar las relaciones con los compradores interesados. El 6 de octubre de 2022, el Ministerio de Energía y Minas lanzó la Ronda Intracampos II y contrató a la empresa petrolera Hole Maker. No obstante, fue la “única” con la capacidad de tener contacto con los posibles ofertantes de los campos a licitar.

Sobre la Ronda Intracampos II

El Gobierno Nacional busca captar inversión privada por USD 2.051 millones con la licitación de la Ronda Petrolera Intercampos II. El proyecto está conformado por seis bloques petroleros en la provincia de Sucumbíos: Lumbaqui, Saywa, Tamya, Tetete Sur, VHR este y VHR oeste. Según el Ministerio, la obra se socializó con las comunidades del sector: las nacionalidades Kichwa, Cofán y Shuar.

Vera, toda una joya

Desde mediados de octubre de 2022, se destapó una serie de escándalos de corrupción en los que estaría involucrado Xavier Vera. La mayoría de casos se habrían cometido cuando ejercía la titularidad del Ministerio del ramo.

La primera piedra para Vera apareció cuando el medio digital Zoom publicó un documento en el que supuestamente demostraba que el ex alto funcionario tenía carné de discapacidad. Con la especie, Vera se habría beneficiado de un descuento en la tarifa de luz. Más adelante, el portal digital La Posta reportó más documentos sobre el carné “trucho”. Finalmente, la asambleísta por UNES, Sofía Espín denunció a Vera por uso doloso y tenencia ilícita de carné de discapacidad.

El segundo tropiezo (consecutivo) ocurrió cuando La Posta reveló audios y chats sobre presuntos sobornos que habría pedido Vera. En un audio, el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño afirmó que el exministro le habría ofrecido USD 2 millones por la gerencia de transporte. En otro archivo, el abogado Adrián Zamora dijo que le habría pagado a Vera USD 150 mil por un puesto.

Por este último caso, Fiscalía allanó tres inmuebles, dos de Vera, uno en Quito y el otro en Guayaquil; y su despacho en el Ministerio de Energía. Actualmente, Fiscalía lo investiga por el presunto delito de cohecho. Frente a todo esto, Vera renunció el 28 de octubre a la jefatura de Minas.

No es todo…

Otras posibles irregularidades habrían sucedido en el transcurso de los dos últimos casos. Un periodista de La Posta también mostró una hoja de ruta de cómo Vera habría manejado fuera de sus competencias el Ministerio. Por esto, sujetos habrían intentado sobornar al periodista.

Ahora, otro posible caso de soborno sale a la luz y comprometería más al exfuncionario. Se trataría de una presunta venta de cargos públicos en el área minera. Radio La Calle tuvo acceso a una conversación entre un delegado del ex ministro con un “interesado”. A continuación un chat de funcionarios de la cartera de Estado:

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Dicho proyecto de Ley, plantea a través de la incorporación del artículo 207° de la Constitución Política que, “la elaboración y aprobación del proyecto de nueva Constitución está a cargo de una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo, cuya propuesta de texto constitucional se someta a referéndum popular ratificatorio”.

Sucede que el artículo 206 de la actual Carta Magna dispone de solo dos vías para su transformación: el voto aprobatorio de 66 congresistas y ratificación vía referéndum; o voto aprobatorio de 87 parlamentarios en dos legislaturas consecutivas.

Por lo que el mandatario Castillo y el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, elevaron con carácter urgente la propuesta al Parlamento, acompañada de un oficio firmado por el jefe de Estado.

Además refiere el documento que el Congreso será el ente que debata y apruebe el proyecto de ley antes de que se someta a consulta popular vía referéndum. Esta acción se prevé que suceda en las elecciones municipales y regionales del próximo 2 de octubre.

Proceso electoral

Añade el texto que dicho proceso de consulta tendrá un carácter autónomo e independiente con respecto al proceso electoral. Contará con una cédula especial propia, y por consiguiente no contempla la modificación de ninguna regla de las que regirán los comicios regionales y municipales.

Pormenoriza el documento que “los poderes constituidos u organismos constitucionalmente autónomos no pueden impedir en forma alguna las decisiones de la Asamblea Constituyente. Esta tampoco podrá modificar el actual periodo del mandato para el cual fueron elegidos el presidente y los congresistas de la República”.

La propuesta de nueva Carta Magna se redactará una vez que se instale en un plazo de nueve meses. Después podrá prorrogarse exclusivamente por 120 días.

Fuente: Telesur

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“Finalmente la ley de Desarrollo Económico pasó por el Ministerio de la Ley, a pesar de que en el bloque Pachakutik tuvimos una iniciativa para su archivo. […] Desde la bancada presentamos un proyecto de ley de derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y se promulgó en el Registro Oficial», indicó la legisladora Patricia Sánchez.

“Esta ley no favorece a las familias ecuatorianas, favorece a los grandes empresarios que llevan su dinero a paraísos fiscales y con ese dinero quieren evitar pagar los impuestos que deben pagar como todos nosotros”, indicó el legislador Salvador Mailla.

Por su parte, Salvador Quishpe dijo que no pueden quedarse cruzados de brazos viendo como entra en vigor una ley que por un lado aplica impuestos a quienes ganan USD 2.000 y por otro lado se perdonan los USD 30 millones que el Estado cobraba a las telecomunicaciones”.

Sobre la votación del 30 de noviembre añadió que «nosotros cumplimos con nuestra obligación. Algunos sectores votaron por el archivo. Otro sector dijo que fue un error involuntario, les tomamos la palabra. Con este proyecto pueden remediar el error que cometieron».

El proyecto de ley seguirá el procedimiento ordinario. La bancada no descarta recursos ante la Corte Constitucional que presentarán el 1 de diciembre. «La democracia está siendo pisoteada. El único que salvará al país es el propio pueblo».

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Pabel Muñoz (UNES) uno de los miembros de la Comisión de Régimen Económico que analizó este proyecto indicó que solamente se modificaron cuatro ítems del proyecto.  En relación con el monto para las deducciones afirma que subió la base, pero se bajó el porcentaje. Considera que la ley debería repercutir al 1% más rico de la sociedad.

Esa premisa también estuvo presente en la participación de Yeseña Guamaní (ID). “En defensa de la equidad, las deducciones tributarias se deben concentrar en los más ricos del país, en el que más tiene”. Agregó que la base del cálculo para el impuesto a la renta sea por sobre los USD 3.000.

El informe

De acuerdo con Francisco Jiménez, ponente del informe “la economía ecuatoriana atraviesa un problema. Nuestra economía era altamente dependiente del petróleo. A partir de 2011 entramos en una espiral de préstamos que aumentaron la deuda”.

De acuerdo con el proyecto, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudaría USD 452 millones adicionales al año por concepto de impuesto a la renta. 147.000 personas que ganan entre USD 2.500 a 5.000 pagarán 190 millones.

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Documentos oficiales y declaraciones de los contratistas afectados confirman la retención de valores adeudados, problemáticas en el proceso de construcción de canchas y atropellos a la ley.

El proyecto emblemático del régimen contempla la construcción y rehabilitación de mil canchas de fútbol y uso múltiple en 20 provincias y 40 cantones del país distribuidas en centros educativos y complejos deportivos. Hasta agosto del año en curso, el Gobierno Nacional solo entregó 12 canchas de las mil ofrecidas.

Canchas suspendidas

La Calle analizó 56 contratos en el portal web del Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE). Son 38 canchas en 18 procesos contractuales que fueron canceladas por diversos motivos.

Algunas canchas se cancelaron por mutuo acuerdo debido a que los terrenos asignados para la construcción no estaban en óptimas condiciones. Otras tenían problemas legales con la propiedad del terreno y su beneficiario. Unas cuantas fueron declaradas desiertas porque entraban en comodato, es decir, los GAD’s “prestaban” el terreno al beneficiario. En otras no hubo oferentes o no cumplían con los requisitos establecidos. Finalmente, la liquidación del CEAR EP también obligó a cancelar varias canchas.

Forma de pago

Los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR EP), desembolsan el 30% del anticipo (del presupuesto total) a los contratistas para iniciar con la obra, según documentos del SOCE.

Por su parte, los contratistas deben presentan planillas de pago que registran los materiales utilizados y costos. El CEAR EP, a través de sus fiscalizadores y administrador del contrato, revisa estas planillas y confirma que todo esté en regla para aprobar el pago a los contratistas sobre el monto que invirtieron en las canchas. Finalizada la construcción, el CEAR EP emite actas de recepción provisional donde constan las liquidaciones económicas.

Pero, pero, pero…

Los contratistas contactados por La Calle mencionan que después del 30% de anticipo entregado no recibieron los pagos posteriores pese a haber terminado las canchas. El CEAR EP debe a cada contratista montos que superan los USD 40 mil a cada uno. Algunos llevan más de ocho meses impagos esperando y sin recibir respuesta.

En vista del incumplimiento del Estado, los contratistas acudieron a la Asociación de Proveedores, Contratistas y Subcontratistas del Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador (APCSE). El ing. Daniel Reyes, su presidente, señaló que la asociación representa a 15 contratos, donde el CEAR EP adeuda aproximadamente USD 1.8 millón en conjunto a los contratistas.

“A la mayoría de los contratistas no les han pagado después de la entrega del anticipo. Nadie en el Estado da respuesta. El Dpto. Financiero del CEAR EP devolvía las planillas por razones injustificadas. Cuestiones totalmente alejadas de la Ley”, manifestó el presidente de APCSE para este medio.

“Gané dos contratos por sorteo en Carchi. Estoy nueve meses impaga. Me adeudan como USD 220 mil. Me siento estafada. Nadie (en el Estado) da la cara”, dijo la ing. Marcia Montalvo (contratista).

“Mi cancha es en Esmeraldas. Desde junio (2020) estoy impago. Me deben alrededor de USD 48 mil. Estamos en el limbo. En el CEAR EP y la Secretaría del Deporte se niegan a atendernos”, expresó el ing. Nelson Martínez (contratista).

“Me deben alrededor de USD 43 mil. Intenté comunicarme con Cinthya Molina (gerente CEAR EP) y Christian Moncayo (gerente financiero). Nadie contesta los teléfonos. Una gestión terrible”, afirmó uno de los contratistas que prefiere mantenerse en el anonimato.

“Mi cancha es en Carchi. Desde marzo (2020) me deben USD 70 mil más IVA. Me comuniqué con el administrador financiero y no supo darme respuestas. Después ya no volvió a contestar”, indicó la Arq. Margoth Laguna (contratista).

“Nadie responde y el CEAR EP no tiene dinero”

Los contratistas intentaron comunicarse con la gerente del CEAR EP, Cinthya Molina, y los funcionarios del Departamento Financiero de la empresa pública para resolver estos problemas. Sin embargo, después de la primera insistencia los funcionarios dejaron de responder las llamadas, mensajes de whatsapp y correos electrónicos que les enviaron.

Para la APCSE y los contratistas “no existe” entidad estatal que responda a sus reclamos por el incumplimiento de los pagos. El ing. Daniel Reyes indicó que enviaron dos comunicados al CEAR EP y quejas al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y a la contraloría General del Estado a fin de resolver los problemas.

El oficio dirigido a Contraloría y SERCOP, el 22 de julio de 2020, resume la condición impaga y la vulneración de derechos y obligaciones de 12 contratos e irregularidades por parte de los funcionarios del CEAR EP.

El 26 de agosto, el CEAR EP respondió que, desde marzo, la gerente Cinthya Molina solicitó la devolución de valores pendientes por USD 6.7 millones al Ministerio de Economía y Finanzas. Hasta el 17 de agosto, la cuenta bancaria del CEAR EP ascendía a USD 86. Lo que imposibilita cubrir los pagos de los contratistas.

Por otro lado, el SERCOP -que es la institución que debe vigilar el cumplimiento de los contratos- solamente trasladó la queja al CEAR EP mediante otro oficio. La Contraloría tampoco dio respuesta.

Otro problema, CEAR EP en liquidación

El 19 de mayo de 2020, el presidente Lenín Moreno firmó el Decreto Ejecutivo N° 1055. Dispuso la extinción de la empresa CEAR EP y que todas sus obligaciones contractuales pasen a la Secretaría del Deporte. Sin embargo, el 14 de septiembre la Secretaría respondió que la ministra del Deporte, Andrea Sotomayor, solicitó a la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida la disposición de fondos para cancelar los pagos a los contratistas. Hasta la fecha no ha habido otra respuesta. (CE).

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No obstante, este año se conoció por un reclamo de la Agencia Francesa del Desarrollo, que Finanzas quitó USD 30 millones al proyecto social por la falta de liquidez existente en la cartera. Según el ministerio, los recursos serán devueltos y no comprometerían el desarrollo del proyecto.  

Los hechos

El pasado 29 de septiembre la “Agencia Francesa de Desarrollo” (AFD) envió una carta dirigida al Ministerio de Finanzas con respecto al manejo de un crédito entregado por la entidad.

El dinero facilitado por la AFD para el proyecto de viviendas no se habría invertido por parte del Gobierno como se acordó. Según el organismo, Finanzas realizó tres movimientos entre la cuenta del proyecto y la cuenta única del tesoro, entre agosto y septiembre del presente año.

Las primeras transacciones donde se registró el retiro de USD 30 millones de la cuenta del proyecto “Casa para todos, se dieron el 14 y 28 de agosto. Mientras que el 14 de septiembre se devolvió la cantidad de USD 8,5 millones de vuelta a la cuenta del proyecto. Ante esto, aún queda pendiente la restitución de USD 21,5 millones al propósito social.

¿Qué dijo el Ministerio?

Según el ministerio actúo de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, con lo que no estaría incumpliendo la ley. Además, manifestó que los recursos serán utilizados hasta finalizar el año, por la falta de recursos en el Estado.

No obstante, ante los movimientos del Ministerio de Finanzas, la AFD decidió suspender todos los desembolsos previstos si el Gobierno no cumple sus compromisos.

Hasta el momento, la entidad ha desembolsado 40 millones con la finalidad de que se entregue subsidios directos a las personas que están en situación de pobreza, y para subvencionar las tasas de interés hipotecario. (AB).

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