Abarca mencionó que la FGE no comprueba el peculado o la malversación de fondos en cuentas personales de los implicados o de sus familiares. Según la exsecretaria, las declaraciones que presentó el personal de la Contraloría General del Estado (FGE) «entra en muchas contradicciones«.

«Ellos no alcanzan a justificar porque se trata de temas técnicos (…) Lo que hay es una especie de conjeturas«, dijo en La Calle.

Agregó que el grupo de testigos y testimonios mencionó que las pruebas contratadas no fueron las que se entregaron a la capital. Sin embargo, justificó que ese personal no tenía la capacidad o competencia técnica para saber si correspondían o no al problema se salud que atravesaban. Recalcó que lo grave fue que la FGE no solicitó apoyo técnico para el análisis de las pruebas.

«Se puede demostrar que la ARCSA, quien da el permiso o aprobación de insumos y medicamentos, dio la certificación de que eran pruebas PCR», expuso.

Un proceso largo, largo

La exfuncionaria indicó que el proceso demoró más de tres años. En ese tiempo, la Fiscalía tomó a dos grupos de implicados; el primero donde entraban personas de la Secretaría de Salud y otro donde la involucran a ella, a su equipo – que ingresaron a la entidad en julio de 2020 – luego del proceso de contratación, y a Yunda.

Luego de la audiencia en 2020, se reinstaló el 1 de febrero de 2024, pero se suspendió por cuatro ocasiones y se retomó el 28 de febrero. Además, indicó que en su momento solicitó apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que haga una validación de las pruebas. No obstante, la entidad señaló que no tiene la competencia o validación necesaria para remitir un informe.

¿Cómo se repartieron las pruebas?

Abarca mencionó que la estrategia que tomó la administración – de ese entonces – fue realizar las pruebas a nivel comunitario y no a nivel hospitalario para detectar el nivel de contagio. Es decir, acudieron a los sectores populares donde acceder a una prueba PCR privada costaba entre USD 80 o USD 120. Las visitas a nivel comunitario contaban con brigadas comunitarias, médicos, psicólogos, entre otros, que acudían a las casas de las personas más vulnerables.

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La decisión tomada por los magistrados obligan a que se convoque nuevamente a una audiencia y todo el proceso inicie desde cero. Desde el 2022, este proceso tuvo varios obstáculos, por lo que no prosperó. Además, se suspendió cuando Yunda decidió postularse para las elecciones seccionales de febrero de 2023.

Luego de tantos sorteos para llevar este caso, finalmente, quedó conformado por José Jiménez, Lady Ávila y Dilza Muñoz.

El exalcalde y las PCR

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos por el presunto delito de peculado contra Yunda, sus dos exsecretarios Ximena Abarca y Lenín Mantilla; 10 funcionarios y un empresario.

Según la entidad, el contrato entre el Municipio y la empresa Sulumed habrían presentado irregularidades de USD 4,2 millones para la compra de 100 mil pruebas para diagnosticar la covid-19, según Primicias.

Según la investigación de FGE, Salumed S.A no entregó pruebas PCR-Polimerasa, sino Isopollo Covid-19 con tecnología RT- LAMP. Los test se diferencian por la sensibilidad para detectar el virus.

El Municipio de Quito “finiquitó el contrato por mutuo acuerdo, cuando debía terminarse de forma unilateral, ejecutarse las garantías y multas y declarar a Salumed S.A como proveedor incumplido”, explicó FGE.

No descarta postularse a presidente

El exalcalde comentó que está armando una «coalición con líderes políticos» para las elecciones anticipadas. Sin embargo, detalló que aún no ha definido los nombres de quienes conformarán su binomio presidencial. (N.J.C)

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Manzano informó que la declaratoria regirá en todo el territorio ecuatoriano y tendrá vigencia durante 90 días. Este estado impide que se movilicen aves, gallinas, pollos de las granjas afectadas, según Primicias.  

Señaló que la granja de Cotopaxi (con los primeros casos) se mantiene con un cerco epidemiológico de 3 kilómetros a la redonda. Además, 30 técnicos junto con Agrocalidad realizan pruebas PCR para evitar que el virus se propague.

El funcionario mencionó que 180 mil aves serán sacrificadas con CO2 y bajo protocolos de bioseguridad. “El número de aves que serán sacrificadas representan el 0.15 % de la producción nacional avícola”, precisó.

Hasta el momento, se realizaron chequeos 117 granjas con pruebas PCR donde no se encontraron novedades, reportó para Ecuavisa.

Anunció que se implementaran protocolos de bioseguridad en las granjas aledañas a la de Cotopaxi. Entre ellos: cuarentena, muestreo de la población avícola susceptible de contagio de zona y vigilancia en los pasos de distribución de los productos avícolas.

Factores de riesgo

El Ministerio de Agricultura (MAG) alertó que el principal factor de riesgo es el contacto directo con animales infectos y superficies contaminadas. Además, reiteró que es seguro consumir la carne y huevos de las aves. La influenza no se transmite a los humanos.

Sugirió algunos métodos de prevención como:

• Lavado de manos antes y después de manipular los alimentos.
• ingerir alimentos cocinados, y,
• tener una correcta manipulación de los alimentos

Primer caso en Ecuador

El MAG, a través de Agrocalidad, activó un cerco epidemiológico para controlar el primer caso de influenza aviar H5 registrada el 27 de noviembre. El caso fue detectado en una granja de producción avícola en la provincia de Cotopaxi.

Las alertas presentadas en Colombia, México y Perú activaron las alertas de control en las autoridades, en estos operativos se pudo detectar el caso. En un comunicado oficial, el MAG manifestó que se levantaron 24 muestras correspondientes a la granja afectada. Ante la situación, los técnicos de Agrocalidad ya activaron protocolos del plan de contingencia establecido en el 2016. (N.J.C)

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“Mediante Decreto Ejecutivo 328, el presidente de la República Guillermo Lasso designó a la Lic. Katherine Llerena como su representante para presidir el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos”, dice el documento.

Asimismo, indica que Llerena fue secretaria técnica del Consejo del Gobierno de Galápagos, desde el pasado mes de julio hasta la fecha. El comunicado reitera que la funcionaria desempeñó esta labor con absoluta responsabilidad y profesionalismo.

¿Qué pasó con su antecesor?

Según La Posta, el entonces presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Joan Sotomayor, dio positivo para COVID-19, el pasado 07 de enero. Sin embargo, el 13 de enero, el funcionario presentó resultados negativos. Ante esto, el laboratorio indicó que el documento de resultados es falso.

Sotomayor habría falsificado los resultados de una prueba PCR, por el evento de Ampliación de la Reserva Marina en Galápagos, al que asistieron el presidente Guillermo Lasso y otros funcionarios.

En una entrevista a ese mismo medio, Sotomayor dijo que «no tendría por qué falsificar un documento» y que existía «una clara intención» de afectarlo.

Tras el escándalo, Joan Sotomayor renunció, de manera irrevocable, a la presidencia del Consejo de Gobierno de Galápagos, cargo en el que fue titular desde el 15 de junio del 2021.

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De acuerdo al boletín, la medida se debe a que se agotaron los insumos para realizar las pruebas. Según explica la institución, a causa de la alta demanda que existe para realizarse estos exámenes. Además, en el comunicado señala que otra de las razones es los complejos trámites que tiene el país para legalizar y nacionalizar los insumos médicos necesarios.

Por otro lado, la Prefectura aseguró que mantendrán informados a los ciudadanos cuando los servicios de las pruebas se restablezcan.

Los análisis son realizados en los centros de salud Pichincha Humana, en colaboración con el instituto de investigación de la Universidad Católica del Ecuador.

El costo de las pruebas aplicadas por la Prefectura es de 4 dólares y la meta es llegar con el servicio a la población más vulnerable.

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Sotomayor falsificó los resultados de una prueba PCR, por el evento de Ampliación de la Reserva Marina en Galápagos, al que asistieron el presidente Guillermo Lasso y otros funcionarios.

Lasso y otros miembros del Gobierno llegaron la tarde del pasado jueves, 13 de enero, a las Islas Galápagos, para firmar el decreto que oficializará la creación de una nueva reserva marina.

Este caso se suma al de cientos de personas que evitan vacunarse o son casos positivos y tratan de ocultarlo. Hace pocos días, estos hechos fueron denunciados por el Ministerio de Salud Pública.

Según la denuncia del ente rector en salud, cuatro personas fueron sospechosas de entregar certificados de vacunación fraudulentos contra la COVID-19. El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales hizo, un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de actos. “Con estas denuncias se pueden realizar las investigaciones necesarias”, aseguró.

Lo que llama la atención es que sea un propio funcionario del Gobierno el que utilice recursos antiéticos como la falsificación de una prueba de laboratorio y exponga a otras personas al contagio del virus.

Según las propias directrices del Ministerio de Salud, cuando una persona da positivo para el virus de la COVID-19, debe permanecer aíslada al menos 10 días, para evitar contagiar a otras personas.

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El legislador tildó de “viveza politiquera” la obra social de Pichincha Humana, entidad adscrita a la Prefectura, por asumir el costo de las pruebas con fondos públicos. Pese a que toda obra pública se realiza con estos recursos.

“Viveza politiquera de la Prefecta: compara el precio privado con el que está cobrando, pero falta que rinda cuentas de cuánto asume con presupuesto de dinero público. Y así, hace “obra social” con plata ajena”, publicó en su red social el asambleísta.

El mismo del discurso misógino

No es la primera vez que al legislador del oficialismo se le escapan desatinadas declaraciones.

El 4 de noviembre, el asambleísta escribió en un tuit «Pasar del tubo a la curul y surgen estás «argucias torpes». El tuit citaba a una publicación de 4 Pelagatos sobre Mónica Palacios.

Su discurso misógino generó polémica dentro de la Asamblea y en redes sociales. El legislativo por CREO fue denunciado por violencia política. El CAL sancionó a Ordóñez con una suspensión de 15 días, sin sueldo, por “agresión de palabra y evidente misoginia” en contra de la legisladora Palacios.

La obra que Ordóñez critica

El pasado viernes 7 de enero, cientos de personas acudieron a la Plaza de la República, ubicada en el centro de Quito, para realizarse una prueba PCR, que permite el diagnóstico de la COVID-19.

Ante el incremento de número de contagios, Pichincha Humana, institución adscrita a la Prefectura de Pichincha, ofertó pruebas PCR a USD 4. Un precio accesible para la población si se considera que el costo de esta prueba en laboratorios privados bordea los USD 45.

La Prefectura de Pichincha cubre el costo adicional de las pruebas con sus fondos públicos. Según informaron, cuentan con un lote de 500 pruebas PCR para aplicación diaria, en tres centros de salud habilitados: Plaza de la República (300 pruebas PCR diarias), Villaflora (100 pruebas PCR diarias) y Carapungo (100 pruebas PCR diarias).

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Ante el incremento de número de contagios, Pichincha Humana, institución adscrita a la Prefectura de Pichincha, está ofertando pruebas PCR a USD 4. Un precio accesible para la población si se considera que el costo de esta prueba en laboratorios privados bordea los USD 45.

La Prefectura de Pichincha cubre el costo adicional de las pruebas con sus fondos públicos. Según informaron, cuentan con un lote de 500 pruebas PCR para aplicación diaria, en tres centros de salud habilitados: Plaza de la República (300 pruebas PCR diarias), Villaflora (100 pruebas PCR diarias) y Carapungo (100 pruebas PCR diarias).

Las jornadas de toma de muestras se realizarán hasta que se terminen las pruebas de detección disponibles en cada centro.

Según un tweet de la Prefectura, los turnos son entregados a partir de las 08:00, conforme llegan los pacientes, hasta cumplir con el cupo diario. «Adicionalmente, hemos habilitado puntos para la aplicación de pruebas rápidas de detección, de manera gratuita, a fin de suplir la alta demanda que existe para pruebas PCR», indica el trino.

A través de un comunicado, la Prefectura solicitó a la comunidad evitar las aglomeraciones, así como considerar el número de pruebas existentes y el tiempo de procesamiento, en cada uno de los centros.

Pichincha Humana también retomó el servicio de vacunación.

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Según Garzón, existe desabastecimiento de pruebas a nivel mundial, así como una sobredemanda de las pruebas PCR y de antígenos. Por ello, según la funcionaria, se aplicarán estas restricciones. Sin embargo, estos lineamientos no regirán para el sector privado.

“Si una persona quiere hacerse una prueba de manera particular lo puede hacer, los lineamientos que vamos a sacar no son para laboratorios privados, ni atención privada, ni otros integrantes de la red de salud, como el IESS», dijo.

La ministra informó que están disponibles a nivel nacional 1.300 centros de diagnóstico, 200.000 pruebas de antígenos y 30.000 PCR.

La vacunación

Garzón informó que el pasado lunes 3 de enero, el COE nacional realizó un análisis de la situación epidemiológica, donde se determinó un pico de casos positivos en las últimas semanas.

Indicó que alrededor del 80% de la población está vacunada con las dos dosis y los casos que se han presentado cursan con síntomas leves o moderados. Asimismo, dijo que en comparación con el número de fallecidos en el 2020, las muertes se han reducido en 90%, gracias al proceso de vacunación.

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El titular del artículo señala: “científicas ecuatorianas enfrentan largas penas en prisión en caso políticamente cargado por pruebas COVID-19″.

Los fiscales dicen que las pruebas utilizadas en Quito, durante los primeros cuatro meses de la pandemia, fueron insatisfactorias y debían devolverse. La bióloga molecular, Linda Guamán, y la científica de la salud pública, Ximena Abarca, de ser declaradas culpables podrían recibir sentencias de 10 a 13 años de prisión.

Autoridades universitarias respaldan a Guamán y Abarca

El caso esta lleno de connotaciones políticas, según afirman Abarca y Guamán.

Rectores de 20 universidades del país han firmado una carta en rechazo a las acusaciones hacia Guamán y piden que se haga “justicia imparcial”. Asimismo, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas ha pedido “un ensayo que reconozca la evidencia científica libre de intereses politizados”

Abarca, exprofesora de la Universidad de las Américas y exviceministra de Salud del Gobierno, asumió la dirección de la Secretaría de Salud de la capital, en junio de 2020. Poco después de asumir el cargo, contrató a Guamán, entonces investigadora de la Universidad Tecnológica del Equinoccial, como asesora.

Caso pruebas COVID-19

El caso gira en torno a 100.000 pruebas de COVID-19 producidas por un fabricante surcoreano. El Municipio de Quito compró estás pruebas, a través de una empresa ecuatoriana, en abril de 2020, antes de que Abarca asumiera el cargo. La Fiscalía afirma que las pruebas, con un precio de USD 4,2 millones, de los cuales solo se pagaron USD 2,6 millones como anticipo, eran de baja calidad. Al momento 14 personas han sido procedas por malversación de fondos públicos.

Aunque Abarca y Guamán no participaron en la compra, el fiscal dice que una vez en el cargo ocultaron información que mostraba que las pruebas eran insatisfactorias. 

Esa afirmación se basa en el hecho de que las pruebas no utilizaban la tecnología de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), para amplificar el ARN viral, sino otro sistema llamado amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP). LAMP es mucho más rápido que la PCR porque no necesita ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento, pero tiene problemas para detectar niveles muy bajos de virus en una muestra.

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El precio de las PCR llegan hasta más de USD 90 y en algunos casos sobrepasan los USD 100.

Situación compleja

“Es preocupante y podemos llegar a grave” si no se tiene disciplina de la ciudadanía y de quienes, al inmunizarse, creen que ya están completamente protegidos, dijo el ministro de Salud en una entrevista para la Agencia EFE.

Salinas explicó que las variantes británica y neoyorquina ya están de forma comunitaria en el país. El ministro teme que lo mismo suceda con la variante brasileña, ya que uno de los casos estuvo en provincias como Azuay y Guayas.

También se mantienen en alerta por la variante sudafricana, que de acuerdo con Las autoridades sanitarias de Chile «es más mortal para los adultos mayores y de cuidado especial para los jóvenes».

En el país se aplica la restricción vehícular por número de placa. Además de la prohibición de movilidad de 20:00 a 05:00. El Gobierno analiza la posibilidad de una cuarta declaratoria de Estado de Excepción. Por ahora todavía no hay respuestas.

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«En el contexto del caso yo no firmé nada. Están las irregularidades técnicas donde estoy involucrada. En un contrato público el que tiene la última palabra es el administrador del contrato», dijo a Radio La Calle.

«La única institución acreditada que decide la calidad de un dispositivo médico es el ARCSA. Nosotras ni siquiera teníamos la obligación de validar esas pruebas». De acuerdo con la científica, el 26 de junio de 2020, cuando empezó su trabajo ya se entregaron las pruebas.

Ellas solicitaron la validación de la carga viral en la Universidad de las Américas y la científica se dio cuenta que no coincidía con los datos del contrato. «No es lo mismo el porcentaje de sensibilidad a un virus que a tres millones de virus», explicó.

Guamán expresó que «no estaba en mi deber decidir si las pruebas se usan o no. Yo enfrenté al investigador de la UDLA y se negó a responder a mis preguntas, me insultó.

Las pruebas

La científica indicó que «no existe un lugar en el pais donde validar pruebas Covid-19, solo el ARCSA, pero la presión del Consejo Metropolitano nos llevaron a buscar otro lugar para validar como el laboratorio Sinlab».

La bióloga explicó que las pruebas que vinieron de Corea no eran PCR sino LAM que se no maneja en función de la temperatura. Sin embargo, el ARCSA las registró como PCR. Algo que ella precisó de forma pública.

Linda Guamán muestra sus cuestiones «Probablemente no me están juzgando por lo que hice sino para quién. Yo me enteré en el portal Cuatro Pelagatos que le iban a vincular. Tenían evidencia de Fiscalía que se supone es privada», acotó.

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Quito 31 de ene (La Calle).- Carchi, Chimborazo, Cañar, Cotopaxi, Imbabura y Loja muestran un incremento acelerado de casos de Covid-19. Hasta el sábado 30 de enero, en el territorio nacional se registraron 249.779 casos confirmados de Covid-19 con pruebas PCR y 10.169 muertes por la enfermedad. La mayoría de casos se concentra en la Sierra.

Al momento, las cifras de casos más preocupantes se encuentran en Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, El Oro y Tungurahua. De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Pichincha tiene 87.563 personas positivas correspondiente al 35,1% de la población, Guayas suma 31.686 casos correspondiente al 12.7%, Manabí tiene 17.511 casos correspondiente al 7%. Le siguen Azuay con 15.826 correspondiente al 6.3%, El Oro registra 10,422 casos positivos correspondiente al 4.2% y Tungurahua con 9.082 casos correspondiente al 3.64% de la población.

Según los expertos, las cifras se incrementaron rotundamente en las últimas semanas específicamente en la Sierra.

El Carchi suma 5.064 casos positivos y 165 fallecidos por el virus

Chimborazo suma 4.420 casos positivos y 386 fallecidos por el virus

Cotopaxi suma 7.109 casos positivos y 343 fallecidos por el virus

Cañar registra 3.449 casos confirmados de Covid-19 y 109 muertes

Imbabura cuenta 7.509 personas positivas y 231 muertes

Loja tiene 9.002 casos confirmados y 261 muertes por el virus

El plan de vacunación a paso lento

Hasta el 29 de enero pasado, solo el 7% de las ciudades vacunaban a su población. El plan piloto inició el 21 de enero en las principales ciudades del país que fueron Quito, Guayaquil, Cuenca y Azogues. En la segunda semana se aplicaron dosis en Manta, Riobamba y Portoviejo. En la última que inició el 28 de enero continuó el proceso de vacunación en Santa Elena, Santo domingo Tsáchilas y Guaranda.

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Quito 27 de dic (La Calle).- El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional reestableció las disposiciones para los viajeros de transporte aéreo. Entre los protocolos obligatorios rige el uso de la mascarilla y el distanciamiento de dos metros a toda persona que ingrese al Ecuador.

Para ingresar al Ecuador

• De acuerdo a los nuevos reglamentos todos los viajeros que arriben al Ecuador debe presentar el resultado negativo de la prueba PCR, realizada en los últimos diez días previos al embarque. En este caso no requerirá aislamiento obligatorio.

• De modo aleatorio, el Ministerio de Salud Pública (MSP) realizará la prueba rápida de antígeno a los pasajeros en vuelos internacionales. Si la muestra es positiva, el pasajero entrará en aislamiento obligatorio por 10 días en su domicilio si residen en el Ecuador o en hospedajes. Los costos de alojamiento, alimentación y transporte serán cubiertos por cada pasajero. Si la muestra es negativa realizará el aislamiento obligatorio por cinco días.

• Los pasajeros menores de catorce años y tripulación de los aviones están exentos de realizarse la prueba de antígeno.

• En el caso de que un pasajero presente síntomas relacionados con la COVID-19 independientemente del resultado de la prueba PCR será evaluado por el personal de salud y se procederá a su traslado a la unidad de salud más cercana para completar la evaluación clínica.

Vuelos Nacionales…

No hay requisito para viajar en vuelos nacionales, con excepción de las islas Galápagos.

• El pasajero debe presentar el resultado negativo de una prueba PCR, en las últimas 96 horas previas acompañada de un salvoconducto emitido por el operador turístico o el hotel en Galápagos.

Requerimientos para salir del país

El Gobierno no solicita ningún tipo de requisito o prueba para COVID 19, pero cada ciudadano deberá estar al tanto de los requisitos para el ingreso al país de destino.

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Aguilar lamentó que, en las próximas dos semanas, el Municipio de Quito quedará desprovisto de pruebas PCR para la detección y el rastreo del virus. “Es penoso que lleguemos al extremo de quedarnos casi insumos (…) Quedarnos sin la capacidad de diagnóstico, nos hace reflexionar”, expresó en entrevista con Ecuador Radio.

Frente a este crítico panorama, el galeno sugiere establecer protocolos emergentes hasta solventar la ausencia temporal de pruebas PCR. En algunos lugares, como la Amazonía, no se depende del uso de pruebas PCR gracias al protocolo de “caso sospechoso”. A criterio del especialista, esta herramienta debe aplicarse en la capital e implica que “todo caso sospechoso de Covid-19 tiene aislarse y manejarse como si, efectivamente, se tratase de Covid-19”.

El dudoso manejo de la pandemia

A criterio de Aguilar, “no hemos sido exitosos en el manejo de la pandemia, a pesar de la demagogia oficial sobre ciertos aspectos”. Por ejemplo, según datos del especialista, Ecuador es de los países con mayor tasa de mortalidad del mundo, con 38.000 muertes en exceso durante la crisis. “Estamos en el top 10”, reconoció.

Adicionalmente, Ecuador es de los países que menos pruebas han aplicado durante la emergencia sanitaria. De hecho, su capacidad de diagnóstico es de las más bajas de América Latina. A esos elementos, Aguilar suma “una comunicación muy errática por parte de los organismos oficiales” que complica una buena gestión de la crisis de salud.

El rol de la academia

Pese a los errores y deficiencias del Gobierno, el médico considera que la academia ha jugado un papel importante. Las universidades han contribuido en el diagnóstico de la enfermedad, en la orientación para la interpretación de los datos, en el establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica y, además, han presionado, junto con gremios médicos, para que se tomen medidas de control durante los feriados.

“Ojalá (la academia) dispusiera de los fondos, que deberían ser del Estado, para tener una acción mucho más importante, más enérgica”, concluyó. (JEB).

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“Generalmente, los hospitales tienen una afluencia de neumonía grave durante los meses de diciembre, enero, febrero hasta marzo. Los pacientes pueden contraer tanto Covid-19 como influenza. Nos encontramos ante un riesgo de repunte y lo más grave es que las autoridades permiten el costo excesivo por las pruebas. El precio real de una prueba PCR debe estar entre USD 30 y USD 50, pero no más allá de eso”, dijo durante una entrevista con el noticiero La Ventana.

De acuerdo con las declaraciones del médico, las vacunas «más seguras» podrían salir a la venta hasta finales del 2021, pero alertó de la dificultad del país para conseguirlas. “No tenemos dinero. El país está atado de manos con los sistemas de salud fraccionados y una tasa de mortalidad en exceso tanto en Guayaquil como en Quito», añadió.

El uso de las mascarillas para evitar el contagio

Larriátegui manifestó que el uso de las mascarillas es importante para controlar la enfermedad en el territorio. La población no tiene otra opción que salir e interactuar en los espacios públicos, según dijo. “En las pruebas médicas realizadas se comprobó que el uso de la mascarilla previene el coronavirus. No se ponga sueros, ni vitaminas, más bien compre una buena mascarilla”, señaló.

El país en riesgo de repunte

El infectólogo aseguró que todos los días se registran nuevos casos de Covid-19. La cantidad no supera a otros países en Latinoamérica, pero hay riesgo de saturar los servicios de salud. «Hemos mejorado, eso es indudable. En un principio tuvimos un problema serio porque todo se mandaba a un solo instituto. La cantidad de pruebas es insuficiente. Debemos hacer más diagnósticos para evitar el contagio”, explicó.

Hasta el 31 de agosto, el total de casos confirmados por Covid-19 ascendió a USD 168.192, mientras que se registran 8.357 fallecidos por el virus. Solo en la capital ecuatoriana se concentran 54.291 casos del total; le sigue Guayaquil con 15.208 personas positivas a la enfermedad y Cuenca con 8.410 casos, según el informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) (GG)

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Al momento de buscar las ofertas para decidir la compra, la comisión técnica del Municipio “no incluyó el análisis comparativo de los ítems y precios ofertados a la Secretaría, que permita establecer adecuadamente el presupuesto referencial”, aseguró la Contraloría.

Según el informe de la Contraloría, en abril que se efectuó la compra, el entonces secretario metropolitano de salud, Lenín Mantilla “no presentó el plan de contingencia solicitado por el Alcalde (Jorge Yunda), a fin de establecer las características de la necesidad”.

El valor del contrato se estableció con base en la oferta ganadora, “el 13 de abril de 2020 se aprobó el inicio del proceso, se elaboró el acta de recepción de ofertas y el informe de viabilidad, en el que se recomendó la adjudicación del proceso sin analizar las propuestas económicas y técnicas de los otros dos oferentes”, explicó CGE.

Al momento, no hay pronunciamientos oficiales del alcalde Jorge Yunda, ni de las autoridades competentes.

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