«Actualizar el cronograma debido a los retrasos constatados hasta el
momento. En él se deberán identificar los principales hitos y sus plazos de
ejecución. El proceso tendrá la coordinación de la Secretaría de Movilidad, en conjunto con los demás actores. Lo darán a conocer al alcalde», expresó el comunicado de la Alcaldía.

En la reunión también se estableció revisar los elementos en el contrato con relación a las fases de integración. El objetivo es agilizar algunos sistemas que pueden terminarse más pronto (ventilación, estructura, telecomunicaciones).

En tercer lugar está la implementación de la «tarjeta de la ciudad», una herramienta para la recaudación del pasaje del Metro. Ese mismo servicio debe integrar a los demás corredores de transporte a cargo del Municipio.

“Transparentar la situación actual del Metro de Quito es el primer paso para lograr un servicio eficiente y real», dijo Muñoz en la reunión. Sobre las pruebas de funcionamiento, el Alcalde anunció que se retomaría el funcionamiento del Metro de Quito con grupos prioritarios como, estudiantes, docentes, trabajadores y otros. (MIB)

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La resolución se tomó con cinco votos a favor y cuatro en contra. Sin embargo, estuvo marcada por fuertes debates debido a que el asambleísta gobiernista, Fernando Villavicencio -que presiden la comisión- pedía 19 pruebas, pero le aceptaron 12. A la oficialista Ana Belén Cordero no le aceptaron ninguna prueba de las siete que presentó.

Se presentaron 68 pruebas de oficio. Los votos a favor estuvieron integrados por Roberto Cuero, Comps Córdova, Gabriela Molina (3 UNES), Pablo Muentes (PSC) y Bruno Segovia (IND). En cambio, votaron en contra Fernando Villavicencio (dizque IND), Ana Belén Cordero, Marco Troya (CREO) y Pedro Velasco (IND).

Roces por las imposiciones de Villavicencio

El legislador había solicitado que «singularicen» las pruebas contra el primer mandatario referente al presunto delito de peculado en un contrato de Flopec admitido por la Corte Constitucional.

«Solicito a su autoridad se sirva efectuar el seguimiento y control al dictamen de admisibilidad parcial por el presunto delito de peculado y se sirva establecer con claridad a la Asamblea que este juicio político únicamente corresponde al delito antes identificado», reza el oficio.

Sin embargo, tanto el Consejo de Administración Legislativa (CAL) como los miembros de Fiscalización advirtieron del eufemismo de Villavicencio para trabar el trámite. La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece que la «comisión, por decisión de la mayoría de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio». En ningún momento la ley se restringe al dictamen de la CC.

La oposición reclamó las arbitrariedades de Villavicencio. Señalaron que en ninguna parte del procedimiento está que el presidente de la mesa disponga restricciones o delimitaciones a la sustentación del juicio político o a las pruebas.

El CAL hizo un llamado de atención al asambleísta aliado del régimen. El Consejo exigió que no dilate el juicio o será sometido a sanciones disciplinarias.

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«A mí me gusta actuar siempre con sentimientos humanos y cuando no se han presentado las pruebas, pues lo que cabe, con caballerosidad, decir lo que he dicho», dijo a los medios tras un evento en el estadio Monumental de Guayaquil.

Según el mandatario, «el acto en sí (pedir el archivo de la denuncia) ya es una disculpa».

Con las declaraciones demostró que no existen las pruebas necesarias para haber formulado una acusación de ese tipo contra los cinco asambleístas de Pachakutik.

¿Qué dicen los legisladores?

Uno de los funcionarios acusados, Edgar Quezada advirtió que el oficio no arregla los daños a su buen nombre. «No olvidemos que con un documento no se justifica todo lo que se nos ocasionó en cadena nacional, medios de comunicación. Eso afectó a nuestras familias, nuestras provincias, la honra y dignidad», dijo en una entrevista Notihoy.

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En el sitio web https://covid19-prueba-casera.msp.gob.ec/#/formulario-covid los ciudadanos colocarán su identificación, datos personales como: nombre, fecha de nacimiento, teléfono y dirección domiciliaria. También la fecha de la toma de la muestra y el resultado que en caso de ser positivo, el paciente debe acercarse a un centro de salud para una revisión.

El ministro de salud, José Ruales explicó que la venta de pruebas empezará desde el 17 de agosto en Guayaquil y Quito. 48 hooras después llegarán a las demás ciudades del país. “Los precios todavía no lo sabemos porque el Ministerio no determina cuáles son”, dijo.

Viruela del mono

El MSP también ofreció una actualización de cifras en los casos de viruela del mono. Hay 19 casos en el país. Cinco están Pichincha, cuatro en Guayas, tres en el Oro y Azuay; dos en Santa Elena y una en Cañar y Los Ríos.

Ruales indicó que la transmisión de la enfermedad se volvió de tipo autóctona. Los casos nuevos se registraron “de persona a persona y no con alguien que llegó del extranjero”. El Gobierno buscará la compra de 5.000 vacunas con ayuda de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El precio de cada inyección podría llegar a los USD 120 cada uno, expresó la autoridad. MIB

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«En relación a la liberación de pruebas estamos trabajando con la Agencia Reguladora y de Control Sanitario (ARCSA) para la liberación de pruebas de auto detección, que serán informadas por medios oficiales y se presentará en la próxima reunión del COE con un modelo aplicativo con el auto reporte de los resultados», dijo el ministro.

El problema, de acuerdo con Ruales, es que no quiere perder el control de las pruebas que se harían en domicilios. «Se están haciendo ya y queremos aprovechar para regularizar los resultados de la población que se la realiza».

¿Cómo funcionará?

Agregó que el ARCSA deberá aprobar la liberación y se establecerá un código QR con información en la caja que se obtendrá en farmacias. La Agencia deberá constatar que las pruebas sean capaces de detectar la COVID.

Si la prueba sale positiva debe acudir a un establecimiento de salud público o privado para hacer una prueba PCR. «Con el autotest no servirá para solicitud de reposo en el trabajo, pero si para auto aislarse. Es importante saberlo». la prueba tendrá un código para registrar los datos.

Por otra parte, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, informó que entre el 40% y 50% de servidores públicos se acogieron al teletrabajo, es decir, 410.000 personas.

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Ella (Guamaní) ha mencionado en Radio La Calle, a través de su abogado, que yo me tomé 13 minutos para la defensa de las pruebas de descargo que yo realicé. Ella y su abogado desconocen en absoluto lo que es el derecho parlamentario y administrativo. En el derecho parlamentario, nosotros tuvimos, días atrás, un tiempo programado por la Constitución y también por la LOFL para presentar todas las pruebas.

Ella, dos horas antes de cerrar el proceso de recopilación, presentó las pruebas. Obviamente en la comisión Ad Hoc en la presentación de pruebas de cargo y descargo me tomé 13 minutos porque debemos ser técnicos. Esto es una apropiación del derecho para control político, no es un tema administrativo. Por lo tanto, en los 13 minutos 48 segundos cité absolutamente todas las pruebas para que las comisionadas sepan a que me refería y cuáles eran mis alegatos.

Dentro del proceso de defensa de la señorita Yesenia Guamaní, su abogado se tomó tres horas, ocho minutos. De los cuales, solo 14 minutos fue de defensa a la señorita Yesenia Guamaní, asambleísta y segunda vicepresidenta de la Asamblea. Además, en las tres horas, él facultó el derecho administrativo sobre el derecho parlamentario sin conocer en qué proceso se encontraba.

Ha mencionado que la asambleísta Patricia Mendoza ha firmado la denuncia. Es totalmente incorrecto, ella firmó el apoyo al debido proceso, mas no la denuncia. Como consta en el documento, la denuncia la he firmado yo. Dejo en claro a la ciudadanía que el debido proceso se ha realizado el debido proceso. El incumplimiento de funciones consta en las pruebas audiovisuales, en cartas y documentos certificados.

Incluso su abogado, quien me atacó en Radio La Calle en su entrevista, aceptó en su intervención la culpabilidad de Yesenia Guamaní. Incluso mencionó que se le podía dar, no la destitución del cargo de vicepresidenta sino un mes sin remuneración y sin estar dentro de los predios de la Asamblea Nacional.

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“120 cajas y aproximadamente 100 páginas de descargo obviamente con la evidencia del trabajo que se ha ido llevando a cabo desde el frente social, económico y seguridad. Yo creo que más allá de la petición de revocatoria, que en realidad no establece los criterios para solicitar la información, las causales de incumplimiento. No establece parámetros de hecho y derecho, lo hemos tomado como una oportunidad de evidenciar nuestro trabajo”, dijo Jiménez a los medios.

El ministro espera que se desestimen los pedidos de revocatoria. “No cumplen los requisitos de forma para ser aceptados y, sin embargo, están en trámite, pero insisto, nosotros lo vemos como una oportunidad con el pueblo ecuatoriano”.

Jiménez añadió que espera que lean las pruebas de descargo. “No aspiro a que lean las 120 cajas porque les tomaría algunos meses, pero si nuestro informe de descargo y quedarán completamente satisfechos. En ninguna parte del planeta se pretende evaluar a un gobierno después de un año, pero entendemos que hay intereses politiqueros o personajes que buscan un espacio de notoriedad”, dijo.

¿Entregarán los formularios?

El dirigente Ángel Tipantuña dijo que es necesario alerta que el Pleno del CNE posiblemente no entregue los formularios para la revocatoria. “El señor Guillermo Lasso, presumiblemente, tiene a su delegado el señor Enrique Pita. Él dijo públicamente que fue delegado de CREO, algo que es contrario a la ley. Hay que exigir y presionar para que entreguen los formularios”.

Añadió que ya hay miles de personas que solicitan el formulario para firmar. “Esto es más efectivo que la movilización popular a la que están convocando. La movilización, a la que saludamos, plantea puntos reivindicativos, pero no la salida del presidente. Nosotros proponemos democráticamente la salida del presidente”. MIB

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“Estamos cumpliendo lo que se resolvió en la reunión anterior frente al secretario. La presidenta tendrá 10 días de plazo para presentar las pruebas de descargo que ella considere necesarias para su legítima defensa. Fue notificada por correo electrónico y por medio de secretaría. Ella debe actuar como considere, pero la Comisión actúa con lo dispuesto por el CAL y el Pleno. El plazo empieza a correr desde el 5 de mayo”, dijo el presidente de la Comisión, Pedro Zapata.

La Comisión Multipartidista se reunirá el 5 de mayo para aprobar el plan de trabajo y prevén reunirse también el próximo 8 de mayo. “El cronograma está sujeto al articulo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa donde están estipulados los plazos que tiene la comisión. Respetaremos el tiempo que tiene la ley”.

Sobre la legalidad

La presidenta Llori ha reiterado en distintas ocasiones desde la conformación de la Comisión que ésta no es legal ni legítima. Todavía no se sabe si entregará la documentación requerida para su defensa. No obstante, los miembros de la Comisión defienden su misión.

“Nosotros estamos actuando legalmente de acuerdo con el artículo 18 y legítimamente de acuerdo con lo que se resolvió gracias al apoyo de 80 voluntades en el mayor órgano de decisión que es el Pleno. Por lo tanto, es legítima y legal esta Comisión que cumple con todos los requisitos”, dijo la asambleísta lucía Placencia. MIB

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«Denuncio públicamente amenazas contra mi vida, espero se investigue y se proteja a una autoridad electa en las urnas, la violencia no es el camino para hacerse de mi cargo», escribió el primer personero de la ciudad en sus redes sociales.

El mensaje habla del vehículo en el que se moviliza el alcalde capitalino a la vez que presupone que debería conocer quién dio la orden de asesinarlo.

Después de asegurar que por el pago de USD 3.000 le darían seguridad, el mensaje anuncia que el pago deberá hacerse en México o Colombia. Además, termina con una tétrica amenaza: «Estos son los últimos mensajes; caso contrario despues (sic) no acepto negociaciones».

Denuncio públicamente amenazas contra mi vida, espero se investigue y se proteja a una autoridad electa en las urnas, la violencia no es el camino para hacerse de mi cargo. pic.twitter.com/I4VmLVewM4

— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) September 7, 2021

El alcalde capitalino enfrenta un proceso de investigación por la compra de pruebas PCR durante la pandemia, además de un proceso de remoción que inició en el propio Concejo Metropolitano. Por ahora, Yunda se mantiene en el cargo tras una decisión de la Corte Provincial de Pichincha, que le otorgó medidas de protección.

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La Comunidad Andina incluye a Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Chile como países asociados, donde han detectado últimamente una mayor propagación del COVID-19. 

Con estos test no solo sabrán con exactitud cuántas personas están infectadas, sino que tendrán un resultado oportuno.

La ayuda humanitaria para la CAN se envió por orden de la presidenta del Senado, Valentina Matvienko, tras una solicitud de, Víctor Rolando Sousa, presidente del Parlamento Andino.

Konstantín Kosachov, representante del Senado ruso, también subrayó que se trata de la segunda carga humanitaria para América Latina.

«A principios de julio de este año también prestamos ayuda humanitaria a los países del Parlamento Centroamericano a solicitud de la presidenta de esta asociación parlamentaria, Nadia de León Torres«, recordó Kosachov, agregando que Rusia envió entonces 100 kits de sistemas de prueba rusos para 10.000 estudios.

Asimismo, Igor V. Romanchenko, embajador ruso en Perú señaló que espera que nuestro país se pueda beneficiar de la vacuna rusa, apenas esté lista. Además, enfatizó que este antídoto está en la fase final de su producción masiva.

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Los expertos aseguran que no hay garantías de que los pacientes dados de alta no vuelvan a tener la enfermedad. Una explicación es que las personas no desarrollan los anticuerpos suficientes y su sistema inmunológico vuelve a sucumbir.

El virus podría ser «biofásico», es decir permanece dormido en el cuerpo antes de producir nuevos síntomas. Sin embargo, algunos de los primeros casos de «reinfección» en China fueron atribuidos a discrepancias en los exámenes de laboratorio.

En China, los pacientes reciben el alta después de dos pruebas negativas de ácido nucleico, realizadas con al menos 24 horas de diferencia.

Esta nueva posibilidad de reinvención es motivo de preocupación. Muchos países están en proceso de finalizar el aislamiento y reanudar la actividad económica.

¿Qué dice la OMS?

Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que evidencia científica reunida hasta el momento no ofrece certeza de que una persona que ha contraído el coronavirus, se ha recuperado y ha generado anticuerpos esté protegida frente a una segunda infección.

De manera que, hasta el 24 de abril ningún estudio ha evaluado si la presencia de antivirus al SARS-CoV-2 confiere inmunidad a infecciones posteriores en humanos», indicó la OMS.

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