“El Presidente Lasso insiste en vender el Banco del Pacífico. Considero que existe un evidente conflicto de intereses que contraviene el Art. 232 de la Constitución e incumpliría la finalidad que persigue el Art. 310 ibídem”, explicó en un tuit.

El artículo 310 de la Constitución indica que el servicio financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.

Esta finalidad no llegaría a cumplirse si las acciones del banco, que son propiedad de la Corporación Financiera Nacional (CFN), pasan a manos de una entidad financiera privada nacional o internacional.

Además, el artículo 232 indica que “las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios”.

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Venta de los activos del Estado

El Gobierno planea tener ingresos de USD 5.000 millones por concepto de venta y concesión de bienes del Estado. En este rubro se encuentra Banco del Pacífico, uno de los tres bancos del país con una cartera amplia de clientes. Representaría USD 800 millones al Estado.

“Ese fondo (estatal) se va a nutrir de la monetización de algunos activos del Estado, de algunos activos que no representan una utilidad social fundamental y que pueden estar en manos privadas como es el caso del Banco del Pacífico, un banco comercial de propiedad del Estado”, indicó Lasso.

Hasta octubre de 2021, el banco tenía 2,5 millones de clientes y USD 5,3 billones en depósitos. Sin embargo, desde julio pasado cuando el español Roberto González entró a la presidencia de la institución, su objetivo ha sido empezar con la venta del banco lo más pronto posible.

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«Asistiremos al diálogo invitado por el presidente de la República el 10 de noviembre de 2021 con la participación de las organizaciones FUT, FEINE, FENOCIN, Frente Popular y Parlamento Plurinacional de los Pueblos», dice parte de las resoluciones.

Añaden que se acogen a la invitación que el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, hiciera el pasado 27 de octubre. «La decisión colectiva exhorta al Gobierno Nacional a que el diálogo sea público para que exista transparencia y verdadera participación democrática».

Además, solicitan que el Gobierno dé declaraciones sobre el Caso Pandora Papers y los presuntos nexos con empresas en paraísos fiscales.

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“Esta alianza público – privada tiene la finalidad de reducir los costos operacionales de la estatal petrolera para la obtención de Diésel a un menor costo, maximizar el aprovechamiento de las facilidades existentes en el sector hidrocarburífero para la utilización de la estatal petrolera, tratar volúmenes determinados de crudo liviano y  mantener en condiciones seguras de transporte desde NPF hacia el Oleoducto de Crudos Pesados – OCP”, dijo el gerente general de Petroecuador, Pablo Luna.

Esta alianza tendrá vigencia hasta la culminación de los contratos de Prestación de Servicios que mantiene el Estado ecuatoriano con esta compañía que actualmente los Bloques 16 y 67 de Repsol. Actualmente Petroecuador opera en 23 Bloques petroleros, 20 en la Amazonía y tres en el Litoral.

Alianza público-privadas

El pasado 14 de junio, el presidente Lasso se reunió con su gabinete económico. En esa sesión para trazar los lineamientos de su trabajo en las diferentes carteras de Estado.

“El objetivo de la reunión se definió en tres aristas. El presidente nos entregó los lineamientos principales para manejar las finanzas del país. Primero, potenciar la inversión privada en aquellos sectores donde la demanda es mejor y la atraen más. Estos son los sectores de energía, hidrocarburos, minería, transporte y telecomunicaciones”, explicó a los medios la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino.

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