“La burda y absurda injerencia de la justicia en el poder Legislativo. Nosotros rechazamos las actuaciones de estos jueces con estas medidas cautelares a la carta. Justamente cuando la Asamblea Nacional, que es un poder independiente, tenía que resolver un tema de suma importancia para su funcionamiento y el futuro de los ecuatorianos”, dijo el legislador Esteban Torres en su intervención.

Además del rechazo a la intromisión de la justicia en el Legislativo, la bancada presentará una queja contra los jueces. “No solo nos quedaremos en el rechazo, promoveremos una queja contra estos jueces firmada por más de 70 asambleístas y los que se quieran sumar. También acciones para que los miembros del Consejo de la Judicatura par que expliquen lo que sucede con la justicia y el poder Legislativo. Presentaremos un cambio del orden del día en la próxima sesión para que el tema no quede sin discusión.

Pedidos de denuncia

Las bancadas del PSC y Unión por la Esperanza (UNES) presentaron pedidos de denuncia por incumplimiento de funciones contra Guadalupe Llori y los siete miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), respectivamente.

Asimismo, el asambleísta Gruber Zambrano (BAN) de la bancada oficialista presentó una demanda contra los miembros de CAL apoyada por la bancada de Pachakutik. Zambrano asegura que hay incumplimiento de funciones por la demora en la aprobación de proyectos de ley, la vacancia legislativa y la calificación de juicios políticos. MIB

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De igual forma, insistió en que desconoce la reunión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde Bella Jiménez votó a favor de calificar a trámite la queja contra Villavicencio.

 “Que la señora vicepresidenta que está siendo investigada por la Fiscalía, por un presunto delito de concusión o trafico de influencias, por haber recibido sobornos; que está siendo investigada por la Asamblea, tenga la audacia de participar en una reunión del CAL para votar en contra de su denunciante, se llama aberración”, aseguró.

Asimismo, dijo que desconoce dicha reunión porque existen al menos tres personas con odio manifiesto en su contra.

“Haré ejercicio del derecho a la resistencia, que está contemplado en la Constitución de la República. Yo no asistiré ante mis verdugos. Jamás me voy a someter ante quienes cobran sobornos y gestionan cargos públicos violando la Ley, la Constitución y el Código de Ética. Júzguemen en ausencia, yo me declaro rebelde”, sostuvo.

Respecto al pedido de Vanegas de investigar si los teléfonos de los asambleístas estaban intervenidos, Villavicencio aseguró que “decir que el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) estaría actuando de la misma forma que el correísmo, es una audacia”. Argumentó que “pinchar teléfonos” son prácticas típicas del correísmo.

Asimismo, dijo que si alguien estuviese espiando a los legisladores se encontrarían con cosas terribles. Aseguró que la Comisión de Fiscalización recibió copias de los chats, que los propios perjudicados enviaron.

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El legislador interpuso esta queja por las declaraciones de Villavicencio. El 4 de agosto dijo que Vanegas estaría vinculado a la compañía Oro Negro, empresa que tiene varios cuestionamientos e informes de responsabilidad penal.

Según Vanegas, las declaraciones incurrirían en lo sancionado según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) al no actuar con probidad. Solicitó como sanción suspender a Villavicencio por 30 días sin remuneración.

Tras esas declaraciones, el legislador de Pachakutik le indicó a Radio La Calle que no estaba involucrado con Oro Negro. “No tengo nada que ver con la administración de Oro Negro. Yo he sido accionista de una empresa que fue accionista de Oro Negro. No hay una sola prueba en el juicio de Fiscalía que nos relacione con algún tipo de coimas de ese tipo. Lo que pasa  es que Villavicencio en ese afán de denunciar no se ha dado cuenta que el señor De La Torre entró a trabajar en Petroecuador en el año 2018. En 2019, él adjudico un contrato a otro contrato que no fue Oro Negro”.

La respuesta de Villavicencio

El legislador Villavicencio se pronunció en contra del pedido y se declaró en rebeldía frente a la queja en su contra. “Que el CAL haya permitido que Bella Jiménez, investigada por la Asamblea Nacional y Fiscalía por presuntos actos de corrupción, denunciados por mí, haya votado a favor de la queja presentada en mi contra, es una aberración. Desconozco lo actuado y me declaro en rebeldía”.

Para el asambleísta, todas las sanciones que vengan “de quienes representan la mala política” son una condecoración. “Los acusados de recibir diezmos y sobornos no están facultados para juzgar a los honrados”, añadió.

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“La arremetida en contra de nuestros derechos laborales ha encontrado apoyo en las acciones de Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT y el FUT. Ha hecho gestiones para que entreguemos la fábrica al dueño de la empresa y terminemos la huelga (…) Nuestros derechos no se venden ni se negocian y la interferencia que Mesías Tatamuez haga en tal sentido, no la protegerá en nuestra voluntad de defender nuestros derechos”, indica una parte de la misiva.

Los representantes de los trabajadores indicaron que no recibieron el apoyo de la dirigencia sino evasivas. “Por ejemplo, no se hizo frente al ministro de Trabajo, Andrés Isch cuando señaló que los trabajadores habíamos dado una golpiza a un inspector de trabajo. Falsedad que no se quiso reclamar a esta autoridad que nos ha denunciado por ataque para amedrentarnos”, agregan.

Los trabajadores tienen el apoyo

“Es una pena que manipulen así la información. Yo no conozco la carta, pero voy a decir que he hablado con Freddy (presidente de los trabajadores de Explocen) y dice que los abogados dijeron eso. Voy a pedir una audiencia en el Ministerio para que vaya la directiva a escuchar”, le dijo Mesías Tatamuez a Radio La Calle.

El dirigente indicó que una persona particular no puede llegar a un acuerdo con la empresa. “La directiva sabe cuanto se ha apoyado y las autoridades también saben cómo se ha apoyado (…) Yo no sé qué intereses mezquinos habrá afuera o adentro, pero el responsable de todo esto se llama Ministerio de Trabajo y no la CEDOCUT, peor las personas”, agregó.

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