Quito, 30 julio (La Calle).- El Cuerpo de Bomberos de Quito controló una quema de hierba y desechos registrada la mañana del 30 de julio de 2025 en el sector de Guangopolo, ubicado al este de la ciudad, en las faldas del cerro Ilaló. Las autoridades recordaron que provocar incendios forestales es un delito sancionado con prisión y multas que pueden alcanzar los USD 35.250.

EMERGENCIA PREVIA EN LUMBISÍ

La noche anterior, el 29 de julio, los bomberos también respondieron a otra emergencia en el valle de Cumbaya. Esta vez, se trató de una quema de desechos en el sector de Lumbisí. En ambos casos, los incendios fueron controlados a tiempo, sin daños estructurales ni víctimas. Diana Villacrés, jefa de Incendios Forestales, exhortó a la ciudadanía a evitar estas prácticas y a reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

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MONITOREO ANTE EL RIESGO DE INCENDIOS

Debido a las altas temperaturas que oscilan entre los 21 °C y 27 °C, sumadas a la acumulación de vegetación seca, el Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano (COE-M) mantiene vigilancia activa sobre las zonas más vulnerables. La topografía irregular de Quito aumenta el riesgo, especialmente en época seca.

TUIT CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO: https://x.com/BomberosQuito/status/1950356333456191876

LA PREVENCIÓN ES CLAVE

El Cuerpo de Bomberos insiste en que la prevención de incendios forestales requiere el compromiso ciudadano. Encender fuego para quemar hierba o desechos no solo representa una amenaza ambiental, sino también legal. La colaboración de la comunidad es fundamental para evitar tragedias en esta temporada seca.

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La medida regirá hasta el 6 de agosto y consiste en un contraflujo vehicular en sentido sur-norte, específicamente entre las calles Ernesto Noboa y Caamaño e Ignacio Bossano, donde se trabaja en la calzada norte-sur.

¿Cómo funcionará el contraflujo?

Durante los trabajos, el contraflujo permitirá mantener la circulación en ambos sentidos. En el tramo afectado, se habilitarán dos carriles de subida (sur-norte) y uno de bajada (norte-sur) en la calzada contraria. La medida operará todos los días de la semana, desde las 06h00 hasta las 22h00.

Además el acceso desde la Mariana de Jesús hacia la Occidental permanecerá cerrado. La calle Ernesto Noboa y Caamaño tendrá doble sentido entre Ignacio Bossano y la Occidental.

Se recomienda tomar rutas alternas como la avenida América, calle Selva Alegre o Ignacio Bossano. Servidores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) estarán en el sitio para coordinar la movilidad y garantizar la seguridad.

Avances del intercambiador

La obra del intercambiador Mariana de Jesús registra un avance del 35 %. Según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), actualmente se ejecutan trabajos de excavación, construcción de muros, estructuras de drenaje y redes de servicios básicos.
Una vez finalizada, la infraestructura permitirá descongestionar uno de los puntos más conflictivos del norte de Quito, donde diariamente circulan miles de vehículos en conexión con sectores como El Bosque, La Gasca, La Occidental y el centro-norte de la ciudad.

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Las labores de reparación registran un 45% de avance, mientras más de 60 tanqueros distribuyen agua gratuita en ocho puntos estratégicos. Muñoz confirmó la remoción de 90.000 m³ de lodo en la zona del siniestro y solicitó apoyo a municipios vecinos para ampliar la flota de camiones cisterna.

Además, respondió a críticas del Ministerio del Ambiente que cuestionó la falta de un plan de contingencia claro. «Bueno fuera que me llamaran a decir cuántos tanqueros necesitamos», dijo.

Puntos críticos de abastecimiento

• Tres cisternas inflables: Mercado de Guamaní (av. Quitumbe/Principal E), Parque San Francisco de Huarcay (La Ecuatoriana) y calles El Ángel/La Merced (La Argelia).
• Cinco hidrantes con tanqueros: Paraísos del Sur (av. Amaru Ñan), Hospital Padre Carollo (av. Rumichaca Ñan), Plataforma Gubernamental Sur (av. Quitumbe Ñan), Estación de Bomberos N.º6 (av. Llira Ñan) y Lucha de los Pobres (calle Manglaralto).

La distribución opera en dos turnos (05h00-13h00 y 14h00-22h00), con posibilidad de extensión según demanda.

Contexto de la emergencia

Intensas lluvias provocaron un movimiento en masa que colapsó la tubería de acero que alimenta la Planta de Tratamiento El Troje. Para repararla, se requiere retirar 180.000 m³ de escombros (equivalente a 18.000 volquetas), de los cuales ya se ha eliminado el 50%. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano coordina acciones con EPMAPS, Bomberos, EMSEGURIDAD y EMGIRS.

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Las agencias de tránsito, lejos de dedicar espacios exclusivamente al control vial y la movilidad, se convertirán en terreno fértil. Con una ola de asesinatos, contratos amañados y redes de corrupción infiltradas, las instituciones estarían operando como plataformas logísticas y financieras de las mafias. El Estado, por ahora, parece perder esta batalla.

25 AGENTES ASESINADOS Y DECENAS DE ATAQUES: LA NUEVA GUERRA SILENCIOSA EN LAS VÍAS

La violencia contra agentes de tránsito se disparó en Ecuador en 2024. Según el informe de InSight Crime, al menos 25 funcionarios fueron asesinados y se han reportado más de 39 ataques armados contra personal e infraestructura de tránsito en lo que va del año.

El caso más reciente ocurrió el 15 de junio en Machala: sicarios emboscaron a dos agentes, y uno de ellos murió. La semana anterior, en Manta, asesinaron a tiros a Víctor Villa Gómez, convirtiéndolo en el doceavo funcionario de la agencia municipal ejecutado desde 2022.

La mayoría de estos atentados se concentran en la región Costa, donde también se registra el mayor índice de homicidios del país.

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¿CÓMO LAS MAFIAS INFILTRARON EL SISTEMA?

Las agencias de tránsito manejan grandes presupuestos, administran contratos millonarios y tienen acceso a bases de datos y movilidad vehicular, una combinación atractiva para las organizaciones criminales.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, los grupos criminales han infiltrado estas instituciones, colocando a aliados en cargos clave. Algunos casos, incluso se han utilizado vehículos oficiales para transportar armas o drogas con menor control.

En Durán, empresas vinculadas a narcos como “Washo” y “Negro Tulio” han ganado contratos para servicios de grúas y depósitos vehiculares. En Manta, familiares de capos de Los Chonerostrabajan dentro de la agencia municipal. Cuando se detuvo a Fito en junio, uno de sus acompañantes era un funcionario con más de una década en la institución.

“La agencia habría sido debilitada por redes ajenas al servicio público”, reconoció la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso.

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BLANCOS FÁCILES Y SIN DEFENSA

El rol de los agentes de tránsito, que no portan armas, los convierte en objetivos vulnerables tanto para mafias como para venganzas internas o conflictos personales.

Los ataques, lejos de ser casuales, reflejan una disputa por contratos, puestos estratégicos y rutas de poder. Las mafias ven en estas instituciones no solo un mecanismo de lavado de activos, sino una oportunidad de moverse con información privilegiada, protección institucional y acceso a recursos públicos.

Las mafias ya no solo dominan las calles, también controlan quién te pone una multa.

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ECUADOR PIERDE EL CONTROL SOBRE UNA FUNCIÓN CLAVE DEL ESTADO

La infiltración de redes delictivas en las agencias de tránsito debilita la institucionalidad, alimenta la impunidad y expone a servidores públicos a una violencia que crece en silencio. La falta de reformas estructurales y controles anticorrupción permite que estos espacios se conviertan en cajas negras del crimen organizado. Hoy, las carreteras del país no solo están plagadas de huecos, también de amenazas invisibles que operan desde dentro del sistema. Si no se frena este fenómeno, Ecuador podría ver colapsar otra parte esencial del Estado.

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Quito, 07 de julio (La Calle). – Ecuador: potencia global del cacao fino de aroma.

Ecuador controla más del 60% del mercado mundial de cacao fino de aroma, un grano codiciado por chocolateros gourmet en Europa, Asia y Norteamérica. Esta variedad representa solo el 5% de la producción mundial, pero el país andino lidera con amplia ventaja frente a sus competidores regionales. Su éxito no solo se debe a la calidad del grano, sino a las condiciones naturales del país: suelo volcánico, biodiversidad y clima ecuatorial, que imprimen un perfil de sabor único e inigualable.

Los sabores del cacao ecuatoriano van desde cerezas y cítricos hasta almendras y caramelo, gracias al entorno donde se cultiva. Sin embargo, el 93% de este grano se exporta, dejando en territorio nacional apenas una fracción del valor agregado del chocolate.

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Orgullo nacional y un despertar local impulsado por su historia y sabor.

La historia del cacao en Ecuador se remonta a más de 5.000 años, según hallazgos arqueológicos en Zamora-Chinchipe. Pero ha sido en los últimos años cuando el país ha vuelto a posicionarse en el mapa global del chocolate, gracias a productores comprometidos y marcas con visión local, como Paccari.

Fundada por Santiago Peralta y Carla Barbotó, Paccari se propuso romper el paradigma exportador, elaborando chocolate en Ecuador y fomentando el comercio justo con agricultores locales. Su modelo de negocio ha generado un efecto dominó en el mercado: otras marcas ecuatorianas ahora experimentan con sus propias barras, y empresas extranjeras también han empezado a producir localmente.

Turismo de chocolate: del grano a la tableta, en vivo

El auge del chocolate fino ha dado paso al turismo del cacao. Fincas a nivel nacional, abren sus puertas a los visitantes para mostrar todo el proceso: desde la fermentación hasta el templado y la cata. El recorrido permite apreciar la historia y el sabor del cacao ecuatoriano de forma sensorial y directa.

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Ver, oler, probar y aprender del cacao en su origen convierte al turista en parte de una historia viva. Así, Ecuador no solo exporta materia prima de excelencia, sino también experiencias únicas, con identidad cultural y sabor nacional.

Ecuador ha ganado la partida en el cultivo del mejor cacao del mundo. Pero aún enfrenta el desafío de transformar ese liderazgo agrícola en soberanía chocolatera. Apostar por el valor agregado, fortalecer la industria local y expandir el turismo del cacao podría convertir a este grano en algo más que un producto de exportación: en una verdadera herramienta de desarrollo económico y cultural.

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Algunos lo aplaudieron como “rebeldía”, otros lo vieron como lo que fue: un acto de irresponsabilidad en un evento con organización previa, tiempo cronometrado y respeto mutuo como base. Porque no importa cuán buen músico te creas —o cuán alternativo, camaleónico o indie seas—, lo mínimo que exige la industria cultural (si es que realmente queremos construir una) es respeto por el oficio, por tus colegas y por el público.

De lo contestatario al desorden sin debate

Claqueteo y cronómetro: los conciertos son engranajes finos donde cada minuto cuenta. Pedir disculpas después no repara el daño. Artistas como La Máquina Camaleón —sin siquiera mencionar agendas políticas o reflexivas— optaron por el berrinche performativo, privando a otros músicos de su espacio y poniendo en riesgo a periodistas. Llamar al público a saltarse vallas es irresponsable, no disruptivo.

Mugre Sur: ¿protesta viable o doble moral?

En diciembre, Mugre Sur se valió de simbolismo extremo para lanzar su queja política. Fue juzgada por el poder institucional del momento, aunque se siguió presentando. Lo curioso es que, hoy, alguien defiende a La Máquina Camaleón con argumentos parecidos. Cuestionemos entonces el doble estándar: si insultar a Borja genera escándalo, ¿por qué no se le exige lo mismo a una banda que insulta al Municipio sin agenda ni propuesta?

La responsabilidad no es solo del artista

No existe industria cultural si eventos como este no tienen regulación, protocolos ni sanciones claras. Si te financia el Municipio y hay varias bandas con tiempos delimitados, ¿por qué no hay contratos con penalizaciones o mecanismos de mediación ante faltas?

La inacción del Municipio frente a la prolongación del show —mantener el altavoz abierto, intentar “amansar” a la banda en lugar de aplicar reglas básicas— deja en evidencia que el poder público tampoco está garantizando mínimos operativos.

Construcción colaborativa frente a egolatría

Para una industria cultural en serio —transparente, consensuada y sostenible— se requiere:

• Artistas que defiendan causas sin subestimar la producción, la prensa o las audiencias de otros.
• Organizadores públicos que diseñen procesos claros: cronogramas con cláusulas, sanciones y árbitros.
• Prensa libre, pero respaldada institucionalmente para garantizar su labor sin riesgo ni interferencia.
• Público informado sobre reglas: si la banda se extiende, el evento siguiente pierde tiempo. Eso debe estar estampado en el cartel, no en tu tuits.

Incómodo, pero necesario

Ni con La Máquina Camaleón se construye industria cultural ni pisando reglas se reivindica la postura. Tampoco hace falta santificar al Estado para señalar que su permisividad también es parte del problema. Asignar espacio público sin gestión, supervisión ni límites resulta en escenarios que, más que espacios de expresión, se vuelven catarsis anárquica.

En este país, la musicalidad de los reclamos no debe convertirse en histrionismo irresponsable. Si queremos industria cultural, debemos abandonar el teatro de errores individuales y exigir estructuras que garanticen expresión con orden, derecho con responsabilidad. Sin eso, lo que tenemos es ruido y descontrol, no cultura.

El debate que sí importa

Este episodio —como el de Mugre Sur en 2024— se presta para otro debate: ¿cuáles son los límites de la expresión artística en eventos financiados con fondos públicos? ¿Tiene el arte derecho a la crítica y a la incomodidad? Por supuesto. Pero con eso también viene la responsabilidad.

Si una banda se presenta en un festival con horarios compartidos, debe respetar su espacio. Si decide usar su plataforma para denunciar, debe estar lista para las consecuencias y no escudarse luego en un supuesto “boicot”.

Y si se busca construir una industria cultural sólida —con medios, con público, con gestión seria y condiciones dignas—, entonces hay que empezar por asumir responsabilidades.

En La Calle, creemos que el arte puede ser protesta, crítica, ruptura. Pero no caos irresponsable ni capricho disfrazado de disidencia. La industria cultural se construye, no se impone a gritos.

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Tras el incidente, el plantel suspendió indefinidamente las clases presenciales por «medidas de seguridad». Patricio Moreno, subsecretario de Educación de Quito, admitió limitaciones: «La Constitución impide requisas dentro de aulas y controles de metales», afirmó a Diario La Hora. Además mencionó que 365 colegios son la prioridad del Plan Escuela Segura.

Previamente, el Ministerio de Educación aseguró que «la violencia disminuye», pese a denuncias recientes de extorsiones a docentes por bandas criminales en Los Ríos

Gremio docente: «Emergencia nacional»

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), desmintió tajantemente al gobierno: «¿De verdad alguien dice que todo está controlado?», cuestionó tras revelar que una maestra en Chone evitó un secuestro ese mismo día. En un comunicado urgente, la UNE catalogó la docencia como «profesión de alto riesgo», exigiendo:

– Un Plan de Seguridad Nacional específico para instituciones educativas.
– Reinserción de miles de estudiantes desplazados por la violencia.
– Reconocimiento oficial de riesgo laboral con garantías.

Cifras que desmienten la versión oficial

El gremio documentó en las últimas dos semanas: más de 100 amenazas de extorsión a docentes en cinco provincias, tres secuestros en Guayaquil, un profesor asesinado en Machala, una docente baleada en Esmeraldas y un doble homicidio frente a una escuela el 9 de junio. Frente a esto, el Ministerio reconoció solo 28 casos de amenazas en la Zona 8.

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Contratos millonarios para posicionar la gestión gubernamental

Desde el inicio de su mandato, Noboa suscribió varios contratos con agencias publicitarias para difundir las acciones y políticas de su administración. En febrero de 2024, se adjudicó un contrato de USD 2,5 millones a Mindshare Ecuador, seguido de otro en agosto por USD 2,3 millones con la misma empresa. Mabeca Corporation también recibió un contrato en mayo de 2024 por USD 2,5 millones. Más recientemente, en octubre de 2024, se inició un proceso de contratación con Norlop Thompson Asociados por USD 5 millones, sumando un total de USD 12,3 millones destinados a comunicación en un año.

Una parte significativa de este aumento se destinó a bienes y servicios de consumo, con una asignación de USD 406 millones. Este rubro incluye gastos operativos del Estado y adquisiciones necesarias para el funcionamiento de las instituciones públicas.

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Debate sobre el uso de recursos públicos en comunicación

Estas inversiones han suscitado cuestionamientos acerca de la pertinencia de destinar sumas considerables a comunicación en un contexto donde persisten necesidades urgentes en sectores como salud, educación y seguridad. Analistas políticos y sectores de la sociedad civil han expresado inquietudes sobre si estos gastos reflejan una estrategia para mejorar la imagen del gobierno más que una respuesta a las prioridades nacionales. Además, se ha señalado que, aunque la comunicación es esencial para informar a la ciudadanía, es fundamental equilibrar estos gastos con inversiones en áreas críticas para el desarrollo del país.​

El economista Luis Espinosa Goded criticó este incremento, señalando que refleja un «despilfarro público insostenible» y cuestionando la falta de reformas estructurales en la administración de Noboa.

Por otro lado, el Banco Central del Ecuador proyectó un crecimiento económico del 2,5% para 2025, atribuido a una mayor inversión pública y privada, así como a la implementación de proyectos de infraestructura y nuevos acuerdos comerciales. Sin embargo, advirtió sobre riesgos que podrían afectar estas proyecciones, como fluctuaciones en los precios del petróleo y tensiones comerciales internacionales. ​

La Asamblea Nacional ha tomado nota de estos contratos y se espera que en las próximas sesiones se analice la pertinencia y transparencia de estos gastos. La ciudadanía permanece atenta al uso de los recursos públicos, demandando una gestión que priorice el bienestar colectivo y la solución de los problemas más apremiantes del Ecuador.

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Manzano señaló que en un inicio se manejó la hipótesis de que la rotura de la tubería fue consecuencia de un deslizamiento de tierra, pero que tras investigaciones posteriores, un informe de inteligencia policial apunta a un posible sabotaje. Además, mencionó que un documento del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado (CIES) advierte sobre otro posible atentado contra el sistema de agua en Papallacta y Auca, lo que podría comprometer el abastecimiento en Quito.

En este contexto, la ministra hizo un llamado al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sugiriendo que el Municipio tiene información sobre los responsables. “Dígale a la gente que está haciendo el sabotaje, que sabemos de dónde es, que eso no se puede hacer”, declaró Manzano.

El municipio responde ante declaraciones de Manzano

El Municipio de Quito emitió un comunicado este 20 de marzo de 2025 en respuesta a las declaraciones de la ministra de Energía, Inés Manzano. En el documento, la Alcaldía aseguró que no se ha identificado ningún riesgo de contaminación en Papallacta, pero, ante la alerta generada, solicitó la intervención del Ministerio de Defensa y la Fiscalía General del Estado.

Municipio pide militarizar el Sistema Papallacta

Como medida de prevención, el Municipio indicó que ha pedido la militarización de las instalaciones del Sistema Papallacta Integrado, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y la provisión segura de agua potable en la ciudad.

Además, el alcalde Pabel Muñoz informó que se ha presentado una noticia criminis ante la Fiscalía, con la intención de que se tomen acciones legales y se investigue la veracidad de la denuncia realizada por la ministra.

Por otro lado, el Cabildo explicó que, aunque no se ha detectado ninguna anomalía en el sistema de agua, se ha desplegado un contingente técnico y humano para monitorear permanentemente las zonas mencionadas en el informe de la ministra.

Aquiles Alvarez reacciona

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, reaccionó con indignación a las declaraciones de la ministra de Energía, Inés Manzano, quien sugirió la posibilidad de un sabotaje en el sistema de agua de Papallacta y Auca, mencionando directamente al alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

A través de su cuenta en X, Alvarez cuestionó el nivel de la ministra y calificó sus afirmaciones como irresponsables y vergonzosas.

«Dios mío, qué nivel de ministra tenemos… Escuchar esto da asco. Son capaces de decir y hacer cualquier cosa para sacarse las responsabilidades de encima. Acusar de frente al alcalde @pabelml es muy bajo», escribió el alcalde guayaquileño.

Además, instó a Muñoz a tomar acciones legales contra la funcionaria, asegurando que este tipo de declaraciones no pueden quedar impunes. «Alcalde, no deje este tema así, demande a la ministra Manzano. Hay que sentar precedentes. Esta gente cree que puede decir cualquier cosa, que puede dañar la honra de la gente con desparpajo», enfatizó.

Álvarez también recalcó la gravedad de la acusación, señalando que vincular al alcalde de Quito con un posible sabotaje es una denuncia sumamente delicada que no puede quedar sin respuesta.

IF

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El desarrollo de la audiencia

En la audiencia, solicitada por Abad, su defensa argumentó que no se ha dado cumplimiento a la sentencia oral del 23 de diciembre de 2024. Esta sentencia fue notificada por escrito el 10 de enero de 2025.

Nubia Vera ordenó que el Ministerio de Trabajo deje sin efecto la resolución del sumario administrativo del 8 de noviembre de 2024.

La jueza exigió “la inmediata reintegración de la señora María Verónica Abad Rojas en su calidad de vicepresidenta de la República del Ecuador, con todas las facultades y prerrogativas que la Constitución de la República, las leyes y Tratados Internacionales le confieren para el ejercicio pleno de sus funciones, sin que con ningún acto administrativo posterior menoscabe la restitución al cargo”.

Damián Armijos, uno de los abogados de Abad, expresó que no están de acuerdo con la función asignada a Abad en Turquía. No obstante, aclaró que, para que pueda llevarse a cabo, primero es fundamental que Abad tenga acceso a su despacho, a su Quipux y a servidores de confianza. Sin embargo, “nada de esto ha sido posible”, afirmó el jurista, recordando que el 23 de diciembre Abad se presentó en la Vicepresidencia, pero no pudo ingresar al edificio.

Pidió a la jueza que deje sin efecto estos actos ulteriores y se disponga que hoy, viernes 7 de febrero a las 15:00, acuda a la Vicepresidencia y pueda constatar in situ, en compañía de la secretaria, Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, que Abad pueda ingresar y tomar posesión del cargo. Sin embargo, la jueza decidió que el traslado sería inmediato. La audiencia finalizó a las 13:10 y dijo que en aproximadamente 30 minutos estaría en el sitio.

Abad y la jueza Nuria Vera en la vicepresidencia

Al llegar, se percataron de que el ingreso a la vicepresidencia este encontraba cercado con vallas metálicas.

La jueza dijo: “Aquí se está cumpliendo un desacato y esto se configura en el 282 del COIP. Alguien tiene que ser responsable de admitir el acceso. Independientemente de que hagan teletrabajo debe haber un guardia y tienen que abrir la puerta”, pronunció.

Vera solicitó la colaboración y el respaldo de la fuerza pública para permitir el ingreso de Abad. Además, pidió que se contacte al jefe de la escolta presidencial.

«Las sentencias son para cumplir, la ley no distingue«, expresó Vera ante algunas personas reunidas en la calle y la defensa de Abad.

Vera recordó que esta diligencia forma parte de la sentencia emitida en la audiencia de protección a favor de Abad. Según lo señalado por la jueza, en caso de incumplimiento de su fallo, se notificará a la Fiscalía, ya que las autoridades estarían incurriendo en desacato.

«Hay que llamar al 911 para comunicar a la Policía y que se informe que no nos dejan entrar», agregó Vera.

Vera, Abad y sus abogados permanecieron varios minutos en la calle Benalcázar sin lograr acceder al edificio. Por otro lado, la jueza solicitó a la policía hacer un parte de incumplimiento de sentencia. Además, llamó a efectivos policiales para dejar constancia de la gestión de verificación realizada.

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Los artistas invitados hicieron un llamado a la conciencia y encendieron la fiesta de la ilusión por volver al país en el que había acceso a la salud y la educación gratuita y sin privilegios. Así lo cree María Eugenia Galarza, quien cree en la capacidad y responsabilidad de las mujeres en el poder. “Luisa es una mujer inteligente que pertenece a un movimiento que lucha por todos los sectores de la población, para tener trabajo y salarios dignos”, expresó.

Teresa Chuqui, vecina de San Carlos, asegura que su familia y sus amigos están de acuerdo en votar por la lista 5. “Tenemos que recuperar la patria y Luisa González es nuestra Esperanza”.

La RC realiza sus cierres de campaña en varios sectores de Quito, Pichincha y el país, ya que mañana empieza el silencio electoral rumbo al domingo, cuando los ecuatorianos acudiremos a las urnas a elegir al nuevo presidente del Ecuador y los miembros del Parlamento.

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Los asistentes al lugar llevan las figuras de cartón del presidente y visten de morado. A lo largo de la campaña, Noboa anunció que ganaría en segunda vuelta y se refirió constantemente a la oposición como la ‘vieja política’, mientras que anuncia su proyecto político como ‘nuevo Ecuador’. Sin embargo, la campaña de Noboa estuvo llena de irregularidades. Dejó encargada los fines de semana la presidencia a Cynthia Gellibert, a pesar de que la vicepresidenta constitucional es Verónica Abad y el Código de la Democracia indica que la licencia sin sueldo en caso de reelección es obligatoria.

A ello se suma la respuesta de la Corte Constitucional que indicó la inconstitucionalidad de los decretos 5.000 y 5.005 sobre la licencia. Para el cierre de campaña, el presidente informó de su ausencia a la Asamblea Nacional y el encargo de la presidencia a Gellibert.

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Susana Morejón, la vecina solicitante, indicó que en 2012 inició los trámites para el traspaso de un predio municipal ubicado en Solanda, sin embargo, no encontró solución a su requerimiento.

“He cumplido con todos los requisitos que me solicitaron. Seis concejales me dieron la espalda y no entiendo la razón de la negativa”, dijo la ciudadana entre quebrantos, luego de que los seis concejales que votaron en contra de la resolución.

De acuerdo a los informes técnicos y legales presentados, la Administración Zonal Eloy Alfaro emitió un criterio favorable para que se continúe con la adjudicación de esta faja de terreno.

Susana pidió intervenir en la sesión en Comisión General, sin embargo, los concejales, Analia Ledesma, Andrés Campaña, Bernando Abad, Cristian López, Michael Aulestia y Wilson Merino, que votaron en contra, abandonaron el pleno del Concejo Metropolitano.

El alcalde Pabel Muñoz clausuró la sesión por falta de quórum y señaló que es una falta de respeto para la ciudad. «Es lamentable y le pedimos disculpas a la ciudadana en nombre del Concejo Metropolitano”, dijo la autoridad.

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Opiniones divididas

Durante los eventos musicales del 6 de diciembre, que fueron parte del cronograma de las actividades previstas para las fiestas de la ciudad, la banda quiteña “Mugre Sur” realizó un acto simbólico de protesta contra el gobierno del presidente Daniel Noboa usando el característico recurso de campaña del primer mandatario. Tanto los asistentes al concierto del Quito Fest como algunos internautas de las redes sociales apoyaron este acto que lo calificaron como una protesta social. Sin embargo, al Ejecutivo le pareció que en estos espacios organizados por el Municipio de Quito se estaría incitando a la violencia, fomentando el odio y la división entre ciudadanos.

Por su parte, el concejal metropolitano Michael Aulestia, anunció que habría solicitado al alcalde de Quito se convoque a la sesión del 10 de diciembre al secretario de Cultura, Jorge Cisneros, a comparecer ante el Concejo Metropolitano sobre su responsabilidad en la organización del “Quito Fest 2024” e informar sobre el manejo del presupuesto utilizado para este Festival. A este pedido se suma el del concejal Wilson Merino, quien solicitó públicamente al alcalde Pabel Muñoz pida la renuncia del secretario.

Pero también hubo quienes rechazaron la politización a la que se habría llevado un evento cultural. El excongresista y actual periodista de la radio Centro Digital, Alfonso Harb (Pocho Harb) así como Xavier Benedeti rechazaron estos actos de protesta, calificándolas como “asquerosidades propias de la politiquería” y señalando a la banda de haber utilizado “sin gracia ni imaginación el arte callejero para hacer política”. Ante estos señalamientos, en la red social X circularon videos de Harb en el extinto Congreso donde se enfrentaba a otros legisladores con un arma en la mano y del excandidato presidencial Andrés Páez cuando realizó un acto similar frente al CNE, colgando un peluche en forma de borrego.

¿Protesta social por doquier?

La protesta no solo fue durante la presentación del grupo Mugre Sur, también se dieron consignas del público en el concierto del reconocido cantautor puertorriqueño Residente y de la banda mexicana Molotov. Los asistentes a estos conciertos grabaron videos donde se escuchaba la consigna “Fuera Noboa Fuera”, lo que politizó aún más los hechos en medio de las festividades de Quito. Nuevamente, se generó un intenso debate en los entornos digitales sobre lo que sería o no una libertad de expresión.

Los integrantes de la banda Lolabum manifestaron su rechazo a lo dicho por el Ministerio de Cultura, alegando que si bien el acto de Mugre Sur es visualmente impactante sería más impactante lo que pasa en Ecuador, y que este pronunciamiento del Ejecutivo pretendería callar a la ciudadanía. Entre otras reacciones también estuvo la de Alondra Santiago, quien ha sido perseguida por el gobierno de Noboa.

La conversación pública se mantuvo durante la noche del 6 de diciembre y se prolongó hasta la tarde del sábado.

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Mediante un boletín de prensa, el órgano constitucional informó sobre la emisión del dictamen 11-24-EE/24 resuelto en la sesión ordinaria llevada a cabo el 14 de noviembre. Según el documento, la Corte verificó exclusivamente la configuración de la causal de grave conmoción interna y conflicto armado interno, como fundamento utilizado por el Ejecutivo para esta declaratoria que le suceden a múltiples estados de excepción declarados en el 2024 y años anteriores.

Al realizar el control constitucional a las medidas extraordinarias contenidas en el Decreto, la Corte consideró constitucionales únicamente a la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de correspondencia y de domicilio, así como la suspensión focalizada a la libertad de tránsito en 19 cantones y una parroquia de siete provincias del país. Este Decreto vigente por 90 días se dio en el contexto de los 27 incendios forestales iniciados en Quito el 24 de septiembre y que, consecutivamente, se dieron en otras localidades del país; lo que, incluso, habría sido la razón por la que el primer mandatario canceló su agenda en Estados Unidos. Pero, también, se dio en el contexto político que ponía en aprietos al Ejecutivo.

Un día después de esta declaratoria, el 4 de octubre, la ministra del Interior Mónica Palencia fue convocada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para la presentación de argumentos sobre su proceso de juicio político. La mañana del 3 de octubre la titular de la Cartera de Estado y el exministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, dieron una rueda de prensa desde Carondelet en la que se esperaba información sobre el Decreto; sin embargo, el espacio con medios fue para responder preguntas sobre el pedido de juicio en contra de la ministra Palencia.

En esta misma rueda de prensa, el exministro Félix Wong y vocero del Ejecutivo dijo ante los medios de comunicación, que le cuestionaron sobre la emisión del Decreto 410, que no permitirían que se calienten las calles. Estas declaraciones parecían hacer alusión a las marchas que se venían dando en septiembre por sindicatos de trabajadores y los prestadores externos de salud que le exigían al gobierno el pago de la deuda sostenida por el IESS. Pero también por las reacciones que habría provocado el plan de racionamiento de energía al sector industrial, y las manifestaciones que habían anunciado los sindicatos y organizaciones sociales en rechazo a las medidas tomadas por el presidente Daniel Noboa ante la falta de gestión ante los apagones intensificados a inicios de septiembre que, además, provocó un decrecimiento económico en varios sectores del país.

El 9 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró al Ecuador en estado de conflicto armado interno luego de los amotinamientos en las cáceles del país y la fuga de alias “Fito”. Desde entonces, el uso recurrente de estados de excepción a nivel nacional y focalizados se han normalizado durante los 11 primeros meses del gobierno del presidente Daniel Noboa. La noche de este 20 de noviembre, el Bloque de Seguridad recordó a la ciudadanía que se encuentra vigente el estado de excepción del Decreto 410 y que, por tanto, está restringido el derecho a la libertad de reuniones en espacios públicos. Esto, sobre las manifestaciones anunciadas para este 21 de noviembre por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). En este marco, el dictamen de la Corte concluye en su boletín de prensa que, en este año, cuando culmine los 90 días de estado de excepción, la población habrá vivido 9 de los primeros 11 meses del año bajo esta figura que habrían sido dirigidos específicamente a combatir la situación de violencia que atraviesa el país y con suspensión de derechos. Además, en su parte final, exhortó al Gobierno Nacional a tomar las medidas de política pública y/o legislativas necesarias para combatir la crisis de violencia.

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«Se ejecutan órdenes de detención contra 7 agentes de Tránsito, que habrían exigido dinero a cambio de no sancionar infracciones como el incumplimiento de la medida de pico y placa. Además, otras 2 personas son detenidas con fines investigativos», explicó la Fiscalía en su cuenta de X.

Entre los indicios se encontraron teléfonos, equipos portátiles, dinero, licencias, matrículas y tarjetas con el número de cuenta de ahorros para realizar el chantaje. En otra investigación sobre el mismo caso se detuvo a los agentes de tránsito Cristian C., Segundo J. y Geovanny M., quienes habrían exigido pagos para no reportar presuntas infracciones de tránsito relacionadas con el plan de restricción vehicular “Pico y Placa” o con circulación de vehículos con llantas lisas. En total se realizaron tres investigaciones y más de diez allanamientos.

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Tras la llegada del presidente Noboa al poder, Ecuador ha pasado por seis estados de excepción a nivel general, incluso, uno de los decretos fue respaldado por la »Asociación Mundial de Juristas», como un peso adicional para no recibir otra objeción por parte de la Corte Constitucional (CC).

En esta ocasión, el Ejecutivo anunció que la medida tendrá una vigencia de 60 días y permitirá la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las siguientes provincias y cantones:

• Guayas
• Los Ríos
• Manabí
• Orellana
• Santa Elena
• El Oro
• El Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, cantón que vuelve a constar en esta lista desde enero.
• Camilo Ponce Enríquez, Azuay

El decreto dispone la suspensión al derecho de la inviolabilidad de domicilio y el de correspondencia, así como el derecho a la libertad de reunión en los territorios antes descritos.

De igual manera, el Primer Mandatario dispuso la medida del toque de queda todos los días de 22h00 a 05h00 en los siguientes cantones:

• Camilo Ponce Enríquez, en Azuay
• Durán, Balao y parroquia Tenguel, en Guayas
• Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma, Montalvo, en Los Ríos

¿La situación se sale de las manos?

Según la justificación del Gobierno el detonante de este Decreto está relacionado con los asesinatos a tres funcionarios del SNAI, lo cual evidenciaría el intento de las organizaciones delictivas para influir en las decisiones gubernamentales.

Asimismo citó un informe de la Policía que detalla que entre el 8 de enero y el 15 de septiembre se ha registrado la detención de un número preocupante de menores de entre 12 y 17 años, quienes estarían reclutados por bandas delictivas. El 63% de estas detenciones se concentran en las provincias de Guayas (27%), Pichincha (14%), El Oro (8%), Los Ríos (7%) y Manabí (7%).

»Las cifras son alarmantes: de las detenciones a menores, 281 corresponden a tráfico de drogas, 233 a posesión de armas y 230 a robo», detalló el documento.

Respecto a las cifras de violencia, el Ministerio del Interior informó que desde enero del 2024 se documentaron 500 homicidios intencionales, de los cuales 363 corresponden a dobles asesinatos, 96 a triples, y así sucesivamente, hasta eventos de 10 víctimas en un solo ataque.

Además, el registro de 109 víctimas colaterales o indirectas durante el mismo período.

Homicidios durante el estado de excepción

Esta medida no resuelve por completo la ola de violencia que atraviesa el país. Por ejemplo, en marzo, durante la renovación de 30 días al primer decreto de estado de excepción a nivel nacional se registraron varios homicidios.

• En Manabí, el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Briggite García, y el director de comunicación del Municipio, Jairo Loor
• Seis asesinatos en Santa Elena
• Amenaza de bomba en Latacunga
• Asesinato a un miembro de las Fuerzas Armadas y a uno de la Policía, en Sucumbíos y Los Ríos respectivamente

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»Nuestro profundo rechazo a esta equivocada decisión, pues resulta totalmente incomprensible y atentatorio contra el corazón energético del país, más aún en medio de una nueva crisis energética que vivimos los ecuatorianos», dijeron las voces del Azuay, a través de un comunicado.

El pasado 27 de septiembre el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto 407 que ordenó el traslado de Celec a la capital, en medio de una crítica situación. Uno de los sustentos sería la corrupción en la oficina principal, en este sentido, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora señaló que este argumento no tiene lógica y carece de sustento.

»No contempló que esto significa fortalecer un Estado con visión centralista y al margen de respetar los procesos constitucionales de desconcentración, que no son regresivos», resaltó el burgomaestre.

La respuesta de Noboa

»Para todos los que tratan de ubicarme como centralista, un saludo grande a la provincia de Azuay. Nos vemos en Cuenca el 15 de noviembre en la Cumbre Iberoamericana con los jefes de Estado del continente. Una ciudad que siempre debió ser considerada y realzada con este tipo de eventos», respondió indirectamente el presidente Noboa ante las críticas.

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Con corte de 08h00 la cartera de Estado reportó que 10 incendios forestales se mantienen activos en Loja, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura. Por otro lado, el Cuerpo de Bomberos logró controlar el fuego en Guayas, Carchi, Cotopaxi, Azuay y Pichincha.

Asimismo informó sobre 74 intervenciones aéreas, con un total de 1.164.922 litros de agua descargados para la extinción de incendios.

Quito después de la tragedia ambiental

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que los incendios forestales afectaron a 140 hectáreas de vegetación. El Municipio gestionará una campaña de reforestación en las zonas afectadas, también analiza la reubicación del Barrio Bolaños, en la Av. Interoceánica.

“Ayer en cuestión de cuatro a cinco llamadas levantamos USD 650 mil que nos permiten pensar en una reconstrucción. USD 500 mil vienen de socios del Municipio, banca internacional como el BID y la CAF, con fondos no reembolsables”, indicó Muñoz en entrevista para Ecuavisa.

No obstante, estos fondos no serían suficientes, pues planteó una suma de un millón de dólares para iniciar un proceso de reforestación a las 140 hectáreas afectadas. Resaltó que en lo que va del 2024 se han sembrado más de 30 mil árboles en las diferentes zonas.

Ante la gravedad de los incendios forestales, el pasado 25 de septiembre el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE) declaró en emergencia a la capital. El secretario del Ambiente, Santiago Sandoval, dijo en entrevista a Notimundo que esta medida permitirá la movilización de recursos para repotenciar los trabajos de reforestación y la restauración. (AGM).

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«Ayer en cuestión de cuatro a cinco llamadas levantamos USD 650 mil que nos permiten pensar en una reconstrucción. USD 500 mil vienen de socios del Municipio, banca internacional como el BID y la CAF, con fondos no reembolsables», indicó Muñoz en entrevista para Ecuavisa.

No obstante, estos fondos no serían suficientes, pues planteó una suma de un millón de dólares para iniciar un proceso de reforestación a las 140 hectáreas afectadas. Resaltó que en lo que va del 2024 se han sembrado más de 30 mil árboles en las diferentes zonas.

Ante la gravedad de los incendios forestales, el pasado 25 de septiembre el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE) declaró en emergencia a la capital. El secretario del Ambiente, Santiago Sandoval, dijo en entrevista a Notimundo que esta medida permitirá la movilización de recursos para repotenciar los trabajos de reforestación y la restauración.

Reubicación del Barrio Bolaños

El barrio Bolaños ubicado a un costado de la Av. Interoceánica, al norte de Quito, sufrió un grave daño por los incendios del pasado 24 de septiembre, varias familias lo perdieron todo. En 2012, esta zona fue objeto de estudio por ser una zona vulnerable de riesgo ante inundaciones o temblores, sin embargo, los moradores se negaron a ser reubicados.

Ante esta tragedia, Muñoz destacó que el Cabildo brindó ayuda humanitaria y económica a las familias afectadas. No obstante, indicó que los barrios en situación de riesgo no podrán ser regularizados y que desde el Municipio analizan los mecanismos de reubicación para este sector. (AGM).

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