»Señores militares yo no estoy en contra de que hagan su trabajo pero no vulneren los derechos de los demás», dijo la madre de Cristopher.

El 29 de mayo el estudiante regresaba de la universidad en el metro y su última parada fue en la estación de La Ofelia. Según el testimonio de su hermana Alhí, el joven de 22 años se encontraba con los audífonos puestos, cuando sintió que alguien le sujetó fuerte del brazo. “¿En qué les puedo ayudar?”, dijo.

Señaló que los elementos de las FF.AA. no le dieron explicaciones y lo empujaron hacia una parte de las columnas para empezar con la requisa. Cristopher sacó su celular y empezó a grabar lo que sucedía.

Acciones violentas

Llegó un punto en el que los uniformados lo tomaron del cuello y empezaron a darle golpes en el estómago, un acto de provocación, según el testimonio.

Ante la vulneración a sus derechos, Cristopher les aclaró que es estudiante y que cualquier cosa le pidan de manera educada. Sin embargo, uno de ellos se enojó y lo presionó más fuerte el cuello.

La madre del afectado expuso un vídeo en donde resaltó que uno de los militares intentó colocarle algo en el bolsillo, pero se le cayó y le pasó a su compañero insinuando que la sustancia pertenecía a su hijo.

»Esto no es algo que solo a mi hermano le ha pasado, a mi persona, a mis amigas y amigos a quienes solo por nuestro color de piel o forma de vestir nos han encasillado como ladrones y más», dijo Alhí, quien también es cantante y denunció el hecho en su redes sociales.

El racismo, una realidad actual

Para la madre de Cristpher este suceso es un acto de racismo. En este sentido, destacó que su familia hace obra social y realiza varias actividades con la comunidad. »Simplemente por el hecho de ser negro vienen y el agreden de esta manera», agregó.

Por otro lado, manifestó que las agresiones fueron captadas por las cámaras de TC Televisión. Señaló que el titular de la nota periodística enfatiza que en el operativo se encontró droga y expusieron a su hijo.

Después de lo ocurrido, acudió a la instalaciones del medio de comunicación pero no le atendieron. También pidió las grabaciones de la estación de la Ofelia pero no obtuvo respuesta. (A.G.M)

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Hurtado estuvo invitado para hablar sobre la ingobernabilidad en el Gobierno de Guillermo Lasso. Su espacio en ese medio de comunicación se puede resumir en tres puntos: defender a Lasso, atacar a Rafael Correa y al movimiento indígena.

Señaló que el expresidente Correa busca un golpe de Estado parlamentario contra un mandatario «honesto» como Lasso. Sostuvo que para salir de esta crisis hay «una esperanza», que es el surgimiento de «políticos honesto» en Pachakutik, la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. A UNES los dejó fuera del radar.

Sin embargo, su discurso se radicalizó frente al anuncio de movilizaciones por parte del movimiento indígena. Acusó a líderes de la Conaie y otras organizaciones sociales de «terroristas», «paramilitares» y asesinos.

«El movimiento indígena hoy tiene dirigentes terroristas y activistas terroristas que incendiaban todo lo que encontraban a su paso. Hay un grupo terrorista en el movimiento indígena que está tomando la dirección. Hay un grupo paramilitar armado al margen de las leyes que mata», declaró.

Finalmente, señaló que hubo líderes indígenas que cambiaron para bien a sus integrantes. Que ahora son «buenos» porque son banqueros y dueños de equipos de fútbol, porque tienen más dinero que gente blanca.

Aunque el presidente Lasso cuenta con más del 80 % de desaprobación ciudadana, Hurtado considera que si llama a muerte cruzada tendrá el apoyo de una gran mayoría de ecuatorianos.

Video: SomosEstrategia

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Internautas criticaron la respuesta que hizo Castillo, cuya intención implicita fue proponer una comparación entre el usuario afrodescendiente de la red social Twitter (identificado como Luis C.) con el personaje de ficción «Memín Pinguín«.

No obstante, el candidato del Partido Social Cristiano unicamente recibió adjetivos como racista, xenófobo, clasista. Asimismo, otros calificaron la respuesta de Castillo como algo «vomitivo» y «repugnante».

Un estilo «incendiario» define a Andrés Castillo

El candidato socialcristiano Andrés Castillo afirmó que cerrará el medio de comunicación público Radio Pichincha si es electo como prefecto de la provincia en las elecciones seccionales de 2023.

Castillo emitió estas amenazantes declaraciones en plena transmisión nacional de Ecuador Debate 2023, la noche del domingo 8 de enero.

El aspirante a la Prefectura también amenazó con auditar al director de Radio Pichincha, Luis Orlando Pérez, al periodista Alexis Moncayo y Paola Pabón (actual prefecta de la provincia). Castillo insinuó que ellos podrían ser responsables de malversación de los fondos en la Prefectura.

JR

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«Me dijeron que yo no podía opinar porque yo era rubia y de ojos azules y que yo no soy ni parezco ecuatoriana y que me calle», enfatizó Cárdenas.

La también conocida viceministra tuitera mencionó durante una entrevista con Andrés ‘el mono’ López que su actuar por la serie de tuits discriminadores están justificados debido a que a ella tampoco la dejaban opinar.

Cárdenas mencionó que trataron de amedrentarla al defender a una menor de edad de la que presuntamente fue víctima de abuso sexual.

En su intento por responder a las críticas recibidas y que la obligaron a renunciar, la exviceministra resaltó la existencia de un «clasismo inverso», concepto inventado a su conveniencia.

Discursos clasistas

Tras ser reconocida por una foto con el presidente Lasso para luchar contra la violencia de género, los internautas viralizaron una serie de tuits de la exfuncionaria.

Entre los que constaban mensajes como «No todos los ecuatorianos tenemos cara de longos», «Q ricos longos poner botellas como decoración» y muchos otros más subidos de tono que evidencian su claro rechazo a las personas de distinta clase social o pensamiento político.

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“El gobierno impulsó mensajes y manufacturó noticias falsas para endurecer las posturas racistas sobre el mundo de su núcleo político”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, recalcó que, desde el inicio de su gobierno, Guillermo Lasso, catalogó a la Revolución Ciudadana, a la Conaie y a Leonidas Iza como narcotraficantes, delincuentes y terroristas.

El sociólogo explicó que la indiferencia por parte del Gobierno fue una de las condiciones que dio inicio a la movilización. Esa condición de indiferencia se reactualiza luego de haber tenido que sostener 16 días de protesta para que se instale una mesa de negociación.

“Hemos tenido que pasar por 7 u 8 personas fallecidas. Tuvimos que pasar por cientos de personas heridas y violación de derechos humanos”, manifestó Burbano.

Respuesta del Gobierno

El sociólogo aseguró que era más efectivo para Lasso atender inmediatamente la protesta y permitir que el país inicie el tratamiento de las problemáticas sociales que haber esperado todo ese desastre.

“Solo haciendo un cálculo monetario de todo lo que se pierde por la jornada de movilizaciones versus todas las derogaciones que le implica atender las demandas se evidencia una equivocación por parte del Gobierno”, aseveró Burbano.

También sostuvo que cualquier cambio de autoridad en los Ministerios del país puede ser significativo si los ministros y los equipos de gestión de los ministros demostraron incapacidades o deficiencias. “Pero es el presidente quien tiene que tomar ciertas decisiones, que tiene que cambiar ciertas formas de pensar, tiene que dejar de lado ciertos intereses particulares”, detalló el sociólogo

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Fotos: Josué Araujo IG: la.mala.foto

Recursos Multimedia: Alexis Olivo @alexisolivo

Quito – Ecuador.- Un día antes de que inicie el Paro Nacional, se instaló una cámara de vigilancia 360° en la avenida principal de la sede de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Los muros externos fueron pintados con las leyendas: “Quito no se destruye”, “CONAIE terrorista” como estrategia de una guerra psicológica o guerra sin fusiles se había iniciado contra el Movimiento Indígena.

El añejo conflicto cambia de nombre de presidente y bandera política pero mantiene a la CONAIE como el opositor natural a la imposición de políticas neoliberales desde el Palacio de Gobierno. Las élites políticas intentan manipular su capacidad de convocatoria y de “tumbar” presidentes y es la misma razón por la que le temen. Conaie se fundó en 1986, y cuatro años más tarde, impulsó entre mayo y junio de 1990, el primer levantamiento indígena que paralizó al país durante una semana. En el tiempo andino, es época de celebración de la fiesta mayor, el Inti Raymi. “Tierra, Cultura y Libertad” fue la voz de lucha.

CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas, Evangélicos del Ecuador (FEINE) hicieron público un listado de 10 pedidos al Poder Ejecutivo, luego de un año de infructuosos intentos de diálogo. Esto motivó la convocatoria a un paro nacional.

El primer día, el gobierno de Lasso desestimó el poder de convocatoria de la CONAIE. En la madrugada del 14 de junio, grupos de élite de la Policía y Fuerzas Armadas detuvieron de forma arbitraria e ilegal al presidente de la CONAIE, Leonidas Iza Salazar. Tras varias horas, el Estado dio cuenta de su lugar de detención. El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por el delito de paralización de servicios públicos y dispuso su libertad provisoria. Esta sería la mecha para avivar la suma de más colectivos y gremios que culminó con la firma de un Acuerdo el jueves 30 de junio con la mediación de la Conferencia Episcoal Ecuatoriana en Quito.

Las cifras: dos estados de excepción, seis muertos, más de 500 heridos, 238 policías heridos. La Misión de solidaridad Internacional y Derechos Humanos en su informe preliminar, determinó el cometimiento de delitos de lesa humanidad en “ataques de “caracter sistemático, generalizado y dirigido a la población civil”: desapariciones forzadas, homicidios, privación ilegal de la libertad, tortura. Quedan todos estos casos en la necesidad de obtener verdad y justicia para las víctimas.

Narrar Paros y periferias sociales

No se trata del caso del Ecuador en particular, el de su crisis permanente. Se hace necesario establecer el desarrollo del Paro Nacional 2022 en un contexto regional y global que responde a los precios de los combustibles y el desabastecimiento de alimentos generan reclamos en la región. ¿Son el resultado de la aplicación de políticas neoliberales que profundizan exclusión y enormes diferencias entre la clase gobernante y los trabajadores? En Perú, el paro de transportistas demanda bajar el precio del diésel y la restitución del transporte de mercancías como servicio público; mientras que en Argentina, el desabastecimiento de diésel afectó a 19 de las 23 provincias.

El encarecimiento de los combustibles es un hecho, la demanda mundial de diésel excede la oferta mucho antes de que la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022. La pandemia por COVID y las políticas de reajuste económico afectaron la producción, elevando el precio de los alimentos y por tanto, dificultando el acceso a la canasta básica por parte de los sectores más empobrecidos.  En Perú, el precio del diésel promedia los $4,54 por galón; mientras en Ecuador, el precio está congelado en $1,90 desde octubre de 2021.

El Acuerdo firmado entre el gobierno de Lasso y el Movimiento indígena logra la derogación del Decreto 95 de producción petrolera, la reforma del Decreto 151 sobre minería, y la reducción del precio de los combustibles en 15 centavos de dólar. Un precio ínfimo por las pérdidas económicas y en vidas humanas de la actual crisis, expresan voces en ambos bandos. “En 2019 hubo un detonante para las protestas, pero ahora no hay detonante” dijo el mandatario, sin reconocer la gravedad de la situación donde siete de cada 10 ecuatorianos están desempleados.

Francisco Jiménez, Ministro de Gobierno, explicó que el Gobierno ha aceptado «el llamado de la ONU, de la Unión Europea y de más de 300 organizaciones de la sociedad civil para que, mediante el diálogo» se discutan abiertamente las posturas.

Al análisis del contexto debe sumarse el análisis de la inversión armamentista en tiempos de paz y pandemia. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año 2021 alcanzó su máximo histórico con un total de $2.133 billones de dólares, mientras que los gobiernos optaron por reducir la inversión en sectores sociales y hasta de la salud en plena pandemia.

El gasto belicista por país fue en Brasil con $19.187 millones de dólares; Colombia con $10.180 millones de dólares; México con $8.680 millones de dólares; Chile con $6.230 millones de dólares; y Argentina con $2.591 millones de dólares.

La CEPAL señaló, que la tasa de pobreza extrema en América Latina habría aumentado del 13,1% de la población, en 2020, al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años. Esto significa que 86 millones de personas viven en extrema pobreza en nuestro continente y el número total de personas en situación de pobreza es de 201 millones.

Por su parte, la FAO alerta sobre 60 millones de personas pasan hambre en nuestro continente, situación que seguirá empeorando bajo el sistema económico neoliberal.

Un fantasma recorre América Latina

El enemigo a combatir y anular viste poncho y baja de los cerros. El principio “Ni niños, ni  mujeres” pierde importancia. Las fuerzas del orden intentan disuadir con gas lacrimógeno y romper con toletazos el fantasma de Octubre de 2019. Once días de luto y rabia dejaron una estela de horror con heridos y muertos que estalló tras el retiro de subsidios a los combustibles del ex presidente Lenín Moreno.

El Paro Nacional de 2022 también ha dejado una huella imborrable sobre todo en los niños de los pueblos indígenas. La socorrista por la Paz, Joyce Soto, narró en el pleno de la Asamblea, que los niños son las principales víctimas del ataque por perdigones. “Cuando ven un policía, tienen miedo. Nosotros (los socorristas) debemos prestar el apoyo psicológico”. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que el gobierno no ha proporcionado ningún arma de perdigones al personal policial y que el jueves sólo llevaban gases para dispersar a los manifestantes.

¿Causa el mismo rechazo la implementación de la vieja receta de ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional (FMI) en América Latina? Ecuador acaba de recibir un nuevo desembolso por 1.000 millones que son parte del programa de crédito por USD 6.500 millones. Ecuador ya ha recibido USD 4.800 millones de ese monto.

En 2019, Colombia y Chile se agitaban con grandes marchas y la respuesta fue la misma por parte de las fuerzas públicas: lesiones oculares, pérdida de los ojos por impacto de bombas lacrimógenas. El temor al retorno de prácticas de la vieja Escuela de las Américas renombrada como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (Whinsec, por sus siglás en inglés), ha puesto en alerta de las organizaciones de defensa de derechos humanos.

Nombres de graduados de Whinsec retumban en la sociedad civil en episodios vergonzosos; el General Jaime Lasprilla aparece en el informe de la Corte Penal Internacional sobre el caso de falsos positivos en Colombia. Al mismo tiempo, Whinsec también genera admiración y cooperación bilateral. El 17 de enero de 2021, Patricio Carrillo, actual ministro del Interior y excomandante general de la Policía en el gobierno de Lenín Moreno, dirigió una carta al comandante de Whinsec, Jhon Dee Suggs, a propósito de su 20 aniversario. “Es un honor servirles y asistir a su capacitación profesional para continuar en el desarrollo de nuestras naciones” respondió la institución de forma pública.

Agregado de Policía adjunto en la embajada de Ecuador en Colombia y profesor e instructor policial, Carrillo tiene 40 años de servicio en la Policía, anhela crear la universidad para policías, para “las misiones futuras que van a enfrentar: ciberdelincuencia, delitos financieros y ambientales”, así lo expresó en entrevista para un medio local. De lograr su meta, sería la primera en América latina en su tipo, ¿una que pueda reproducir el entrenamiento de Whinsec?

Para combatir y anular el fantasma de Octubre 2019, ¿cuánto invirtió el gobierno en capacitación antidisturbios y compra de armamento y armas?

El fantasma de Octubre 2019

La investigación regional titulada “El negocio de la represión” evidenció que el gobierno ecuatoriano recibió bombas lacrimógenas de Colombia y Perú para reprimir e hizo una compra declarada confidencial de armas no letales: “A Colombia le devolvió el préstamo con granadas brasileñas de un modelo controversial, pues varios lotes habían sido desaprobados por la policía de Sao Paulo.”

Fotografías hechas por los manifestantes registraron la fecha de caducidad de las bombas lacrimógenas haciéndolas más nocivas. Al respecto, Amnistía Internacional observó algunos componentes que se sabe están presentes: agentes irritantes como CS, CN o PAVA, nitrato de potasio, cloruro de potasio, silicio, carbonato de magnesio, sacarosa, nitrocelulosa, carbón. No hay regulaciones de uso apropiado o formulaciones estandarizadas de toxicidad y hace “cuestionable la toma de decisiones de quienes controlan las operaciones policiales y la falta de capacitación de muchos oficiales policiales”.

De la misma forma, Ecuador prestó a Bolivia bombas lacrimógenas y balas de goma para contener las protestas que desencadenaron el golpe de Estado contra Evo Morales, y el nombramiento de la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, como presidenta. Las municiones en préstamos a Bolivia no han sido devueltas al gobierno ecuatoriano.

Bajo los acuerdos de cooperación en el marco de Ameripol, un organismo que reúne a 35 instituciones policiales de la región, sólo en dos días de octubre 2019, la Policía de Colombia entregó a la Policía ecuatoriana: 7.140 cartuchos calibre 37 mm, 2.000 calibre 40 mm, 8.000 granadas de mano trifásica, 2.000 granadas multimpacto y 10 fusiles lanza gases. El material era de fabricación estadounidense, de las marcas Combined Systems y Safariland, según corrobora otro documento del Ministerio de Gobierno al que tuvo acceso Diario El Universo. Por su parte, Perú prestó: 1.000 granadas lacrimógenas, 5.000 cartuchos lacrimógenos de calibre 37 mm y 6.000 cartuchos de perdigones de goma.

En junio, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley de Uso progresivo de la Fuerza con lo que probablemente, se alentó la brutal represión del Paro Nacional en 2022.

Ojo por ojo

El 24 de noviembre de 2020, la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, eligió despedirse en el juicio político en su contra, vía zoom, desde el salón de banquetes del Palacio de Gobierno, junto al alto mando de la Policía. Fue censurada y destituida por su supuesta responsabilidad en el uso de bombas lacrimógenas caducadas y “ataque” en las zonas de paz durante el paro nacional de octubre de 2019.

Integrante de Ruptura de los 25, hizo política cercana al ex presidente Rafael Correa. En 2011, cuando marca distancia con Correa, la revista Foreign Policy la escogió como uno de los nuevos rostros comprometidos con las mujeres y los Derechos Humanos. En el contexto del Paro Nacional de octubre 2019, señaló falsos positivos y exacerbó la xenofobia contra personas venezolanas como señala la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador.

Romo cuestionó el trabajo de la CIDH que responsabilizó a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas de cometer “graves violaciones a derechos humanos en contra del movimiento indígena”. Bajo su gestión se llamaron a más de 500 dirigentes y miembros de organizaciones sociales a declarar. Romo reconoció que la Policía usó gases lacrimógenos caducados para repeler las protestas y pidió disculpas por la serie de bombardeos contra las zonas de paz que se establecieron entre los campus de Universidad Salesiana, PUCE y Universidad Politécnica.

Solo un mes después, aún abierta la herida, la ministra Romo posó para la portada de una revista local con una blusa que mostraba una mujer sin un ojo. La opinión pública rechazó la imagen como burla a la represión de octubre. ¿Es Romo la gran ejecutora de la estrategia política para combatir al enemigo interno? El gobierno de Lasso cuenta entonces con dos viejos expertos en el combate al Movimiento Indígena, Carrillo y Romo. ¿Lograrán posicionar la tesis del enemigo interno al que catalogan como Narcoestado?

Durante el Paro Nacional también circularon fotografías y videos de indígenas amazónicos armados. La imagen es amenazante. Se teme el reaparecimiento de grupos armados. Mucha gente añora al ex presidente León Febres Cordero bajo cuyo régimen autoritario se asesinó a los miembros de las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo (FRP) “Alfaro Vive ¡Carajo!.

Entre 1984 y 1988, la hegemonía estadounidense impulsó la Doctrina Monroe, que considera una amenaza cualquier avance del “comunismo internacional”. No es de extrañar que actualmente, la menor asociación al socialismo del siglo XXI (cercano al comunismo) evoque miedo y justifique la represión contra grupos armados o de autodefensa. Los generadores de opinión y los trolls que desinforman se asientan sobre la base de presunción de existencia de una narco estado, financiado por el socialismo del siglo XXI, y políticamente “correísta”. Al menos así la bancada oficialista CREO interpreta la ‘declaración política’ de 47 asambleístas del bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES) para llamar a la aplicación del artículo 130 de la Constitución en el intento de destituir al presidente Guillermo Lasso. Reunieron 80 votos, necesitaban 92, mostrándose en clara oposición al gobierno.

El enemigo interno

“Ustedes solo representan a una pequeña parte del 3% de indígenas. Vuestro líder no es más que un terrorista. Piojosos, Apestosos. Primero aprendan a bañarse…” expresó un político en redes sociales sin recibir reprobación ni sanciones por incitar a la violencia o promover el odio por origen o identidad en los días de Paro Nacional.

En otro episodio vergonzoso en el Congreso ecuatoriano, diputados del Partido Social Cristiano (PSC) acosaron en colectivo a Salvador Quishpe (Pachakutik) en represalia a su incisivo comentario: “¡Basta de servilismo, grupo de pandilleros!”. Fue rodeado en su curul. Se escucharon gritos que decían: y se escucharon gritos que decían: “¡Mírenlo a este indio que está drogado con Ayahuasca, ese indio ignorante!”.

Entre empujones, el entonces diputado y comentarista deportivo Alfonso Harb se abrió camino para quitar el sombrero de la cabeza a Quishpe, colocó el sombrero en el suelo, ridiculizando al indígena saraguro frente a la mofa del congreso en pleno. Esa jornada legislativa debatió sobre el supuesto perjuicio de 8,942 millones de dólares en la operación de canje de bonos por el diputado León Febres Cordero quien se presentó luego de 123 días de instalado el Legislativo.

En Ecuador la población actual es de 17.475.570 habitantes, de los cuales,  1 millón 100 mil habitantes pertenecen a las 4 nacionalidades indígenas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2020), el 24.1% habitan en la Amazonía y el 7.3% de los Kichwa andinos habitan la Sierra Sur.

La Constitución del 2008 reconoce al Ecuador como Estado plurinacional y pluricultural pero tras veinte años de ratificado el Convenio 169 de la OIT en el país, no parecen existir políticas públicas específicas y claras que prevengan y neutralicen el riesgo de desaparición de estos pueblos, evalúa Iwgia, organización global de derechos humanos dedicada a promover, proteger y defender a los pueblos indígenas.

El gobierno de Abdalá Bucaram emprendió una campaña de desprestigio contra las personas e instituciones que defendían los derechos humanos, atacó a los sindicatos públicos y a los movimientos sociales y se intentó dividir a la CONAIE, consta en el Informe de la Comisión de la Verdad de 2010. Según datos de la CEDHU, se produjeron 34 homicidios, 67 casos de tortura, 376 casos de agresiones físicas, 414 detenciones arbitrarias y tres detenidos-desaparecidos.

En 2015, Rafael Correa calificó como “indios fracasados” a los dirigentes indígenas de la marcha, del levantamiento y el paro nacional convocado por el Frente Unitario de los Trabajadores, la Conaie y las demás organizaciones del Colectivo de Organizaciones Sociales. Sólo en ese año, más de cien campesinos, indígenas, trabajadores y estudiantes fueron detenidos en el Ecuador por protestar contra las medidas económicas del correato o la falta de consulta previa.

Desde entonces, el acoso judicial es una de las estrategias que se emplea para estigmatizar y perseguir a la oposición política bajo los delitos de paralización de servicios públicos, otros de incitación a la discordia entre ciudadanos, ataque o resistencia (a agentes de la fuerza pública), y más grave, terrorismo.

Del Ministerio de propaganda a la táctica de desinformación

Para la prensa tradicional e independiente es importante reflexionar sobre el papel que tienen los medios de comunicación. En el Paro Nacional de junio 2022, periodistas así como varios medios alternativos y comunitarios denunciaron ataques cibernéticos a sus webs y cuentas en redes sociales: Apak tv de la Asociación de Productores Kichwas de Otavalo, Revista Crisis, Hoja de Ruta, Asamblea Popular de los Pueblos de Chimborazo, Radio La Calle, Indymedia sede Ecuador, Wambra. Conaie y Confeniae así como ciudadanos reportaron la “censura de contenidos” por infringir las normas de comunidad mientras compartían registros de abuso policial y represión estatal.

Memes, audios y fotos, videos y documentos (auténticos y falseados) inundaron las redes sociales. La propaganda, en ambos bandos, estaba orientada a crear y reafirmar opinión pública, a favor y en contra del Paro Nacional, y por lo tanto, sobre sus protagonistas, el Movimiento indígena y el oficialismo.

“Dirigentes de la Conaie se hospedarán en el Swissotel en Quito” y “Ni albergue ni comida para manifestantes en Quito” se leía en dos imágenes que circularon en redes. Una investigación de AFP Actual determinó las imitaciones de gráficos del diario El Comercio para desinformar sobre las protestas en Ecuador. Un grupo político necesitaba construir el relato clasista y diferenciador entre el pueblo llano y la dirigencia a la que se refieren de forma despectiva como “ponchos dorados”.

La gente clamaba al “gobierno del encuentro” (slogan presidencial) por un diálogo. Sybel Martínez, miembro de la Comisión de la Verdad y miembro del Consejo de Protección para la Niñez, explica que “dialogar pasa por reconocer al Otro como actor legítimo. Leonidas Iza, actual presidente de CONAIE, pide ‘Reconózcannos como actores políticos y sociales’. El discurso nacional pasa por racismo, por colonia» .

Pero cada vez que el  presidente Lasso llamó al diálogo se producía una nuevo episodio de represión, del cual dan cuenta crónicas, reportajes, entrevistas y testimonios de los manifestantes registrados en 18 días de Paro Nacional. El 28 de junio, Lasso desconoció la representación legítima de los pueblos y nacionalidades indígenas de Leonidas Iza frente a CONAIE.

¿Es el Movimiento Indígena y todo aquel colectivo que emprenda acciones de resistencia o protesta contra el gobierno considerado el enemigo interno? Bajo esta hipótesis, las políticas de seguridad y administración del gobierno interno continúan respondiendo al Plan Militar de Defensa Interna de 1983, observador por constituir el marco de violaciones a los derechos humanos como muestra la investigación de Luis Obando de 2017.

Dicho Plan define como enemigo a la insurgencia y los subversivos son aquellos ciudadanos que alteren el orden público mediante actos de sabotaje, huelgas, paros, o cualquiera otra acción, fomentando la intranquilidad en la ciudadanía y que atenten a la estabilidad del Gobierno e Instituciones republicanas.

Las muertes de seis personas en el contexto del Paro Nacional de octubre 2019 siguen impunes. Se conformó una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ) -incluyó a la defensoría del Pueblo- verificó que 22 civiles sufrieron lesiones permanentes y a largo plazo por municiones no letales, 470 policías fueron agredidos y 208 secuestrados. El informe de la Alianza habla de nueve fallecidos, muertes violentas en contexto de protesta social y represión estatal.

En junio de 2021, el informe de la Alianza de Organizaciones por los derechos humanos en Ecuador muestra que la criminalización de la protesta social, persecución y estigmatización es una constante para las personas y colectivos defensores de la naturaleza. Señala que 18 de los 22 casos documentados están relacionados con industrias extractivas o en el sector energético. Una de las causas principales de estos conflictos es el incumplimiento de los estándares de garantía del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; así también del derecho a la consulta ambiental por parte del Estado en complicidad con las empresas.

Según el Frente Nacional Antiminero, 21 territorios se levantaron en el Paro Nacional de 2022 porque 2 ‘278.817 hectáreas fueron entregadas a compañías mineras sin consulta previa. Denuncia que el gobierno de Lasso ha militarizado comunidades para imponer la megaminería con violentos operativos en Buenos Aires de Imbabura o en Cóndor Mirador donde los comuneros de Tundayme fueron desalojados y se reporta un líder asesinado. 

Los reportes de agresiones en contra de personas y colectivos defensoras de derechos humanos, de la naturaleza y de pueblos originarios van en aumento, a pesar de progresar en el marco normativo internacional como el Acuerdo Escazú, a pesar de miles de personas protestando en las calles durante 18 días de una violencia simbólica y física que solo evidencia la persistencia de las diferencias, el racismo y la exclusión. Urge a los gobiernos en trabajar por lograr la anhelada paz con justicia social.

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«Decimos que no existen las condiciones adecuadas, puesto que, a más del maltrato propinado sistemáticamente al equipo técnico y las constantes humillaciones, situación que no ocurre en otras Comisiones, sentimos, lamentablemente, la existencia de un tema de racismo sumamente marcado hacia quien ejerce la presidencia de esta Comisión; evidenciando claramente la intención recurrente de denigrar y boicotear el trabajo efectuado por su presidencia con argumentos antitécnicos e irracionales», dicen en su carta de renuncia.

Asimismo, explican que han observado con «sorpresa y frustración» que el nivel de debate en la Comisión es nulo. «En las sesiones, en lugar de existir discusiones técnicas, jurídicas e incluso políticas existe únicamente incidentes, gritos, y faltas de respeto a quienes son convocados como comparecientes, al equipo técnico, y con mucho pesar, a Usted señor Presidente», señalan.

Dirigiéndose a Cabascango dicen: «Usted es el mandante del pueblo, porque se lo merece señor presidente y, por ello, le deseamos lo mejor en este especio hostil en el que Usted se encuentra. En este corto tiempo compartido vemos, sin temor a equivocarnos, que es Usted un ser humano noble, de corazón bondadoso y que no ha permitido que la política perversa lo contamine».

Insisten en que es inconcebible que estos hechos se den, precisamente, en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, en la que debería primar, por sobre todas las cosas, la dignidad humana.

Lamentan también que algunos de sus miembros no hayan ocupado espacios que traten sobre estas materias, y que, pese a ello, hoy representen al pueblo ecuatoriano. «Por ello, las consecuencias son justamente estas: el irrespeto, la
prepotencia, insolencia y la discriminación, con una nula tolerancia a que la presidencia de esta Comisión sea ejercida por una persona de la Sierra ecuatoriana, proveniente de los pueblos indígenas», dicen.

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En Ecuador existe algo que es común en toda la América Andina que es la heterogeneidad cultural negativa, una categoría de un crítico literario peruano, Antonio Cornejo que se amplió en Ecuador por Agustín Cueva o Bolívar Echeverría. Ese concepto da cuenta de que existe una situación cultural diversa. Esa multiplicidad de culturas, pueblos indígenas, afroamericanos que fueron esclavos o procesos de colonización y migración europeos, es negativa.

Todos estos mundos culturales, especialmente indígenas y afroamericanos, son de los cuales escapamos y la cultura española, blanco-europea es a la que tratamos de acercarnos. Hay muchas estrategias de la vida cotidiana que empleamos para distanciarnos del mundo indígena y demostrar que tenemos cercanía con lo español. Las formas de vestir, de hablar, la música que escuchamos, todo eso pasa por estrategias de distinción.

¿ Hechos aislados en las últimas semanas tienen un mismo hilo conductor: un hombre atropelló a una vendedora ambulante y huyó, Santiago Gangotena habló de «longos cualquiera» ¿Quito vive todavía un clasismo latente? ¿Jamás nos deshicimos de eso?

Ambos sucesos expresan que esta realidad sigue vigente. Acercarnos todo el tiempo al mundo blanco europeo y de reprimir, denigrar al mundo indígena se expresa en la frase de Santiago Gangotena, lo que está imponiendo es una forma de relacionarse común en los mundos culturales más blancos. Es un clasismo que se entiende en la dimensión racial. Si hablas con el tú estás más cerca del mundo cultural español. Si usas el usted eres un «longo cualquiera» como dice él.

Aunque en el estricto sentido longo signifique joven es obvio que en su uso cotidiano se utiliza para referirse a las personas más cercanas al mundo cultural indígena. Allí hay clasismo y racismo que está latente.

No se expresa todo el tiempo sino en momentos específicos y se actualiza para mantener este orden del mundo, esa forma de clasificarnos socialmente. Esto nos va a seguir organizando como sociedad.

Por otra parte, los concejales han hablado de quiteños de bien ¿Por qué todavía tenemos esos conceptos en nuestro imaginario?

Cuando los concejales hablan de quiteños de bien se están refiriendo en realidad a las personas blancas, cercanas al mundo cultural europeo que tradicionalmente gobernaron la ciudad, el Municipio, las empresas públicas y también gobiernan las empresas privadas. Cuando hablan de que hay que ser “quiteños de bien” marcan una distinción con quienes no han sido las élites políticas que tradicionalmente gobernaron la ciudad y que son personas políticas plebeyas.

Esto también ocurrió con el ascenso de Lucio Gutiérrez, él decía junto a su cuñado Napoleón Villa que eran la cholocracia, los cholos al poder porque aunque era de derecha y tenía un discurso neoliberal las clases blancas de Quito no querían admitir que alguien más cercano al mundo indígena gobierne el país.

Con Yunda pasó lo mismo. En el caso de Augusto Barrera aunque decía tener un pensamiento distinto no dejaba de pertenecer a las clases medias letradas de Quito. Yunda, en cambio, es alguien que viene del sector rural de Chimborazo, no tiene un apellido patricio, ascendió de forma rápida con los medios de comunicación, no tenía relaciones con las élites quiteñas. Los “quiteños de bien” marca una diferencia con personas como Jorge Yunda.

El sociólogo también respondió si es posible eliminar el clasismo en nuestras acciones, escuche aquí su respuesta:

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El caso de Wright se dio en la ciudad de Minneapolis, donde se desarrolla un caso similar con el juicio en contra del ex agente, Derek Chauvin, acusado de la muerte por asfixia de George Floyd el 25 de mayo del 2020. 

Liberan bajo fianza al ex policía acusado de la muerte de George Floyd

La madre de Daunte, Katie Wright, afirmó que recibió una llamada de su hijo minutos antes de su muerte. El joven había llamado para decirle que la policía le había ordenado detener su vehículo, según medios locales.

Katie declaró haber escuchado a oficiales de policía decirle a su hijo que soltara el teléfono y luego uno de los agentes cortó la llamada. Minutos más tarde, la novia de Daunte confirmó la muerte del joven a manos de la policía.

Manifestaciones por la muerte de Daunte Wright

Por tal razón, una multitud de manifestantes protestaron la noche del domingo, 11 de abril, frente a la estación policial en Brooklyn Center, al noroeste de Minneapolis, por la muerte del ciudadano afrodescendiente.    

Ante la exaltada manifestación la policía disparó gas lacrimógeno y granadas del tipo “ensordecedoras”, según un periodista de la AFP que estuvo en el lugar.

El alcalde de Brooklyn Center, Mike Elliott, resolvió con un toque de queda desde la 01:00 hasta las 06:00 horario GMT. La Guardia Nacional se presentó en las manifestaciones, a la medianoche, para ejecutar el decreto del alcalde Elliott. 

Comunicado de la policía de Brooklyn Center

El departamento policial de Brooklyn Center emitió un comunicado afirmando que los agentes, implicados en el caso Wright, ordenaron detener el automóvil por una infracción de tránsito. En el mismo momento, encontraron que el joven afrodescendiente tenía una orden pendiente de detención.

Según la versión policial, en el intento de arrestarlo el joven regresó a su vehículo y uno de los agentes disparó inmediatamente, dejando sin vida a Daunte Wright. La acompañante que se encontraba en su automóvil sufrió heridas leves y fue trasladada al hospital más cercano. 

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Al momento, Yunda ha emitido cerca de seis respuestas en Twitter, tres dirigidas tanto al exalcalde de Quito Roque Sevilla, el presentador de televisión, Carlos Vera como al Concejal de Quito por el Movimiento Izquierda Democrática, Bernardo Abad. Los tweets restantes fueron para los medios de comunicación FM Mundo y Teleamazonas.

El sociólogo, Edgar Vega explicó que “esa apelación se produce porque la sociedad en la que vivimos es estructuralmente racista y clasista. El episodio político actual revela que se articulan dos variables de opresión; por un lado perspectivas racistas de la sociedad y, por otro, estructuras altamente clasistas”.

Estas perspectivas están latentes en los dos casos, asegura Vega, tanto en el Alcalde de Quito, como en los personajes públicos que se han pronunciado sobre el proceso legal que enfrenta Yunda por presunto peculado en la compra de pruebas Covid-19.

En palabras del experto, en esta confrontación surgen tres procesos: judicial, sociocultural y político, que, en las circunstancias actuales se conectan y no permiten que la sociedad cuente con procesos transparentes.

El Concejo Metropolitano de Quito

El Concejo Metropolitano de Quito es un espectador privilegiado sobre el proceso legal que enfrenta el Alcalde Jorge Yunda. Al respecto algunos concejales ofrecieron sus posturas frente al tema.

Al momento, se conoce que el proceso investigativo durará 30 días, mientras tanto, el burgomaestre deberá continuar con sus funciones. Para mañana, se prevé que se produzca la primera sesión del Concejo Metropolitano de Quito, después de la sentencia judicial.

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“El canciller Luis Gallegos mantuvo contacto con Cristóbal Roldán, Embajador del Ecuador en España y Daniel Penaranda, Cónsul General del Ecuador en Madrid a fin de que se indague la situación de ecuatorianos agredidos en ese país y coordinar acciones frente autoridades locales”, indica un tuit del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Gallegos expresó su rechazo a cualquier acto de xenofobia y racismo. “Reiteramos nuestra solidaridad con los compatriotas por la situación de la que han sido víctimas”, indica la cartera de Estado.

Por su parte, la Embajada rechazó el hecho en un tuit.

Los Hechos

El pasado 9 de septiembre, tres adolescentes que iban en un vagón de la línea 4 del Metro de Madrid empiezan a insultar, vejar e incluso escupir a una pareja de origen sudamericano.

Las causas se desconocen todavía. Los llaman «panchitos de mierda», «hijos de puta» y les dicen que son «producto de un condón roto. Como en la selva no hay condones».

La presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso defendió a la pareja.” Esa pareja de «panchitos» está en su casa: Madrid. Ese odio no es Madrid. Madrid es plural, abierta y la casa de todos los hispanoamericanos, que son nuestros hermanos».

Investigaciones

Los agentes han identificado a dos chicas de 15 años y a una de 16 y ya ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores por un presunto delito de odio. La Brigada Móvil de la Policía Nacional ya tiene muy avanzada la investigación sobre el incidente racista ocurrido hace unos días en el Metro de Madrid. El hecho se hizo viral en las redes sociales, por lo que en breve habrá detenciones, informaron a Europa Press, fuentes de la policía.

La Policía Municipal de Madrid colocó un mensaje en su cuenta de Twitter. “Denuncia al 606 690 970 / 915 883 845 delitosdeodio@madrid.es”

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Después de que un policía le disparara siete veces por la espalda a Jacob Blake de 29 años en Kenosha, Wisconsin. Los ciudadanos salieron a protestar, quemar llantas, destruir edificios. Las protestas dejaron dos muertos, también expusieron otros casos de violencia policial en este año. Blake quedó paralítico.

Asfixiado con una funda

El pasado 23 de marzo, Joe Prude llamó al departamento de policía de Rochester, Nueva York para que ayuden a su hermano que sufría un episodio de enfermedad mental. En un video de la cámara frontal del policía que llegó a manos de la familia el pasado 3 de septiembre, se puede ver a un oficial pidiendo a Daniel Prude echarse boca abajo en la calle.

Con esposas en sus muñecas, un policía le coloca una funda plástica en la cabeza. El ciudadano intenta levantarse, pero tres agentes se lo impiden. Lo someten en el suelo y colocan una rodilla sobre su espalda. En un momento Prude vomita dentro de la bolsa mientras lucha por respirar.

Minutos después llegan los paramédicos. Sin embargo, Prude ya tenía muerte cerebral. Falleció el 30 de agosto y en su autopsia se cuenta como causa de la muerte “homicidio por asfixia”. La presión de los habitantes en Nueva York permitió que se suspenda a los tres oficiales.

Muerte en Los Ángeles

Otro episodio violento ocurrió en Los Ángeles, donde el pasado 31 de agosto, un grupo de agentes de la oficina del sheriff dispararon una veintena de tiros a Dijon Kizzee, quién huyó después de que le pusieran una infracción cuando iba en bicicleta. En la persecución Kizzee golpeó a uno de los policías.

Después, dejaron allí al cadáver y lo esposaron, aunque ya estaba muerto. El hecho suscitó protestas en la localidad durante dos noches. Más violentas de las de Kenosha.

Visita de Trump

Cuando los periodistas le preguntaron por la brutalidad policial durante la visita del presidente Donald Trump a Kenosha, él respondió. “No lo creo. Creo que la policía hace un trabajo increíble y creo que hay algunas manzanas podridas (…) También está la otra situación, en la que están bajo una tremenda presión y no la manejan bien”.

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