Peña fue separado de las filas correístas tras votar a favor del informe de la Ley urgente de Economías Criminales impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, en contra de la línea definida por su bloque.

Este incidente expone tensiones profundas dentro de RC. Enfrentan lealtades partidistas con criterios técnicos legislativos. Esto pone bajo la lupa el centralismo en la toma de decisiones de la principal fuerza opositora.

La bancada de la Revolución Ciudadana anunció la expulsión de Sergio Peña, acusándolo de “traicionar” los principios del movimiento. El legislador quedó aislado de sus excolegas tras apoyar el proyecto gubernamental contra las economías criminales.

Un voto “traidor” y la expulsión inmediata de Peña

El 29 de mayo de 2025, la bancada de RC oficializó la expulsión inmediata de Sergio Peña tanto del bloque legislativo como del movimiento político. En un comunicado público, la dirigencia acusó al asambleísta de “mentir al país” y “traicionar nuestros principios”, señalando que “no tolerará actos de deslealtad” dentro de sus filas. “A las manzanas podridas se las separa de las íntegras”, sentenció el pronunciamiento, en el que RC tildó la actuación de Peña como un episodio de oportunismo y afirmó que la medida responde a una “responsabilidad política ineludible”. La bancada advirtió incluso un proceso de “depuración interna” frente a quienes se aparten del proyecto político, reafirmando que la ética y coherencia con los principios fundacionales son innegociables.

La decisión llegó apenas horas después de un agrio cruce público entre Peña y la excandidata presidencial Luisa González, máxima directora de RC. González había cuestionado duramente el sentido del voto de Peña en la Comisión de Desarrollo Económico, donde él respaldó el informe para primer debate de la Ley de Economías Criminales a pesar de que la directiva del bloque había resuelto abstenerse en esa instancia.

Según reveló el propio Peña, tres días antes la orden interna de RC fue “votar en contra” del informe del Ejecutivo, marcando una postura de rechazo total a la iniciativa gubernamental. Sin embargo, en la sesión del 27 de mayo, Peña se desmarcó: votó a favor del texto, convencido de que varias de sus observaciones técnicas habían sido incorporadas durante el trámite en comisión. Este sorpresivo apoyo al proyecto de Noboa fue interpretado por sus compañeros como una “traición insalvable” a la línea partidista.

La Ley de Economías Criminales: contenido y puntos polémicos

El proyecto que detonó la controversia es la Ley para Combatir las Economías Criminales, calificada como urgente por el Ejecutivo en medio de la creciente inseguridad. Oficialmente denominada “Ley de Solidaridad Nacional” en la Asamblea, esta iniciativa busca enfrentar las finanzas del crimen organizado mediante alianzas Estado-empresa privada y reformas legales de gran alcance.

Uno de sus ejes permite que el sector privado done hasta el 30% del Impuesto a la Renta en forma de insumos, equipos y bienes para respaldar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la lucha contra las mafias. Estos aportes requerirían autorización del Ministerio del Interior o de Defensa, según corresponda, y valoración del Servicio de Rentas Internas para aplicar el beneficio tributario. La propuesta busca “la unión y trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada para enfrentar al crimen organizado”, explicó la asambleísta oficialista Valentina Centeno al defender el espíritu de la ley.

No obstante, la atención pública se ha centrado en el componente penal del proyecto, que trae reformas polémicas. Por un lado, se tipificaría como delito la pertenencia a bandas de delincuencia organizada, más allá de la comisión directa de crímenes, con penas que superarían los 25 años de prisión aun si no hay evidencia de delitos específicos. Adicionalmente, el texto impulsa reglas más estrictas contra quienes provoquen “disturbios y terrorismo” en las calles, lo cual ha despertado alertas sobre potencial criminalización de la protesta social.

En la versión original del Ejecutivo se proponía crear jueces especiales para un supuesto “conflicto armado interno” y limitar a solo 15 días las investigaciones de estos casos; pero en comisión se eliminaron los nuevos jueces y se amplió el plazo investigativo a 90 días, atendiendo observaciones de juristas que exigieron procesos más robustos.

Igualmente, se incorporó de forma explícita el respeto a los tratados de Derechos Humanos en los principios de la ley, para prevenir que las nuevas facultades se presten a perseguir a periodistas, políticos u opositores bajo el pretexto de combatir el crimen. Estos ajustes, introducidos en pocos días de trabajo técnico, moderaron algunas de las aristas más duras de la iniciativa original. Aun así, el proyecto en su conjunto ha sido comparado con estrategias de mano dura al estilo Bukele y genera preocupación en sectores garantistas. Revolución Ciudadana, principal bancada opositora, adelantó reparos de fondo: temía que la ley atentara contra derechos y consolidara una agenda punitivista del gobierno. En consecuencia, el bloque correísta condicionó su apoyo a incorporar cambios y en un inicio definió que ninguno de sus miembros debía respaldar el informe hasta que sus observaciones fueran plenamente atendidas.

Entre lealtad partidista y criterio técnico de Peña

Sergio Peña, abogado especializado en derecho tributario y novato en la legislatura, decidió romper la disciplina partidaria argumentando razones técnicas. Tras su polémico voto favorable en comisión, Peña defendió que “la oposición debe ser propositiva” y no oponerse por mero cálculo político: “¿Oponerse por oponerse? No, gracias” replicó, insistiendo en que actuó con criterio propio de profesional.

Según explicó, la Comisión de Desarrollo Económico sí acogió varias de sus propuestas de cambio al documento – como las garantías de derechos y la no generalización de la prisión preventiva – por lo cual consideró técnicamente válido dar paso al debate en el Pleno “Mis observaciones sí fueron acogidas. La prisión preventiva ya no se vuelve una regla general (como quería el Ejecutivo), volvimos a una prisión preventiva excepcional pero eficaz en casos puntuales”, detalló Peña para ilustrar que su intervención mejoró el proyecto.

Desde su perspectiva, impedir incluso el primer debate de una ley necesaria para combatir al crimen habría sido irresponsable. “Creo que pensar diferente, o pensar dentro del partido, es una traición para ellos (la dirigencia correísta)”, lamentó el legislador refiriéndose a sus excolegas Su posición es que la bancada RC no puede caer en un obstruccionismo sistemático, sino ejercer una oposición firme pero abierta a acuerdos técnicos en beneficio del país.

La cúpula de RC vio los actos de Peña bajo otra luz.

Luisa González señaló que el voto de Peña “no corresponde al criterio técnico, legal y constitucional analizado” previamente por el bloque y, peor aún, contradijo la decisión colectiva tomada internamente. En otras palabras, insinuó que no hubo nada técnico en la postura de Peña, sino un desmarque inconsulto.

Para la dirigencia correísta, el asambleísta faltó a la lealtad colectiva y a los principios progresistas con los que fue electo. De hecho, en el comunicado de expulsión RC subrayó la “contradicción” entre el discurso de campaña de Peña (alineado al progresismo correísta) y sus votos recientes en temas clave. La bancada incluso sugirió que Peña “mintió” a sus electores y puso sus intereses personales por encima del mandato popular.

Detrás de estas afirmaciones subyace la sospecha de que Peña pudo haber sido “cooptado” por el oficialismo, teoría alimentada por algunos hechos: el partido de gobierno (Acción Democrática Nacional, ADN) había propuesto a Peña para puestos clave en el Parlamento – primero como vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego como miembro de la Comisión de Ética – lo cual generó recelos entre los propios correístas.

De hecho, RC se negó a apoyarlo para integrar el CAL, y solo gracias a los votos de ADN, Pachakutik y otros independientes, Peña logró ser elegido al Comité de Ética legislativo. Este inusual respaldo cruzado profundizó la percepción de que actuaba alineado con el gobierno. “Su verdadera lealtad nunca fue con el pueblo que lo eligió, sino con sus intereses personales”, llegó a afirmar RC en su misiva de expulsión, reflejando el quiebre total de la confianza.

Por otro lado, cabe la pregunta, ¿La RC puede sostener alianzas?

No es un caso aislado

Figuras prominentes como Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, han expresado su descontento con la dirección actual del movimiento. En sus redes sociales, Aguiñaga afirmó: «Duele ver en lo que están convirtiendo a la Revolución Ciudadana. El movimiento que construimos con compromiso y esperanza, que fue la primera fuerza política del país, hoy se diluye entre egos e imposiciones».

Asimismo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha tenido desencuentros públicos con el expresidente Rafael Correa. La tensión escaló cuando Correa criticó al abogado defensor de Álvarez en el caso ‘Triple A’, calificando de «vomitivo» que Ramiro García diera «clases de moral y ética profesional». Álvarez respondió que el comentario era «totalmente innecesario» y una «falta de respeto».

Estos eventos reflejan una crisis de liderazgo y una falta de apertura al debate interno en la RC. La expulsión de Peña por ejercer su criterio técnico y las críticas de Aguiñaga y Álvarez sugieren que el movimiento está priorizando la lealtad ciega sobre la deliberación democrática. Para mantenerse relevante y eficaz, la RC debe fomentar un ambiente donde el pensamiento crítico y la autocrítica sean valorados y no castigados.

Reacciones en el correísmo: unidad vs. pensamiento crítico

La sanción a Peña puso al descubierto fracturas dentro de la propia RC, con reacciones diversas de sus figuras principales. El expresidente Rafael Correa, líder máximo del movimiento (residente en Bélgica), respondió con dureza ante la polémica. En un mensaje publicado en X (Twitter),

Correa tildó a Peña de “vulgar oportunista e impostor” y le exigió que renuncie a su cargo de asambleísta: “Si eres tan ‘digno’, ¿por qué no renuncias a la curul, que sería lo moralmente correcto?” increpó el exmandatario. Correa dejó entrever que para él el caso estaba cerrado con calificativos personales, rematando: “No eres el primero ni serás el último sinvergüenza que nos topemos en el camino”.

La línea dura de Correa dejó claro que, desde la cúpula, no hay tolerancia para quien se aparte del libreto. Es más, el exgobernante sugirió que si Peña tuviera decencia política debería dejar la curul obtenida gracias a RC, devolviendo así la dignidad al movimiento traicionado.

Luisa González respaldó la expulsión enfatizando la necesidad de cohesión.

González había sido la primera en alzar la voz tras el voto disidente de Peña, publicando un comunicado el mismo 27 de mayo. En él advirtió que la actuación de Peña “no corresponde al criterio técnico, legal, constitucional analizado” ni a la resolución tomada en bancada, visibilizando la indisciplina. Sus palabras provocaron la inmediata respuesta desafiante de Peña en redes (“soy un profesional con criterio propio”, “¿Oponerse por oponerse? No, gracias”), lo que a su vez escaló el conflicto. Tras consumarse la expulsión, González habría apoyado internamente la decisión como una muestra de firmeza ejemplarizante para el resto de legisladores: en RC las directrices se siguen, so pena de ser tachado de “traidor”.

Sin embargo, no todo fue unanimidad dentro del correísmo. La reacción de Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas y destacada dirigente histórica de RC, evidenció malestar con la línea dura. Aguiñaga, quien ha marcado cierta distancia con la cúpula en meses recientes, criticó abiertamente la situación: “Esto ya no se parece al proyecto colectivo que defendimos”, lamentó, exhortando a que “la RC debe reaccionar” y corregir el rumbo.

En un mensaje difundido en redes, la prefecta advirtió que el movimiento “hoy se diluye entre egos e imposiciones”, deplorando lo ocurrido con Peña y el curso que ha tomado la organización que ella, Correa y otros fundaron años atrás. Sus declaraciones públicas, inusuales por provenir de una figura de alto perfil del movimiento, reflejan una corriente crítica interna preocupada por el sectarismo.

Aguiñaga llegó a decir que prefiere ser “la oveja negra de la RC antes que callar mi voz”.

tomando distancia de posturas como la denuncia de supuesto fraude electoral que Correa y González enarbolaron tras perder las elecciones presidenciales de 2025.

La postura de Aguiñaga recibió inmediata réplica de Peña en tono irónico: el ex-RC le advirtió que “tenga cuidado con lo que expresa; no vaya a ser que los caciques del movimiento lo lean y le acusen de traición por expresarse con objetividad”. Tal intercambio público entre correístas evidenció el nivel de tensión interna. Acto seguido, ese cruce desató la ya mencionada reacción de Correa, quien salió en defensa de la “compañera” Aguiñaga a la vez que arremetió contra Peña llamándolo oportunista e instándole a dimitir.

En pocas horas, la disputa interna de RC quedó expuesta ante el país: de un lado, la cúpula correísta cerrando filas y calificando a Peña de “manzana podrida” que había que sacar del canasto; del otro, voces dentro del movimiento pidiendo autocrítica por el rumbo que se está tomando.

Incluso dentro del bloque legislativo correísta hubo matices.

La asambleísta Patricia Núñez declaró ese mismo 29 de mayo que en RC “no se obliga” a votar según órdenes de los líderes, aunque reconoció que existe un buró político que delinea las posturas en temas importantes. Núñez consideró que “no era necesario llegar a extremos” como la expulsión y que aún cabía diálogo con Peña, a quien excusó por ser “un compañero nuevo que debe irse acoplando”.

Sus palabras sugieren que algunos en RC hubieran preferido manejar el desacuerdo internamente y con más tolerancia. No obstante, otros dirigentes fueron inflexibles: Jahiren Noriega, también de RC, sentenció que le “tenía sin cuidado” si Peña se iba, afirmando que “un voto más o un voto menos no suma si esa persona no hace política desde los principios y no está alineado a la ética de la organización”. Este contraste de opiniones revela un debate soterrado en el movimiento entre quienes priorizan la unidad monolítica y quienes abogan por dar espacio a criterios propios sin romper la cohesión básica.

¿Oposición constructiva o sectarismo? Análisis y perspectivas

El caso Sergio Peña trasciende la anécdota personal y se interpreta como síntoma de desafíos mayores para la Revolución Ciudadana. Por un lado, deja al bloque correísta con 65 curules en la Asamblea, disminuyendo su capacidad numérica frente a la bancada oficialista de ADN y sus aliados.

En términos prácticos, la salida de Peña – ahora declarado independiente – beneficia ligeramente al gobierno, que ve debilitado al principal bloque opositor. Pero más allá de los números, la controversia ha reavivado cuestionamientos sobre el modelo de conducción interna de RC.

No son pocos los analistas que advierten que el movimiento fundado por Correa podría seguir el camino del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) si no se renueva internamente. El propio Peña vaticinó, al romper con sus excolegas, que “si no hay recambio en el correísmo, le pasará lo mismo que al PRE, que se extinguió”.

La referencia no es menor

El PRE de Abdalá Bucaram fue en los 90 una fuerza populista dominante que, tras años de caudillismo y falta de relevo, terminó desintegrándose.

Hoy, la RC se enfrenta a dilemas similares. ¿Puede un movimiento político sobrevivir sin apertura al disenso interno? Varios politólogos sugieren que es hora de una reflexión profunda. El analista Jacobo García señala que RC deberá “recomponer su estructura interna y recuperar la confianza de su militancia” tras esta crisis, lo cual exige apertura al debate, inclusión de nuevas voces y renovación de su liderazgo.

En su criterio, sería sano permitir una disputa interna democrática – por ejemplo, en la elección de sus autoridades o definición de estrategias – en vez de seguir con un “control remoto” ejercido desde el extranjero, pues “será insostenible” manejar el movimiento a distancia bajo un esquema tan centralizado.

No es un secreto que RC es comandada desde Bélgica por Rafael Correa.

mientras figuras como Luisa González o Andrés Arauz actúan como voceros locales del líder. Esta verticalidad, que en tiempos de cohesión garantizó disciplina, podría convertirse en el talón de Aquiles si ahoga todo atisbo de pensamiento crítico interno.

En la misma línea, otros expertos apuntan que la reacción punitiva contra Peña puede tener un efecto contraproducente. El politólogo Javier Vera advierte que los movimientos con estructuras muy cerradas ven estallar sus conflictos desde dentro si no los gestionan con transparencia. La salida abrupta de disidentes hacia las filas del gobierno – como la posible incorporación de exmilitantes correístas al gabinete de Noboa, que ya se rumora– puede debilitar al correísmo más de lo que fortalece al oficialismo.

Además, para una parte del electorado de Noboa que votó contra Correa, ver a antiguos cuadros correístas en cargos estatales sería una “contradicción” incómoda si no se explicitan acuerdos. Esto sugiere que la estrategia gubernamental de cooptación también conlleva riesgos de deslegitimación si no se maneja con cuidado.

El terremoto político en RC podría reconfigurar el equilibrio de la oposición y el oficialismo en formas inesperadas.

Mientras tanto, Sergio Peña asiste a las sesiones plenarias desde una nueva ubicación: su curul fue reubicada lejos de sus excolegas correístas y más cerca de la bancada de ADN. El alejamiento físico simboliza su ruptura política “de raíz”. Peña ha ratificado que actuará como independiente “propositivo” y no descarta apoyar u oponerse a iniciativas gubernamentales según su mérito técnico, sin alineamiento automático.

Incluso aclaró que su voto favorable al primer informe de la Ley de Economías Criminales “no es un cheque en blanco” y que, de no incluirse mejoras adicionales en el texto para el segundo debate, votará en contra de la versión final. Con ello, busca subrayar que su lealtad última es a sus principios técnicos y a sus electores, no a banderas ciegas.

El episodio de Sergio Peña ha abierto un necesario escrutinio sobre la forma en que la oposición ejerce su rol en Ecuador.

¿Debe la Revolución Ciudadana replantear su estrategia parlamentaria, pasando de la negación sistemática a un opositor técnico propositivo como Peña sugiere? ¿O corre el riesgo de aislarse en un núcleo duro cada vez más pequeño? Las voces críticas dentro y fuera del movimiento señalan que la intolerancia al disenso y el excesivo centralismo pueden minar la vitalidad de RC a largo plazo.

Por el contrario, una apertura controlada al debate interno y la renovación podría fortalecerla como opción política moderna. El camino que tome RC en respuesta a esta crisis marcará su destino: o bien la consolidación como una oposición madura capaz de incidir con propuestas técnicas, o el ahondamiento de su fractura sectaria que podría hacer realidad la profecía de extinguirse como los viejos partidos del pasado.

En última instancia, la expulsión de Sergio Peña ha puesto a la Revolución Ciudadana frente al espejo de su propio proyecto político: uno que nació prometiendo participación y pensamiento crítico, y que hoy debe decidir si esas premisas tienen cabida puertas adentro.

Por Rafael Rubio Rubio

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De 11 presidentes apenas dos estuvieron en la posesión de Daniel Noboa

En comparación con la posesión de Rafael Correa en 2007, el acto protocolario reunió a 11 presidentes y al Príncipe de Asturias. Fue el punto alto de una diplomacia regional impulsada por la ola progresista, la UNASUR y una inversión decidida en política exterior. La reciente investidura de Daniel Noboa solo contó con dos mandatarios presentes. Situación similar a la Cumbre Iberoamericana del año anterior realizada por primera vez en nuestro país, con sede en Cuenca, marcó otro hito del aislamiento. Solo 6 de 22 jefes de Estado asistieron a la convocatoria. Delegaciones como México, Argentina y Colombia enviaron a sus cancilleres.

¿Qué explica esta caída?

Con Lenín Moreno, en 2017,el giro político interno marcó el inicio de la reducción diplomática. Con Guillermo Lasso, en 2021, el enfoque se desplazó hacia alianzas conservadoras y potencias como EE.UU. y España. La tendencia se profundizó con Noboa, quien ha priorizado los acuerdos bilaterales antes que los foros regionales. Para los analistas, esta subrepresentación refleja la falta de una agenda clara y el progresivo desinterés de América Latina por un país que ya no se reconoce como actor articulador.

Lea también: XXIX Cumbre Iberoamericana de Ecuador cierra sin consenso (2024, DW)

Primero, el alineamiento ideológico. Mientras Correa convocaba a líderes del ALBA y la UNASUR, Lasso y Noboa se han acercado a la OEA y tratados como el de libre comercio con la UE.

Segundo, la capacidad de incidencia. Durante la década ganada, Ecuador impulsó instituciones como el Banco del Sur y logró atraer inversión de China y Rusia. Hoy, con esos espacios debilitados, la proyección regional se ha diluido.

Tercero, la estabilidad interna. Entre 2007 y 2014, el país creció un 4,3% anual y redujo pobreza. Entre 2020 y 2024, acumuló recesión, inflación y un incremento en la percepción de corrupción. El caos interno debilita la confianza externa.

¿Y ahora qué?

Expertos coinciden en que recuperar protagonismo no será automático. Se necesita una política exterior activa, menos reactiva, que evite depender del aplauso de grandes potencias y fortalezca la cooperación Sur-Sur. La diplomacia no se improvisa: se construye con coherencia, estabilidad y visión a largo plazo.

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Quito, 19 abr (La Calle).- El gobierno alertó un supuesto plan para asesinar al presidente Daniel Noboa, coordinado por sicarios trasladados desde México, en lo que calificó como una estrategia de «grupos criminales y sectores políticos derrotados en el balotaje» para desestabilizar al país.

La denuncia, difundida mediante un comunicado del Ministerio de Gobierno titulado «La venganza de los malos perdedores», asegura que las Fuerzas Armadas detectaron, mediante inteligencia, la preparación de ataques terroristas contra Noboa y otros funcionarios del gabinete. Sin embargo, el documento no presentó pruebas concretas de estas amenazas, pues hubo una presunta filtración de informes confidenciales.

Horas antes, la candidata presidencial Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, había presentado un informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA que señaló «irregularidades» durante el proceso, incluida la transferencia de tinta en papeletas debido a su diseño simétrico, lo que habría provocado la anulación de votos. González, quien obtuvo el 44.4% de los sufragios frente al 55.6% de Noboa, denunció un «megafraude» y aseguró que impugnará los resultados: «Robaron más de un millón de votos. Noboa usó fondos públicos en campaña y repartió bonos para comprar conciencias», afirmó.

Reacciones

El expresidente Rafael Correa respaldó las críticas, tildando de «ridícula» la acusación de magnicidio. «Es la estrategia de la ‘caja china’: inventan un escándalo falso para tapar el fraude. Vean la película La dictadura perfecta«, escribió en redes sociales. Por su parte, González denunció persecución política tras la retención de un consultor de su campaña por parte de Migración, incidente en el que, según ella, agentes intentaron confiscar sus dispositivos electrónicos «bajo órdenes del régimen».

«Alerta máxima»

El comunicado gubernamental, que prometió «responder con toda la fuerza del Estado», detalló que se activaron protocolos de seguridad máxima. Mientras tanto, usuarios en redes sociales cuestionaron la veracidad de las alertas, calificándolas de «falsos positivos» para justificar una eventual restricción de libertades.

La tensión se agrava ante el informe de la OEA, que también cuestionó la falta de neutralidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la campaña, destacando ventajas logísticas para Noboa. Pese a ello, el organismo validó los resultados, lo que la oposición atribuye a presiones del Ejecutivo. Con el país dividido y sin diálogo entre las partes, Ecuador enfrenta una crisis política que podría escalar hacia protestas masivas o intervenciones institucionales.

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«Tenemos un Plan Maestro de Electricidad del 2023 al 2032 que tenemos que actualizarlo porque nunca se cumplió sobre todo el gobierno anterior. Si yo hago una comparación de lo que nosotros hemos gestionado hasta el día de hoy que son 410 MW en 10 meses y yo comparo, por ejemplo, con el gobierno de Lasso nosotros tenemos 7 veces más que en dos años que él estuvo, pero déjeme comparar con Correa. Fueron 300 MW que él aportó», dijo en Teleamazonas.

La ministra habló de megavatios reales, sin embargo, no profundizó más en el asunto. La palabra clave es gestionar que no es lo mismo que funcionar. Realmente, de los 410 MW, solo están funcionando 100 MW de la barcaza eléctrica y 69mw de la repotenciación de otros proyectos.

¿En dónde están los 410 MW?

La barcaza turca Karpowership entrega 100 MW al Sistema Nacional eléctrico, mientras que la repotenciación del gobierno en los proyectos térmicos suma 69 MW:  54.4 MW de la Central Quevedo, 8 MW en Santa Elena y 6.5 MW del Proyecto Eólico Minas de Huascacha.

Si bien los demás proyectos están contratados todavía no están operativos. Entre ellos está la compra de generación permanente en tierra por 240 MW con esta distribución:

• 91 MW en Esmeraldas (para diciembre de 2024).
• 100 MW en Salitral (noviembre de 2024).
• 50 MW en Quevedo (noviembre de 2024).

Energía entre 2007 y 2017

Aunque la ministro Manzano diga que la potencia de energía en el período del expresidente Correa sea de 300MW, un informe del departamento de investigación y proyectos de la Cámara de Comercio de Guayaquil en 2018 hablaba de una potencia de más del doble de lo necesario. «La demanda anual de potencia del Ecuador, en 2018 sería de 4.290 MW, pero tras la construcción de los proyectos hidroeléctricos, la potencia instalada es de alrededor de 8,226 MW». También lo señala un informe de 2017 del Ministerio de Energía. «La potencia nominal para generación eléctrica casi duplicó su valor entre 2007 y 2017, pasando de 4.478 MW a 8.036 MW. En lo correspondiente a capacidad instalada para 2017, se tuvo una participación del 56% de hidroeléctricas, 41% de térmica y el resto corresponde a otras plantas de energías renovables».

Asimismo, el informe a la Nación de 2017 indica que «en ese mismo período, aumentó la capacidad instalada de generación en 4 156 MW; mediante la construcción de 14 proyectos hidroeléctricos (9 de ellos ejecutados en forma simultánea desde el año 2011) y nueve
centrales térmicas modernas y eficientes. Junto con la construcción del primer parque eólico en Ecuador continental, aportan al sistema 2 543 MW de potencia renovable, lo cual duplica la capacidad disponible de energías renovables de toda la historia del país».

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A través de un comunicado, el jefe de Estado informó que existe una investigación que evidencia la posibilidad de una manipulación sistemática de los datos de homicidios durante gobiernos pasados.

El mandatario dispuso al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que inicie inmediatamente una auditoría interna y la verificación del manejo, procesamiento y obtención de los datos sobre homicidios, muertes violentas de intención no determinada, tasas de tráfico de menores y desaparición de personas desde el 2009 hasta el 2023.

Asimismo, solicitará a Fiscalía que inicie una investigación ante la supuesta falsificación de documentos públicos. Asimismo solicitará que abra una indagación sobre la gestión de Pablo Aníbal Izquierdo durante su período como asesor de salud de la Presidencia de la República entre 2011 y 2013, con particular atención a posibles irregularidades en políticas de salud pública y manejo de datos.

»Muchos se preguntarán, ¿para qué desenterrar el pasado? La respuesta es una sola: justicia», resaltó Noboa.

La polémica de Tomasi

Una reciente investigación académica dirigida por el italiano Arduino Tomasi desató una tormenta política en Ecuador, al señalar que el expresidente Rafael Correa ocultó más de 7 mil asesinatos, casos de tráfico de menores y desapariciones forzadas durante su mandato (2007-2017).

Según la investigación, estas cifras fueron sistemáticamente ocultadas y manipuladas para evitar una crisis política y social. Además, el estudio sugiere la existencia de redes de tráfico de menores, operadas bajo el amparo de ciertos funcionarios de alto rango, que nunca fueron investigadas con rigor.

Tomasi aseguró que las evidencias recopiladas son contundentes y respaldan la hipótesis de un encubrimiento deliberado por parte del gobierno de Correa.

Por su parte, el exmandatario señaló que esta investigación es una «campaña de desprestigio» orquestada por sus opositores políticos y basada en «mentiras y manipulaciones».

Correa afirmó que durante su gobierno se respetaron los derechos humanos y que, en realidad, su administración se destacó por reducir los índices de violencia en el país. Además, desestimó la validez del informe de Tomasi, tildándolo de «infundado» y «malintencionado», señaló que no existen pruebas que respalden tales acusaciones.

Por su parte, el economista Juan Pablo Jaramillo comparó a detalle las cifras expuestas por Tomasi y concluyó que su estudio tiene un mal manejo estadístico y que todo se trata de un relato político.

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Quito, 21 ago (La Calle).- El insulto en la política ecuatoriana nos ha acompañado desde tiempos anteriores. Presidentes que insultan a la oposición, diputados que denigran a sus pares e incluso llegan a dispararles tras perder los estribos (véase, por ejemplo, el caso de Otto Arosemena Gómez). La pérdida de la compostura de nuestros representantes se hace más burda conforme pasan los años y no aporta en absolutamente nada al debate, peor aún a la democracia.

Si bien debemos admitir que los insultos en más de un caso han causado la diversión del pueblo, acostumbrado y que muchas veces normaliza ese tipo de acciones, no es un argumento válido si vemos que los gobernantes o aspirantes a un cargo resuelven sus problemas con un lenguaje vulgar y desubicado del contexto en el que se encuentran.

La más reciente repartición de insultos vino del lado del expresidente Rafael Correa y el candidato a presidente por el Partido Socialista Ecuatoriano, Pedro Granja. Para bailar un vals se necesitan dos, también para un cruce de palabras. Unas declaraciones en una entrevista tuvieron respuesta en la aceptación de candidaturas, de allí, la pelea se trasladó a redes sociales siendo X la arena perfecta para que ambos muestren sus frustraciones contra el otro.

Si José María Velasco Ibarra denominaba a la oposición socialista como «personas de mente ratonil, el expresidente Correa dice Granja «se la fumó al revés» cuando éste último le menciona acciones que considera persecutorias en su gobierno. Si Jaime Roldós Aguilera nombraba a un grupo de congresistas como «los patriarcas de la componenda», el ahora candidato socialista le dice «alimaña mal agradecida» e incluso lo reta a una pelea cuando coincidan ambos en Europa como si los puños fueran a arreglar en algo la terrible situación que sufre Ecuador, un país que vive, hay que recordar, su momento más violento.

Demás está decir que la actitud de ambos no se ajusta a la realidad de lo que esperamos los ecuatorianos de nuestros representantes. En algunos espacios se ha empezado a reflexionar acerca de a quién no le favorece esta pelea virtual, algunos dicen que Granja por su candidatura, otros Correa por ser la figura simbólica en el partido que representa.

Para mi quién pierde más es el pueblo ecuatoriano que aún tiene que aguantar la falta de inteligencia emocional, paciencia y serenidad de los políticos. Virtudes que son necesarias para un equilibrio al gobernar un país como el nuestro. No necesitamos un show absurdo como el que tuvimos esta semana. Necesitamos soluciones a los problemas que azotan a la población. Pierde también la izquierda que ve peligrar los acuerdos a los que han logrado llegar y podrían permitir la formación de un binomio en unidad que, por ahora, es una decisión incierta. Solo nos queda preguntarnos qué vendrá después.

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Inicialmente, las elecciones internas estaban programadas para el 10 de agosto con la supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero se ha decidido cambiar la fecha al miércoles 14 de agosto, en un horario de 08:00 a 17:00.

¿Una alianza de izquierdas será posible?

Este aplazamiento parece estar relacionado con la espera de los resultados de la convención nacional de la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa. La misma se efectuó este sábado 10 de agosto y designó a su binomio presidencial encabezado por Luisa González y Diego Borja.

En el transcurso de las últimas semanas, PK, junto con la RC, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Centro Democrático (CD) y Renovación Total (RETO), exploran la posibilidad de una alianza electoral.

Si no logran concretar una coalición, planean desarrollar un plan de gobierno conjunto como parte de una plataforma política denominada «unidad de las izquierdas». Las conversaciones entre estos grupos se intensificarán en los siguientes días con el objetivo de consolidar un proyecto político común o, incluso, formar una bancada unida en la Asamblea después de las elecciones del 9 de febrero de 2025.

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No obstante, el nombre de Jalkh empieza a figurar como una opción real, tras aparecer por primera vez en una encuesta de intención de voto. Paralelamente, Jalkh ha empezado a difundir sus ideas a través de los medios de comunicación. Su más reciente participación fue el pasado 5 de julio en un foro organizado por el Colectivo Progresista Rumbo Democrático Quito.

“Sé que mi nombre está circulando. Es la primera vez que veo mi nombre en una encuesta… Pero mi nombre está ahí”, afirmó Gustavo Jalkh. Sin embargo, también reconoció que los nombres de los candidatos se confirmarán cuando el plan electoral y de gobierno esté definido.

Jalkh tiene una extensa experiencia en el sector público

Jalkh (de 57 años) fue Presidente del Consejo de la Judicatura (2013-2018) y exsecretario particular y ministro de Gobierno de Correa. Asimismo, ha ejercido la docencia en varias universidades. En 2016, recibió la “Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia”, otorgada por la Fundación Carlos III de España, en reconocimiento al trabajo realizado en la Judicatura de Ecuador y por su labor en pro de la justicia de Iberoamérica.

En su más reciente intervención, Jalkh hizo un llamado a la unidad del progresismo para vencer a la derecha en 2025. Destacó la importancia de unirse en torno a los objetivos nacionales más importantes, subrayando que es necesario tener un plan no solo para ganar, sino para cumplirlo y mejorar el país.

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«Se ha perdido la verdad y se da culto a la mentira. La mentira es Noboa ¿Quién no sabía que era mentira lo de las cárceles flotantes? ¿Que por un lado diga que ganan demasiado los ecuatorianos y por otro lado decía que iba a poner la pensión mínima para los jubilados de un salario básico? Se da culto a la mentira y a la ignorancia», dijo en entrevista con Radio Sonorama.

Sobre la posibilidad de unirse en alianza con otros partidos o movimientos, el expresidente indicó en primera instancia que son un proyecto concreto «¿Qué esperan? ¿Que con los sepultureros del país hagamos rondas infantiles para ponernos de acuerdo? Es imposible. Consensuar algo con los grandes culpables de la tragedia del país es imposible».

¿Con quiénes haría alianza la RC? «En todo caso bienvenidos los que quieran unirse a esta misión de recuperar la patria, aquí no hay que inventar nada nuevo, ya lo vivimos. (…) Del 2007 al 2017 ¿acaso no fuimos ejemplo para América Latina y el Mundo», agregó Correa.

¿Alianza con la izquierda?

Correa expresó que tampoco hay que cae en el error de pensar que una alianza les sumaría más puntos al 48% que consiguieron en la segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023. «Hay alianzas que no suman sino que restan y las circunstancias cambian. En el 2021 perdimos por nuestros propios errores, en el 2023 tenemos un presidente de accidente (…) Creo que podríamos ganar solos, pero incluso así, bienvenidos todos los que quieran levantar el país».

El economista descartó alianzas con el Partido Socialista Ecuatoriano o la Unidad Popular, ambos denominados a la izquierda del tablero político. «A nosotros nos unen más los valores, el sentido de patria que la ideología. La ideología es importante (…) No somos de izquierda por el fundamentalismo sino porque es una buena forma de darle una buena vida a la gente. Eso no significa que vamos a acordar con cualquiera que se dice de izquierda. A mí me unen más los principios que la ideología».

¿Candidatos propios? Sí, Correa le dijo a Radio Pichincha que aparecen nombre como los de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; la presidenta de la RC, Luisa González; el consejero del CPCCS, Augusto Verduga y el exministro de Justicia, Gustavo Jalkh. (MIB)

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En su denuncia, Núñez indica que las expresiones de Correa “no solo constituyen de manera independiente un delito de calumnia por la falsa imputación de delitos. En su conjunto, también crean una situación de pánico entre la población ecuatoriana. Independientemente de si esta es civil o militar, ahora se encuentra temerosa de una posible guerra y repercusiones en el ámbito económico, mediante sanciones internacionales”. De acuerdo con la funcionaria, las declaraciones conllevan al delito que figura en el artículo 353, numeral 11 del Código Integral Penal.

¿Qué dice la ley?

Artículo 353.- Traición a la Patria.- Será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años, en tiempo de paz, y con pena privativa de libertad de diez a trece años, en conflicto armado, la persona que realice alguno de los siguientes actos, aun contra fuerzas aliadas:

11.- Divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias.

¿Qué dice la ministra?

“Él a través del pánico que generan sus declaraciones, esa divulgación falsa que él conmina, lleva a infundir pánico en la población, infunde desaliento, desórdenes y permite la ejecución de cualquier acto que podría provocar graves consecuencias”, le dijo la ministra a diario El Universo.

Núñez pidió que se suspendan las cuentas de X y facebook del ex primer mandatario. Además un peritaje a cuatro enlaces de Youtube con las declaraciones de Correa.

¿Qué dice el expresidente?

El economista contestó en su cuenta de X:

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De acuerdo con el relato, Laso guadaba prisión en la celda #3 de transitoria en la cárcel de Latacunga. Al llegar Norero se le solicitó cambiar de celda por la #1 transitoria. En ese cambio empezaron a llegar colchones ortopédicos y comida al espacio que iba a ocupar Norero.

En ese contexto, indica que se convirtió en el hombre de confianza de Norero y vio pasar a algunas personas, entre ellas a la miembro de la Comisión de Pacificación de las Cárceles creada por el expresidente Lasso, Claudia Garzón. Ella era el nexo de Norero con el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, quién solicitó USD 200.000 como «donación» a esta institución gubernamental. Cuando le hizo la transferencia, ambos se reunieron en el Centro de Rehabilitación.

Reunión con miembros de bandas delictivas

Según el testigo, Leandro Norero tuvo muchas conversaciones con alias Fito, alias Junior, alias Choclo, con Xavir Jordán y con Ronny Aleaga. Este último «al haber sido parte de los Lating Kings tiene contacto muy cercano con alias «Diablo», líder de esta organización a nivel nacional», expresó.

Por otro lado, Claudia Garzón salió beneficiada por Norero, con quien habría mantenido una relación sentimental y a la que el narcotraficante le habría regalado un departamento en Bogotá, otro en Cartagena y un vehículo a su hija.

Sobre el expresidente Rafael Correa, Laso habría dicho que Norero se reunió con el exmandatario por videollamada para hablar sobre la libertad del exvicepresidente Jorge Glas.

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Según Izurieta, el régimen quiere mantener el control esencial de la sociedad, esto incluye las cárceles y el apoyo de las fuerzas del orden. No obstante, cuando le cuestionaron sobre el tema de la consulta popular y el inicio de una campaña, respondió que no puede negarlo ni afirmarlo.

«Aquellos que empiezan las campañas anticipadas hacen daño al país y a ellos mismos», se contradijo en Noti Mundo.

Izurieta comentó que el expresidente Rafael Correa y el líder social cristiano Jaime Nebot ya empezaron a «tirarle las primeras piedras electorales» a Noboa. A lo que mencionó que los planes de seguridad y economía harán que la posibilidad de reelección de Noboa «sea mayor».

«En política no hay amigos y muchas veces tampoco hay aliados. Lo que puede existir son conversaciones y coincidencias circunstanciales», agregó.

¿Una consulta es realmente necesaria?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un presupuesto de USD 60 millones para la consulta popular de abril de 2024. Varios analistas y ciudadanos cuestionaron que el jefe de Estado utilice estos recursos para la consulta y no los invierta en infraestructura, educación o salud.

El secretario indicó que la «mayoría de preguntas engloban un mismo criterio» que se enfrasca en la «seguridad de los ecuatorianos». De acuerdo con sus declaraciones, el país depende de la consulta para que se defina su futuro. Sin embargo, el parlamentario Andino, Virgilio Hernández, afirmó que las reformas al Código Integral Penal (COIP) reemplazarían ese proceso. Una idea que al primer mandatario no le parece atractiva.

«Las cosas no están jugadas, aquí nadie puede cantar victoria (…) la lucha continúa, apenas ha comenzado», puntualizó.

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Hace pocos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un presupuesto de USD 60 millones para la consulta. Una decisión que fue duramente criticada, pues el país atraviesa una crisis económica y fiscal aguda.

«El presidente pudo utilizar a la Asamblea Nacional, ahorrar tiempo y dinero para que aprueben las reformas», dijo.

El parlamentario calificó las últimas declaraciones del presidente como insensibles. Argumentó que ha actuado de manera errática y representa un «insulto para un país que carece de oportunidades«. De la misma manera, señaló que esos comportamientos surgen cuando un mandatario intenta ser «gracioso» con la realidad dolorosa de Ecuador.

Reprochó que el jefe de Estado aseguró que junto a su gobierno crearon 50 mil empleos para jóvenes, pero semanas atrás detallaba que eran 25 mil plazas. De cualquiera de las dos formas, esos datos no se reflejan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

«Subieron casi 25 mil de golpe y en dónde están (…) En este contexto no debería hacer ese tipo de bromas o gastar recursos innecesarios», cuestionó.

El conflictivo recurso de revisión

Hernández detalló que la reforma plantea modificaciones a 88 artículos, una disposición general, cuatro reformatorias y cuatro transitorias. Las reformas pretenderían el endurecimiento de penas a delitos como delincuencia, narcotráfico, secuestro, extorsión, entre otros. Explicó que son 43 proyectos de ley planteados desde el 2020, de esos, 39 pertenecen a periodos anteriores y cuatro a este periodo.

Sin embargo, el punto que más generó debate fue el «recuso de revisión». Una acción que permite a organismos internacionales o miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) revisar los procesos de sentencias ejecutoriadas.

Pero esto ya existe en la ley

Hernández aludió que este recurso ya existe en el Código Orgánico Integran Penal (COIP). Siempre y cuando exista una sentencia ejecutoriada y se antepone en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El implicado tiene acceso a esta revisión si es que:

-Se comprueba la existencia de una persona que se creía muerta

-Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias por un mismo delito o infracción, pero tienen distinto contenido para las personas sentenciadas. Es decir, esto es contradictorio.

-Cuando exista una sentencia dictada en virtud de documentos falsos o pericias oficiales maliciados. Estas pueden pedir la revisión de sentencias ejecutoriadas.

A este último punto se añadiría que, de existir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o un Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas sus representantes podrían revisión dicha sentencia.

«A esto le teme la Fiscalía General del Estado (FGE), la CNJ y los grandes medios, a que se sepa la verdad. Temen a que jueces de alto estándar revisen las violaciones a los DD.HH. o al debido proceso», enfatizó.

¿Vuelve Rafael Correa?

Argumentó que para que ese recurso de revisión se ejecute, los implicados deben presentar un informe de la CIDH. No obstante, detalló que ni el presidente Rafael Correa ni alguien cercano a la Revolución Ciudadana (RC) tiene ese pase. De la misma manera, resaltó que es una falacia de los grandes medios de comunicación que Correa regrese para las elecciones de 2025.

Recordó que el expresidente no podría ser candidato presidencial porque la norma penal no cambia las reglas electorales. De acuerdo con sus declaraciones, esas normativas deberían ser definidas una año antes y ya cerraron el 9 de febrero.

«El ministro de la vergüenza…»

Según el exministro de Gobierno, Henry Cucalón de aprobarse las reformas al COIP, Ecuador pasaría a ser la vergüenza internacional. A lo que Hernández comentó que el Cucalón debería recordar que fue ministro del peor gobierno que tuvo el país.

«El gobierno de Moreno compite con el del Lasso. Ya no sabemos cuál fue peor. Este fue el ministro de la vergüenza», argumentó.

El parlamentario recordó que en esa época se condecoraron unos a otros. Recalcó que si hay una situación de inseguridad se debe a un gobierno «inepto, ineficiente y corrupto». Expresó que Cucalón no tiene autoridad para reprochar los proyectos que se debaten.

«Éramos el lugar más seguro y pasamos al más inseguro. Él quiere hablar de manera fluida y no se acuerda que estuvo en un gobierno ineficiente», puntualizó.

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El legislativo debate 86 reformas al COIP, las cuales engloban temas polémicos como endurecer las penas en delitos graves, la posibilidad de que la Asamblea conozca la información reservada de las indagaciones previas de Fiscalía y el recurso de revisión de sentencias por parte de organismos de derechos humanos. Esta última propuesta generó diversas reacciones.

»Los artículos reformados vienen con una agenda de impunidad. Ahí prácticamente se establece el regreso político del expresidente Rafael Correa’‘, dijo el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel.

Agregó que ser necesario pediría el archivo del proyecto y que la alianza entre el oficialismo el Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) está haciendo efecto. A su criterio no tienen voz en las comisiones más importantes y se enteran a »última hora» sobre del contenido de los informes que debaten en el Pleno.

Salazar en oposición

La Fiscalía señaló que el paquete de reformas al COIP serían un intento por »instaurar la impunidad en el país». En el caso de que se apruebe el mecanismo de que los entes internacionales revisen las sentencias nacionales, la entidad resaltó que »todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia ejecutoriada sea puesto en libertad».

Respecto al levantamiento de la información reservada en investigaciones penales al Legislativo, Judicatura y otras instancias manifestó que este artículo pondría en riesgo los operativos de la Fiscalía en coordinación con la Policía.

¿Qué dice la RC?

“No tenemos la intención de beneficiar al expresidente Rafael Correa”, dijo la asambleísta de la RC, Viviana Veloz, ante los cuestionamientos de la propuesta al COIP.

La parlamentaria argumentó que no confían en los jueces que muchas veces ceden a presiones políticas y quizá a preocupación de »ciertos sectores políticos» es que los magistrados internacionales revisen sentencias que se dieron de »manera espuria» en este país.

Ratificó la falsedad del argumento del movimiento Construye respecto al supuesto regreso de Correa con la aprobación de esta reforma. Indicó que las reformas al COIP no abordan la extinción de una pena. (AGM).

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El ataque armado ocurrió cerca de las 18h00 en el sector de La Corona II, en Naranjal. La mujer quedó tendida en el piso mientras las personas que transitaban por el lugar intentaban darle primeros auxilios.

La víctima fue trasladada al Hospital Básico de Naranjal y minutos más tarde se confirmó su fallecimiento por la gravedad de su condición.

La Fiscalía ya abrió una investigación para identificar a los responsables. El equipo de investigación realizó el levantamiento de cadáver e indicios balísticos en el lugar. Hasta el momento no existen detenidos.

¿Quién fue Diana Carnero?

La joven era ingeniera civil y ejercía la docencia desde los 17 años. Impartía clases particulares y luego estableció un centro de nivelación académica, reportó diario El Universo.

Además, estaba cursando una maestría en Administración Pública en una institución de estudios superiores en Samborondón.

»Esto es una pesadilla. Un abrazo a su familia y a todo Naranjal. Cuando uno tiene hijos de esa edad, entiende lo que deben estar sufriendo sus padres», dijo el expresidente, Rafael Correa ante lo ocurrido. (AGM).

Diana tenía 29 años.
Esto es una pesadilla.
Un abrazo a su familia y a todo Naranjal.
Cuando uno tiene hijos de esa edad, entiende lo que deben estar sufriendo sus padres.
Segaron la vida de una promesa para Naranjal y la Patria.
¡Qué desgracia! https://t.co/ZgkGdYMEHY

— Rafael Correa (@MashiRafael) February 8, 2024

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Benavides explicó, para La Calle, que desde el gobierno de Rafael Correa y -en menor medida- en el régimen de Lenín Moreno y Guillermo Lasso se mantuvo una política abierta al mundo. No obstante, con las últimas decisiones, esta figura se desdibuja. De progresar estos desacuerdos, Ecuador generaría un acuerdo bilateral con Estados Unidos (EE.UU.), que lo haría plenamente dependiente de él.

Además, cuestionó que las autoridades diplomáticas no hayan detenido la «injerencia» del embajador de EE.UU. en Ecuador, Michael Fitzpatrick, en varios asuntos del país. Detalló que esa postura hizo que las grandes potencias (Rusia y China) vean a Ecuador como el mejor aleado de los Estados Unidos en el Cono Sur.

«Ese comportamiento solo se podía transformar en una intromisión en asuntos internos del Estado«, dijo.

El arrastre para esta decisión

Benavides planteó dos escenarios ante la decisión de Rusia. Primero por la votación del país en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de Ucrania, en el conflicto bélico de ambos países. Segundo, la decisión del presidente Daniel Noboa de intercambiar equipos y tecnología al país estadounidense.

Asimismo, apuntó que esto se podría tratar de un tema inconsulto. Es decir, el disgusto de Rusia luego de enviar el armamento a Ecuador y que el presidente decidiera trasladarlo a EE.UU. Sin embargo, aludió que la respuesta de Rusia pudo ser diferente si el punto se hubiese tratado de manera diplomática.

¿Qué se nos avecina?

Benavides señaló el principal temor es romper el acuerdo multilateral que sobrevivió a vario gobiernos de turno y ser dependientes de una entidad. También consideró el bloqueo para Ecuador, por parte de cadenas de valor ligadas a Rusia. De igual modo, recalcó que si bien otros países no bloquearían a Ecuador, el país quedaría como el laboratorio de las políticas del Pentágono «en su lucha contra el narcotráfico».

Además, comentó que la opción de subir el IVA al 15 % podría ser una de las condiciones del FMI en medio del conflicto interno. Una medida que podrá ser reformada hasta 2025, mientras tanto el país deberá sobrevivir a todas las medidas económicas.

«Así como la guerra contra las drogas no funcionó, las políticas del FMI tampoco han solucionado nada», finalizó.

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El Pleno del CNE argumentó que MOVER no alcanzó ni el 4 % de votaciones en las elecciones del 2023. La decisión tuvo tres votos a favor (de Diana Atamaint, Enrique Pita y José Cabrera), y una abstención de la consejera Elena Nájera.

El ente electoral inició el proceso de «depuración» el 28 de diciembre de 2023. Desde entonces, el CNE mencionó que el movimiento no cumplía con los requisitos electorales establecidos en el artículo 327 del Código de la Democracia.

Según la ley, Mover debía tener mínimo tres representantes en la Asamblea Nacional; al menos el 8 % de las alcaldías; o, un concejal en el 10 % de cantones.

La decadencia de Mover

El movimiento fue fundado en 2006 y sus representantes fueron figuras destacadas como los expresidentes Rafael Correa y Lenin Moreno. Sin embargo, el CNE señaló que Mover no cumplió con el 3% de votos en las dos últimas elecciones, lo que lo hace sujeto a eliminación según el Código de la Democracia.

Además, durante las elecciones generales de 2021, el movimiento obtuvo un porcentaje de votación pluripersonal de 2,9347 %, o sea, no tuvo ningún asambleísta. Mientras que, en las elecciones seccionales de 2023, consiguió el 3,7952 %: que se traduce en tan solo cuatro alcaldes en alianzas electorales.

Todo para no desaparecer

Mover anunció su respaldo a la candidatura presidencial del ahora presidente Daniel Noboa. Según la organización política, buscarían una alianza para conformar listas en las pasadas elecciones legislativas con representación nacional, provincial y de circunscripciones en el exterior.

“En sesión del Comité Ejecutivo Nacional, Mover resolvió apoyar la candidatura de Daniel Noboa, en el marco de una alianza que permita, sobre el diálogo y participación directa, estructurar listas para asambleístas”, señala el comunicado

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La noche del 11 de enero llegó al Legislativo la denominada »Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica». La propuesta plantea incrementar el IVA de 12 % a 15 % para obtener recursos que permitan combatir la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

La bancada del Partido Social Cristiano (PSC) emitió un comunicado en donde detalló que votarán en contra del aumento al IVA. La fuerza política resaltó que no se debe pretender resolver la crisis de seguridad a raíz de la »fracasada práctica de crear o subir impuestos».

»Lo que podemos proponer es crear una especie de contribución especial temporal mientras dure la guerra y que se colocada en una cuenta especial», dijo el legislador del PSC, Otto Vera.

RC en contra

Mediante un comunicado la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) tamabién expuso su posición y señaló que no apoyará medidas que »afecten a la clase media y a los pobres». No obstante, destacó que presentará alternativas para que »los que más tienen más paguen».

En este sentido, colocaron de ejemplo la propuesta de un aumento al Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca, o impuesto único a grandes capitales.

»Lo que Noboa pretende recaudar anualmente al subir el IVA al 15% es alrededor de 1.300 millones de dólares, valor equivalente al ingreso neto que genera el ITT que apoyó dejar bajo tierra», dijo el expresidente Rafael Correa. (AGM).

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Después de que Noboa declarara conflicto armada interno y catalogara a las bandas delictivas como terroristas y un objetivo militar, el líder socialcristiano Jaime Nebot, el expresidente Rafael Correa, la exministra de Gobierno, María Paula Romo; el excandidato presidencial Jan Topis, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza; y Ecuarunari se pronunciaron a través de la red social X.

Nebot comentó que la decisión de Noboa de declarar conflicto armado es la única solución para terminar con la situación que enfrenta el país. También, resaltó que esto debería tener el respaldo de todos los ecuatorianos para «rescatar la institucionalidad, el Estado de Derecho, la paz y seguridad colectiva».

«La unión sin mezquindad es un imperativo», expresó.

De la misma manera, María Paula Romo respaldó todas las acciones de Noboa y a quienes están al frente de la grave crisis que azota al país. Recalcó que pese a las condiciones que enfrenta este gobierno, ha tomado un camino para resolver la crisis.

«Un camino que requiere de mucho valor y fuerza porque implica responder de manera militar al desastre», dijo la exministra en RTU.

Mencionó que este evento no tiene precedentes en Ecuador, por lo que se debe actuar con prontitud y pasar a la etapa de evaluaciones.

El expresidente Rafael Correa también se pronunció y brindó todo el respaldo necesario al presidente Noboa para defender al país. Además, le pidió que no ceda ante las presiones o exigencias de los antisociales.

Detalló que el país vive una pesadilla, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho y las políticas erróneas. «Hoy es momento de unidad nacional. Las diferencias y discrepancias políticas se dialogarán luego de la victoria», apuntó.

Mientras que el excandidato presidencial Jan Topic se ofreció a liderar las esferas de seguridad del país, entre ellas: CIES, SNAI, Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policía Nacional.

Según él, cuenta con la experiencia y conocimiento necesario para liderar las acciones en favor del país. Además, señaló que este evento puede escalar a un nivel superior en poco tiempo. «Tenemos personal nacional y extranjero para darle la vuelta a esto», dijo.

Instó a los asambleístas que llegaron al Legislativo con el apoyo de su lista a apoyar todas las leyes que disponga el presidente para «rescatar al país».

Organizaciones sociales también se pronunciaron. Ecuarunari indicó que la única solución a este problema es la unidad nacional. Asimismo, comentó que en el marco del Estado de derecho se debe aplicar «todo el peso de la fuerza» del Estado contra los grupos delincuenciales.

«Como ecuatorianos debemos organizarnos para evitar el caos, mientras que, la paz y la justicia deben ser nuestros objetivos», reza el comunicado.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades de las comunidades, pueblos y organizaciones a mantenerse en calma, organizados y en estado de alerta para la protección de sus territorios y los derechos individuales y colectivos.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, llamó a los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales a fortalecer los niveles de organización social para defender la vida. «Es fundamental la unidad nacional por el futuro de nuestro Ecuador», relató en su cuenta de X.

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»Todos sabemos que las consultas tienen limitantes, no se puede preguntar cualquier cosa; pero con esto, se nos burlan en la cara. Esperemos que la Corte decida como corresponde», publicó Sichel en su cuenta de X.

A su criterio, las preguntas de la Consulta Popular muestran »irresponsabilidad y profundo desconocimiento» de los parámetros que ha fijado la Corte Constitucional (CC). »Se nos llamará a las urnas para aprobar que el Presidente mande proyectos de ley –algo que puede hacer sin consulta», resaltó.

Durante su tiempo en el sector público se convirtió en la vocera principal de la campaña a favor del “Sí” en el referéndum, promovida por el expresidente Lasso, en febrero del 2023.

Para cumplir con este propósito, Sichel recorrió distintos puntos del país para grabarse a sí misma para detallar los beneficios de la propuesta gubernamental que fue rechazada por los ecuatorianos. Tras reportar apenas USD 650 en viáticos, presentó su renuncia a su cargo de subsecretaria.

Otra a la lista

«Esta consulta popular, en la práctica, es una llamado tibio y podría parecer poco trascendente», dijo el exministro de Gobierno, Henry Cucalón en entrevista a Teleamazonas.

El exfuncionario manifestó que las preguntas de esta convocatoria de referéndum no guardan relación con la importancia y con los requerimientos que los ciudadanos demandan.

Agregó que la iniciativa del Gobierno es débil porque no existen cambios directores a la Constitución. Resaltó que las propuestas sirven para modificar normativas legales de inferior jerarquía y tampoco existe aplicación directa normativa.

Durante su rol de asambleísta del PSC apoyó firmemente a la Consulta Popular impulsada por el expresidente Lenín Moreno. En aquel momento sostuvo que este llamado estaría ligada »a cambiar las deformidades» que dejó el gobierno de Rafael Correa. (AGM).

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