«La verdad es una sola el presidente quiso que me vaya. ¿Por qué? hubiera querido que me lo diga él mismo pero no lo hizo«, explicó Cuesta a través de un vídeo publicado en su canal de YouTube, cuya duración es de seis minutos.

Según el ex funcionario los resultados de TC eran excelentes, tanto en lo financiero como en los niveles de sintonía. «Recibí una empresa quebrada y dejó una
solvente; recibí un canal en tercero y cuarto lugar lo dejo en el primer puesto nacional», recalcó Cuesta. Posteriormente, explicó que tras la decisión del presidente Lasso, figuran los intereses de otro funcionario.

Cuesta se refiere a un personaje obscuro lleno de intereses

Cuesta argumentó que no fue difícil descubrir que existe alguien lleno de intereses que ocupa la oficina contigua a la del presidente. Se trata de Sebastián Corral,
secretario general de la Administración y dueño de un canal de televisión (Teleamazonas). «Obviamente tiene interés en meterle la mano a TC Televisión», expresó.

«Corral no solo es el mayor accionista nacional de ese canal de televisión, lo que ya ocasiona conflicto de intereses. Sino que también comete actos ilegales que la ciudadanía debe conocer», advirtió el ex gerente de TC.

Detalló que Corral está descalificado para ejercer el cargo que ocupa. No obstante prefirió no divulgar nada al respecto por motivos personales. «Preferí soportar durante un mes entero las presiones desde la Secretaría de Comunicación desde la empresa Comunica EC y desde la misma presidencia de la República antes que utilizar la pantalla de TC para desenmascarar a un funcionario que debería ser destituido«, acto seguido procedió a revelar dichas irregularidades.

Corral y sus cuentas en paraísos fiscales

«Como indiqué el señor Sebastián Corral es el mayor accionista de Cratel Teleamazonas. Él posee el 30% de las acciones de esta empresa. No sé porqué el dueño de un canal tan importante quiere ser funcionario público. Un funcionario público no puede tener contratos con el Estado directa ni indirectamente. Y Teleamazonas, empresa de la cual el señor Corral es dueño accionista, tiene innumerables contratos de publicidad con el Estado hasta con la misma Presidencia de la República, lugar desde donde el despacha», expuso.

Según el ex funcionario, ley es muy clara y solicitó revisar el artículo 24 de la Ley de Servicio Público así como las transitorias de la Ley de Contratación Pública. Con base en esas disposiciones, considera que Corral debería estar fuera de su cargo. No obstante, añadió que lo más grave es que Corral tiene una cuenta en un paraíso fiscal.

«Eso está prohibido en la Constitución de la República que dispone que para ser servidor público, no se podrá tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en territorios considerados paraísos fiscales«, detalló Cuesta.

«Corral cuando fue nombrado embajador declaró que posee un crédito de USD 240.000 en un banco en Panamá. Y cuando asumió el cargo de secretario de la Administración volvió a declarar la misma deuda. Sin embargo, esta vez le agregó que el lugar de cobro de la deuda es en Ecuador. Como si eso cambiara la condición de que la operación fue realizada en Panamá», contó.

«Tampoco pretendan decir que tener una deuda no significa tener una cuenta. ¿Acaso hay algún banco que preste USD 240.000 sin exigirle que por lo menos abra una cuenta en el mismo banco? Por supuesto que no», insistió. También, expuso que cada vez que Corral hace un pago para cancelar esa deuda está enviando capital a un paraíso fiscal.

Sobre el final de su vídeo, advirtió que puede mencionar otros acto cuestionables que descalifican a Sebastián Corral para ejercer el cargo de secretario de la Administración. Entre esos, menifestó: «su metida de manos en CNT por los partidos de fútbol, su participación en la vacunación VIP«.

Cuesta espera que las razones que mencionó sean suficientes para que el presidente Lasso lo despida. El Gobierno todavía no se ha expresado al respecto.

JR

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El cese de funciones del periodista se da después de que en una entrevista mencionara que no encontró vínculos entre el expresidente Rafael Correa y el presunto entramado de corrupción del Caso Sobornos (2012-2016) por el que fue sentenciado a ocho años de prisión.

Además, en dicha entrevista también calificó de «pendejo» a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso y presunto líder de la estructura criminal «El Gran Padrino».

«Hoy he convocado a junta geenral de accionistas de TC Televisión para poner a su disposición mi cargo como gerente del canal. Recibí una empresa quebrada y la dejo solvente; recibí un canal en cuarto lugar de sintonía y lo dejo en primer lugar. Cuando me vaya diré por qué me voy», publicó en redes sociales.

El 23 de marzo, Cuesta aseguró que no halló indicios que involucren a Rafael Correa. Además, señaló que el único «argumento» que encontró fue el «influjo psíquico», un recurso que ha sido cuestionado por varios juristas e incluso por figuras de la derecha política.

«Estoy haciendo un trabajo sobre los juicios penales a los expresidentes de la República, entre ellos Rafael Correa, y no encuentro nada contra él», refirió.

Cuesta mencionó que, fuera del influjo, no halló un concepto o tema específico en toda la documentación. También, enfatizó que la Fiscal general del Estado, Diana Salazar, actuó con cálculo político cuando investigaba el caso, así lo mencionó en La Posta.

Sobre el caso

El caso Sobornos 2012-2016 es una supuesta red de corrupción en la que se acusa a Correa y otros altos exfuncionarios de su gobierno de haber recibido presuntas coimas para la campaña de las elecciones seccionales de 2014.

Esto ha sido muy cuestionado tanto nacional como internacionalmente debido a que el exmandatario fue sentenciado por influjo psíquico. La «prueba principal» de la Fiscalía habría sido un cuaderno de la exasesora presidencial Pamela Martínez, en donde estarían escritos los montos de los sobornos.

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«Estoy haciendo un trabajo sobre los juicios penales a los expresidentes de la República, entre ellos Rafael Correa, y no encuentro nada contra él», mencionó.

Cuesta mencionó que, fuera del influjo, no halló un concepto o tema específico en toda la documentación. También, enfatizó que la Fiscal general del Estado, Diana Salazar, actuó con cálculo político cuando investigaba el caso, así lo mencionó en La Posta.

No es el único opositor «anticorreísta» en precisar que las autoridades sobreactuaron en este caso. El exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, luego de quedar fuera del Gobierno al que sirvió, señaló que en esta investigación existió un abuso del derecho.

«Me parece que eso fue estirar el derecho de una forma que yo no había visto antes, así como pasó con muchos otros casos en el pasado (…) Además, presenta muchas interrogantes», afirmó para Radio Pichincha.

Sobre el caso

El caso Sobornos 2012-2016 es una supuesta red de corrupción en la que se acusa a Correa y otros altos exfuncionarios de su gobierno de haber recibido presuntas coimas para la campaña de las elecciones seccionales de 2014.

Esto ha sido muy cuestionado tanto nacional como internacionalmente debido a que el exmandatario fue sentenciado por influjo psíquico. La «prueba principal» de la Fiscalía habría sido un cuaderno de la exasesora presidencial Pamela Martínez, en donde estarían escritos los montos de los sobornos. (N.J.C)

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Durante un noticiero, Cuesta sugirió y señaló sin pruebas que los autores de los atentados fueron las fuerzas políticas contrarias al Gobierno en la Asamblea Nacional, es decir, UNES, PSC y la Conaie a través del PK (r). “Tiene un plan bien concebido”, dijo.

Los objetivos, según sus paranoias

Según el periodista vocero del Gobierno, la finalidad es desacreditar a Lasso a través de un caso de corrupción “aunque no se hayan encontrado pruebas contundentes de complicidad directa del mandatario”.

El segundo paso sería revestir el “golpe de Estado” de legalidad a través de un juicio político en contra de Lasso, aunque, a Cuesta obvia que el mecanismo está en la Constitución y es una facultad totalmente democrática.

El tercer escalón de sus alucinaciones sería calentar las calles. Para eso, dijo: “hay que llamar a los especialistas de siempre, algunos líderes del pueblo indígena, que de paso se prestan para presionar la Corte Constitucional para que apruebe el juicio político”.

Y la cereza del pastel, según él, es callar a quienes no creen en la “inestabilidad institucional”. Es decir, intimidar a los medios de comunicación y periodistas afines al régimen.

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La primera en desaparecer fue la de asuntos políticos a cargo de Aparicio Caicedo, quien pasó a conformar la nómina de Lasso como consejero presidencial con rango de ministro de Estado.

Posterior a ello, el 12 de agosto, mediante el Decreto Ejecutivo No. 526, el mandatario anunció la derogación del Decreto 213 que designó a Rafael Cuesta como consejero honorífico para la gestión y estrategia comunicacional del presidente.

En la disposión a diferencia de otras en donde se agradece los servicios prestados y consta el nombre de la persona a cargo, Lasso solo informó de la derogación del cargo.

Tras esta segunda derogación, el 16 de agosto, se conoció de la renuncia de Roque Sevilla como consejero de Gobierno Ad honorem para el medio ambiente.

En este caso, mediante el Decreto Ejecutivo No. 530, Lasso agradeció a Sevilla por sus servicios prestados y derogó el Decreto 364 que lo puso en el cargo.

Hace pocos minutos se conoció que en una carta dirigida al presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea, el ad honorem en la lucha por la desnutrición infantil, Luis Coloma renunció al cargo y que no comparecerá en la investigación que realiza la Comisión.

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Quito, 11 feb (La Calle).- La Fiscalía General del Estado informó que, en conjunto con la Policía Nacional allanaron las instalaciones de TC Televisión, en la ciudad de Guayaquil. Debido a la investigación en curso sobre denuncias de malversación de fondos por contractos relacionados con servicios publicitarios entre 2020 y 2021.

En este sentido, la Fiscalía reveló que la diligencia estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. De modo en que, se levantaron indicios de las áreas administrativas, de contratación pública, y archivo del canal en mención.

De acuerdo con el diario El Expreso, el gerente de TC Televisión, Rafael Cuesta, expresó que se trató de un allanamiento para recabar información puntual sobre los contratos. «Hay una denuncia presentada en la que dicen que se benefició en exceso a esa empresa en época de pandemia. Hemos entregado toda la información al fiscal», señaló.

«Nuestras puertas siempre están abiertas a la justicia. No era necesario un allanamiento con tanto despliegue, bastaba una solicitud, tienen nuestro apoyo», concluyó.

De igual forma, la Fiscalía manifestó que realizó inspecciones en las instalaciones de la empresa con la que el canal de televisión firmó contratos de publicidad.

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«Anoche en el primer programa de La Posta XXX, programa con un formato polémico, muy frontal y sin censura se cometió un exceso contra el presidente de la Conaie, Leonidas Iza. Fue un exceso en el uso de la libertad de expresión porque se lesionó su imagen personal. No se lo cuestionó por lo que hizo sino por lo que es», dijo Cuesta.

Añadió que «como representante de TC Televisión ofrezco disculpas públicas y sinceras a Leonidas Iza, a su familia y al indigenismo ecuatoriano».

Sin embargo, las disculpas vinieron con una justificación de las acciones de Luis Eduardo Vivanco y Andersson Boscan.

«El periodismo de La Posta es irreverente. Viene de una generación que a veces no es comprendida. Aún cuando sus creadores son periodistas inteligentes y suficientemente creativos, no están excentos de cometer errores como el del domingo».

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El gobierno

«El gobierno no tiene vela en este entierro. Nada que ver con el programa. Ha sido sumamente respetuoso con las decisiones que se toman aquí», se apresuró a decir Cuesta.

Añadió que «TC no es un medio público, es una empresa privada cuayas acciones están ilegalmente y momentáneamente en manos del Estado. Es necesario que TC vuelva de inmediato a manos privadas. Para evitar que lo malo o bueno que hacemos aquí siga vinculado con el gobierno».

Libertad de expresión

De acuerdo con el periodista, la libertad de expresión fue coartada durante el mandato del expresidente Rafael Correa.

«Lenín Moreno rompió con esa tradición de 10 años. No persiguió a nadie por criticarlo e incluso insultarlo a través de algunos medios, principalmente digitales. Eso fue algo positivo de su gobierno, ser tolerante».

«El presidente Guillermo Lasso es un convencido de la necesidad de que la gente se exprese libremente. Fue más allá. Eliminó el reglamento a la ley de comunicación que nos amordazaba y propuso una ley mucho más sencilla que entrega a los medios de comunicación la responsabilidad de autorregularse», expresó.

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