Aguilar mencionó, en entrevista con Radio La Calle, que el primer paso para realizar esas designaciones debió ser la depuración de las entidades. Explicó que los gobernadores son los enlaces políticos del presidente y las otros sectores. Sin embargo, recalcó que Noboa no comprendió esa relación.

«Está improvisando, pero está en Carondelet (…) Sacar cuadros de la Policía es como abrirle la puerta al narcotráfico para que se paseen como en un bulevar en el país», apuntó.

También, señaló que el primer mandatario confundió la gobernabilidad, que es quien hace política pública, el enlace político y quien diseña el «rumbo por donde va el barco». Mientras que, la gobernanza es la fuerza de la ley con la que se maneja la fuerza pública; es decir, la Policía Nacional, las FF.AA., en general la justicia.

Otro error que enlistó en este corto tiempo que Noboa se ha mantenido en el poder, fue anunciar que una banda delictiva le habría enviado una carta «en la que pedían una especie de tregua». Sin embargo, antes de decirla no verificó si el comunicado era real.

«Las bandas criminales no son actores políticos y ellos no tienen un interlocutor o un agente comunicacional», dijo.

Prioridades que tiene el país

Aguilar detalló que el país atraviesa un momento complicado y que necesita resolver los problemas económicos urgentes. Recalcó que «las primeras soluciones que ofrece el presidente», como la reforma tributaria, no muestra por ningún lado un intento de recaudación tributaria en beneficio de los ecuatorianos.

«Si el presidente cree que las versiones de los medios tradicionales son un buen faro para tomar un rumbo, está en el camino con vela de cebo», apuntó.

Recalcó que en este régimen se realizaron dos acuerdos. Uno para el debate de la ley económica urgente, en el caso que se sostenga una alianza en la Asamblea Nacional y otro para la designación de autoridades en el Pleno, uno que ya se desarmó.

«Es importante que el país abandone el camino del Fondo Monetario Internacional (FMI) o todo esto se acaba en febrero», apuntó.

Los juicios políticos

El analista comentó que el único debate que debería primar es el económico, pues el gobierno no tiene la fuerza para enfrentar los juicios políticos que proponen porque son un «desgaste».

«La fiscal es el chambelán de la embajada norteamericana, lo único que significa es perder el tiempo. De la misma manera el Consejo de la Judicatura hizo un pésimo trabajo, pero no hay tiempo», dijo.

La entrada Aguilar: “Un error de Noboa fue designar gobernantes en servicio pasivo, cuando la entidad tiene casos de corrupción” se publicó primero en La Calle.

»La Función Ejecutiva presentará a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo», dicta el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

De acuerdo al calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), el binomio presidencial apenas será posesionado el 15 de noviembre, es decir, la nueva administración gubernamental no alcanzará a presentar su presupuesto anual y tendrá que adaptarse a la planificación prorrogada del mandatario saliente.

¿Hay solución?

Para el abogado constitucionalista, Rafael Oyarte, la situación aún es salvable, sin embargo destacó la importancia de ya tener un delegado que resuelva este problema. La solución estaría en las manos del poder Legislativo.

»Al momento de la posesión el nuevo ministro de Economía podría pedirle a la nueva Asamblea las modificaciones a ese mismo presupuesto. De hecho el mismo presidente de la República puede hacer estos cambios sin autorización de la Asamblea, pero hasta un 35 %», dijo en entrevista para FM Mundo.

Otros sectores urgentes

El silencio de Noboa ante los medios de comunicación deja en el aire diversos cuestionamientos en torno a su planificación de gobierno y a la conformación de su gabinete. Hasta el momento solo ha anunciado cuatro nombres que dirigirán las diferentes carteras de Estado.

En entrevista para Radio La Calle, los analistas políticos Wilson Benavides y Ramiro Aguilar coincidieron en que la seguridad es uno de los ejes urgentes para el país. La figura del director del SNAI, el ministro del Interior y el ministro de Defensa serían claves para resolver la crisis de inseguridad.

»No es lo mismo un gobierno de cuatro años que uno de un año y medio. En esa medida creo que la coyuntura está exigiendo ciertos perfiles y ciertas prioridades», aseveró.

Además, destacó el rol de ministerio de Gobierno en el caso de que se lleve a cabo una consulta popular, pues tendría que estar al frente de una agenda política. Por otro lado, para Aguilar aumentó una ficha importante a la lista: el ministro de Obras Públicas.

» (El gobierno de Guillermo Lasso) deja una estructura pública destruida: carreteras, puentes y escuelas. Básicamente necesitamos vialidad, un país sin carreteras afecta al comercio», expresó.

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El jurista cuestionó a la Fiscalía y el aparecimiento sorpresivo de un testigo protegido. Resaltó que el sistema de justicia y los mecanismos de investigaciones funcionan siempre y cuando el objetivo sea buscar la verdad y no echar la culpa a otras personas.

»Cuando asome la verdad, la fiscal estará en graves aprietos», dijo en entrevista para Radio La Calle.

Para Aguilar, la verdad evidentemente está alejada de una nueva versión política, en donde el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa habría tenido relación con el crimen de Villavicencio. Según él, la Revolución Ciudadana (RC) quería una primera vuelta tranquila porque era claro su triunfo en la primera vuelta electoral.

Atentado a la democracia

»El electorado ecuatoriano está enojado, basta revisar la lluvia de comentarios (…) La gente está indignada por el montaje», recalcó.

Agregó que el asesinato de Villavicencio claramente fue un atentado a la democracia. También se preguntó por el avance en la investigación de la muerte del alcalde Manta, Agustín Intriago.

De acuerdo con el analista, lo que está viviendo el país es un terrorismo moral ejercido por la derecha política. Indicó que este juego podría afectar a los mismos que están detrás de él, incluida Salazar. (AGM).

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Aguilar recalcó, en entrevista para Radio La Calle, que la otra opción que tiene, tanto de la candidata como de el movimiento Revolución Ciudadana (RC), es abrir frentes y alianzas con otros partidos políticos y sectores.

«Ahora debe ganar votos y para eso deberá ser más espontánea (…) La otra alternativa es juntarse con la Conaie, sin embargo, su voto ya demostró otra cosa», dijo.

Repitió que el escenario para la RC es complicado, pues los votos de los ciudadanos que respaldaron a Jan Topic y Otto Sonnenholzner plenamente irán con Noboa. Mientas que los de Fernando Villavicencio se irá con Noboa, pero no por darle su apoyo, sino por la senda anticorreísta que manejan.

«Lo que les puede quedar son los votos de Yaku Pérez, Xavier Hervas o Bolívar Armijos, de lo contrario no funcionaría», afirmó.

¿Cómo Noboa llega a segunda vuelta?

Aguilar mencionó que dos factores determinaron esta segunda vuelta en este periodo electoral. Uno de ellos fue la muerte de Villavicencio y otro la participación de los aspirantes en el debate.

Señaló que Noboa demostró otra cosa en el debate y superó todas las expectativas «de un progresismo no correísta».

«Ese espacio que deja CREO libre, lo ocupa el, movimiento de romo y es siniestro y tiene una importante representación en la asamblea», dijo.

Las alianzas y el nuevo poder

Aguilar manifestó que por la situación que atraviesa el país los partidos políticos deberían «bajar las armas» y con eso brindar alternativas al país. Además, deberían formar buenas alianzas. Recalcó que las últimas del expresidente Rafael Correa de formar puentes es una alternativa que sebe reconocer.

No obstante, detalló que deberá analizar esa posibilidad, ya que la ultraderecha está vigente y se demuestra con el movimiento Construye de María Paula Romo como segunda fuerza del Pleno de la Asamblea Nacional.

«Hay que tener cuidado que la extrema derecha va creciendo, pese al fracaso de Lasso, pero viene con un odio profundo y la búsqueda voraz de mantener sus privilegios», afirmó.

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El 6 de mayo los legisladores de esta mesa parlamentaria tendrán que aprobar el informe no vinculante que irá al Pleno de la Asamblea para decidir el futuro del jefe de Estado, quien es acusado de presunto peculado.

Si se decide la recomendación del archivo, el Pleno socializará las razones para que el mandatario no sea enjuiciado. No obstante, puede no hacer caso a las observaciones de la Comisión y un asambleísta puede mocionar para seguir con el proceso del juicio político, para eso necesitaría el respaldo de 70 votos.

El otro escenario contempla la aceptación del juicio político por recomendación de la mesa parlamentaria. Para este proceso, el informe pasará a manos del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien tendrá un plazo de tres días para distribuirlo a los 137 legisladores.

Por su parte, los asambleístas tendrán dos días para meditar su postura. Posteriormente, se debatirá y analizará las evidencias y causales para el juicio político en el Pleno del Legislativo. Para la destitución y censura del presidente Lasso se necesitarían 92 votos.

El rol de Fiscalización

Para el abogado constitucionalista, Ramiro Aguilar hay que tener claro el rol de la comisión legislativa, pues su función es sustanciar el proceso de juicio político contra el mandatario, es decir, que se haga efectivo el derecho a la defensa.

En el caso de que no todos los miembros aprueben las resoluciones, existe la posibilidad de que el Pleno de la Asamblea reciba dos informes, uno de minoría y otro de mayoría (el primero en ser leído de acuerdo a la ley).

Actualmente, la Comisión de Fiscalización la preside Fernando Villavicencio (Independiente) y Ana Belén Cordero (BAN). Los otros asambleístas que conforman la mesa son Roberto Cuero (UNES), Gabriela Molina (UNES), Comps Córdova (UNES), Bruno Segovia (Independiente), Marco Troya (BAN), Pedro Velasco (BAN) y Pablo Muentes (PSC). (A.G.M).

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La mesa parlamentaria solicitó las comparecencias requeridas por los asambleístas interpelantes y del Jefe de Estado acusado por presunto peculado.

Para este 18 de abril, la mesa legislativa presidida por Fernando Villavicencio convocó al exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto; al exgerente de Petroecuador, Hugo Aguiar; al exsecretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo; y el periodista del medio digital La Posta, Andersson Boscán, quien comunicó que no asistirá al llamado.

»Agradezco la invitación a comparecer ante la comisión de Fiscalización en el juicio político. Debo excusarme. De todas formas, mucho de lo que publiqué lo ha guardado durante meses Fernando Villavicencio», dijo en un tuit.

¿Quiénes darán su testimonio?

El 12 de abril, las asambleístas solicitantes del juicio político, Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (PK-r) entregaron a la Comisión de Fiscalización las 958 fojas que probarían la responsabilidad política del presidente en el presunto delito de peculado. Además, solicitaron 11 pruebas documentales y 12 testimoniales.

El 16 de abril, el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz envió las pruebas testimoniales y documentales. El representante del mandatario pidió que se llame a comparecer al exgerente general de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), Jaime de Jesús Condoy y la exsecretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico, Andrea Poveda.

Fiscalización informó que para el 19 de abril están prevista 13 comparecencias entre ellas la del actual gerente general de FLOPEC, Luis Lavayen y los exgerentes de la empresa pública, Oswaldo Rosero, Pilar Ferri, Jaime Condoy y Johnny Estupiñán.

El rol de Fiscalización

Para el abogado constitucionalista, Ramiro Aguilar hay que tener claro el rol de la comisión legislativa, pues su función es sustanciar el proceso de juicio político contra el mandatario, es decir, que se haga efectivo el derecho a la defensa.

En un plazo de 45 días, que ya están en marcha, tanto el acusado como los interpelantes deben presentar las respectivas pruebas. Después del proceso, la mesa parlamentaria emite un informe no vinculante para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, quienes toman una resolución definitiva. Para que el juicio político sea aprobado se necesitan 92 votos.

Sin embargo, en el caso de que no todos los miembros aprueben las resoluciones, existe la posibilidad de que el Pleno de la Asamblea reciba dos informes, uno de minoría y otro de mayoría (el primero en ser leído de acuerdo a la ley).

Actualmente, la Comisión de Fiscalización la preside Fernando Villavicencio (Independiente) y Ana Belén Cordero (BAN). Los otros asambleístas que conforman la mesa son Roberto Cuero (UNES), Gabriela Molina (UNES), Comps Córdova (UNES), Bruno Segovia (Independiente), Marco Troya (BAN), Pedro Velasco (BAN) y Pablo Muentes (PSC).

¿Juicio político y muerte cruzada al mismo tiempo?

Una pregunta muy recurrente en la ciudadanía es si puede activarse el mecanismo de la muerte cruzada durante el proceso de juicio político. En este sentido, Aguilar señaló que teóricamente es posible, sin embargo, no podría ejecutarse en la práctica.

Para dar paso a este proceso, también se necesitaría la autorización de la Corte Constitucional (CC). Recalcó que en el momento en el que el Tribunal autorizó el juicio político contra el presidente, lo lógico sería que espere el pronunciamiento de la Asamblea para admitir el trámite de la muerte cruzada.

»No podría la CC dar dos trámites contradictorios, mientras los dos están vigentes», dijo en entrevista a Radio La Calle.

¿Por qué la Corte admitió el delito de peculado contra Lasso?

La CC descartó las dos acusaciones por concusión al presidente Lasso. Los casos estaban relacionados con irregularidades en Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). El órgano de justicia encontró incoherencias y un mínimo de verosimilitud en los argumentos de los interpelantes.

La tercera causal se aloja en el delito de peculado y en la solicitud emitida desde la Asamblea Nacional se le acusa al mandatario de “distraer dineros públicos en favor de la Compañía Amazonas Tanker Pool”, a través de Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO y principal sospechoso en el caso “El Gran Padrino”.

En este sentido, explican que el mandatario actuó en ejercicio de sus funciones y consintió la celebración de contratos de transportes petrolero en FLOPEC, presidida por EMCO. También habría existido un informe de Contraloría en contra de esas negociaciones. (A.G.M).

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Quito, 20 oct (La Calle).- El presidente Guillermo Lasso presentó dos preguntas ante la Corte Constitucional (CC) para arrebatarle las funciones de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). El Ejecutivo plantea que esta potestad vuelva a manos de la Asamblea Nacional.

Radio La Calle conversó con expertos constitucionalistas que explicaron los posibles escenarios e intereses detrás de estas jugadas políticas. Los abogados Ramiro Aguilar, Mauro Andino y André Benavides coincidieron en que sí es posible quitar esta facultad al Cpccs a través de las preguntas postuladas en la consulta popular.

¿A qué quedaría relegado el Consejo?

Aguilar señaló que el Presidente pretende vaciar las funciones del Consejo y al disminuir sus competencias lo que quedaría de esa institución es una “mera formalidad”. Por otro lado, Andino enfatizó que la entidad únicamente mantendría dos funciones: fomentar la participación ciudadana y combatir la corrupción. Benavides sostuvo que el Cpccs quedaría como una instancia a cargo de veedurías ciudadanas, temas de corrupción y nada más.

“Quitarle funciones al Consejo es volverlo intrascendente, pero mientras no lo desaparezcan, existe y puede cambiar sus competencias o añadirlas otras”, precisó Aguilar.

La Asamblea Nacional como designadora de autoridades

Para Aguilar, si se llega a eliminar esta atribución al Cpccs no queda otra institución que la Asamblea. Sin embargo, Andino cuestionó esta propuesta de Lasso, pues el mandatario en reiteradas ocasiones manifestó sus desacuerdos con el Legislativo. Los abogados mencionaron que el proceso de selección de autoridades dentro del Parlamento respondería a la mayoría de votos.

“Es una contradicción que, a lo sujetos que el presidente llamó ladrones, que dice que nadie vale la pena, que son una desgracia, que puede gobernar sin el apoyo de ellos, les otorgue una facultad como esta”, puntualizó Andino. Entonces, qué trucos esconde el presidente…

Además, comentaron que no puede existir un ente superior a la Asamblea que regule las designaciones, pero Benavides detalló la posibilidad de crear una veeduría ciudadana o un observatorio que vigile estos procesos.

“Lo que puede pasar es que elijan a alguien que no cumpla los requisitos establecidos en la Constitución, esto se vuelva inconstitucional y se pueda poner una medida de protección. Lo que sí podría haber es un control constitucional. Es decir, que se vele si se cumplió o no con los requisitos de la Constitución”, apuntó Aguilar.

Parámetros que debe seguir el proceso de designación

Aguilar supone que las especificaciones que deberían seguir son requisitos legales como: edad, rango y procesos de oposición (examen, merecimientos, títulos y hoja de vida).

En cambio, Andino recalcó los vacíos que tienen las preguntas en cuanto a los parámetros que debe seguir este proceso. Resaltó que no se detallan los requisitos, prohibiciones, criterios de postulación y apelación de los postulantes. “No señalan los méritos que deben tener los aspirantes, ni los miembros de la Comisión Técnica que los elegirán”, reiteró.

Intereses políticos dentro del Legislativo

El abogado Aguilar manifestó que el Cpccs es un ente igual o más político que la Asamblea. “La diferencia es que la Asamblea tiene 137 legisladores que representan a los sectores políticos del país y el Cpccs tiene siete “gatos” que se representan a sí mismos y encubren la representación de los sectores políticos del país”, señaló.

Trucos detrás de las dos nuevas preguntas presentadas

Andino expuso que la reformulación de las preguntas sobre la designación de autoridades se realizó mediante una enmienda constitucional. Es decir, acogió todo lo que la Corte Constitucional le sugirió. No realizó un cambio estructural profundo, pero puntualizó las preguntas con las sugerencias emitidas.

“Lasso dejó de poner en las preguntas que él será el centro de poder y propuso que sea el Legislativo quien se encargue de esta designación”, comentó.

Además, advirtió que para este proceso de designación se creará una Comisión Técnica de selección que estará conformada por:

• Cinco representantes del Estado (un delegado por cada poder del Estado).
• Cuatro veedores (dos ciudadanos elegidos por sorteo y dos representantes de las universidades mejor puntuadas). 

“A diferencia de las preguntas pasadas, ya no serán miembros del Ejecutivo quienes envíen el binomio o la terna de los postulantes”, dijo. También comentó que una vez aprobadas las preguntas por la CC, se deberá revisar a profundidad la pertinencia de los anexos y cuestionarios. Agregó que habría que considerar la redacción de las preguntas, que sean sencillas, claras, neutras y que no dirijan a una respuesta al ciudadano.

Disposiciones transitorias en las nuevas preguntas

El jurista Andino comentó que existen dos disposiciones a las que se les debe prestar mucha atención:

1.- Una vez aprobadas las enmiendas en referéndum, el Ejecutivo enviará varios proyectos de ley a la Asamblea en un plazo de 180 días para que estos proyectos puedan desarrollar y regular el contenido de esas enmiendas.

2.- Desde que se aprueban las enmiendas, la Asamblea tendrá que presentar y aprobar varios proyectos de ley, que podrán regular y desarrollar el contenido de las enmiendas en un plazo de 365 días.

Adicionalmente, especificó que mientras no se aprueben los proyectos de ley emitidos por el Legislativo y el Ejecutivo no se podrá llegar a ningún concurso de oposición y méritos. Por lo tanto, las autoridades que han sido designadas tendrán un tiempo prorrogado de funciones, y una vez aprobadas estas leyes todos los procesos del Cpccs quedarán sin efecto.

Esto significa que los titulares de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Superintendencias, Consejo de la Judicatura y demás entidades de control permanecerían en sus cargos.

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Para Aguilar, la dinámica de violencia que existe en el país no para. Mientras que en Machala se registra una balacera que acaba con la vida de una persona. En Quevedo detienen a dos policías en servicio activo por extorsión en la devolución de vehículos robados. “Ya no ejerce el imperio de la ley en la calle, sino la gobernanza del crimen”.

Respecto a la designación de Juan Zapata como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Patricio Carrillo, que ha generado gran controversia en la ciudadanía, Aguilar tiene dudas respecto a la decisión del Ejecutivo puesto que Zapata tiene más experiencia en el ámbito logístico y operativo.

‘‘¿El Ministerio del Interior necesitaba alguien encargado de la logística o alguien que sepa de políticas públicas de seguridad? ’’ dijo el jurista.

Añadió que, si bien el narcotráfico ya cooptó el brazo de la Policía Nacional, se está acercando lentamente a las Fuerzas Armadas. Un movimiento sigiloso que se vio reflejado en el caso de la venta de droga por parte oficiales de la Armada en Galápagos. La falta de mando doctrinario que conlleva la identidad nacional y el respeto al republicanismo han llevado a la institución a este declive. (A.G)

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«Los 365 días del presidente han sido de adorno. Es un no presidente, un hombre que no hace nada y nos está llevando a un proceso de convertirnos en un no país», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, reiteró que la gestión de Lasso es cero en cuanto a la ejecución de políticas públicas y planificación del Estado.

“El año de Lasso ha sido un año de guerra urbana, de guerra entre delincuentes y guerra de la sociedad entre sí”, afirmó Aguilar.

El analista sostuvo que el siguiente paso que debe tomar la sociedad ecuatoriana es pedir la revocatoria del mandato de Lasso de manera inmediata.

«El único requisito formal que estaba pendiente para iniciar el proceso de revocatoria del mandato de Guillermo Lasso se ha cumplido. Lasso no tiene plan, ni equipo, ni política”, aseveró el analista.

Por otro lado, Aguilar expresó que Lasso está demasiado confiado en la embajada americana, en el respaldo del gobierno de Biden y en poder acusar de conspiración y de golpismo a quien sea.

“En el Ecuador tenemos el mecanismo constitucional de la revocatoria de mandato. Nosotros vamos a hacer este proceso de manera constitucional y democrática”, recalcó el analista.

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«Si gana Lasso no hay que viajar al futuro para saber que va a suceder, hay que ver los cuatro años de Moreno. Hay que observar lo que sucedió en octubre de 2019 con la represión del pueblo, a finales de 2020 con las vacunas que el ministro Zevallos puso a sus familiares. Ya sabemos lo que va a suceder», dijo durante una entrevista para Radio La Calle.

Con respecto al reemplazo del Ministro de Salud, Mauro Falconí, el especialista advirtió: «Acaban de nombrar a un Ministro de salud que es partidario de Lasso abiertamente. Lasso se da el lujo que uno de sus amigos termine de funcionario. Lasso puso a Romo, Zevallos, Pozo y ahora pone a Salinas».

Aguilar hizo una comparación de los candidatos. En el caso de Andrés Arauz, el experto sostuvo que el candidato se ocupó de explicar la nueva gestión publica, mientras que Lasso suplicó al pueblo por su voto. «Andrés es un tecnócrata y maneja un concepto fundamental la nueva gestión publica; es decir como el Ecuador debe corresponder a las herramientas tocológicas y el mejoramiento de infraestructuras».

Medios de comunicación defendiendo con uñas su privilegio

Para el analista, las redes y las calles recogen mejor la situación política actual antes que los medios tradicionales. De acuerdo con sus declaraciones, este fin de semana podrían ganar los medios de comunicación debido a una campaña «descarada» con pautas y privilegios de frecuencias. A titulo de opinión, noticia y editorial los medios tradicionales levantan la campaña por Lasso.

«En los medios solo se puede ver un monólogo de Lasso. No tuvieron pudor en decantarse 24/7 por él. Todo para la TV está bien y eso indigna a los ciudadanos que viven la falta de oportunidades, la inseguridad, entre otras cosas. En otro lado hemos tratado hacer que se escuche nuestra voz, que sea distinta, o sea desde las redes», añadió.

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Un año ha transcurrido desde las movilizaciones populares de octubre de 2019. En homenaje a los muertos, a los heridos, a los presos, a los perseguidos, es importante hacer un análisis de lo que octubre representó para la historia ecuatoriana del primer cuarto del siglo XXI.

Piotr Kropotkin decía: “Hay épocas en la vida de la humanidad en que la necesidad de una formidable sacudida, de un cataclismo que remueva la sociedad hasta en sus entrañas, se impone desde todos los puntos de ésta. En esas épocas, todos los hombres (y mujeres) de corazón están descontentos del orden de cosas existentes; dicen que son precisos grandes acontecimientos que vengan a romper el hilo de la historia, arrojar a la humanidad de los caminos de la corrupción y la rutina y lanzarla por vías nuevas a lo desconocido, en busca del ideal”.

Gobierno actual

En Ecuador durante los años de gobierno de Lenin Moreno se agudizó el odio, la traición, el cinismo, el racismo, la pobreza, y la corrupción.  Todo en la sombra, escuchado, percibido, constatado en los hechos, pero oculto al debate nacional por ese pacto de silencio infame que los grandes medios de prensa, radio y televisión, hicieron con Moreno para tapar su oprobiosa gestión, a cambio de que su gobierno persiguiera al progresismo hasta destruirlo.

Con esa consigna, en el mes de octubre de 2019, los sectores financieros y oligopólicos que mueven los hilos de la marioneta presidencial, le instruyeron que subiera el precio de los combustibles para acogerse a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Para aplicar la receta neoliberal sobre sociedades empobrecidas se necesita tener un equipo de represores de primera línea. La oligarquía le dotó a Moreno de ministros sin escrúpulos para la violencia. Pusieron a María Paula Romo en la cartera de Gobierno; a Oswaldo Jarrín en la de Defensa; y alistaron las balas de goma, las bombas lacrimógenas caducadas, los vehículos antimotines, las cargas de caballería, los motorizados, los periodistas, los medios de comunicación corporativos, los voceros de redes sociales, la fiscal, y los jueces. Todo lo que iban a usar para ejecutar la más obscena demostración de la autoridad del Estado contra la sociedad civil ejerciendo su derecho a la resistencia. 

Contexto de octubre

En este escenario, Moreno subió el precio de los combustibles y los primeros en alzar su voz fueron los transportistas quienes paralizaron el país. Moreno negoció con ellos y subió los pasajes de transporte público. Esto provocó la reacción de los sectores estudiantiles y obreros que salieron a la calle a resistir.

A la par, la CONAIE anunció una movilización hacia Quito. Romo y Jarrín usaron a la policía y a las Fuerzas Armadas para reprimir. Antes de la llegada de los pueblos indígenas a Quito, las golpizas y las detenciones fueron el orden del día. No obstante, la prensa corporativa no sacaba noticia alguna. Divas y divos de TV ignoraban intencionalmente lo que ocurría.

A ese gran guerrero de opereta que habían encargado el ministerio de Defensa no se le ocurrió mejor idea que cercar la capital con tanquetas militares.

Aquí un paréntesis necesario: Moreno hace rato había huido a Guayaquil.

Dejemos la cobardía de Moreno asentada en actas y volvamos al relato.

Algún militar con buen criterio, retiró las tanquetas y la CONAIE pudo llegar al parque de El Arbolito donde tradicionalmente han acampado en sus movilizaciones hacia la ciudad de Quito.

Represión

Regía ya el estado de excepción y el toque de queda. La represión era brutal. Personas perdieron sus ojos e incluso hubo un ciudadano que cayó de un puente compelido por la persecución policial. Todo esto se sabía por la cobertura en tiempo real que los ciudadanos hacían desde sus móviles en redes sociales. Cuando la presa canalla ya no pudo ocultar más la violencia estatal, abrieron las cámaras y se concentraron en mostrar los actos vandálicos que en toda movilización social ocurren, tratando de posicionar el discurso de que Ecuador era el escenario de una subversión organizada desde Venezuela y Cuba para que caiga el gobierno de Moreno. Nada más falso. La movilización popular no quería el derrocamiento del régimen, sino la derogatoria del decreto que subió el precio de los combustibles.

Para ser más convincentes en el relato de que el correísmo estaba tras de todo esto, se produjo el incendio del edificio de la Contraloría General del Estado para crear en el imaginario popular que los manifestantes querían destruir las pruebas de la corrupción del gobierno anterior. También de manera muy oportuna se incendió la antena exterior de Teleamazonas, desatando la histeria de la burguesía.

No hay mejor aliado de la represión que la histeria de la burguesía.

Diálogo

A la noche del 13 de octubre de 2019 el país llega paralizado, exhausto e histérico. Moreno dio la cara para un frente a frente con la CONAIE donde no asomaron ni Romo ni Jarrín. De esa reunión, mediada por la ONU, salió el acuerdo de derogar el decreto con el que se incrementó el precio de los combustibles.

El país volvía a la actividad, mas no a la calma. Moreno; Romo; Jarrín; y un nuevo personaje, la fiscal Diana Salazar, empezaron el ataque artero al correísmo. Sus dirigentes fueron apresados acusados del delito de rebelión armada.

La pregunta es obvia: ¿octubre fue una victoria o una derrota?   

A corto plazo, cortísimo diría yo, fue una victoria: Moreno derogó el decreto infame. A mediano y largo plazo, con una pandemia de por medio, queda claro que octubre no fue una victoria, sino una memorable lucha de la sociedad por sus derechos y sus condiciones de vida. Una lucha que tuvo un altísimo costo en muertos, heridos, encarcelados y perseguidos. La única forma de hacer que la lucha de octubre sea una victoria es lograr que el progresismo gane las elecciones presidenciales del 2021; para así desmontar lo que el régimen venal de Moreno ha hecho después de octubre: liberación de los precios de los combustibles; atrofia del Estado; desempleo; corrupción terrible en la Asamblea Nacional; delincuencia en la administración del sistema de salud pública; reducción a niveles paupérrimos del presupuesto de la educación pública; etc.

Es impresentable en la historia del Ecuador el registro de los nombres de Lenin Moreno, Richard Martínez, Oswaldo Jarrín o María Paula Romo. Pero no hay que olvidar que encima de ellos, moviendo sus hilos de títeres, está esa casta de holgazanes que viven de nuestro trabajo, bajo pretexto de que son necesarios para dirigirnos, esos holgazanes que, como dice Kropotkin, serán siempre un foco pestilente para la moral pública. Hombres y mujeres gandules y embrutecidos que se pasan la vida buscando nuevos placeres y en quienes todo sentimiento de solidaridad para con los demás está muerto por los principios mismos de su existencia, y al contrario, los sentimientos del más asqueroso egoísmo se nutren con la práctica de su propia vida. 

La única forma de que octubre rompa el hilo de la historia del Ecuador en busca del ideal democrático; y arroje a la nación fuera de los caminos de la corrupción e impunidad, es castigando duramente al neoliberalismo en las elecciones de febrero del 2021.

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«En este momento recupero la libertad. He sido detenido dos horas y media por un error. Ese error que se mantenía vigente la orden de detención del 14 de octubre del 2019. Para el 25 de diciembre se me liberó y aun seguía vigente hasta entonces la orden. ¿Cómo es que me dejaron salir después de eso?» dijo Hernández en sus declaraciones.

“Qué clase de sistema de justicia estamos viviendo. Este hecho no es más que la muestra de la decrepitud del sistema judicial. Este es el Gobierno que en cada una de las áreas demuestra su incompetencia”, agregó el exasambleísta.

«Hoy me retienen en las casas durante un operativo. Estas son las casualidades que concuerda con lo que dijo el secretario Roldan estos hechos tienen intencionalidades que abonan en el Estado de inseguridad que vivimos en el país», concluyó.

Hernández permaneció alrededor de dos horas en la Unidad de Flagrancia en Quito. Su detención tuvo lugar en el mediodía por un agente policial que le dijo que lo tenía que llevar detenido.

Persecusión

“En el conocimiento de que Virgilio Hernández estuvo preso, se benefició de una medida cautelar internacional y aun cuando tuvo cárcel revocada le acusaron de un delito de rebelión que quedó sin eliminar del sistema judicial un año después. Es inaudito concebir un error de este tamaño dentro de un sistema integral”, dijo el abogado de soporte Fausto Jarrín a Radio La Calle.

“Es un proceso de rebelión del que se le acusa injustamente si eso no es persecución política ya no sabría que es”, añadió.

Antecedentes

El 14 de octubre de 2019, Fiscalía activa una orden de prisión contra Hernández, Christian González y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón por el delito de rebelión. De acuerdo con el ente fiscalizador, los tres ciudadanos incitaron a la violencia en las manifestaciones de octubre pasado.

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Constitución e institucionalidad, en los países tropicales, son solo palabras. Existen en su formalidad para pasar el test de civilidad que impone el orden mundial. Y tampoco es que el Orden Mundial tenga expectativas muy altas respecto del cumplimiento de la Constitución o de la fortaleza institucional de las naciones tropicales. Es más, cuando la globalización y el crédito internacional llevan a los países del Primer Mundo a realizar negocios con los países periféricos, la cláusula de rigor es someterse a jurisdicción extranjera. Ni loco un inversionista de alto estándar se arriesgaría a que sus controversias comerciales o financieras sean dirimidas por los jueces de los trópicos o se sometan a leyes que cambian de un día para otro.

La periferia en tiempos de los romanos se llamaba barbarie

En otras palabras, a los bárbaros – aquellos pueblos donde no imperaba el Derecho o la autoridad Imperial, había que tolerarles cualquier cosa. Beber en el cráneo del enemigo, el incesto, la ausencia de palabra, la traición, la cobardía o la brutalidad.

La línea divisoria entre la civilización y la barbarie ha sido fijada – desde el imaginario norteamericano – al sur del Río Grande. Cormac McCarthy en Meridiano de sangre, pone en boca del capitán White: “En México no hay gobierno. Qué diablos, en México no hay Dios. Ni lo habrá nunca. Nos enfrentamos a un pueblo manifiestamente incapacitado para gobernarse. ¿Y sabes lo que ocurre con el pueblo que no sabe gobernarse? Exacto: Que vienen otros a gobernar por ellos”.

Ambrose Bierce escribió a su hermana: “Si oyes que me pusieron contra un muro de piedra mexicano y me despedazaron a tiros, piensa que creo que es una buena manera de dejar la vida. Evita la ancianidad, las enfermedades o el riesgo de rodar las escaleras de la bodega. Ser gringo en México: ¡eso sí que es eutanasia!”.

El fino humor de Jorge Luis Borges captó la ironía de manera muy elegante y en su Historia Universal de la Infamia escribió: “Billy the Kid: el jinete clavado sobre el caballo, el joven de los duros pistoletazos que aturden el desierto, el emisor de las balas invisibles que matan a distancia, como una magia. (…) El casi niño que al morir a los veintiún años debía a la justicia de los hombres veintiuna muertes – “sin contar mejicanos”. 

¿A qué viene este cuento?

Cada día que uno se despierta en Ecuador, se siente en un país de bárbaros, casi la selva. Cada noticia que uno lee es como suelen decir las guayaquileñas de sepa, un parto de los montes.

La semana que decurre tiene como ejes noticiosos los siguientes: a) Quiebra del Instituto de Seguridad Social de la Policía; b) Aparente descalificación del binomio Aráuz/Correa y el impedimento para que Centro Democrático pueda sustituir a Correa por Rabascal en el binomio presidencial, c) Veto total al Código Orgánico de la Salud por razones religiosas; y, d) La ñisca que suele salir de la boca de los Bucaram contra el que asome.

En ese mismo orden, hagamos la autopsia de la barbarie

Es impresentable que la Seguridad Social de la Policía haya hecho negocios por cientos de millones de dólares en inversiones de alto riesgo y con empresas de papel, sin que la Superintendencia de Compañías haya prendido las alertas. Miles de millones de dólares en papeles cohete fueron vendidos a la cesantía de la policía por la más rancia oligarquía guayaquileña incluida, por supuesto, su famosa Bolsa de Valores.

Desde al menos septiembre de 2018, el órgano de control sabía del problema de las inversiones del ISSPOL y se hizo de la vista gorda. No hay que olvidar jamás que sentado en esa función de control está uno de los designados por ese ñato audaz que fue Julio César Trujillo. ¿Dónde está la barbarie? En que son cientos de millones de dólares que ahora son solo un asiento contable. Mientras la policía repartía garrote en la represión, el gobierno que la ordenó, evaporaba sus fondos de pensión. ¡C’est la vie!

En una Democracia nada es más normal que inscribir un candidato, hacer que los ciudadanos voten y respetar ese resultado. Pero acá, en los trópicos, llevamos casi un mes discutiendo si el Consejo Nacional Electoral va a permitir o no la inscripción del binomio Aráuz/Rabascal. ¿Dónde está la barbarie? En que las elecciones del 2021 parece que se van a dar con los candidatos que el albacea del poder que se llama Guillermo Lasso quiera.

En el Ecuador el embarazo adolescente es un problema de salud pública.

El aborto es punible salvo que esté en grave riesgo la vida de la madre o que el embarazo sea el resultado de violación a una mujer que padezca discapacidad mental; no obstante ser un problema de salud pública, siempre que se debate el aborto en el poder Legislativo, salen las beatas, los pastores, los numerarios, en fin, toda la feligresía a darse golpes de pecho. Y el problema de salud pública sigue ahí, nadie lo resuelve. ¿Dónde está la barbarie? En que se permita el aborto solo cuando la violada sea una mujer que tenga discapacidad mental. ¿Se cuida la vida del que está por nacer? No. Se cuida que no se degenere la especie. ¡Es de locos!

Para terminar nuestro paseo por las regiones bárbaras, ha caído preso Jacobito, lo cual, hasta para las crónicas marcianas, ya era hora. Con su casco antibalas como hombre bala de circo tropical, Jacobito fue trasladado a la cárcel de Latacunga un día después de que él mismo, con su acostumbrada inteligencia, negara que estaba en Medellín como lo informaron medios colombianos. Hasta aquí nada más que crónica roja. Lo bárbaro es que su padre Abdalá Bucaram, sin prueba alguna, en un tuit, haya dicho que el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner fue responsable de actos de corrupción durante su gestión; y que hasta el ex Presidente Correa, haya hecho eco de semejantes afirmaciones.

Un país de los trópicos donde parece que nombraron embajador de los Estados Unidos al capitán White de McCarthy; por lo que no me extrañaría que en los corrillos de la embajada, alguien dijera: los ecuatorianos no saben gobernarse, vamos a gobernar por ellos, pero para nosotros.

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Ramiro Aguilar Torres

Andrés Araúz luce solo. Está rodeado de su militancia; de toda la estructura orgánica de su movimiento político; y, aun así, luce solo. La Unidad por la Esperanza es un nombre de fantasía para algo que debió abarcar a todo el progresismo. La Revolución Ciudadana está unida pero sola; no ha logrado sumar alianzas. Acorazada en su voto duro va, lanza en ristre, a las elecciones de febrero del 2021. 

El problema es que la política tiene una lógica diferente a la de las sociedades secretas o los linajes. En política se necesita convencer a los que piensan distinto; porque los votos de los afines generalmente no alcanzan. La palabra clave es convencer, no es convertir. En política se necesitan adhesiones no conversiones. Me parece que aquí radica el problema. La Revolución Ciudadana, como consecuencia de la traición de Moreno, busca pureza de sangre en sus candidatos, lealtad a toda prueba, la lealtad del linaje.

La búsqueda de la lealtad

George R. R. Martin, ha creado el linaje literario más famoso de los últimos tiempos, la Casa Targaryen, que además de disfrutarlo en sus libros, usted puede verlos en la serie Juego de Tronos. La búsqueda de lealtad a toda prueba llevó a los Targaryen a la endogamia y la extinción. La siguiente frase lo resume todo: “Cada vez que un Targaryen nace, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo espera a ver de qué lado caerá: grandeza o locura”. Al final, su obsesión por la supervivencia del linaje los hizo perecer.

No tengo la menor duda de que Andrés Araúz como buen economista, además de político, sabrá apreciar las prioridades en política; y, como queda dicho, una de ellas es sumar. La pregunta es ¿Por qué no suma? Aquí hay dos posibles respuestas. Por una parte, puede ser que la militancia sea extremadamente quisquillosa y no lo permita; y, por otra parte, también es posible que no haya gente dispuesta a sumarse al proyecto político llamado Revolución Ciudadana 2.0.

Me parece que las dos causas interactúan sobre Andrés.  Una vez que Rafael Correa sale de escena en una cantada, ilegal e inmoral descalificación, la búsqueda de la o el candidato a la vicepresidencia se volvió compleja. La organicidad pide militancia vieja y lealtad probada hasta el martirio, lo cual es difícil conseguir si, además, el candidato debe ser empático o la candidata debe ser carismática. Ahora bien, no todo es culpa de la militancia, el miedo juega su papel. Miedo a una nueva traición en la interna; y miedo a ser perseguido en los de fuera.

Efectivamente, la escuadra de francotiradores que ese hombre sin asidero llamado Julio César Trujillo, reclutó desde el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, está lista desde la Fiscalía General del Estado; la Contraloría; las judicaturas; el CNE; el SRI, etc., para destruir a cualquier candidato de la Unidad por la Esperanza que pudiera tener posibilidades de sumarle votos a Andrés Araúz.

En este escenario, Araúz no solamente está solo, sino que, con seguridad, su plataforma de candidatos será perseguida.

Póngale usted un factor adicional: con la condena a los empresarios que dieron aportes de campaña electoral de la Revolución Ciudadana el 2014, se sembró el terror en las posibles fuentes de financiamiento de la campaña del 2021.

La tozudez de la militancia

Para ganar una elección se necesitan buenos candidatos, estructura orgánica nacional y recursos económicos; todo esto enfocado a buscar la adhesión del votante traducida en el sufragio.

Contra Araúz está la tozudez de su militancia que no admite la crítica ni hace autocrítica; la dificultad que tendrá para encontrar fuentes de financiamiento para la campaña; y la guerra sucia desatada en contra de la Revolución Ciudadana por toda la institucionalidad raptada por el neoliberalismo y la derecha.

¿Cómo salir airoso en ese escenario?

Araúz debe ser más conciliador porque de llegar a ganar encontrará un país deshecho que no podrá recomponerse sin una tregua política nacional. La crisis económica es descomunal, eso lo sienten los ciudadanos en la calle, aunque los grandes medios de comunicación corporativos la barran bajo la alfombra. Un país colérico y fraccionado solo agravará el desastre.

Otra cosa que se vuelve imprescindible es el control electoral. Los demócratas no podemos permitir que la derecha boicoteé el resultado del 2021.

En cuanto al financiamiento, en estas condiciones del país, Dios proveerá.

Solo en las manos de Aráuz está ser el “Último de los Mohicanos”, o ser un “Heraldo de la Democracia”. Pero, por ahora, es, sin duda, “el solitario Andrés”. 

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Ramiro Aguilar Torres

Voy a tratar de explicar en palabras ajenas al lenguaje frío y difícil que usamos los abogados en qué consiste el recurso de Casación; y voy a dar mi opinión sobre la última resolución de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en la que se negó el recurso interpuesto por los procesados en el llamado caso Sobornos.

El proceso penal en el Ecuador se inicia cuando la Fiscalía decide formular cargos contra una persona. Si la Fiscalía tiene evidencia de que se ha cometido un delito y presume que una persona es la responsable de haberlo causado, acude ante un juez de Garantías Penales y le pide que notifique a esa persona con la noticia de que formalmente se ha iniciado un proceso penal en su contra. Aquí se abre la instrucción fiscal donde el fiscal tiene un plazo para investigar formalmente al acusado; y éste, a su vez, tiene ese mismo plazo para convencerle al fiscal de que no ha tenido participación en el delito.

¿Qué pasa con el responsable de un delito?

Si al final de la instrucción fiscal el funcionario sigue pensando que el acusado es el responsable de la infracción, acude nuevamente donde el juez de Garantías Penales y le pide que el procesado sea juzgado formalmente por un tribunal de Garantías Penales.

En audiencia pública; oral y contradictoria; en igualdad de condiciones Fiscalía y acusado esgrimen sus pruebas y argumentos ante el tribunal que debe dictar sentencia.

Si el tribunal encuentra al acusado culpable, lo condena. De esta sentencia hay recurso de Apelación ante una de las salas penales de la Corte Provincial. En el trámite de este recurso el tribunal superior vuelve a leer el caso, valorar las pruebas y dicta sentencia confirmado o revocando la sentencia condenatoria. Si se confirmó la condena, aquí terminó el proceso ordinario. La justicia ha actuado.

La situación en Ecuador

En el Ecuador hay más de veinte cortes provinciales; decenas de tribunales penales, cientos de jueces miembros de cada uno de ellos. Cada cual puede entender la letra de la ley de manera diferente. Si en general todo párrafo puede ser leído de manera distinta, imagine usted la variedad de interpretaciones que puede llegar a tener una norma legal.

Con el propósito de que la Corte Nacional de Justicia vele por que la interpretación y aplicación de la ley penal sea uniforme, el legislador decidió hace décadas convertir al más alto tribunal de justicia del país, en tribunal de Casación.

La casación es extraordinaria (es decir, solo puede interponerse cuando se ha agotado el proceso ordinario); es limitada, es decir se la concede por razones específicamente determinadas en la ley y analizando exclusivamente la sentencia.

Acá no se valora nuevamente la prueba. No se olvide, en último término, al tribunal de Casación lo que le interesa es que la ley haya sido bien interpretada y aplicada por los jueces que condenaron al acusado. Le interesa también que la valoración de la prueba se haya hecho con lógica y de acuerdo con la ley.

El insumo de trabajo del tribunal de Casación es el texto de la sentencia. El cofre de las pruebas está cerrado ya; y no puede ser abierto ni para echarle una ojeada.

Una vez que usted tiene una idea completa de cómo funciona el proceso penal en el Ecuador; y en qué consiste el recurso de Casación, vamos a analizar lo ocurrido en el caso Sobornos.

La Ley y el Caso Sobornos

En el fondo, las interrogantes que debían ser resueltas en Casación, eran, entre otras, las siguientes:

¿Podía aplicarse la norma que tipifica el delito de Peculado (apropiarse de fondos públicos) cuando lo que se juzgaba era contribuciones de particulares no reportadas a una campaña electoral? 

¿Se aplicó correctamente la ley al valorar la prueba que consiste en un cuaderno fabricado y escrito años después de los hechos?

¿Podía aplicarse la norma del Peculado a particulares que, en vez de apoderarse de dinero público, entregaron dinero de sus empresas para una campaña electoral?  

Al apuro la Corte Nacional ha negado la Casación sin dar respuesta a estas estas cuestiones.

En lo formal, al país le urge saber bajo qué criterio la Corte Nacional de Justicia despachó en diecisiete días el recurso de Casación en el caso Sobornos, anteponiéndolo a todos aquellos recursos que fueron interpuestos previamente. 

Como consecuencia de la negación de la Casación la sentencia ha quedado ejecutoriada. Esto implica que deben ejecutarse las penas previstas en ella.

Este ha sido un juicio bufo. Una farsa política representada en las salas de los juzgados, con dolorosas consecuencias para el Estado de Derecho.

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