El Tribunal de la Corte Nacional, conformado por los jueces Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Luis Rivero sentenció a 12 años de prisión al ex ministro de Deporte, Raúl Carrión. El fallo se dio después de que la Corte consideró a Carrión y al ex director de Gestión de Servicios Institucionales, Rafael Mendoza, como autores del delito de peculado.

Raúl Carrión fue el primer funcionario de alto rango de la administración de Rafael Correa involucrado en presuntos casos de corrupción. En su contra se abrieron 12 procesos penales por delitos en contra de la administración pública. Debido a la acusación de cobros indebidos con su entonces asesor Fernando Moreno.

Investigación contra Raúl Carrión

La Fiscalía General del Estado investigó un presunto sobreprecio en la adquisición de implementos deportivos en el Ministerio de Deporte en 2007 y 2008. De modo en que, se lo acuso de perjudicar al estado en más de USD 150,000 por contratos entregados de forma arbitraria.

Según una pericia contable, ese proceso de contratación causó un perjuicio económico al Estado de USD 45,628. No obstante, durante este proceso judicial, la defensa del ex ministro de Deporte negó las acusaciones de Fiscalía y aseguró que su cliente no ha cometido ese ilícito. 

Por lo tanto, esta es la sexta condena dictada en contra del ex funcionario. En años pasados, Carrión fue sentenciado en cinco ocasiones diferentes por delitos como peculado y tráfico de influencias. De forma en que, sus sentencias suman 35 años de cárcel.

Raúl Carrión, se encuentra prófugo de la justicia desde agosto del 2020 cuando dejó de cumplir con la medida de presentación periódica impuesta por los jueces. Por lo que, tres meses después la jueza Daniella Camacho dictó prisión preventiva contra el ex ministro.

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Según los jueces, los hechos probados no son acordes al tipo penal. Además, revocó las medidas cautelares dictadas en su contra y de los otros procesados.

La resolución de la Corte determinó que “los hechos declarados probados no se adecuan al tipo penal de peculado previsto en el artículo 257 del Código Penal; y resulta jurídicamente inviable que el Tribunal declare la existencia del delito de peculado acusado por la Fiscalía.»

Asimismo, indica que los hechos podrían adecuarse al delito de aprovechamiento del cargo para realizar concesiones ilegales, conforme el artículo 257.4. O a la alteración de precios tipificada en el artículo 260 del Código Penal.

Sin embargo, señala que, conforme el principio acusatorio, el juez debe resolver declarando la existencia del delito y culpabilidad de los procesados, sobre la base de la acusación tanto desde la perspectiva fáctica como jurídica.

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