La audiencia preparatoria de juicio inició el pasado 21 de agosto y concluyó este 27 tras seis días de diligencia. Se desarrolló de forma reservada en el Complejo Judicial Norte en Quito. Lo hicieron ante Jhayya Flor debido al fuero de Corte Provincial del que goza la Prefecta.

Según el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, Pabón es la autora mediata del presunto delito. Mientras que Hernández y González son autores directos, afirmó. En su sustentación, anunció 140 pruebas testimoniales y 43 documentales.

Además, el presidente de la Corte Provincial mantuvo las presentaciones semanales ante la Fiscalía Provincial para Pabón, Hernández y González. También, tienen prohibida la salida del país y el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. Mientras tanto, tienen prohibido inmovilizar sus cuentas y enajenar bienes.

Contexto

La Fiscalía decidió procesar a los tres ciudadanos por presuntamente participar activamente en el paro nacional de octubre de 2019.

El delito consta en el artículo 336, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La audiencia preparatoria de juicio fue reservada, por tratarse de un delito contra la estructura del Estado constitucional, según el artículo 562 del COIP. Esto, debido a que el delito de rebelión está detallado en el capítulo sexto: delitos contra la estructura del Estado Constitucional. (SGA)

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“Lenin Moreno acusó con nombres y apellidos en cadena nacional a los asambleístas y líderes de la Revolución Ciudadana por el delito de liderar las manifestaciones de octubre. Esas formas de presión son auspiciadas por los medios de comunicación. Todos sabemos que se inició con los transportistas y después adhirieron otros sectores de la población”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

El abogado señaló que después del dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas en favor de los tres ciudadanos, la ministra Romo se tomó los medios para fallar el caso a favor de sus intereses. “Algunos medios tuvieron acceso a los documentos de la Fiscalía y los presentaron a la ciudadanía ejerciendo presión social”, aseguró Jarrin. 

Incongruencias en el caso

La justicia, de acuerdo con las declaraciones de Jarrín, presentó pruebas inconsistentes para detener a Pabón, Hernández y González. La institución presentó como prueba del delito de rebelión unos tuits de los inculpados.

El abogado aseguró que en este caso no existe un delito de por medio porque los ciudadanos estaban en su derecho de manifestarse. Los jueces que están a favor del caso tienen respaldo de la CIDH a pesar de que la Fiscalía tiene otra intención de por medio. “La decisión de la CIDH le permite actuar a los jueces con mayor independencia, ejecutar órdenes y una posibilidad de actuar en derecho y sin presión”, aseguró.

El día jueves 27 de agosto del 2020 se instalará una audiencia para definir el caso de Virgilio Hernández, Cristian González y Paola Pabón. Ellos actualmente gozan de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. (GG)

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