La CIDH decidió rechazar a Pigozzi como comisionado ya que obtuvo solamente nueve votos a favor. El exvicecanciller Fernando Yépez señaló que este es otro fracaso para la política exterior del régimen de Guillermo Lasso. Con el último lugar, «se evidencia una clara desaprobación regional», sostuvo.

Durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) se determinaron cuatro cupos para los nuevos comisionados. Se escogió a Christopher Arif Bulkan (Guyana), Stuardo Ralón (Guatemala), Gloria Monique de Mees (Surinam) y Andrea Pochak (Argentina). Todos duplicaron el número de votos que obtuvo Pigozzi, de hecho, Arif Bulkan lo triplicó.

En febrero de 2023, la Cancillería de Ecuador propuso a Pigozzi como representante de Ecuador para la CIDH. Organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos exigieron que se retire de manera urgente su candidatura por sus posturas retrógradas. En una ocasión, paradójicamente, señaló que las resoluciones de la CIDH no deberían tener cabida en la decisiones del Estado.

El Panel Independiente -que evalúa a los nominados a órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)- identificó inconsistencias en el perfil de Pigozzi. Si bien cuenta con la preparación académica, «mantienen posiciones que detonan retrocesos en la protección de derechos humanos» como:

• Matrimonio igualitario;
• Derecho de las parejas del mismo sexo para adoptar;
• Derechos sexuales y reproductivos; y,
• Uso del derecho penal para dirimir conflictos entre la libertad de expresión y el honor de personas y funcionarios públicos.

El Panel enfatizó que el candidato expresó públicamente contradicciones que no pudo sostener referente a los temas planteados. Asimismo, tuvo una pésima exposición sobre en la audiencia sobre su participación como perito del Estado ecuatoriano en el «caso García Ibarra y otros versus Ecuador», donde no respondió ni una sola pregunta.

Finalmente, Pigozzi ha comparecido frente a la Asamblea Nacional para hablar en contra del avance de los derechos como el matrinomio igualitario, temas LGBTI, educación sexual y acceso al aborto, según recoge Confirmado.net.

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El estado de ánimo de los ecuatorianos frente al Estado y sus instituciones también es negativo. Un 84,5 % de los encuestados considera que el país va en camino equivocado. Un 52 a 53 % presiente que la situación política y económica empeorará y un 35 % que seguirá igual en el siguiente año.

La credibilidad del Estado y la democracia en el Ecuador tiene niveles bajos. El 44 % cree poco o nada en estos dos pilares. El 17,3 % y el 23 % creíble y algo creíble, respectivamente. En cuanto a credibilidad institucional, el Gobierno Nacional (10 %) y la Asamblea (3 %) son los organismos menos creíble, mientras que la Iglesia y las universidades encabezan la lista.

Afinidades ideológicas de la ciudadanía

El 83 % de los encuestados no simpatiza con ningún movimiento o partido político. La Revolución Ciudadana / UNES llevó un 6,9 %; el Partido Socialcristiano (PSC) y CREO un 3 % cada uno; Alianza País (1,17 %); Pachakutik, Izquierda Democrática y Unidad Popular con menos de uno por ciento cada respectivamente.

Al ser preguntados por su ideología, un 73 % de los ecuatorianos no se identifica ni de izquierda ni de derecha ni de centro. Un 9,75 % se inclinó por la izquierda y un 7,09 % por la derecha. Un 3,92 % por el centro y 5,60 % no sabe qué significan estos conceptos.

El 81 % de las personas contestó que no se identifica con el «correísmo» o el «anticorreísmo». Un 12 % se percibe como correísta y un 7 % como anticorreísta.

Sobre la encuesta

La investigación se realizó en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba. Un total de 1220 personas fueron entrevistados.

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«Hay un rechazo generalizado, 70% no es poca cosa. También hay una falta de credibilidad importante”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Ávila recalcó que el Gobierno debe enfrentarse a una situación más complicada, pues su discurso no sirvió para tranquilizar a la ciudadanía. “Evidenciamos movimientos civiles y políticos pidiendo la revocatoria, la CONAIE anunciando movilizaciones”, afirmó la experta.

Además, aseveró que no se trata de hacer solo el listado de los hitos, lo importante es conectar con una idea que transite en todo lo que dice el gobierno,

“Eso le hace falta al gobierno en materia comunicacional, no solo con el Informe a la Nación, sino en general”, aseguró Ávila.

La experta sostuvo que muchas veces el primer año de gobierno fracasa porque no existe preparación ni hay un buen abordaje sobre la situación real del país.

“Normalmente los gobiernos escriben propuestas para presentar al CNE en momentos de campaña que no necesariamente responden a realidades de lo que está pasando en el país”, comentó Ávila.

También manifestó que en el tema de femicidios, Lasso solo mencionó tres veces a la mujer, a pesar de que la erradicación de violencia de género era parte de su promesa de campaña.

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“Demostrado que la Fiscalía General del Estado solo actúa cuando existen intereses políticos de por medio. En tiempo récord tramitaron la denuncia para defender los intereses de Guadalupe Llori. Cuando se trata de investigar los INA Papers, Pandora Papers y los chats del reparto demuestran absoluta ineptitud e incompetencia”, expresó UNES.

Agregaron que esa indagación se basa en “una presunta violación de una medida cautelar que fue revocada. Hoy el país es testigo de cómo la Fiscalía defiende a Llori. No les tenemos miedo. La fiscal no tiene ninguna excusa válida para atentar contra la independencia de funciones, tarde o temprano se le acabará la impunidad”.

Las intenciones de Llori

Por otra parte, la bancada del PSC rechazó la intención de Guadalupe Llori de utilizar a la función judicial y la fiscalía para sostenerse ilegalmente en el cargo “en el que ha fallado gravemente a los ecuatorianos y ha incumplido sus funciones.

“Es inconcebible que un representante legal de la Asamblea Nacional haya denunciado por actos propios de sus funciones a 93 asambleístas por cumplir su deber. Además de aceptar detenciones, allanamientos e intercepciones a teléfonos”, expresaron.

Añadieron que, de acuerdo con la Constitución del Ecuador en el artículo 128 “es claro en que ningún asambleísta es civil o penalmente responsable de las decisiones que tome en ejercicio de sus funciones. Defenderemos siempre la institucionalidad y la independencia de la Asamblea ante cualquier amenaza o interferencia de las funciones del Estado”. MIB

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“Largate infeliz. Nos tienes podridos. En el Hospital Militar no hay ni un bisturí.Fuera Lasso. Lárgate a tu casa y quédate en tu banco”, se escucha decir a los ciudadanos.

Ciudadanos vinieron desde Zamora Chinchipe para unirse a las protestas. Demandan la atención del Gobierno en la vialidad de esa provincia. “Exigimos al Gobierno que cumpla y que ponga su mirada en las provincias de Zamora Chinchipe. Desde el puente La Balsa hacia los cantones Chinchipe y Palanda no se culmina el segundo tramo. Sentimos el abandono de los Gobiernos”, dijo el asambleísta por Zamora Chinchipe, Diego Esparza.

El ministro de Transporte Marcelo Cabrera dijo a los manifestantes y a los asambleístas que los acompañaban que el Gobierno cumplirá su compromiso, pero no puso fecha para ello.

Los lojanos exigen que se termine la construcción de las vías. “Participamos de la marcha pacífica, exigiendo la culminación de 52 KM del IV EJE VIAL de la provincia de Loja, ante la Llegada del Presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso a la ciudad de Loja”, expresó el asambleísta por Loja, Manuel Medina.

Lasso, huésped ilustre

Mientras esto ocurría en las calles aledañas a la puerta de la ciudad. En ese lugar, Lasso recibía de manos de la alcaldesa Patricia Picoita las llaves de Loja. Su esposa, que siempre lo acompaña a la mayoría de los eventos, recibió una imagen de la Virgen del Cisne, patrona de la ciudad.

Gabinete Binacional

El presidente Lasso se reunió en un teatro del centro de la ciudad para discutir varios puntos con su homólogo del Perú, Pedro Castillo y los gabinetes de ambos países. Al finalizar, ambos mandatarios ofrecieron unas palabras.

“Nos queda mucho tamo por recorrer con la finalidad de resolver los puntos importantes que hemos tratado y los problemas comunes. Presidente Guillermo, tenemos que fortalecer esa unidad y terminar con estos flagelos como el narcotráfico, la tala indiscriminada, la delincuencia, pobreza, contaminación. Saludo este compromiso porque cuando nos une la historia y los pueblos, las siguientes generaciones no mirarán la frontera sino espacios de unión”, dijo Castillo.

Por su parte, Lasso informó que “trabajamos para promover el bienestar de nuestros pueblos, teniendo en cuenta el impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19 y miramos la aplicación de la agenda 2022 para el desarrollo sostenible. Coincidimos en la importancia de la apertura de la frontera común para restablecer el tránsito de personas e intercambio comercial”. MIB

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“Nuevamente se pretende vulnerar la Ley en Asamblea Nacional para tramitar al apuro denuncias que aún no han sido verificadas. Las mismas serán conocidas en orden cronológico, observando plazos y con respeto al debido proceso. La ambición ha develado su evidente conflicto de interés”, escribió la presidenta.

El asambleísta y miembro del CAL, Darwin Pereira solicitó se conozca este miércoles como puntos del orden del día, las tres denuncias presentadas por representantes de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), Unión por la Esperanza (UNES) y la bancada del Acuerdo Nacional (BAN) por incumplimiento de funciones.

Queja contra los jueces

Tras la imposibilidad de crear una Comisión para evaluar a los miembros del CAL, ya que tres jueces aprobaron las medidas cautelares presentadas por Guadalupe Llori, la bancada del PSC presentará una queja por intromisión en la función Legislativa.

“La burda y absurda injerencia de la justicia en el poder Legislativo. Nosotros rechazamos las actuaciones de estos jueces con estas medidas cautelares a la carta. Justamente cuando la Asamblea Nacional, que es un poder independiente, tenía que resolver un tema de suma importancia para su funcionamiento y el futuro de los ecuatorianos”, dijo el legislador Esteban Torres en su intervención. MIB

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“Respaldamos a los asambleístas que, con sus acciones, han sido consecuentes con el proyecto político y no se han entregado a este gobierno neoliberal. Rechazamos la ilegal e ilegítima intención de expulsión de los compañero/as: Mireya Pazmiño, Patricia Sánchez, Mario Ruiz, Fernando Cabascango, Darwin Pereira y Peter Calo”, dice parte del pronunciamiento.

Acciones ilegítimas

De acuerdo con la organización, las acciones que se han tomado dentro de la Asamblea Nacional encabezada por Guadalupe Llori, la Coordinación Nacional y la Jefatura de Bancada no gozan de legitimidad. Lo que han hecho, indican, es beneficiarse y dejar ver un “pacto claro” con el gobierno de Guillermo Lasso.

CONAIE exige que se inicien “acciones inmediatas frente a los presuntos hechos de corrupción que involucran a los legisladores Celestino Chumpi, Rosa Cerda, Gissella Molina, Edgar Quezada y Cristian Yucailla”. También que la bancada resuelva principalizar a los alternos de estos asambleístas mientras duren las investigaciones.

Expulsión de Pachakutik

La razón de la separación de estos legisladores sería desacato. El movimiento emitió resoluciones el 7 de marzo del 2022. “Los asambleístas mencionados continúan causando división del bloque, han asistido a las reuniones de la bancada, mantienen sus agendas personales y sus objetivos desestabilizadores. Han preferido el caos y hacer juego a grupos políticos que han afectado los intereses del pueblo. Contradijeron los principios y mandatos de las estructuras de la organización política”. MIB

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«El señor Carrillo, nuevo ministro, es uno de los señalados por el delito de lesa humanidad. En donde, la Fiscalía General de la Nación no ha hecho nada en esto dos años y medio», declaró Iza. El líder indígena sostuvo que el gobierno de Lasso es la continuidad del gobierno de Lenin Moreno, por lo que tendrán que seguir en la lucha.

La CONAIE asegura que continuará el proceso de un juicio internacional para obtener respuestas sobre los hechos violentos suscitados el pasado octubre 2019.  Entre los que tendrán que enfrentar dicho juicio están: el expresidente, Lenin Moreno; la exministra de Gobierno, María Paula Romo; el exministro de Defensa, Oswaldo Jarrín y Patricio Carrillo.

Carrillo en el Ministerio del Interior

El presidente Guillermo Lasso posesionó al general Carrillo como su nuevo ministro del Interior. También se anunció una nueva división del Ministerio de Gobierno que se encargará de la gestión política, mientras que el del Interior se dedicará netamente a la seguridad.

«No es tarea fácil enfrentar los problemas de la vida cotidiana (…) Sobre la seguridad se construyen los sueños y los ideales. En virtud de ella se llega al progreso», dijo Carrillo en la posesión. Además ofreció construir un sistema de seguridad integral en el país.

Patricio Carrillo fue comandante de la Policía en el gobierno de Lenin Moreno. El general en servicio pasivo declaró en la Asamblea Nacional haber hecho uso de bombas caducadas y más proyectiles, durante la represión de las protestas de octubre del 2019. “La Policía Nacional hizo uso de las bombas lacrimógenas caducadas, pero su utilización no está prohibida”, dijo en esa ocasión.

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“¡Cometen la barbaridad de sentenciarme por peculado de fondos públicos no por haber dispuesto de fondos públicos sino por haber firmado un decreto ejecutivo que reprogramó los plazos de devolución de los depósitos!”, dijo.

Mahuad indicó que es lamentable la negación de la casación. Que hay errores en la interpretación de la ley e irrespeto al debido proceso en el trámite del juicio con el que se le persiguió por 20 años y por el que se le sentenció a 8 años de prisión. El expresidente enfatiza que en este juicio no existe prueba alguna de enriquecimiento personal.

«La condena castiga la adopción de una medida económica que salvó al país de la hiperinflación y de la fuga de capitales. Medidas que se aplicaron en muchos países por motivos similares, sin que sus gobernantes llegaran a un proceso penal», indica el comunicado del exmandatario.

La sentencia condenatoria, cuya casación se ha negado, se expidió por la congelación de depósitos decretada en marzo de 1999

Ratificación de la sentencia

20 años y cuatros meses después del inicio del proceso penal contra el expresidente Jamil Mahuad, un tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) desestimó el recurso de casación y ratificó la sentencia de ocho años por el delito de peculado.

Los jueces Iván León, Wilman Terán y David Jacho declararon improcedente el recurso de casación y ratificaron la sentencia de segunda instancia. El exmandantario no puede apelar la decisión. No obstante, puede solicitar que el fallo se aclare o se amplie. Tiene tres días para interponer este recurso.

Luego del agotamiento de esos recursos, que no cambian el contenido de la sentencia, el expediente completo del caso debe volver al Tribunal de Juzgamiento para que el dictamen de ejecución de la pena.

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