Este lunes 16 de mayo arranca el nuevo semestre y los estudiantes deben concretar sus matrículas esta semana. El problema es que no todos lograron acceder ya que no se abren más cupos.

El vicepresidente de la Asociación de Profesores, Eduardo Montenegro, denunció que se ha despedido a más de 500 profesores, lo cual perjudicó directamente a más de 400 estudiantes. También denunció que el recorte presupuestario del Gobierno destinado a Educación ha provocado esta situación.

Él explica que se vulneró su derecho al trabajo despidiendo a personal con más de 5 y 10 años de labor. Por ello, considera urgente su reinserción para solventar esta crisis. Muchos estudiantes sostuvieron carteles con sus peticiones: «Contraten maestros», «Queremos cupos», «Queremos estudiar», «Queremos maestros», «Matriculación digna».

Al momento de matricularse en algunas materias, aparece el diálogo «docente aspirante», es decir, que está pendiente la asignación de un maestro y por ello se teme que el semestre sea aplazado o directamente se suspenda, según explica una estudiante.

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Asimismo, los estudiantes anunciaron que han enviado cartas a la decana de la carrera y demás autoridades, desde el 3 de mayo, para que respondan ante esta problemática. Sin embargo, aún no reciben respuesta, revelan que «no los toman en cuenta».

Por otro lado, el 13 de mayo se abren las matrículas de los primeros semestres de Medicina y, hasta el momento, la Universidad de Guayaquil no se ha pronunciado al respecto.

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«Gente poco calificada que compró su título en la Universidad Cooperativa de Colombia firma un informe de la Comisión de Fiscalización que intenta deslegitimar un proyecto que representaba los sueños de un país para cambiar su matriz productiva», dijo.

El exgerente señaló que Yachay era un referente de la educación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por su asignación presupuestaria. También comparó la inversión pública con proyectos tecnológicos como Silicon Valley.

Relató que la aprobación de Yachay contó con la firma de Decanos y expertos de Universidades como Cambridge y el MIT.

¿Errores metodológicos?

En cuanto al tema de glosas pendientes a funcionarios de Yachay, de acuerdo al exgerente, asambleístas como Ana Belén Cordero presentan errores de cálculo en este tipo de acusaciones. Afirmó que exigieron pericias judiciales para evaluar la infraestructura de los edificios señalados como riesgosos por el informe de esa comisión.

«No porque tomes una foto en Google Earth con un ángulo medio trucho vas a decir que el edificio está por caerse», aseguró.

Tres peritajes expertos de la función Judicial dictaminaron que no tenían falla estructural grave. Según Rodríguez, el abandono de 6 años por parte del Estado ha causado que las estructuras requieran mantenimiento y refuerzo. «Si hay una grieta en las gradas, no quiere decir que las columnas estén mal hechas», exclamó.

Cuestionó que el informe no responsabiliza de la deficiente construcción al contratista de la obra pública, en su caso, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y, que se pretende exponer estas fallas para destruirlas y no arreglarlas o rehabilitarlas.

Además, desmintió que el valor de inversión en Yachay que mostraba este informe es mucho mayor al monto señalado, en 2021, por el propio ministro de Finanzas, Simón Cueva.

Denuncia de pruebas fraguadas

Héctor Rodríguez expresó que los funcionarios del Gobierno intentan elaborar pruebas para demostrar una aparente red de corrupción dentro de la universidad Yachay.

«Hay una mentira estructural. Es creer que los ecuatorianos no podemos generar un proyecto de esta naturaleza. Hacernos creer que somos subdesarrollados por naturaleza y que el proyecto es inviable», dijo Rodríguez.

Como último punto, el exgerente dijo que hay mala fe en las argumentaciones políticas de actores como Fernando Villavicencio, Ana Belén Cordero y el excontralor Pablo Celi.

«Hay una postración geopolítica del Estado ecuatoriano dirigido por intereses neoliberales. Les conviene convertir al país en un país rentista. Quiere garantizar la supervivencia de negocios ociosos».

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«A China fuimos 10 personas. Antes veía volar dos aviones para llevar delegaciones de 100 o 200 personas, a costa del pueblo ecuatoriano. Yachay no tenía que pagar eso y lo pagaba y hoy no hay activos. Se han despilfarado cerca de 1.000 millones de dólares solo en ese proyecto», sostuvo.

Lasso aseguró que harán los esfuerzos para que exista la univeridad pero redimensionando el proyecto y siendo muy austeros en la administración.

El oficialismo en la Asamblea contra Yachay

El legislador por UNES, José Agualsaca Guamán, denunció que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, liderada por Fernando Villavicencio, impulsa la destrucción de la Universidad Pública Yachay «con informes maliciosos».

Según el informe realizado por la oficialista Ana Belén Cordero, Yachay tuvo una inversión de más de USD 600 mil millones que «no se justifican por la poca cantidad de graduados, matriculados y en nivelación».

También menciona que solo se han utilizado 382 hectáreas de las más de 4 mil planteadas en un inicio. El documento dice que más de 1.500 ha. productivas se encuentran abandonadas y otras 600 están siendo arrendadas.

Según Lasso, fueron 1.200 millones en inversión, pero hoy solo hay activos tangibles reales por 200 millones de dólares.

¿Qué paso con Yachay?

En 2020, el gobierno de Lenín Moreno redujo drásticamente los recursos destinados a la educación superior pública. En este recorte presupuestario estaba incluida, entre otras universidades públicas, Yachay Tech.

Los recortes impidieron que muchas mas personas accedieran a la educación superior en Yachay y otras universidades del país. Profesores y personal técnico fue despedido durante la pandemia, por lo que, las falencias se suscitaron vertiginosamente en estas instituciones.

Actualmente, el gobierno de Guillermo Lasso recortó todavía más los presupuestos, lo que ocasionó reducción de becas y fondos de investigación. Por ello, muchas labores administrativas o de mantenimiento han funcionado deficientemente en los últimos años. Este informe, de acuerdo a varios analistas, «tiene mala fe» y pretende dar excusas para clausurar o privatizar la institución.

¿Cuál es la intención del informe?

El informe también muestra 83 glosas por USD 202 millones a autoridades y contratistas. Dentro de estas empresas hay algunas chinas como CEIEC, Gezhouba y Conecuakor.

Agualsaca expresa que «al igual que Moreno, la consigna de Lasso es desprestigiar y acabar con los logros de la Revolución Ciudadana».

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En este sentido, las organizaciones y gremios educativos convocaron al Encuentro Nacional en Defensa de la Educación Pública, que se realizará el jueves 13 de enero del 2022. Según el comunicado, en este espacio se definirán las acciones de lucha, frente al Gobierno y su política neoliberal.

Las organizaciones advierten que al ratificarse la Proforma Presupuestaria, propuesta por el Ejecutivo vía el ministerio de la ley, se reducirán USD 218.66 millones para la salud pública y USD 311.47 millones para la educación.

Esta reducción de recursos implicaría falta de cupos para quienes buscan ingresar a la educación superior; menos presupuesto para mejorar la infraestructura educativa; poner en riesgo los programas de alimentación escolar, dotación de textos, uniformes y apoyo a estudiantes en situación de riesgo, programas de investigación, así como la estabilidad de la planta docente.

Asimismo, las organizaciones sociales reiteran que varias conquistas, alcanzadas con la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), corren peligro de no concretarse por falta de recursos. También enfatizan en que habrá menos becas para las universidades y sus programas de pregrado y postgrado.

“Es menester señalar que educación y salud son derechos constitucionales. La educación potencia la salud y, a su vez, salud potencia la educación; relación que lleva a posicionar estos dos derechos humanos como inseparables y prioritarios; mucho más ahora, en el actual contexto en el que se está retornando progresivamente a las aulas. Los recursos económicos son fundamentales y constituye responsabilidad del Estado garantizar el pleno ejercicio de estos y otros derechos humanos”, señala el comunicado.

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Martínez, en el noticiero La Ventana de Radio La Calle, explicó que la reducción del presupuesto, responde a decisiones de corte administrativo.

El fin de semana pasado se habrían recortado del Ministerio de Educación cerca de 577 millones de dólares, cifra muy alarmante debido a “que la educación no es un gasto, sino una inversión”.

No se debe olvidar el contexto de la pandemia que, en países como Ecuador, pasa a ser “una sindemia”, afectando los derechos de salud y educación.

“Antes de la pandemia, la integración social y económica de los jóvenes era un reto continuo y esto se ha agravado cuando se cerró la posibilidad de que algunos jóvenes de escasos recursos puedan acceder a becas en instituciones privadas”, explicó.

Los más afectados

Las decisiones tomadas por el Gobierno de Guillermo Lasso en cuanto a la reducción del presupuesto para educación, afectan directamente a los jóvenes. Como sociedad se esperaba una reforma educativa que brinde seguridades a los estudiantes y lo único que se obtuvo fueron más complicaciones.

“La reforma de la ley de educación superior consta de 9 artículos, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria. No sentimos un cambio en estos artículos; es más, 4 de ellos se destinan específicamente a eliminar la gratuidad de los cursos de nivelación; lo cual representa un golpe al bolsillo de los jóvenes y de las familias”.

Finalmente, estos recortes presupuestarios no deberían producirse, pues los derechos “no son favores ni mucho menos regalos y deben ser exigidos”.

Roberto Hidalgo Averos, redactor

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El manifiesto, socializado el 18 de febrero, detalla que, en 10 años, la CCE ha soportado disminuciones considerables de recursos y de personal. «Cada año va empeorando la gestión cultural de esta institución por falta de recursos económicos», dice una parte del escrito.

La CCE culpa al poder político «por dejar en el olvido el eje de cultura dentro de los procesos de desarrollo económico. El objetivo de la institución es coadyuvar al desarrollo de los derechos culturales y principios pragmáticos. Estos se han visto violentados por la falta de incentivos económicos».

Pablo Salgado Jácome, periodista y escritor, comenta que este manifiesto responde a los varios recortes económicos que ha sufrido la CCE. «Ahora hay uno incluso superior al 20% de su presupuesto en un periodo electoral», dijo.

“El Gobierno nunca entendió que la cultura es también un bien esencial, como sí lo han entendido otros países de América Latina” comenta Salgado. Explica también que el beneficio de impulsar la cultura es su contribución a mitigar las consecuencias del confinamiento por la pandemia.

Sin embargo, para el analista, el presupuesto destinado a la cultura resulta «desmedido frente al rol y el papel que desempeña la CCE».

La CCE inició el año con una reducción presupuestario del 20%. Hace poco, el ministerio de Economía y Finanzas aplicó otro recorte de cerca de 800.000 dólares, que afecta, según la CCE, la gestión operativa de los Núcleos Provinciales.

Responsabilidades de la Casa de la Cultura

Salgado afirma que la situación que vive la CCE es una responsabilidad compartida por la institución. “La CCE ha tenido una gestión ineficiente en los últimos años. Solo cuatro núcleos han logrado renovar y desarrollar actividades directas con los gestores culturales, el resto de núcleos ha vivido en la mediocridad e ineficiencia”, manifiesta.

Plan de acción emergente

Néstor Camilo Restrepo, presidente de la Sede Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, emitió un plan de acción de fondo emergente, el 21 de abril de 2020 para el sistema nacional de cultura.

Su comunicado estuvo dirigido al presidente de la República Lenín Moreno, a Richard Martínez, ministro de economía y finanzas y a Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio.

Una parte del proyecto proponía que el gasto de inversión del presupuesto total, más de tres millones de dólares, forme parte de un fondo destinado al pago de sueldos básicos de artistas y gestores.

Este sueldo debería utilizarse en la creación de productos artísticos a ser entregados de forma digital y luego en formato físico.

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“Con respecto a la pretensión predominante de las demandas acumuladas en esta causa, de que se restituya el presupuesto a las universidades públicas bajo las características constitucionales, legales y técnicas que revisten de predictibilidad a las transferencias correspondientes a las preasignaciones para gastos permanentes en educación superior es materialmente irrealizable”, dice una parte de la sentencia.

Esto porque la recaudación tributaria proyectada a inicios de año no se cumplirá por las apremiantes circunstancias económicas en el contexto de la crisis sanitaria.

“No es factible, entonces, ordenar mediante sentencia que se restituya una cantidad de dinero. Cantidad que muy probablemente no se recaude en un ejercicio fiscal determinado”, explica el documento.

Los hechos

El pasado 12 de mayo, el Pleno de la Corte Constitucional dispuso a las autoridades del Ministerio de Finanzas, las medidas respecto al aspecto presupuestario de las instituciones de Educación Superior.

“Disponer a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades de la función ejecutiva que corresponda. Que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias. Las cuales puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior”, decía la sentencia en esa ocasión.

De manera que, con la nueva sentencia esta disposición queda sin efecto, y en consecuencia, el Ministerio de Finanzas (MEF) decidirá el destino del presupuesto a la Educación Superior. Monto, que a juicio del MEF, se realiza acorde a las ley y el presupuesto general del Estado.

Antecedentes

El 2 de mayo, se dio a conocer que el gobierno recortó USD 98 millones en presupuesto de 12 universidades públicas. Entre esas están: Universidad de Guayaquil, Universidad Central del Ecuador, Universidad de Cuenca, Universidad de las Artes, Escuela Politécnica Nacional, entre otras.

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El órgano electoral tiene previsto optimizar USD. 1’538.191 debido a la crisis económica que atraviesa el país debido el pésimo manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno.

Aunque no hay un pronunciamiento oficial, en el órgano electoral se conoció que se prepara una propuesta de optimización de recursos para enviarla al Ministerio de Finanzas.

Esta propuesta contempla, por ejemplo, comprar renuncias a 29 personas y suprimir 16 puestos, por USD. 376.321.

Entre los funcionarios hay incertidumbre, “hay quienes prefieren firmar el convenio antes que perder el trabajo”, contó un colaborador que pidió el anonimato.

Declaraciones de los Consejeros

El 27 de julio el consejero José Cabrera indicó en una entrevista que «existe preocupación en el tema presupuesto para las elecciones del 2021 (…) Se aprobaron algunas modificaciones al plan operativo de las Elecciones 2021 y esperamos en los próximos días tratar el presupuesto electoral».

Agregó que una vez que el Pleno del CNE apruebe está planificación presupuestaria, se pasará a Ministerio de Finanzas para su aprobación.

Por otro lado, el consejero Luis Verdesoto insiste en aplazar calendario electoral y agrega que el presupuesto debe ser aprobado por el Pleno del CNE.

Por su parte, Diana Atamaint, presidenta del órgano electoral, mencionaba en julio que esperaban aprobar el presupuesto hasta ese mes, sin embargo esto no ocurrió.

Atamaint, finalmente afirmó este 6 de agosto que el presupuesto para las Elecciones 2021 se aprobará en los próximos días en el Pleno del CNE.

Los rubros a contemplar

Las autoridades del CNE han manifestado la necesidad de realizar elecciones austeras, deben contemplar el presupuesto para la campaña electoral de las organizaciones políticas.

Esta campaña se realizará en su mayoría a través de internet debido a la pandemia, es así que los medios digitales participarán de la promoción electoral.

También deben contemplar el gasto en impresión de papeletas de votación, capacitaciones y suministros para el proceso electoral, además de los materiales de bioseguridad para el cuidado de funcionarios y ciudadanía.

Los recortes presupuestarios

En octubre del 2019, el CNE desvinculó a 574 trabajadores debido a la falta de presupuesto para pagar los salarios correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y el décimo tercer sueldo. Algunos de ellos fueron reintegrados con una remuneración menor o reasignados en sus funciones.

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