Los bonos fueron renegociados en 2020 y tienen plazos en 2030, 2035 y 2040. La esperanza del gobierno es que este pago «alivie en algo» la crisis económica que atraviesa el país. Además, asegura que los mercados «están atentos y optimistas de creer que el Gobierno sí pagará los bonos».

De la misma manera, en su afán de conseguir recursos para cancelar este proceso, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega; y su viceministra Ana Cristina Avilés mantuvieron reuniones con «prestamistas de Estados Unidos«. El principal en la lista el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otra parte, el economista Marco Flores detalló en los últimos tres meses el país pagó USD 1076,5 millones por la deuda externa de la siguiente manera: noviembre 2023: USD 534,4 millones; diciembre 2023: 269,1 millones y enero 2024: 273 millones

«Pero los neoliberales criollos tratan de aterrorizar a los ecuatorianos y dicen que la economía está al borde del colapso», expresó en su cuenta de X.

Del otro lado de la moneda

Mientras el gobierno desembolsó los pocos recursos que tiene el país en el pago de esos bonos, pide a los ecuatorianos de clase media y baja «arrimar el hombro» para salir de la crisis y «transformar el país», alejando de este propósito -de cierta manera- a la banca y los grandes contribuyentes. Como si eso no fuese poco, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para combatir el crimen organizado y la crisis social y económica que proponía el aumento del IVA al 15 %.

Según el mandatario, ese incremento no afectaría a la mayoría de los ecuatorianos porque los productos de la canasta básica no suman IVA. Sin embargo, el economista aludió que en este nuevo propósito no se considera las prendas de vestir y otros de primera necesidad.

Además, médicos, profesores, servidores del sector público y miembros de los GAD’s «claman» por ayuda del gobierno para solventar la crisis de inseguridad que día a día cobra la vida de cientos de ecuatorianos.

Un chiste de mal gusto

En el segundo informe del proyecto que iba a analizar la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, se implementó una artículo en el que pretendían cobrar otro impuesto a los servidores públicos y privados que ganen más de USD 1000.

No obstante, se redujo el impuesto que debía pagar la banca por sus utilidades al 15 %. En el primer debate, la jefa de bancada del oficialismo, Valentina Centeno, alegó que las entidades bancarias debían pagar un impuesto que iba desde el 10% al 25%, dependiendo de sus utilidades.

Los legisladores que analizaron el documento no dieron paso a las últimas condiciones del Gobierno y decidieron eliminar del informe el doble impuesto para servidores públicos. De la misma manera, se fijó el porcentaje que debía pagar la banca.

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En el documento, emitido por el ministro de Economía, Pablo Arosemena, mencionó que las instituciones que dependen del Presupuesto General del Estado (PGE) no podrán realizar nuevas contrataciones y tendrán una disponibilidad limitada de recursos.

Por su parte, los bloques aseguraron que esto solo una pretexto más para «boicotear la transición inmediata y prolongar innecesariamente el gobierno de Lasso». Recalcaron que no es «de buena fe» que dejen que las instituciones se manejen sin presupuesto y personal adecuado.

«Un oficio memorándum, carente de jerarquía normativa, no está por encima de la Constitución o la Ley», detalla el comunicado.

Además, le exigieron al régimen que «detenga estas y otras decisiones de última hora que solo afectan el trabajo de las entidades.

El documento lleva la firma de Actuemos, Avanza, Construye, Gente Buena, Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica, Revolución Ciudadana, Reto y Suma 23.

Tarde como siempre

Luego de que las nueve organizaciones políticas se pronunciaran por los recursos, el régimen emitió un comunicado en el que indicó que la Asamblea Nacional recibirá todos los recursos para el cumplimiento de sus funciones.

Según él, el Ministerio de Finanzas garantizará la entrega de los recursos y esas directrices «no afectan el normal funcionamiento de otros poderes del Estado».

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Justin tiene 11 años de edad y ha pasado la mitad de su vida luchando contra esta enfermedad que ataca a los tejidos de su cerebro. Tuvo que suspender su tratamiento porque su familia no tiene dinero para los medicamentos.  

A ello se suma la falta de recursos del hospital Baca Ortiz, lugar donde recibe atención médica, pero no le entregan la medicina necesaria.

Las razones varían. “El 38% lo hizo por falta de recursos económicos, mientras que el 27% fue obligado por la falta de medicamentos”, explicó la fundación.

Otra causa que provocó la suspensión de tratamientos fue la pandemia de Covid- 19 (21%) y la dificultad de movilizarse desde sus hogares hasta los hospitales (14%).

Este estudio revisó los casos de 515 pacientes con cáncer en el Ecuador. Gabriela Garcés, vocera de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, explicó que los pacientes que abandonan o suspenden, pierden una parte sus posibilidades de supervivencia. “Las medicinas pierden su efectividad, pues el organismo se vuelve resistente”, expresó.

A partir del estudio, el 32% de los cuidadores de los pacientes cuentan con un empleo estable. “De ellos, el 43% gana entre USD 250 y USD 450, es decir, menos del salario básico. Y solo el 10% tiene ingresos mayores a USD 701” explica el estudio.

Los jóvenes con esta enfermedad tienen menores posibilidades de conseguir un empleo. El estudio indica que el 81% no tiene empleo y dependen económicamente de un familiar.

En cambio, el 45% se encuentra bajo el cuidado de su madre, el 30% depende de dos padres. El 14% vive con sus tíos o primos. Otro 9% depende de su cónyuge y el 2% no posee ningún familiar.

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A pesar de que el deporte es declarado como ‘política de Estado’, nuevamente la delegación nacional debe solicitar con urgencia los recursos financieros para que los deportistas puedan viajar y establecerse en la sede de los juegos.

Una situación similar sucedió con los Juegos Bolivarianos 2022, en Valledupar, Colombia. El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) anunció en mayo de este año que el país no podría participar en los Bolivarianos. La causa fue la asignación tardía del presupuesto por parte del Ministerio del Deporte.

Carta al ministro del Deporte

El presidente del Comité Olímpico, Jorge Delgado, envió una carta al ministro del Deporte, Sebastián Palacios, exigiéndole y recordándole el cumplimiento de la asignación presupuestaria.

“Nos encontramos a solo 46 días de la inauguración de los XII Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, y aún no notifican al Comité Olímpico Ecuatoriano sobre el techo presupuestario para estos Juegos”, detalla en el documento.

Delgado aseguró que, sin la asignación de recursos financieros no existe la posibilidad de iniciar los trámites de contratación pública para la adquisición de pasajes, que podrían ir más allá de los altos costos.

El retraso se da pese a que hace cinco meses la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia enfatizó que era necesario convertir al Ecuador en un referente deportivo a nivel regional y mundial.

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Sus duras palabras se interpretaron mal por algunos. No se queja de quienes lo seguimos y nos alegramos con sus logros. Se queja por ser la excepción y por haber visto a muchos potenciales excelentes ciclistas quedarse en el camino. Se queja a nombre de todos quienes ganan -a pesar- del Ecuador. Incluso a nombre de quienes perdieron esa guerra…

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Según el decreto ejecutivo, el Ministerio de Finanzas, Trabajo y Gobierno son responsables de «realizar todas las acciones legales y administrativas que requieran para la implementación».

El pasado 14 de agosto, el ministro del Interior, Patricio Carrillo indicó que el proceso «lleva algunas complicaciones. Aún comparten presupuesto con el Ministerio de Gobierno.

«Vamos a pedir una prórroga por una serie de consideraciones. Ahí hay procesos de carácter legal que deben llevarse. Y en estos cuatro meses que ya han transcurrido, hemos venido trabajando en políticas públicas de seguridad», dijo el funcionario.

Silencio de las otras instituciones

Expreso pidió detalles sobre los trámites legales que faltan por cumplirse, pero el Ministerio de Gobierno y del Interior no contestaron. Tampoco el Ministerio de Finanzas, quien es el encargado de entregar un detalle del presupuesto entregado.

Mientras tanto, la inseguridad campea en el país. Carrillo argumentó que fenómenos como explosiones, sicariato y enfrentamientos entre bandas ocurren en lugares donde la geografía ayuda al narcotráfico, es decir la Costa. Según el ministro, esto no ocurre ni en la Amazonía ni en la Sierra.

Tras la explosión en el Cristo del Consuelo, se han decomisado explosivos fabricados de forma casera. El funcionario no detalló la cantidad de estos artefactos.

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“Estamos en una posición difícil ya que no hemos recibido la asignación fiscal desde enero de 2022. Recibimos ese presupuesto desde 1994 cuando empezamos a formar parte de un contrato con la Casa de Cultura (CEC). La negociación está estancada. El MEF ha entregado USD 1’200.000 de nuestra asignación. Somos 100 empleados que estamos esperando esa asignación”, dijo a Radio La Calle

“La nueva administración de la Casa de la Cultura consideró que no deben tener elencos nacionales. Nuestra asignación se entregó a la CEC y a otras instituciones como la biblioteca Aurelio Espinoza Pólit. Así aniquilan al Ballet Nacional del Ecuador y la posibilidad de llevar un mensaje artístico a las demás provincias del país”.

“Si yo me candidatizo para la dirección de la CCE, debo saber cómo conseguir nuevas rentas porque los recursos entregados son exiguos. Hace falta una gestión más importante por parte de la CCE para conseguir nuevas fuentes de financiamiento para permitir el desarrollo de la cultura”.

En los últimos cuatro años, el Ballet ha realizado 4.116 presentaciones y por sus aulas han pasado 11.100 estudiantes que buscan promover este arte en todo el territorio ecuatoriano. MIB

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No obstante, los recursos no van a desembolsarse automáticamente. El desembolso depende del desarrollo de los proyectos, muchos de los cuales tardarán hasta 10 o 20 años en materializarse. Según las cifras del Ministerio de Producción, los contratos firmados en 2021 desembolsarán USD 338 millones en 2022, USD 490 millones en 2023, USD 231 millones en 2024, USD 157 millones en 2025. La cifra en 3032 será de USD 3 millones y en 2035, USD 0, 06 millones.

De los contratos firmados en 2022 se desembolsarán USD 1.044 millones en 2023, USD 601 millones en 2024, USD 193 millones en 2025, USD 105 millones en 2026. Para 2036, la cifra será de USD 4 millones.

Inversiones en el país

Del total de inversiones en Ecuador, el 18% es en la rama industrial, el 17% en la minería. Un 16% en el área energética, el 13% en la acuicultura, un 6% en manufactura, el 5% en tecnología. Agroindustrial y transporte tendrán el 4%, 3% para el turismo. El 2% para agricultura, biotecnología, forestal, salud y el 1% para construcción, educación y servicios.

Entre los inversores están, según recoge Primicias, Colegios del Ecuador Coldec, cuyo único accionista es Intercorp, invertirá USD 17,3 millones para la apertura de una cadena de colegios para el estrato socioeconómico medio, en Pichincha y Guayas.

Cened Centro Educativo Crear invertirá USD 3 millones en la apertura de una unidad educativa en Samborondón, en la provincia de Guayas.

En la salud están los proyectos Hospital Santiago destinará USD 49,3 millones para la construcción del primer hospital con la afiliación al Baptist Health del Sur de la Florida, en Sambarondón, en Guayas.

Savercorp invertirá USD 19,6 millones en la implementación de una clínica-hospital de tercer nivel de complejidad asistencial docente en Daule, en la provincia de Guayas. MIB

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Almeida indicó que «debido a una fuerte intención de poner trabas al trabajo institucional por parte de los consejeros: María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Hernán Ulloa no fue posible aprobar el plan anual de contratación y el presupuesto», explicó en un comunicado.

De acuerdo con la ley el plan anual de contratación debe publicarse dentro de los 15 días del año en la página web de las instituciones. «Esta situación no permitirá al CPCCS cumplir con sus obligaciones administrativas ni operativas, pagar sueldos a funcionarios y continuar con los procesos de designación de autoridades».

A juicio de la presidenta, hay intereses políticos que quieren interferir con el trabajo de la institución e hizo un llamado a la ciudadanía a defender el CPCCS.

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La agencia Hipermarket Vía a la Costa, Parque California, VES CFN en Guayaquil. La Agencia Shopping Durán. Las agencias de Daule, Santa Elena, Shopping Quevedo, Mall de Pacífico en Manta cerrarán sus puertas.

Asimismo, las agencias Cumbayá, Mitad del Mundo, San Luis y el Recreo en Quito. La agencia Principal en Latacunga, Ficoa en Ambato, Laguna Mall en Ibarra. También las agencias de Cayambe, el Puyo y Tulcán.

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“Optimización de recursos”

“Informamos que, en línea con nuestro programa integral de optimización de recursos, hemos tomado la decisión de cerrar la agencia; sin embargo, ponemos a su disposición nuestros canales electrónicos para realizar sus transacciones financieras de manera ágil y segura”, contestó en Twitter el banco.

Además, agregó como respuesta que los canales electrónicos seguirán útiles para los usuarios del este servicio financiero.

•Banca Virtual Intermático

•App Banca Móvil

•Cajeros Automáticos

•App Onboard BdP

“Recuerde que también puede acercarse al punto afiliado ‘Tu Banco Aquí’ más cercano para transacciones y pagos de servicios”, indicó el tuit.

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«Negar el recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto por los señores Yaku Sacha Pérez Guartambel, candidato a la Presidencia de la República y Marlon Santi Gualinga, y coordinador nacional y representante legal del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Listas 18, en contra de la Resolución Nro. PLE-CNE-1-26- 2-2021», dice el comunicado.

El pedido buscaba que el TCE solicite al Consejo Nacional Electoral (CNE) la reapertura de urnas en 16 provincias del país.

Segunda vuelta

Con la negativa, el resultado oficial del CNE sobre los candidatos a segunda vuelta se mantiene en pie. De manera que, Guillermo Lasso (CREO -PSC) y Andrés Arauz (UNES) estarán en la papeleta del próximo 11 de abril.

De acuerdo con el cronograma para la segunda vuelta, la campaña empezará el 16 de marzo y finalizará el 8 de abril próximo. El debate presidencial tendrá lugar el próximo 26 de marzo con un nuevo Comité que trabaja para su desarrollo.

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«Hubo dobles intenciones del gobierno anterior hacia ustedes. No solo nos dejaron con la caja fiscal vacía sino también sin los recursos para su equipamiento», dijo el presidente en su discurso.

Añadió que la final cumplieron la tarea y pudieron dotar de más de seis mil armas a los miembros de la institución. También habló sobre el combate al narcotráfico y el trabajo de la policía en estos cuatro años.

No les ha tocado una tarea fácil. No serán un grupo de personas que buscan minutos de fama en una pantalla quienes les enseñen cómo proteger a la ciudadanía y hacer su trabajo», expresó.

Los problemas de la policía

El Comandante General de la Policía, Patricio Carrillo se refirió a los amotinamientos en la cárceles del país que costaron la vida de 79 privados de Libertad. «La Policía no se encarga del control de las cárceles. Ofrecemos nuestra ayuda, pero no tenemos injerencia», precisó.

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño en cambio se refirió al caso ISSPOL que está en investigación y dejó cinco detenidos. «El problema no está resuelto. debemos mantenernos vigilantes de las acciones. Esperamos que el nuevo Gobierno lo haga con la misma entrega».

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«El Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá los recursos económicos necesarios para el proceso de reconteo de votos relacionado con las elecciones presidenciales del 7 de febrero», dice el comunicado.

El gobierno garantiza al CNE «la disponibilidad del presupuesto que requiera para evidenciar un proceso electoral transparente que fortalezca la democracia del país».

El equipo de comunicación del CNE le dijo a Radio La Calle que el organismo trabaja en el proceso operativo para empezar el reconteo.

Reconteo de votos

El Consejo Nacional Electoral en compañía de los candidatos presidenciales Yaku Pérez y Guillermo Lasso acordó realizar un reconteo del 100 por ciento de actas electorales del Guayas y un 50 por ciento de 16 provincias del país.

El proceso se realizará con la presencia y aprobación de veedores internacionales y se transmitirá en vivo por canales del Consejo Nacional Electoral. Preliminarmente, se conoce que el tema iniciaría el lunes 15 de febrero.

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«Desechar el recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto por los señores Carlos Arboleda Heredia y Wilson Edmundo Freire Castro, por falta de legitimación activa», indica la sentencia del TCE.

Para el juez Torres, los demandantes no justifican cómo la legalidad de la candidatura del binomio Arauz-Rabascall vulnera sus derechos. Por esa razón, carecen de la legitimación activa para interponer un recurso.

Candidatura en firme

El pasado 30 de octubre, el CNE aprobó al binomiio Arauz-Rabascall, una vez que Michael Aulestia del movimiento Ahora interpuso un primer recurso que dilató la inscripción de esa candidatura.

En cambio, el pasado 8 de diciembre, el CNE inadmitió la primera petición de Arboleda y Freire sobre la legalidad del binomio de UNES. La decisión de rechazar este recurso dio paso a la candidatura en firme del binomio.

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“Terminamos el año sin ejecutar nuestra planificación, sin obra pública porque la fórmula que se ha llevado es muy drástica, sanciona la falta de atención de una administración ¿cómo ejecutamos la administración si no tenemos recursos? Por lo tanto, para el siguiente año disminuirán aún más nuestro presupuesto”, dijo Delgado en el programa Causa Justa.

Un ejemplo de esta reducción es en la prefectura del Azuay por la administración en 2019 de Yaku Pérez que terminó en la reducción de USD 8 millones. «No puede el pueblo pagar la ineptitud o ineficiencia de un alcalde o un prefecto. Los recursos propios de cada municipio nos han permitido sobrevivir», acotó.

Las deudas por patrimonio e IVA acumulan ya tres años. El gobierno central debe más de USD 1.200 millones a los GADS. Como no existe una ley que determine un plazo o responsabilidad no se entregan los montos.

Desigualdad en los municipios

A la hora de repartir recursos, existe una desigualdad en los 221 municipios del país. «No todos tenemos la misma particularidad. Hay municipios muy pobres que no tienen tributos, que no tienen empresas, que son netamente rurales (…) No podemos comparar esos municipios con ciudades como Quito, Guayaquil que tienen gran parte de su presupuesto financiados por créditos».

El pasado 6 de diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió el acuerdo ministerial 0092 en el que se deroga el acuerdo 072; con esto se formarán mesas técnicas que regulen la asignación de recursos a los GAD. Lo que llevó a cancelar la movilización nacional de la AME del 7 de diciembre.

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El Concejo Metropolitano publicó la información que analiza un recorte de más de USD 200 millones en el presupuesto para la ciudad de Quito. En un inicio, el cabildo proyectaba la inversión y gasto de alrededor de USD 1.077 millones. Sin embargo, los análisis del Concejo evidencian una caída de más de USD 248 millones frente a la proyección original.

Según Chalá, la preocupación principal radica en los temas de inclusión social, promoción de derechos y atención a grupos prioritarios. Estas áreas que se verán afectadas por las medidas de ajuste.

Para enfrentar el déficit, Chalá propone tomar por horizonte una visión de ciudad. Allí, el Municipio de Quito deberá tomar decisiones sobre para quiénes administrar prioritariamente la ciudad. Debe dar preferencia a la inversión en salud, educación e inclusión social.

El Gobierno tiene a los Municipios en crisis

La principal causa de este forzoso ajuste presupuestario radica en el incumplimiento del Gobierno Nacional con las asignaciones presupuestarias correspondientes. Más de 1000 millones suma la deuda del Estado con los gobiernos locales.  La vicealcaldesa del cabildo espera que esta crisis que enfrenta el Gobierno no sea un pretexto para favorecer a otros sectores.

A criterio de la concejala, el mal manejo de la pandemia, la falta de capacidad del Gobierno central y la acumulación de deudas con los GADs son los elementos que han coadyuvado a la situación actual y han forzado los ajustes presupuestarios. “Nos tiene a los municipios en crisis” comentó la vicealcaldesa. (JEB).

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«Somos todos los alcaldes agrupados en la regional cinco del país; solo al Municipio de Santa Lucía se le deben más de 2,2 millones de dólares, es decir cuatro meses de asignaciones presupuestarias», dijo a periodistas Edson Alvarado, alcalde del cantón Santa Lucía, ubicado en la provincia del Guayas.

En la mañana del 11 de agosto, liderados por varios alcaldes, trabajadores bloquearon con maquinaria pesada tres vías de Guayas y Los Ríos que conectan con Guayaquil.

La consigna

Gritando consignas como «el pueblo unido jamás será vencido» y con pancartas en las que exigían el pago de los recursos adeudados, los funcionarios de los cabildos movilizados se instalaron junto a los vehículos impedidos de circular.

Durante alrededor de dos horas, largas filas de vehículos no pudieron circular por las vías bloqueadas hasta que la Policía Nacional tomó el control de la situación.

Alvarado calificó de preventiva la protesta y advirtió que se tomará otro tipo de acciones si el gobierno no atiende las obligaciones por USD. 285.273 millones que mantiene con los cabildos por concepto de transferencias y por devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Días atrás, Raúl Delgado, presidente nacional de AME, dijo que todavía no se logran acuerdos sobre el pago de los valores adeudados por el Gobierno a los 221 cantones del país. Estimó en más de 1.000 millones de dólares la deuda que mantiene el Gobierno ecuatoriano con los cabildos.

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