“Tras muchos años sumando apoyo y dialogando, hoy por fin podemos celebrar la aprobación de este proyecto que reduce la jornada laboral, un proyecto pro-familia que apunta al buen vivir de todas y todos”, celebró el presidente Boric. La alegría del oficialismo también era evidente en la Cámara de Diputados y Diputadas. “Es una buena noticia para la política. Hoy demostró que puede estar a la altura de los desafíos que plantea el pueblo de Chile”, dijo la portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, emocionada hasta las lágrimas.

Vallejo, militante comunista, presentó el proyecto de ley cuando era diputada en 2017. Durante su campaña, Boric se comprometió a sacar adelante la iniciativa. La ministra del Trabajo, Jeannete Jara, lideró las negociaciones con la oposición y con los distintos sectores empresariales afectados, donde se realizaron varias modificaciones para lograr un acuerdo transversal. “Es un gran día para las personas que viajan en las micros [autobuses] y dejan a los hijos dormidos porque se van muy temprano en las mañanas o vuelven muy tarde. Este es un proyecto que va a contribuir enormemente a nuestra calidad de vida”, sostuvo Jara, también comunista.

La reducción de la jornada ordinaria de trabajo pasará de 45 a 44 horas al primer año de publicada la ley, a 42 horas al tercer año y a 40 al quinto año. Estos son plazos máximos, pero un empleador puede anticiparse. En junio del año pasado, el ministerio del Trabajo creó el sello 40 horas, una certificación que reconoce a las empresas que ya aplican la jornada laboral reducida. Más de 500 –sobre todo pequeñas y medianas– lo han obtenido.

Con esta ley, que está prevista que se promulgue el 1º de mayo, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, Chile se sumará Ecuador y Venezuela como los únicos países de América Latina en lograr las 40 horas semanales de trabajo, el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hasta ahora, el país sudamericano era el tercero con más horas del organismo, solo detrás de Colombia y México, donde la ley establece 48 horas. El Gobierno colombiano de Gustavo Petro presentó una reforma laboral que incluye reducir la jornada a 42 horas -gradualmente, una hora menos por año-.

América Latina es una de las regiones con jornadas laborales más extensas: Brasil, El Salvador y Guatemala trabajan por ley entre 42 a 45 horas semanales, mientras que Argentina, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, además de los ya mencionados México y Colombia, 48 horas, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), informa AFP.

En la discusión del proyecto, el Gobierno cedió ante varios puntos relacionadas a la flexibilidad laboral. La futura legislación, por ejemplo, permite que una vez que las empresas implementen las 40 horas puedan, en acuerdo con los trabajadores, implementar jornadas de cuatro días de trabajo (10 horas diarias) por tres de descanso. También compensar las horas extraordinarias por hasta cinco días feriados y jornadas especiales para quienes trabajan en minería, transporte o en el mar. Sobre la opción de que las modificaciones impulsen a los empleados a buscar un segundo trabajo en vez de priorizar el descanso, la ministra Jara afirmó: “No solamente tenemos que avanzar en la reducción de la jornada laboral, sino también en mejorar la distribución salarial de los trabajadoras y trabajadores”.

La normativa incluye medidas de corresponsabilidad, que apuntan a conciliar la vida laboral, personal y familiar, con lo que se espera, en particular para las mujeres, ampliar las posibilidades de empleo y con mayor estabilidad. Contempla bandas horarias que permitan un ingreso y salida diferenciados al trabajo, adaptables en una ventana de hasta dos horas. Ese tiempo podrá utilizarse por madres o padres con hijos o hijas que tengan menos de 12 años, y también por la persona que tenga a su cargo el cuidado personal de estos últimos. También establece el apoyo directo de la Dirección del Trabajo y del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) a las micro, pequeñas y medianas empresas para la implementación de las 40 horas.

Redacción: El País

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En 2022 se espera cerrar con un déficit fiscal (más gastos que ingresos) de máximo USD 2.400 millones (2,2% del PIB). El objetivo para 2023 será reducir más esa brecha y llegar a alrededor de $670 millones (0,6% del PIB), reseña diario La Hora.

Pero ¿realmente funciona reducir el presupuesto estatal? Para el economista Marco Flores esa no es una solución. “No tiene la menor idea de las implicaciones de lo que anuncia. Primero, no es posible sin terminar de destruir la ejecución presupuestaria. El BCE, el FMI, el Banco Mundial, la CEPAL, anuncian que la economía ecuatoriana (PIB) en 2022 crecerá menos de 3% anual”, explicó el experto a Radio La Calle.  

“Segundo, sin crecimiento económico suficiente y estable, la reducción del déficit y el pago de la deuda pública solo puede realizarse liquidando la inversión social pública y la ejecución presupuestaria muy por debajo de lo programado con los efectos destructivos que semejantes acciones producen en lo social y económico”, indicó.

Presupuesto de base cero

Otra de las ideas de Arosemena es implementar el presupuesto de base cero, algo que no se había puesto en práctica antes en el país. “Para la proforma del próximo año estamos escogiendo, seleccionando, ciertas entidades del sector público. Por primera vez en la historia de Ecuador, estamos haciendo presupuesto base cero”, dijo en una reunión con el sector privado.

Para Flores, esta herramienta supone un problema de implementar en el Ecuador. “Suena bien y es una buena propuesta académica si se cuenta con un equipo profesional del más alto nivel y experiencia, claramente choca con la realidad económica y social del país. Los primeros afectados serían los GADs”, expresó.

La propuesta Arosemena tendría un efecto negativo en el país debido al mal manejo de las finanzas. “Con este deplorable nivel de ejecución presupuestaria el Presupuesto Base Cero incendiaría el país. Arosemena ni sabe ni comprende el alcance de lo que está diciendo. Quedará en nada y finalmente será uno de los tantos anuncios que solo quedan en eso, en anuncios”, sentenció.

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Por el momento, Glas cumple sus penas fuera de la cárcel gracias a un habeas corpus, concedido el pasado 9 de abril pasado por un juez de Manglaralto, en Santa Elena. El miércoles 18 de mayo, en la Corte Provincial, se dará la audiencia en la que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y la Procuraduría apelarán esta decisión.

El exvicepresidente tiene dos penas en firme, por delitos relacionados con actos de corrupción: seis años por una asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebreck y ocho años de prisión por cohecho dentro del caso Sobornos 2012 – 2016.

Según Loaiza, el que se otorgue la pena única va a generar que la condena de ocho años por cohecho absorba a los seis años del caso por asociación ilícita. Por ello, el abogado expresó que Glas debería devengar los ocho años de cárcel. Con esa realidad, la defensa técnica solicitaría el beneficio penitenciario de rebaja de penas por méritos que es de hasta el 50%.

“Jorge Glas tiene detenido más de cuatro años y medio. Él cumplió el 50%” de la condena de ocho años el 2 de octubre de 2021, pues fue detenido el 2 de octubre de 2017. Se va a solicitar la aplicación del beneficio que es hasta del 50% de rebaja de la condena. Con eso se va a extinguir la condena y al momento que se extingue esta por cumplimiento de la condena, él va a recuperar sus derechos civiles y políticos”, sostuvo Loaiza.

Una apelación pendiente

Lo que ha frenado dicho pedido es que aún está pendiente la resolución de la apelación a la pena de ocho años de prisión por peculado, en el caso Singue.

Para Loaiza, es importante que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declare inocente a su defendido en este nuevo caso. Según él, existe una resolución de triple reiteración de la CNJ que deja sin efecto el acto administrativo de la Contraloría General por prescripción. Según el jurista, espera que los jueces declaren la nulidad desde la formulación de cargos, por la inexistencia del delito de peculado.

La Reducción

El artículo 32 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social establece que la rebaja de la pena por méritos operará sobre un sistema que permita evaluar la buena conducta y colaboración activa del interno en su rehabilitación. Esto se demostrará por la participación en procesos culturales, educativos, laborales.

Para la rebaja, el Departamento de Diagnóstico y Evaluación de la cárcel donde estuvo Glas debe informar al director del centro de privación de la libertad (CPL) la nómina de las personas que puedan beneficiarse de esta acción.

Posteriormente, el caso deberá pasar a un juez penitenciario, quien decidirá si ese beneficio procede o no.

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El documento señala que los vehículos policiales deben realizar el patrullaje, unicamente, al interior de su jurisdicción territorial. Por lo que, los agentes no tienen permitido “salir o abandonar el sector del que son responsables.”

El comunicado argumenta que esta disposición es porque el “presupuesto” fue reducido para el presente año fiscal y se necesita optimizar el uso del combustible. Además, evitar una mala utilización de los recursos públicos.

Por ello, los agentes tienen prohibido usar las patrullas para actividades ajenas al servicio. Tampoco pueden trasladar a los servidores policiales desde y hacia sus domicilios.

El documento advierte que el incumplimiento será objeto de sanción administrativa, según lo dispone el régimen jurídico previsto en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP).

Redes sociales

Ante estos recortes presupuestarios, varios usuarios en redes sociales rechazaron la disposición.

“Siguen los malos tratos a la policía por falta de presupuesto, al final quien paga los platos rotos es la ciudadanía. Considerando que, es el primer problema en el país, la inseguridad”, declaró Patricio Ramírez en Twitter.

“Bueno, falta la parte donde les cobran por las balas, también falta que tienen prohibido hacer más de tres disparos, porque eso lo toman como uso excesivo de la fuerza”, dijo otro usuario en Twitter.

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El usuario podrá obtener este beneficio tributario en alrededor de 21.000 negocios que brinden servicios turísticos y que estén registrados en el Ministerio de Turismo y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Cualquier persona natural, nacional o extranjera podrá beneficiarse de esta reducción del impuesto, según el portal Ecuador Chequea.

Entre las actividades turísticas se encuentran: alojamiento, alimentos y bebidas, transportación principalmente dedicada al turismo, operación, intermediación y agencias, etc.

La medida se enmarca en el decreto presidencial 339, suscrito por el primer mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, según informó Bloomberg en línea.

Esta será la segunda vez que rige el beneficio, puesto que la primera vez que se cumplió este dictamen fue para el feriado de carnaval.

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“En efecto hemos pasado de recibir el 10% de una fuente alimentada por una parte del IVA en el 2011, al 3% el año pasado y finalmente al 0% el día 18 de agosto de 2021. Como resultado, nuestras universidades no podrán ofrecer todas las becas que necesitan y piden nuestros estudiantes”, explica parte del comunicado.

Las universidades explican que a la crisis económica se sumó la nula preocupación del CES y la SENESCYT. “Ambas instituciones transformaron ‘la ampliación del acceso a la educación superior’ en una frase vacua, que si bien inspira en los discursos, pero que no inspira los hechos”.

Mantener las becas

Estos centros de estudios indican que no dejaran abandonados a los estudiantes de bajos recursos que accedían a las becas. “Cumpliremos con los estudiantes que reciben la beca aún si implica reorientar los recursos y las inversiones”. Entre las universidades afectadas están: la Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Santiago de Guayaquil, Universidad del Azuay, Vicente Rocafuerte, Católica de Cuenca, Particular de Loja, Tecnológica Equinoccial (UTE) y Salesiana.

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«Sí es posible reducir el ISD en función de sectores de la economía. Vamos a comenzar por el aéreo para favorecer al turismo. Eliminaremos el ISD para las transacciones de boletos aéreos», escribió en un tuit.

El impuesto a la salida de divisas se genera en la transferencia, envío o traslado de dinero al exterior, sea en efectivo o envíos de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza. La tarifa del impuesto es del 5%.

¿Aumentará el turismo?

«La medida no fomentará el turismo en el país. De hecho lo que hará es fomentar el turismo de ecuatorianos al extranjero. Es decir, cada vez que un ciudadano compra un pasaje aéreo pagan el ISD y es un costo que las aerolíneas trasladan al usuario. El viajar al extranjero sería menos costoso, no obstante, eso no aumenta el turismo en el país sino hacia el exterior», dijo el economista Juan Pablo Jaramillo a Radio La Calle.

Añadió que el país no está en condiciones de reducir severamente sus impuestos. «El ISD es un impuesto importante a nivel fiscal. La recaudación llega a USD 1.000 millones en todos los sectores. No representa una reducción importante en el sector aéreo. Si se sigue eliminando en otros sectores entonces si se sentirá en el ejercicio fiscal. La medida que toma Lasso da la impresión de que está cumpliendo con su oferta de campaña», agregó.

Críticas

Para el exministro de economía, Fausto Herrera, esta decisión no beneficia al turismo del país. Así lo indicó en un tuit.

«Promover el turismo en el Ecuador o promover el turismo hacia el exterior? Y en agosto querrán tapar esos huecos eliminando el gasto deducible en salud, alimentación, educación y vivienda en el impuesto a la Renta. Tiene algún sentido esta decisión?».

El expresidente Rafael Correa también criticó el objetivo de la decisión.

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«También para reactivar la economía y el sector turístico, queremos proponer la opción que durante cuatro feriados al año pueda bajar el IVA», dijo Lasso en una entrevista con CNN.

La idea de Lasso no es nueva. En 2020, Colombia tuvo dos días sin IVA, una jornada que los compradores aprovecharon, a pesar del aumento de casos Covid-19 por el repunte de la pandemia.

Tras la propuesta, vale la pena preguntarse si esta medida reactiva la economía como expresa el nuevo presidente.

El caso de Colombia

«Fue una iniciativa que Duque propuso desde el inicio de la campaña. La intención de los días sin IVA es incentivar el consumo. Se aplica sobre unos bienes con base en un monto específico (USD 1.000 en este caso). Colombia tiene un IVA del 19% por lo que es un descuento muy significativo. Además del consumo, incentiva la producción y sus elementos como el trabajo», explica el analista político Álvaro Chamorro a Radio La Calle.

Pero…

Aunque el consumidor se beneficia, a juicio del experto, los «ganadores son las grandes empresas porque el descuento del IVA se aplica solo si se paga con tarjeta no con efectivo. Eso implica que los que terminan ganando son los grandes establecimiento comerciales y los bancos».

¿Cambia la economía con lo del IVA?

«En términos estructurales, creo que no cambia en nada la economía de los países. Los que ganan son el sistema financiero, las grandes plataformas económicas, los almacenes de cadena. Los productos que se consumen son importados, por lo tanto la industria nacional tampoco crece. Normalmente, los gobiernos neoliberales llevan esta frase de ‘la felicidad pasa por ir de compras’ y este consumo da una sensación de bienestar efímera», precisa.

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Quito 13 de ene (La Calle).- Un total de 16 prefecturas del Ecuador presentaron una acción de inconstitucionalidad e incumplimiento ante la intención de reducir el presupuesto para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) y la falta de abonos de la deuda que el Estado mantiene con los gobiernos provinciales. Los Consejos Provinciales restantes estarían al día o no plegaron a la acción de orden legal.  

«En el caso de Pichincha, hace 6 meses que no nos han entregado los recursos. El monto asciende a USD 50 millones. Rechazamos los acuerdos ministeriales y pedimos los recursos que debíamos recibir. Nos parece fundamental que la Asamblea asuma el papel de fiscalizador», advirtió la prefecta Paola Pabón.

El prefecto del Carchi, Guillermo Herrera Villarreal, también manifestó su disgusto por la deuda de USD 7 millones. «El Ministerio de Finanzas debe ponerse al día con la provincia fronteriza. Estamos en semáforo rojo de emergencias», añadió.  

No es la primera vez…

El pasado 16 de diciembre de 2020, colectivos sociales y miembros del Gobierno Seccional de Pichincha participaron de un plantón en las afueras de la Plataforma Gubernamental por el impago de deudas que el Gobierno Central tiene con los Gobiernos Autónomos. Alrededor de 250 personas participaron.

Los prefectos presentaron ya una demanda por inconstitucionalidad e incumplimiento ante la falta de aumentos de sueldo. De acuerdo a cálculos de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y del Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador, el Estado les adeuda un total de 700 millones de dólares.

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La salida se dio como consecuencia del recorte presupuestario a la Educación Superior, afirma Paul Velásquez, vocero de la Coordinadora de Docentes a Contrato de la UCE. Este recorte afecta a la partida de contrataciones de personal docente, administrativo y de trabajadores de las Universidades del país

“La Universidad no podría funcionar adecuadamente el siguiente semestre, ya que varias carreras y facultades tendrían que cerrar por la falta de los docentes contratados, es necesario su recontratación para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes estudiantes”, indicó el dirigente en un comunicado.

El colectivo tomará haciendo sobre este tema. “Estamos esperando una reunión nuevamente con el rector para poder encontrar una solución y evitar la salida de los docentes ocasionales. Lo otro es seguir exigiendo que se devuelva el dinero del presupuesto”, expresó Velásquez a Radio La Calle.

Recorte Presupuestario

El pasado 10 de septiembre, la Corte Constitucional decidió dejar sin efecto las acciones de incumplimiento presentadas por miembros de las Universidades Públicas. Es decir, permitió la disminución del presupuesto por parte del Gobierno.

De acuerdo con el tribunal, la recaudación tributaria proyectada a inicios de año no se cumplirá por las apremiantes circunstancias económicas en el contexto de la crisis sanitaria.

“No es factible, entonces, ordenar mediante sentencia que se restituya una cantidad de dinero. Cantidad que muy probablemente no se recaude en un ejercicio fiscal determinado”, explica la sentencia.

El 2 de mayo, se dio a conocer que el gobierno recortó USD 98 millones en presupuesto de 12 universidades públicas. Entre esas están la Universidad de Guayaquil, Universidad Central del Ecuador, Universidad de Cuenca, Universidad de las Artes, Escuela Politécnica Nacional, entre otras.

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“Con respecto a la pretensión predominante de las demandas acumuladas en esta causa, de que se restituya el presupuesto a las universidades públicas bajo las características constitucionales, legales y técnicas que revisten de predictibilidad a las transferencias correspondientes a las preasignaciones para gastos permanentes en educación superior es materialmente irrealizable”, dice una parte de la sentencia.

Esto porque la recaudación tributaria proyectada a inicios de año no se cumplirá por las apremiantes circunstancias económicas en el contexto de la crisis sanitaria.

“No es factible, entonces, ordenar mediante sentencia que se restituya una cantidad de dinero. Cantidad que muy probablemente no se recaude en un ejercicio fiscal determinado”, explica el documento.

Los hechos

El pasado 12 de mayo, el Pleno de la Corte Constitucional dispuso a las autoridades del Ministerio de Finanzas, las medidas respecto al aspecto presupuestario de las instituciones de Educación Superior.

“Disponer a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades de la función ejecutiva que corresponda. Que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias. Las cuales puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior”, decía la sentencia en esa ocasión.

De manera que, con la nueva sentencia esta disposición queda sin efecto, y en consecuencia, el Ministerio de Finanzas (MEF) decidirá el destino del presupuesto a la Educación Superior. Monto, que a juicio del MEF, se realiza acorde a las ley y el presupuesto general del Estado.

Antecedentes

El 2 de mayo, se dio a conocer que el gobierno recortó USD 98 millones en presupuesto de 12 universidades públicas. Entre esas están: Universidad de Guayaquil, Universidad Central del Ecuador, Universidad de Cuenca, Universidad de las Artes, Escuela Politécnica Nacional, entre otras.

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