Uno de los cambios más significativos es la salida de Juan Carlos Vega del Ministerio de Finanzas, quien deja el cargo tras haber gestionado una compleja crisis de liquidez estatal. En su reemplazo, Noboa designó como reemplazo a Luis Alberto Jaramillo, quien hasta la fecha se desempeñaba como Ministro de Producción, a su vez esta entidad ministerial será liderada por Carlos Zaldumbide, exviceministro de Comercio Exterior.

Jaramillo trabajó en la Industria Cartonera Ecuatoriana, empresa vinculada al Grupo Noboa, lo que reaviva cuestionamientos sobre la presencia de intereses empresariales en el Ejecutivo.

Durante su gestión, Vega lideró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 4.000 millones. También impulsó el polémico incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, una medida impopular que golpeó el bolsillo de los ecuatorianos. Su salida se da en medio de interrogantes sobre el impacto de estas decisiones en la economía del país.

Movimientos en la Gobernación del Guayas y el MIES

Noboa también designó a Zaida Rovira como nueva Gobernadora del Guayas en reemplazo de Eliana Molineros. Rovira, abogada con experiencia en derechos humanos y ex Defensora del Pueblo subrogante, había estado a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) desde noviembre de 2023.

Su gestión en el MIES no estuvo exenta de controversias, especialmente tras la entrega masiva de cocinas de inducción almacenadas desde gobiernos anteriores, una acción vista como estrategia electoral. El MIES quedará temporalmente bajo el liderazgo de Harold Burbano, en calidad de encargado.

Cambios en el INEC

Otro movimiento relevante en la reestructuración es la salida de Roberto Castillo del INEC. Castillo había dirigido el censo poblacional de 2022, el cual fue objeto de críticas por la omisión censal de 800.000 personas y denuncias de «etnocidio estadístico» contra la población afroecuatoriana.

En su lugar, el presidente nombró a Eva María Mera Intriago, una académica con experiencia en demografía y docente de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). Su reto será recuperar la credibilidad de la institución en un contexto en el que las cifras del censo han sido puestas en duda por organizaciones afrodescendientes y sectores políticos opositores.

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Los principales objetivos al reestructurar la deuda pública de un país podrían resumirse así:

1. Reducir las tasas de interés aplicables a la deuda;
2. Reducir el saldo del capital adeudado;
3. Ampliar los plazos de pago;
4. Producir alivio financiero fiscal inmediato;
5. Volver la deuda sostenible; y,
6. Que el país deudor retorne y tenga acceso a los mercados externos de capitales para conseguir financiamiento oportuno en buenas condiciones.

La reestructuración parcial de deuda pública, únicamente con tenedores privados de Bonos Globales que realizó Ecuador el año 2020, fue eso, parcial.

La reestructuración:

1. Redujo la tasa de interés promedio aplicable al saldo del capital adeudado;
2. Redujo el capital adeudado en 1541 millones de dólares, un 8,8%; y,
3. Logró alivio financiero fiscal por 5 años, hasta el año 2025.

Sin embargo:

1. Sin razón válida alguna, los reestructuradores de la deuda pública, excluyeron de la reestructuración el paquete de Bonos Globales 2020, causando un enorme perjuicio al Estado ecuatoriano al pagarlos al 100% de su valor nominal, cuando el canje de los otros 10 paquetes de Bonos Globales se realizó pagando un precio equivalente al 40% su valor nominal;
2. La reestructuración del año 2020 incrementó en 10 años los pagos que debe realizar Ecuador por capital e intereses;
3. Ecuador no ha logrado retornar a los mercados internacionales de capital para obtener financiamiento en condiciones adecuadas; y,
4. La deuda pública sigue siendo no sostenible, más aún, cuando sin crecimiento económico suficiente y estable, ahora mismo el saldo por pagar suma 80000 millones de dólares.

Independientemente de los beneficios de un eventual canje de deuda soberana por los llamados “Bonos Azules” para defender la naturaleza, la inesperada y reciente oferta del Credit Suisse Bank para comprar con descuento Bonos Globales de Ecuador en poder de tenedores privados, también hace posible que su precio suba rápidamente, y que los tenedores que los vendan, realicen un gran negocio, si como es altamente probable, los compraron a precio inferior al ofertado. El que pueda ver que vea.

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“Las cifras hablan por si solas. Cerramos USD 40 millones en estos 5 meses. El banco va a a una velocidad de USD 90 a USD 100 millones de ganancias anuales, probablemente pasemos el año prepandemia. […] El recorte fue de un 32%, 1.200 personas (despedidas) que nos proporciona un ahorro de USD 808.000 a la cuenta de resultados”, dijo el presidente en Ecuavisa.

Añadió que el banco sirvió para plataformas políticas. “El banco del Pacífico tiene un tamaño de USD 7 billones y opera con una estructura un 32% inferior. Aun sin crecimiento de balance, tenemos USD 60 millones de utilidad que reforzarán al banco y crearán valor frente al accionista”.

González explicó que el Pacífico no es de todos si no de los clientes. “No hay que olvidar a los que proclaman que el banco es del pueblo o es de todos. No, el banco es de los 2,7 millones de clientes que ponen allí su dinero. Ese dinero no es para intereses políticos sino para servir a los intereses del cliente y el accionista. […] La utilidad no desapareció, cambió de registro contable. El proceso continúa y no se detiene. Nuestro deber es dejar un banco fortalecido al accionista y al gobierno”.

La tasa de morosidad del banco es de 3,18. A juicio de González, un número que está por encima del promedio. La cifra se debe a operaciones que no debieron realizarse. Entre ellas estarían “Reactívate Ecuador, créditos sociales, educativos, compra de cartera a otras entidades, etc.”. Los programas de créditos están suspendidos y no se entregan en masa si no después de un análisis previo.

Venta del Banco de Pacífico

La valoración para la venta del banco del Pacífico fue entregada hace un mes y está en manos del accionista. Las cifras son de tipo confidencial. “Existe un enorme interés en el exterior sobre este proceso. Poner límites al precio afecta a ese precio. La valoración será de referencia”, agregó.

El proceso de venta está en fase intermedia. “El banco asesor ha invitado a más de 30 entidades internacionales que están analizando la información preliminar. En la primera semana de julio sabremos cuántas entidades muestran real interés”. Después de ello, los interesados accederán a la información del banco y con su propia valoración harán una oferta al accionista.

González aseguró que en los términos de referencia está prohibido que un inversor, entidad o persona ecuatoriana o con vínculos en Ecuador compre el Banco del Pacífico. El presidente ejecutivo prevé que el proceso termine en diciembre de este año. MIB

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Según el documento, estas finalizaciones de contrato son parte de un proceso de reestructuración institucional y de una “política de manejo eficiente de recursos”. La institución asegura que los despidos representan menos del 1% de personal dentro de la plantilla total, de aproximadamente 38.000 servidores.

El IESS indica también que este proceso no se refiere solo a la desvinculación del personal, sino que es el resultado de una evaluación técnica de la estructura y de cargos que se crearon para proyectos que no se implementaron.

«Implica, además, el análisis de correspondencia de perfiles a los puestos y de partidas que no cuenten con el financiamiento para asumir el pago de los contratos”, señala el texto.

El IESS destaca que estas acciones se sustentan en la Resolución 634, aprobada en marzo de 2021 por el Consejo Directivo, que autoriza el proceso de reestructuración institucional.

Asimismo, sostiene que la optimización no afectará a los servicios y prestaciones de la seguridad social, en especial, las atenciones de salud.

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Este miércoles 16 de septiembre se instaló la primera sesión de la nueva Comisión de Fiscalización y Control Político para elegir al presidente y vicepresidente, que encabezarán los procesos de juzgamiento contra algunos funcionarios. Entre ellos, el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz y la ministra del Interior, María Paula Romo.

Tercera Comisión

La Comisión compuesta por once asambleístas de diferentes bancadas obtuvo 107 votos a favor en el pleno. Los comisionados son: Esteban Melo y Bairon Valle de la Revolucíon Ciudadana (RC), Noralma Zambrano y José Serrano de Aliana PAIS, Mercedes Serrano y Dennis Marín del Partido Social Cristiano (PSC), Elio Peña y Jaime Olivo del Bloque de Integración Nacional (BIN), Franco Romero del BADI, Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña de Creando Oportunidades (CREO).

Tras casi seis horas de negociación, el pleno de la Asamblea Nacional definió a los integrantes de la Mesa. Eso sucedió el pasado lunes 14 de septiembre. Así, la primera sesión de la nueva Comisión la realizó Esteban Melo (RC), como coordinador provisional. Esteban Melo antes de iniciar la primera sesión señaló que no pudieron transmitir la reunión telemática por canales oficiales, debido a que la integraron hace poco.

La votación

En la sesión, el asambleísta por la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI), Franco Romero, mocionó para que Elio Peña asumiera la presidencia. Así, con siete votos a favor es el nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Esto después de que la asambleísta Mercedes Serrano no obtuviera los votos necesarios para su elección.

“Esta comisión deber regirse con la máxima transparencia” fueron las palabras de Elio Peña al momento de posicionarse como presidente de la Comisión. Así mismo, aseguró que la integración de los asambleístas debe trabajar por el sentir de la ciudadanía que exige resultados en los procesos que lleva la Asamblea. Además, pidió a la ciudadanía colaborar para que el trabajo de la Comisión consiga los objetivos esperados. Por su parte la vicepresidencia de la comisión quedó en manos de la asambleísta por Alianza País, Noralma Zambrano.

De esta manera quedó integrada la mesa para investigar los procesos de fiscalización. Según los legisladores, en ella debe prevalecer el compromiso, para resarcir de alguna manera la imagen de la Asamblea. En ese sentido la asambleísta Serrano y el asambleísta Melo solicitaron que el presidente convoque a una nueva sesión. La finalidad es continuar con los trámites pendientes de los juicios políticos que están en proceso. (AB)

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