La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (FENASPE), junto a asociaciones de las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y Santa Elena, rechazó la anunciada «militarización» de la infraestructura de Petroecuador, revelada el 28 de abril durante una reunión en la estatal. Según la federación, el gobierno planteó incorporar a los guardias privados a la nómina pública, pero sin claridad sobre su continuidad laboral.

En respuesta, FENASPE resolvió:

1. Convocar asambleas generales en territorios afectados, con participación de asambleístas y gobernadores.
2. Vigilar que la transición respete los derechos laborales bajo el principio de «todos o ninguno».

Diálogo infructuoso con el gobierno

Tras una reunión con delegados de Presidencia y Petroecuador, FENASPE calificó los resultados como «insatisfactorios», señalando que el «fantasma de los despidos» persiste. Aunque la federación insistió en priorizar el diálogo, advirtió que, de no haber avances, articularán «acciones de confrontación y resistencia amparadas en la Constitución».

«Queremos apelar al sentido humano de este gobierno. Estamos dispuestos a unirnos para proteger nuestra dignidad y la seguridad de nuestras familias», afirmaron.

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El informe del Tribunal de Cuentas de la Contraloría encontró en la petrolera desembolsos sin sustentos, multas no cobradas y pagos duplicados por millonarias cifras.

Según la Institución, este perjuicio asciende a USD 26 millones para la compañía Nolimit y funcionarios de Petroecuador a cargo entre 2016 y 2021. Las principales inconsistencias se presentan en la ejecución y liquidación de contratos de modernización de:

• El sistema de sellados,
• planes de sellado API,
• renovación y actualización de bombas en la refinería de Esmeraldas.

La Contraloría determinó que los desembolsos no estuvieron sustentados en los requerimientos de las áreas de refinería, pues en 2018, Nolimit solicitó a la empresa pagos por USD 20.3 millones a cambio de soporte técnico y transferencia tecnológica.

«El administrador y supervisores de la ejecución del contrato tampoco adjuntaron documentación que respalde 339.093 horas reportadas como adicionales al servicio; ni verificaron que 24.331 entregables ya habían sido reportados y pagados previamente, ocasionando un perjuicio económico a Petroecuador», explicó EFE.

Tampoco se determinó una glosa por USD 4.39 millones, porque no adjudicaron los pagos ni documentos que respalden la ejecución de los trabajos.

Más acusaciones

Además de todo esto, se confirmó cuatro responsabilidades más. Se suman USD 2 millones por multas no impuestas en la ejecución de uno de los contratos. También corroboraron el pago duplicado de:

• USD 91.471 en la instalación de bombas;
• USD 234.875 en trabajos adicionales sin soporte técnico y;
• USD 473.603 en ausencia de documentación que sustente horas hombre y gastos administrativos.

(N.J.C)

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En esa fecha, las empresas internacionales podrán participar en la licitación para la concesión de la administración de la Refinería de Esmeraldas. Las empresas interesadas y precalificadas deberán hacer una inversión de USD 2.400 millones. Cifra que el Estado cancelará a la organización durante los próximos 25 años.

Versión del ministro René Ortiz

Según el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, el acto no pueden considerarlo como una privatización porque el bien solo permanecerá privado por 25 años y regresará a manos estatales una vez concluya el plazo. Ademas, indicó que el contrato incluye la reparación, mejoramiento de la calidad de combustibles y emisiones, e implementación del proceso de alta conversión en la Refinería de Esmeraldas, con financiamiento total de la empresa adjudicataria.

Para el ministro, la cifra de los USD 2.400 millones es la mayor inversión de la historia del país.

De acuerdo al cronograma, el 12 de febrero de 2021 el Ministerio espera adjudicar la Refinería. Así mismo, en los 19 días posteriores continuará con la negociación de contratos.

En el modelo de negocio se indica que es el Estado quien entregará el petróleo al gestor privado y los derivados que resulten, serán de propiedad estatal, por lo que Petroecuador tendrá que comercializarlos. De existir controversias con la adjudicataria, se podrán dirimir en tribunales internacionales, siempre y cuando se cuente con el aval de la Procuraduría del Estado.

De acuerdo a los pronósticos gubernamentales, aún restan varios activos del Estado por privatizar, o concesionar. Entre ellos el Banco del Pacífico y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, además de las hidroeléctricas.

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Además, el ex consejero presidencial Santiago Cuesta, en junio de 2019 reveló la necesidad de privatizar la Refinería de Esmeraldas. A fin de “mejorar la calidad de la industria y disminuir la contaminación ambiental”.

La Refinería de Esmeraldas, con 42 años de operación, es la más grande de las 3 que existen en Ecuador. Produce combustibles como gasolinas, diésel, jet fuel, GLP, entre otros. Actualmente laboran 654 funcionarios y opera desde 1977 en la planta.

El anuncio de privatización no es del agrado de los más de mil trabajadores de ese complejo. El secretario nacional de los Trabajadores de Petro Ecuador, Dick Borja Quiñónez, dice que el Gobierno ahora aduce que por falta de personal con experiencia pretende privatizar a la Refinería de Esmeraldas.

SL/EC

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