«Queridos ecuatorianos, la Corte Constitucional emitió dictamen favorable al Decreto Ley de Economía Familiar que permite que 195 millones de dólares se queden en los hogares y que miles de negocios populares no paguen impuestos», escribió el mandatario en un tuit

Lasso no emitió ningún comentario sobre el otro dictamen de la Corte, que rechazó el proyecto de Decreto Ley para la Atracción y Fomento de Inversiones.

Añadió que se enviarán otros tres decretos ley para que la CC los analice y decida si aprobarlos o no.

Cabe resaltar que los cambios y reformas en la ley tributaria se propusieron desde el mismo gobierno y llegaron al Registro Oficial en noviembre del 2021. El objetivo era el aumento del fisco a través de los impuesto.

¿Cómo quedará la ley?

La ley económica que ahora se aplicará comprende la disminución del impuesto a la renta, a través de realizar deducciones por las cargas familiares y establecer un sistema Rimpe. Se aumenta el nivel de deducciones de gastos hasta USD 15.294 al año, en las cuales se contemplan gastos relacionados con mascotas.

Los cambios crearon un impuesto a los operadores pronósticos deportivos. Además, se aplicará el 12 % del impuesto al valor agregado (IVA) a los eventos públicos. (MIB)

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En la campaña electoral del 2013, el mandatario prometió eliminar los impuestos a los espectáculos públicos con el objetivo de fortalecer el arte y la cultura en Ecuador. Sin embargo, 10 años después en su Reforma Tributaria de 2023, presentó una propuesta económica en la que se propone que los espectáculos públicos cancelen el 12% de IVA.

El numeral 8 del artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que se
encuentran gravados con tarifa cero por ciento de IVA los servicios artísticos y culturales.

¿Y los artistas?

Los gestores culturales calificaron la iniciativa de «inaudita», pues esta sería la primera vez que en el Ecuador se grava el IVA del 12% a todos los espectáculos públicos. El dueño de Top Shows, Christian del Alcazar, dijo que «este es un duro golpe a la música, la cultura, artistas, gestores culturales y empresarios que dependen de esta actividad».

El pago al Servicio de Rentas Internas (SRI) significa «entradas más costosas para los shows afectando directamente al público, lo que causará menores ventas e inversión en el país», explicó.

El sector cultural ha sido uno de los más afectados tras la pandemia de Covid19, pues shows y presentaciones tuvieron que ser cancelados por el confinamiento. Asimismo, esta plaza asegura que aún no se recuperan totalmente y «el Gobierno les clava más impuestos«.

Servicios artísticos gravados con tarifa 0%

En 2019, el expresidente Lenin Moreno firmó el Decreto 829 en el que se estableció el listado de servicios artísticos y culturales gravados con tarifa cero por ciento de IVA.

1. Servicios de preproducción, producción y montaje museográfico (como curaduría y proyectos curatoriales);
2. Servicios de composición musical o de escultura;
3. Servicios de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos y culturales:
4. Servicios de preproducción, producción y post-producción audiovisual (incluidos los de animación, creación de imágenes, titulada, subtitulada, doblaje, efectos visuales);
5. Servicios de composición, edición, preproducción, producción y post producción en el ámbito musical, fonográfico y sonoro;
6. Servicios de grabación de actividades artísticas y culturales en vivo;
7. Servicios bibliotecarios o bibliotecólogos;
8. Servicios de la publicación, edición, traducción, impresión y comercialización de libros (se incluyen estos servicios relacionados con textos digitales);
9. Servicios especializados de fotografía; y,
10. Servicios de investigación relacionados a la cultura, las artes, el patrimonio y la memoria social. (D.C.)

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La bancada de la Unión por la Esperanza, UNES, presentó el pasado 13 de diciembre una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. El bloque legislativo argumenta que esta ley fue negada y publicada de forma inconstitucional.

El Ejecutivo deberá defender o impugnar la ‘constitucionalidad del decreto cuestionado’. Por ahora, la causa se encuentra en fase de sustanciación, según la séptima decisión plasmada en el documento de la Corte Constitucional.

La bancada de Pachakutik y los dirigentes de la CONAIE presentaron también un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley. El presidente de la organización, Leónidas Iza, advirtió que la Ley de Desarrollo Económico es lesiva para la mayoría de los ecuatorianos. 

De la Corte a la Asamblea

El CAL suspendió el la semana pasada la revisión de dos proyectos enviados por UNES y Pachakutik. “Hasta que este Consejo pueda contar con el pronunciamiento de la Corte Constitucional”, escribió el órgano legislativo en un comunicado.

Esta negativa en el tratamiento tuvo el aval de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní (ID), de  Virgilio Saquicela de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y Nathaly Arias (CREO).

Tras la decisión del CAL, Darwin Pereira, asambleísta de Pachakutik dijo que parte de la bancada de Pachakutik vote por archivar la ley tributaria es una forma de entreguismo total al gobierno. Esta actitud la ve sobre todo por parte de la presidenta Guadalupe Llori. 

¿Muy tarde?

El pasado 26 de noviembre, UNES y el BAN se abstuvieron de archivar el proyecto de reforma tributaria enviada por el Ejecutivo.

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Para él, que parte de la bancada de Pachakutik vote por archivar la ley tributaria es visto un entreguismo total al gobierno. Esta actitud la ve sobre todo por parte de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

«Tenemos que decir públicamente que no estamos de acuerdo con cierto accionar de algunos compañeros de Pachakutik, sobre todo la presidenta de la Asamblea Nacional. En ella vemos un entreguismo (…) yo no tengo pelos en la lengua, vemos un entreguismo completo el gobierno nacional. Un poco más y parece que fuera de CREO más que de Pachakutik», dijo.

“Nuevamente la presidenta, Guadalupe Llori vuelve a votar con el gobierno y vemos que Yesenia Guamaní de Izquierda Democrática hace una propuesta para apoyar al gobierno al dilatar la derogatoria del proyecto ley”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Manifestó que el viernes pasado tuvieron la oportunidad de calificar estos proyectos para que pasen a las comisiones y así poder derogar la ley, pero la Izquierda Democrática y la presidenta de la Asamblea actuaron a favor del gobierno al aplazar la decisión.

Pedido a la Corte Constitucional

El CAL espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador sobre las competencias que tiene la Asamblea Nacional para derogar este proyecto. Respecto a esta decisión, Pereira enfatizó que a la Corte se le debe preguntar cuando existan dudas y en este caso no hay necesidad de consultarle nada.

“Aquí están tratando de dilatar este tema porque la Asamblea con una mayoría puede derogar este proyecto y vamos a seguir insistiendo para que se derogue”, aseguró.

Además, comentó que existe una convivencia paralela en la bancada de Pachakutik. “Nosotros, ‘los rebeldes’, tenemos la línea ideológica del movimiento y nos mantenemos en esa línea. Mientras no se arme un consejo político nacional no vamos a obedecer ningún lineamiento que se alinee al presidente de la República”, afirmó el asambleísta.

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El CAL alegó que espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador respecto a si la Asamblea Nacional tiene competencias para derogar o modificar una ley económica urgente declarada como decreto-ley.

La noche de este 28 de enero estaba prevista la decisión sobre la calificación de los dos proyectos de ley derogatoria de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19. Ley decretada por el presidente Lasso el 29 de noviembre de 2021 y vigente desde enero de 2022.

La ley de Lasso dispone un incremento en el pago de Impuesto a la Renta para las personas con ingresos mensuales que superen los USD 2 mil.

“(CAL) Mocionó suspender la discusión referente a la calificación de los dos proyectos hasta que este Consejo pueda contar con el pronunciamiento de la Corte Constitucional (…) respecto a la facultad de la Asamblea Nacional de modificar o derogar  un proyecto de Ley calificado de urgente en materia económica promulgado como decreto-ley”, reza el documento del CAL.

¿Quién aplazó la calificación?

Según reseñó el medio, la moción de aplazar la calificación obtuvo cuatro votos: Guadalupe Llori (PK), Virgilio Saquicela y Nataly Arias (BAN-CREO) y la proponente Yeseña Guamaní (ID).

Los proyectos que buscan derogar la reformas tributarias del Régimen de Lasso fueron presentados por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Patricia Sánchez, Salvador Quishpe y Ángel Maita (PK). El legislador por UNES, Ronny Aleaga presentó la moción para que se dé paso a los dos proyectos de derogatoria este 28 de enero.

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A través de redes sociales, los trabajadores en situación de dependencia expresaron su malestar. “Ya se dieron cuenta que Lasso cree que solo gastan 5.541.31 al año para educación, vivienda, salud, arte, cultura, vestimenta?”, preguntó un usuario.

Otro trino consultó quién ya se arrepintió de darle el voto a Guillermo Lasso, después de enviar su proyección de gastos. Y es que incluso los periodistas, políticos y otros adeptos al Gobierno de Lasso, que apoyaron la Ley de Desarrollo económico, hoy cuestionan el nuevo esquema tributario.

Por ejemplo, la periodista de Ecuavisa, Tania Tinoco, escribió: “Es de locos la carga impuesta a los trabajadores en relación de dependencia. Descuentos altísimos, más allá del monto destinado al seguro social. Antes por lo menos podíamos devengar con los gastos de salud/educación/hipoteca. Ahora los topes son ridículos”.

“Triste realidad. Supuestamente la criminal subida de impuestos solo afectaba al 3% de los ecuatorianos”, señaló Esteban Torres, de los Social Cristianos, partido aliado de CREO para llegar a la presidencia.

“Nunca en nuestra historia republicana la carga tributaria había sido tan alta para la clase media profesional y emprendedora. ¡Nunca se cobraron tantos impuestos como ahora!”, insistió en su cuenta de Twitter.

El exmandatario Rafael Correa también emitió su opinión: “¿Cómo entender que elevan impuestos a clase media, pero ELIMINAN para importadores, herencias y “repatriación” de capitales? Se llama NEOLIBERALISMO, y no relacionamos causa con efecto: mayor desigualdad, mayor INSEGURIDAD”, sostuvo.

La nueva normativa

Según recoge Radio Pichincha, el abogado e ingeniero financiero David Meza, explicó que las personas en relación de dependencia, cuyos ingresos sean mayores a USD 2.000, verán reflejado un incremento en el impuesto a la renta. Además, indicó que para calcular esa base imponible tiene que sumar los sueldos, más el décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva y hasta las utilidades, deduciendo únicamente la aportación al IESS.

Asimismo, detalló que a la deducción de gastos como alimentación, vivienda, salud, educación y vestimenta, se añadirá el turismo nacional y enfermedades catastróficas. Sin embargo aclaró que ese rubro no puede superar los USD 5.038. Antes ese valor podía ser hasta USD 14.000.

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“Como bancada de UNES hemos venido hoy a presentar la demanda de inconstitucionalidad a La Ley de Reforma Tributaria del Presidente Lasso. Una ley que afecta a la clase media, al pueblo ecuatoriano y que fue promulgada de manera inconstitucional y negada por la Asamblea Nacional. Estaremos vigilantes del trámite que tenga esta demanda”, sostuvo Paola Cabezas, de UNES. 

De igual forma, la bancada de Pachakutik y los dirigentes de la CONAIE presentaron un recurso de inconstitucionalidad. El presidente de la organización, Leónidas Iza, advirtió que la Ley de Desarrollo Económico es lesiva para la mayoría de los ecuatorianos. 

Organizaciones sociales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unidad Popular (UP) también llegaron a la Corte Constitucional para demandar la normativa, que consideran beneficia a los que más tienen, permite el blanqueo de capitales y pone el peso de los impuestos sobre las clases medias y pobres.

La reforma tributaria entró en vigencia por el ministerio de la Ley, pues la legislatura no aprobó ninguna de las alternativas mocionadas. No se aprobó el informe de mayoría, tampoco el de minoría ni el archivo de la misma. 

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Quito, 2 dic (La Calle).- Si existe voluntad política en la Asamblea Nacional, haría falta solo 60 días para derogar la Ley de Desarrollo Económico, que entró en vigencia por el ministerio de la Ley, aseguró la asambleísta de Pachakutik (PK), Patricia Sánchez, en entrevista con Radio La Calle. 

“De no tener un bloqueo político, el proceso no debería durar más allá de entre 45 y 60 días en los que el Pleno debería estar pronunciándose sobre la derogatoria”, dijo la legisladora. Asimismo, explicó que para lograr este proceso se necesita una mayoría simple, es decir 70 votos.

La Ley de Desarrollo Económico, conocida también como Reforma Tributaria, entró en vigencia por el ministerio de Ley desde el pasado 28 de noviembre, debido a que en la Asamblea no  fue aprobada ni negada.

Según Sánchez, el Proyecto de Ley Derogatoria presentado por PK el pasado martes debería entrar a la Comisión de Régimen Económico para su análisis. Esta propuesta consta de dos artículos que incluyen la derogatoria de la Reforma Tributaria y la reversión de los efectos que haya ocasionado su aplicación. La legisladora asegura que la propuesta se ampara en el artículo 140 de la Constitución, que faculta a la Asamblea a realizar este procedimiento. 

Relación con UNES

Sánchez afirmó que existe una actitud de apoyo entre de las bancadas, sobre todo con la de Unión por la Esperanza (UNES). “La Asamblea sabe que no tuvo la mejor actuación el día viernes y hay un sentimiento generalizado de que eso se quiere remediar”, aseguró.

En este sentido, al referirse a la votación del informe de minoría de UNES, en el que PK no votó a favor, defendió la postura del bloque porque «había un artículo que ampara la legalización de las empresas offshore».  

Consultada por un posible acercamiento con UNES, manifestó que a pesar de tener coincidencias coyunturales con PK, no establecerán acuerdos. Según ella, ese movimiento político defiende un proyecto de modernización del capitalismo.

Un tema relevante que marcará la jornada de este jueves en la Asamblea es la votación del informe de Pandora Papers en el que el presidente Lasso está involucrado. La asambleísta manifestó que la bancada de PK aprobará el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por su coiderario Fernando Cabascango. 

¿Qué dice la Ley?

El artículo 140 de la Constitución, en su parte pertinente dice:

Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.

Mire aquí la entrevista completa:

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Hasta el momento, la reforma tributaria no cuenta con apoyo ni votos favorables en la Asamblea Nacional. Uno de los principales cuestionamientos es que se pretenda cargar impuestos a la clase media, con el incremento del IR y la reducción de los gastos personales, mientras se limitan los controles para la evasión fiscal.

El legislador independiente Cesar Rohon indicó que no hay votos. “Esta Ley estaría en el limbo jurídico este momento, por lo tanto, quizá lo mas conveniente sería plantear una moción de archivo”, sostuvo.

La asambleíta de Pachakutik, Mireya Pazmiño, indicó que algunas bancadas han señalado que no darán paso al informe de mayoría, pero tampoco se escucha respaldo al informe de minoría.

“Los del Partido Social Cristiano han sido muy claros en decir que nada de impuestos. Y siendo así, si ninguno de los dos informes tiene los votos necesarios, creo que es oportuno el archivo de esta Ley. Caso contrario entraría por el ministerio de la ley el primer proyecto que envió el ejecutivo a la Asamblea Nacional”, dijo Pazmiño.

La legisladora advierte que si el proyecto entra en vigencia por el ministerio de la ley sería más complicado, pues en los informes de mayoría y minoría ya existen cambios. Por ejemplo, comenta, tratar por separado la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Comunicación.

La bancada de UNES tiene como alternativa el informe de minoría. Si este no logra el apoyo necesario, mocionaría el archivo del proyecto de Ley.

Por su parte, Yeseña Guamaní, de la ID, dijo que esperan que la reforma tributaria no vaya hasta el ministerio de la ley, porque necesita cambios antes de ser aprobada.

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«Es una propuesta bastante conservadora, aunque cada vez que se modifica el impuesto a la renta se modifica también el patrimonio de los ciudadanos. Temo que la Asamblea lo analice de forma política y no técnica», dijo en Radio La Calle.

Una de las diferencias con el primer proyecto es la contribución temporal de las empresas por motivo de la pandemia. Solo durará un año y se realizará con base al patrimonio de empresas y no las utilidades.

En el caso de utilidades para las personas, la experta indica que «hay un beneficio para las personas que tienen una utilidad menor a USD 30.000, en cuanto a base imponible. En cuanto al impuesto a la renta se restan USD 20. Hay un impuesto mayor para los que tengan utilidades mayores a USD 40.000», explica.

Además, el sistema simplificado será internacional y también regirá para las microempresas.  «Se propone eliminar el RISE, las personas que tengan ingresos de hasta USD 20.000 pagarán USD 60. Los que tengan un valor mayor se regirán por una tabla».

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“Ambas comisiones son competentes y especializadas en materia económica y, por lo mismo, están habilitadas para cumplir esta labor, pues las propuestas presentadas en la Asamblea se refieren a los ámbitos de desarrollo económico y de sostenibilidad fiscal”, señala el comunicado.

De igual forma, explica que la resolución de designar a la Comisión de Régimen Económico y a la Comisión del Desarrollo Económico, respectivamente, fue de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Para que realicen el análisis y presenten los informes correspondientes a cada temática, las comisiones tienen un plazo de 30 días. Caso contrario operaría el ministerio de la ley.

De igual forma, el comunicado afirma que una vez que las comisiones presenten sus respectivos informes, el Pleno del Parlamento será la instancia máxima de discusión y decisión, sobre la proforma y el proyecto de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, presentados por el Ejecutivo.

«El CAL tiene la potestad de asignar un proyecto a una comisión conforme el criterio y votación de sus miembros, al amparo del artículo 14 numerales 2 y 6; y del artículo 56 de la LOFL. Además, de acuerdo a la importancia y complejidad de los temas contenidos», enfatiza el boletín.

Asimismo, argumenta que hay precedentes en los que un proyecto económico urgente y la proforma presupuestaria han sido asignados, en paralelo, a las comisiones que tratan materia económica (noviembre 2019) o que dos proyectos económico urgentes fueron remitidos a ambas comisiones, a efectos de optimizar el trabajo del Legislativo.

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Asimismo, designó su tratamiento a la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Tras esta decisión, diversos analistas han cuestionado la pertinencia de dicha Comisión para tratar el proyecto de Ley.

El analista político Mauro Andino advirtió, a través de sus redes sociales, que la reforma enviada por el presidente Lasso y calificada por el CAL, debió enviarse a la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario, para cumplir con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Este articulo señala que la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control será la encargada de los asuntos e iniciativas legislativas de la política macroeconómica en sus aspectos fiscales, presupuestarios, tributarios, aduaneros, monetarios, financieros de seguros y bursátiles.

Asimismo, la normativa indica que la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa será la responsable de conocer asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con el sector real de la economía y la regulación de los distintos tipos de mercados, servicios, el fomento productivo, la innovación y el emprendimiento.

Andino reiteró que la Unidad Técnica Legislativa (UTL) también recomendó que sea la Comisión de Régimen Económico y Tributario la que gestione el proyecto de Ley. Sin embargo, esta recomendación fue omitida.

“Es evidente que existe un trasfondo político para evadir los legítimos controles y contra pesos parlamentarios hacia un proyecto del Ejecutivo. Lo envían a la comisión que asumen, aprobará los informes para 1er y 2do debate sin ningún tipo de objeciones y cambios de fondo”, argumentó Andino.

En la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa están los asambleístas Daniel Noboa, del Movimiento Ecuatoriano Unido; Wilma Andrade, de la ID; el independiente, César Rohon; Nathalie Arias, de CREO; Carlos Zambrano, de UNES; Cristian Yucailla, de Pachakutik; Francisco Jiménez, de CREO; John Vinueza, de Unión Ecuatoriana; y Diana Pesántez, de Azuay Primero.

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El proyecto de ley avanzó a trámite en materia de económica urgente, según lo propuesto por el presidente Guillermo Lasso. El trámite ahora pasa a manos de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

La delegación junto a la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control serán las encargadas de desarrollar el informe previo a su presentación.

La tarde de este martes se instaló la sesión N° 36 para evaluar el proyecto de Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Además, se revisó la Proforma Presupuestaria 2022, la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022 – 2025, entre otros proyectos de ley.

Reformas

Hasta el momento se designaron comisiones para la revisión y realización de informes sobre las reformas a diversos códigos. Así, las reformas al Código del Trabajo y al Código del Ambiente pasan a manos de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social y a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, respectivamente.

El planteamiento de reforma a la ley de compañías fue designado a la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

Sobre las proformas presupuestarias

La Proforma Presupuestaria 2022, y la Programación Presupuestaria Cuatrianual pasan a la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.

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La propuesta fue entregada por el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, junto a Juan Fernando Flores, jefe de bancada de CREO.

“Se trata de asuntos fiscales, de sostenibilidad fiscal, reformas tributarias, simplificación, reestructura de algunos impuestos. Se incluyen unas contribuciones especiales únicas para poder salir del hueco fiscal en el que estamos y poder afrontar las necesidades del déficit público”, dijo Pozo.

De igual forma, aseguró que escucharon las sugerencias, críticas y observaciones vertidas por los distintos actores de la ciudadanía, gremios, comunidades, actores políticos. También afirmó que han hecho cambios sustantivos respecto del proyecto anteriormente presentado.

Explicó que, además, se reestructuró y clarificó la tabla de cálculo del Impuesto a la Renta. Asimismo, aseguró que reformaron la lógica de las contribuciones especiales con una carga enfocada hacia las empresas, quiénes han tenido más éxito dentro de la pandemia.

“La contribución patrimonial está enfocada en los grandes patrimonios de más de un millón de dólares y en los patrimonios empresariales de mas de 5 millones de dólares”, señaló.

La Asamblea Nacional tendrá 30 días para tramitar este proyecto de reforma, que contiene 255 artículos.

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«La responsabilidad del paro del 28 de abril es del Gobierno Duque que se niega a acoger un clamor nacional para retirar ese nefasto proyecto del Congreso de la República», dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés en rueda de prensa.

Los ciudadanos marcharon por las calles principales de Medellín, Cali, Popayán, Bogotá, entre otras. En el Valle del Cauca se decretó toque de queda desde las 15h00.

La policía lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes presentes en el palacio de Justicia. En Cali los manifestantes pararon frente un hospital para agradecer el trabajo del personal sanitario.

Temprano en la mañana, un grupo de indígenas de la comunidad Misak tumbaron la estatua del conquistador Sebastián de Benalcázar.

“Tumbamos a Sebastián de Belalcázar en memoria de nuestro cacique Petecuy, quien luchó contra la corona española, para que hoy sus nietos y nietas sigamos luchando para cambiar este sistema de gobierno criminal que no respeta los derechos de la madre tierra”, aseguró el Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (Aiso).

La ley tributaria

Aunque la mayoría de países buscan ayuda económica con el financiamiento, el Gobierno de Duque espera que los estratos medios y altos paguen más impuestos.

Colombia es, según el Banco Mundial, el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo del mundo.

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La reforma permite que los GAD, las Universidades y las Escuelas Politécnicas del país cobren al Gobierno Nacional los montos adeudados por concepto de devolución del IVA.

El asambleísta independiente, Franco Romero, mencionó al Pleno que el objetivo de esta reforma es que las instituciones retengan el IVA y no lo entreguen al Gobierno. De esta manera se evitarían los pagos atrasados.

Romero explicó que la falta de estos recursos pone en riesgos la liquidez de los GAD y de las instituciones de Educación Superior. Esta situación desemboca en un precario servicio a la ciudadanía.

Según el legislador, el llamado “Gobierno de Todos” adeuda a los GAD municipales USD 3.512 millones; USD 66 millones a las Universidades y Escuelas Politécnicas y aún falta determinar la deuda con los gobiernos provinciales.

La mayoría de los asambleístas considera urgente esta reforma. “El Ecuador debe avanzar hacia la desconcentración y descentralización de los recursos”, manifestó el socialcristiano César Rohón.

Con su punto de vista coincidieron los legisladores Fernando Callejas y Wilma Andrade. Ambos consideran que es un derecho de los GAD recibir estos recursos y el Estado mantiene una deuda histórica con ellos. “USD 997 millones se adeuda a 221 municipios”, puntualizó Wilma Andrade.

Dentro del Legislativo se plantea el establecimiento de un plazo de 180 días para que el Ministerio de Finanzas pague lo que debe a las instituciones afectadas. (DR).

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