«Acuerdos por la gobernabilidad»

Henry Kronfle destaca que los acuerdos se centran en trabajar por la gobernabilidad y mejorar la ley. Asegura que la intervención de todos los movimientos políticos garantizará los votos para aprobar proyectos gubernamentales.

«Legislando para el empleo y la eficiencia»

La Asamblea, bajo la presidencia de Kronfle, se enfocará en impulsar el empleo y eficiencia legislativa. Se trabajará en proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal y se buscará despejar 600 proyectos represados, priorizando la dinamización del empleo.

“Compilamos 35 proyectos de (reforma al) Código Orgánico Integral Penal, que ya son uno. Estamos trabajando en los 600 proyectos represados, ojalá los podamos hacer 50 por materia”, señalo.

«Reforma Tributaria y sus matices»

Kronfle elogia la Reforma Tributaria por su impulso a zonas de desarrollo y la deducibilidad para la generación de empleo. Reconoce la necesidad de pulir ciertos aspectos, como la venta ocasional de bienes inmuebles, para fortalecer la industria de la construcción.

“Tiene cosas buenas y hay que pulir otras cosas. Trata de impulsar las zonas especiales desarrollo y las zonas francas (…) Veo muy bien la ley en el impulso a través de la deducibilidad de la generación de empleo para la juventud”, recalcó.

«Vigencia y posible veto presidencial»

Anticipa que la primera ley de Noboa estará vigente antes del 31 de diciembre. Aunque no se ha discutido, duda que el presidente vete su propia ley, a menos que no se ajuste a parámetros aceptables.

«Recuperación de credibilidad y eficiencia legislativa»

Kronfle busca recuperar la credibilidad de la Asamblea a través de un cronograma que permita a los asambleístas trabajar en sus territorios. Aboga por limitar cambios innecesarios en el orden del día y enfocarse en leyes relevantes para evitar pérdidas de tiempo en asuntos triviales.

“Y hay que aprobar las leyes que son necesarias. Y discúlpeme, dejar de perder el tiempo en el Día del Bizcocho, del Mazapán, de la Bicicleta, de la Bujía, porque eso a nadie le interesa”.

El asambleísta debe trabajar en territorio

Kronfle destaca que es necesario que los asambleístas trabajen en territorio y que su tiempo no solo se destine a estar encerrados todo el día en una oficina; aislado de los problemas de la ciudadanía.

“Una vez que pasemos esta etapa de transición de la reapertura de la Asamblea, espero ya en 90 días tener un cronograma para que, por lo menos una semana al mes, el asambleísta no esté encerrado en Quito”, concluyó.

JR

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Flores mencionó que el fin de la reforma era supuestamente para proponer medidas que resuelvan el desfinanciamiento del Presupuesto General del Estado (FGE) de 2024 que está prorrogado en USD 31.500 millones. El economista señaló que hay un vacío de USD 10.000 millones y para recuperarlos aún no se han presentado una propuesta clara.

«La reforma tributaria ni de lejos se aproxima a cubrir esa cifra, pero lo que es evidente es que favorece de uno u otro modo a los superricos del país», recalcó.

El economista apuntó que este proyecto lo que hace es «regalarle USD 900 millones en remisiones tributarias». Además, indicó que esto sería «una bofetada a quienes pagaron a tiempo los impuestos, a los ciudadanos y empresas que se esforzaron por tener todo en regla».

La trampilla en la reforma

Flores anotó que uno de los puntos del documento es la «devolución del IVA a los proyectos inmobiliarios», lo que representaría cerca de USD 41 millones. Detalló que con un economía de más de USD 100 mil millones carentes y eso solo beneficiaría a las grandes corporaciones y grandes proyectos en el país.

Además, destacó que en un pequeño intento «para contentar a la gente» la reforma explica que las empresas que contraten a personas jóvenes se les reducirán los impuestos.

«Claro, ellos desglosan que los que apoyen a personas con problemas con la justicia resueltos, deportistas, artistas o jóvenes se beneficiarán. Pero el empleo no se crea desde el lado de la oferta, sino de la demanda», dijo.

En cuanto al dilema de las zonas francas, recalcó que esa «intención» nunca ha beneficiado al país. No obstante, afirmó que lo único que hacen es bajar o eliminar los impuestos a determinadas entidades. «Los únicos que pueden sacar ventaja de eso son los camaroneros o bananeros, porque los pequeños emprendedores no alcanzan a eso ni son tomados en cuenta», expresó.

Postura de la Asamblea

Flores indicó que la Asamblea Nacional debería negarse a la reforma, sea de manera íntegra o en apartados. Recalcó que el apartado de las zonas francas debería recibir un NO rotundo, pues en los últimos años no se han registrado beneficios.

Sobre las exenciones apuntó que podría poner algunos limitantes, por ejemplo, las empresas que sacaron provecho de esta medida ya no deberían estar en la lista hasta los próximos 15 años.

De la misma manera, si una entidad eliminó una multa, interés o recaudo por USD 100 mil y ahora pretenden una exención de USD 120 mil, solo deberían aceptar la diferencia. Es decir, USD 20 mil para que no «sea un negocio a costilla de los más pobres, del pueblo ecuatoriano».

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»Ser empresario es diferente a ser banquero. El empresario genera empleo y progreso», dijo Noboa en el medio digital La Posta.

El economista Jonathan Báez cuestionó esta postura pues existiría una filiación o vínculo entre todo el sector financiero con un empresario ligado a la rama de exportación de productos. Esta relación desencadenaría en un conflicto de intereses y mecanismos precarios de contratación a trabajadores.

»Si es que uno examina cual es la remuneración en el sector laboral de los principales productos de exportación como el banano, cacao y café se puede apreciar que el promedio de ingresos es de apenas USD 200», dijo a Radio La Calle.

En este sentido, puso de ejemplo el nombramiento de Raúl Ledesma como ministro de Trabajo durante el gobierno de Lenín Moreno. El exfuncionario era muy cercano a la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador. Durante su gestión emitió una nueva modalidad de contratación a este sector para »regular las relaciones laborales».

Días atrás, el candidato señaló que de llegar a la Presidencia nombrará a Iván Wong, exempresario de Corporación Noboa, como ministro de Agricultura.

Plan económico

1. Protección a la dolarización

Según el plan de campaña, la protección de la dolarización es esencial para mantener la estabilidad económico, por eso plantearon una estrategia dividida en cuatro puntos:

• Fortalecimiento a la disciplina fiscal: El gasto del Estado debe justificarse cada año, en lugar de basar en el presupuesto del año anterior. La intención es eliminar gastos innecesarios.
• Aumento de las reservas internacionales: Elemento esencial para proteger la dolarización ya que proporcionan una red de seguridad en caso de »shocks económicos», es decir, eventos inesperados.
• Promoción de la inversión: Implementar políticas para atraer inversión, incluyendo la simplificación de trámites, la mejora de la seguridad jurídica y la oferta de incentivos fiscales para la inversión en áreas estratégicas.
• Control de la inflación: Aunque Ecuador no puede controlar directamente la inflación a través de la política monetaria debido a la dolarización. El plan propone implementar políticas fiscales y económicas que ayuden a mantener la inflación bajo control.

Del otro lado de la moneda…

Las bases de esta propuesta generó críticas por parte de los expertos. Por su parte, el economista Marco Flores indicó que las reservas internacionales no protegen la dolarización.

»No hay forma de que los USD 5.500 millones de reservas financieras que están incluidos en las reservas internacionales puedan proteger los USD 57.300 millones de depósitos en el sistema financiero ecuatoriano», dijo en su cuenta de X.

Para el experto, este planteamiento es lo que el presidente Lasso ha hecho durante estos dos años de gobierno, es decir, acumular las reservas internacionales en medio de la peor crisis económica y de seguridad ciudadana.

Agregó que las importaciones del sector privado ya no se financian con dólares de las reservas sino del propio sector privado. Además resaltó que nada de esto significa que el país no requiera crecientes niveles de reservas internacionales pero no al punto de destruir la inversión pública en seguridad, salud, educación o infraestructura como ha venido ocurriendo.

Para el economista Báez, detrás de la propuesta de Noboa solo está la inversión internacional ya sea en bonos o acciones. »Jugar en la bolsa es un juego peligroso en el que se puede perder», enfatizó. Además, trajo a colación la caída del banco suizo Credite Suisse, un hecho que desplomó a otras entidades financieras de Europa.

También manifestó que queda en tela de duda la idea que tiene el candidato acerca de la concepción de »gastos innecesarios», pues podría existir un ataque al gasto social. Enfatizó en que existe el falso mito de que el gobierno debe estar en superávit sin importar el déficit en una sociedad que carece de medicinas, hospitales y seguridad.

En lo que concierne a inflación manifestó que Noboa propone una receta básica de no intervención estatal sino un acción mínima con la intención de favorecer a los sectores más privilegiados. »La inflación se da por el beneficio empresarial no regulado», citó a la economista Isabella Weber.

2. Inversión extranjera directa

La Inversión Extranjera Directa (IED) es otro de los aspectos principales en el plan de trabajo del candidato Daniel Noboa. El Régimen de Zonas Francas es uno de los principales incentivos para competir con otros países de la región en la atracción de IED.

En febrero del 2022, el presidente Guillermo Lasso mandó a la Asamblea Nacional la Ley de Inversiones relacionada a la creación de zonas francas. Sin embargo, algunos legisladores consideraron que el proyecto de ley desembocaría en una creciente privatización.

La vez en la que Noboa tuvo los reflectores de la Asamblea fue justamente en la ponencia para la aprobación de la Ley de Inversiones enviada por el Ejecutivo, en marzo del 2022, pero fue archivada.

Este proyecto también pasó por la Corte Constitucional (CC) tras la disolución del Legislativo y tampoco fue aprobado. Según el órgano de control generaría un desequilibrio en el mercado y prácticas monopólicas.

La IED es una vieja receta aplicada en el 90 y de alguna manera en el gobierno de Lasso y Moreno. La intención es generar dos medidas. La primera es hacer atractivo al país a través de flexibilización o precarización laboral, »se hablar de trabajo por horas». También se habla de no cobrar impuestos a los inversores y ahí es donde interviene el impulso de las zonas francas.

»Hacemos que los inversores sientan atractivo al país pero porque van a sacar utilidad, no le van a dejar nada al Ecuador», resaltó Báez.

3. Reforma tributaria

Noboa propone establecer una nueva tabla de pago de impuesto a la renta de personas, donde »pague más el que más tiene». Su intención es que el porcentaje más alto de impuesto a la renta llegue al 40 %, es decir, tres puntos más que el 37 % actual.

De igual manera planteó un impuesto a la renta de las empresas menor con un valor porcentual de alrededor del 22 % con mayores controles contra la evasión.

¿Quiénes ganan más?

Durante su plan de campaña el presidente Lasso también vendió esta idea y sus funcionarios aseguraban que las personas que más ganan son las que perciben más de USD 2.400 mensuales y se ahogó de impuestos a la clase media.

Los datos eran provenientes de las encuestas de empleo, mismas que »nunca le van a topar ni al señor Lasso ni al señor Noboa porque la élite económica empresarial representa el 0.006 %», según Baéz.

Agregó que la información más certera vienen de las estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI) con registros administrativos. El economista estima que las personas que más ganan son aquellas que perciben más de USD 60 mil.

La clase privilegiada va un paso adelante pues gatillan mecanismos para no pagar los impuestos como las offshore y la estrategia de precios de transferencia para bajar sus ingresos disimuladamente sus ingresos.

»A la final uno puede decir mucho pero en la práctica nuevamente permiten que la clase privilegiada no pague sus impuestos y la clase media sea presionada», recalcó. (AGM)

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La CC ha pedido a Lasso que en un plazo de tres días justifique las razones de urgencia económica que lo llevaron a firmar este decreto ley. También se colgará el documento del decreto ley en la página web de la institución con el objetivo de que la ciudadanía presente amicus curiae.

La Corte convocó también a una audiencia pública para el 6 de junio a las 10:30 al presidente Lasso, el ministro de Economía y el procurador general del Estado. También participarán los 10 amicus curiae que se hayan registrado en ese período de tiempo.

Los ciudadanos que quiera seguir la audiencia podrán hacerlo mediante la radio online y el canal de Youtube de la Corte Constitucional.

El Decreto Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar es una reforma tributaria que previamente el Presidente envió a la Asamblea Nacional el 11 de mayo de 2023. Con la muerte cruzada, este proyecto de ley puede aprobarse solamente con la aprobación de la CC. La ley se centra en cambios al impuesto a la renta, el RIMPE, la gravación de un 15% de impuesto a los operadores deportivos y la exoneración del IVA a los espectáculos públicos. (MIB)

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El Gobierno entregará cinco nuevos decretos bajo el carácter de materia económica urgente. «Algunas reformas habían estado pensadas hace mucho tiempo, pero la Asamblea no los aprobó», dijo para Ecuavisa.

El artículo 148 de la Constitución establece que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el jefe de Estado podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, puede expedir decretos-ley de urgencia económica.

Aparte de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Lefam), que pretende disminuir el impuesto a la renta. El Gabinete incluirá a otros sectores dentro de estas reformas económicas.

Decreto para zonas francas

El Gobierno insistirá en una reforma legal para impulsar la creación de zonas francas, dijo Cucalón. En 2022, el Ejecutivo entregó una Ley de Inversiones en la que se abordaba temas relacionados con zonas francas.

Las zonas francas son áreas geográficas dentro de un país que se establecen con el propósito de fomentar el comercio y la inversión extranjera. En general, ofrecen condiciones especiales y beneficios fiscales y aduaneros a las empresas que operan dentro de ellas.

La ley proponía que la inversión Extranjera podría rápidamente multiplicarse como sucedió en Uruguay, en Costa Rica y en República Dominicana. Además, la reforma fue la que tiempo atrás la Asamblea dio de baja.

La última vez que se debatió la ley, los legisladores notaron que la reforma tenía los mismos artículos, las mismas falencias y los mismos errores. Además, el principal argumento para ese rechazo fue que la ley representaba la privatización indiscriminada de activos y servicios públicos.

Decreto en el ámbito petrolero

El ministro de Energía, Fernando Santos, explicó que los decretos que se van a aprobar es para acelerar los plazos que lamentablemente la “maraña burocrática y la desidia de infiltrados correistas han impedido“. El funcionario acotó que el sector privado debe ser el que impulse a la sociedad.

“El sector privado debe ser el que impulse el sector energético, en el de comunicaciones, el de obras públicas. Se dará mayor cabida al sector privado para sus nobles fines”, reiteró.

Decreto en el ámbito laboral

Pese que el ministro no se refirió a la reforma laboral en el medio televisivo, el encargado del Ministerio de Trabajo, Patricio Donoso, recomendó al mandatario el decreto. “Yo también voy a recomendar el decreto«, dijo antes de ingresar a Carondelet el 17 de mayo.

El paquete de reformas laborales que se presentó en 2021, no contemplaba el respeto a las ocho horas diarias de trabajo, sino que proponía dividir las 40 horas a la semana. Asimismo, se ofrecía un sistema de contratación indefinido.

Decreto en el ámbito de inversiones

El ministro de Producción, Julio José Prado, agregó que el Gobierno planea que la Ley de Inversiones sea aceptada, porque ayudará al país a recibir un gran incentivo económico. Las inversiones del sector privado otorgarán USD 30 mil millones al Ecuador en 2025.

Decreto para el IESS

Este año, el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) realizó una comisión para elaborar alternativas para mantener la situación financiera del Seguro Social. La comisión aún no entrega la propuesta al presidente. Sin embargo, se espera que hasta julio esté lista.

Después de que el decreto sea presentado al mandatario, el Ejecutivo lo entregará a la CC como urgente. (DCJ)

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La economía no es lineal ni es estática. Es dinámica y cambios en el gasto público o los impuestos, producen efectos y resultados que en grado variable afectan el ingreso disponible, consumo, demanda, crecimiento y empleo.

El llamado «gasto tributario» es el sacrificio fiscal en la recaudación tributaria, resultante de normativas y reglamentos que exoneran, reducen o difieren el pago de impuestos para una parte de los contribuyentes.

Según el propio Servicio de Rentas Internas (SRI), el gasto tributario estimado para el año 2021 ascendió a 6.339 millones de dólares, equivalente a un 6 % del PIB y un 49 % de la recaudación tributaria neta de impuestos administrados por el SRI.

El gasto tributario o sacrificio fiscal en Ecuador sigue concentrado en beneficiar a grupos económicos de grandes ganancias. La nueva reforma tributaria propuesta por el gobierno debe ser mucho más equitativa y justa, pero además, debe serlo sin asfixiar la inversión, ni la actividad económica, ni a las familias, ni a las empresas.

Si los impuestos son excesivos se estanca o reduce la demanda y eso impacta en el crecimiento y el empleo. Por el lado de la oferta se afecta la inversión productiva y con ella la producción, y el resultado nuevamente será negativo sobre el crecimiento y el empleo.

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«Es necesario reducir las exoneraciones o gasto tributario que superan los USD 6300 millones y se concentran en grupos económicos con grandes ganancias. La política tributaria debe contribuir a obtener un crecimiento económico compartido con empleo sostenible», expresó el economista Marco Flores.

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¿Cómo funcionaría la recaudación?

De acuerdo con el analista, la estimación de la nueva recaudación del fisco que se realizaría con la reforma si ésta se aprueba es de USD 200 millones y por deducciones tributarias dejaría de recibir ingresos por USD 195 millones.

«Según esa estimación lineal y estática se recaudaría USD 5 millones netos adicionales y los efectos tributarios sobre las cuentas fiscales serían nulos. Las deducciones incorporadas costarían USD 195 millones y los ingresos por nuevos o mayores impuestos USD 200 millones», explica el economista.

Sin embargo, recuerda que la economía no es lineal ni estática, por lo que los cambios en el gasto público y en las decisiones tributarias «producen efectos y resultados porcentuales variables sobre el consumo, demanda, crecimiento y empleo».

La Asamblea, como dicta la ley, tendrá 30 días para analizar el proyecto económico urgente e informar de su decisión al respecto. (MIB)

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Lasso afirmó que la resolución del Legislativo no tiene validez porque el Gobierno no fue quien impartió este decreto. Según Lasso, este proyecto es la recopilación de proyectos-ley propuestos por otros asambleístas.

Además, remarcó que él como Jefe de Estado es el responsable de la administración pública, por lo que “guste o no la Constitución ha asignado la responsabilidad sobre la planificación de las finanzas públicas y su administración al Ejecutivo, dotándolo de herramientas y competencias muy amplias al respecto”, reza el documento.

De la misma manera, se justificó aludiendo que el Decreto-Ley se estableció de manera constitucional, pues al no haber un pronunciamiento por parte de la Asamblea en el límite de 30 días era responsabilidad del Ejecutivo aprobar el decreto.

“El Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó, ni modificó ni negó el Proyecto de Ley dentro del plazo fatal de 30 días, mismo que fenecía el 27 de noviembre de 2021 y, por consiguiente, el presidente de la República debía promulgarlo como decreto-ley y ordenar su publicación en el Registro Oficial”, detalla el oficio.

La vigencia de este decreto afecta con una mayor tributación de impuestos a los sectores de la clase media.

Objeción por inconveniencia

El presidente enfatizó que esta derogatoria afectaría al principio de sostenibilidad fiscal, por lo que tachó de irresponsable la decisión del Pleno. “Es irresponsable, cuando, por un lado, la Asamblea, demanda mayores recursos e inversión pública, pero por otro lado elimina los ingresos del Estado”, menciona el documento.

También reiteró que derogar una ley que permite una recaudación estimada de 946,32 millones de dólares anuales incumple con el mandato de conducirse de forma responsable los recursos económicos.

Para el Ejecutivo, esta recaudación se destinaría para educación salud, y demás prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, su proforma de 2023 entrará en vigencia con recortes presupuestarios a los sectores sociales.

Finalmente, detalló que su gobierno asumió la economía nacional con un déficit fiscal superior a los USD 7.000 millones obligándolo a tomar medidas para reducir el déficit.

“Mediante una administración prudente se ha logrado reducir dicho déficit a menos de 2.000 millones, además reperfilando y reprogramando la deuda externa con tasas más bajas y plazos más amigables”, menciona el informe.

Más deuda con el FMI

El 14 de diciembre Lasso anunció que adquirió un préstamo de USD 700 millones. Según economistas consultados por diario Expreso, los préstamos del FMI han «ayudado» a mejorar las cuentas fiscales del Ecuador. Sin embargo, reconocen que no ha habido crecimiento económico suficiente para generar plazas de empleo.

También concuerdan con que la reactivación económica anunciada por Lasso es solo cuento. Hasta el día de hoy, el país reactivarse a nivel prepandemia. Es el único en la región que no ha logrado levantar sus índices económicos. (N.J.C)

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En una sesión del 28 de octubre, la Corte Constitucional se reunió para debatir algunos aspectos relacionados con la Ley Orgánica de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal. En la mesa se declararon inconstitucionales aspectos como;

• La exoneración del pago del Impuesto a la Herencia a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad con el causante y cónyuges supervivientes, siempre que no existan hijos que puedan acceder a la masa hereditaria;
• algunos artículos de la Ley de Hidrocarburos, uno relacionado con la concesión excepcional del Estado para la exploración y explotación de nuevas áreas;
• los artículos 112 al 116 relacionados con el Régimen Especial de Galápagos;
• las modificaciones a las tarifas del Rimpe, ya que transgrede el principio de capacidad contributiva al no observar la riqueza real del sujeto y efectuar el cálculo sobre el total de sus ingresos;
• y eximir a las personas que se acojan al Régimen Impositivo voluntario, único y temporal para la regularización de activos en el exterior (RIVUT) de la investigación de ciertos delitos como el enriquecimiento privado no justificado.

Después de pasar por el Pleno de la Asamblea, la propuesta de ley fue enviada por el presidente Guillermo Lasso al Registro Oficial el 29 de noviembre del 2021. Para la Corte, la Asamblea Nacional no aprobó, ni modificó, ni negó el Proyecto de Ley dentro del plazo de 30 días. Esta acción permitió que el mandatario pueda promulgar la propuesta como decreto-ley o publicarla en el Registro Oficial.

La negativa de UNES a la resolución de la Corte Constitucional

En un comunicado oficial la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), expresó su descontento sobre la resolución de la Corte Constitucional. Ante la situación, señalaron que insistirán en la derogatoria total de la denominada ‘‘Ley Impuestera’’

‘‘No podemos bajar los brazos para derogar la «Ley Impuestera». Lasso prometió no subir impuestos y lo que hizo fue subirlos afectando a las capas sociales más débiles y a la clase media’’, dijo el asambleísta Lenin Mera en su cuenta de Twitter. (A.G.M)

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Muñoz dijo que el Pleno de la Asamblea, claramente, negó el proyecto de Ley, pues “no tuvo los votos necesarios para que la pretensión del Gobierno ecuatoriano se concrete. Sin embargo, Lasso la proclamó a travès de un decreto».

El legislador de UNES aclarò que cuando se promulga una ley bajo la figura de decreto, la Asamblea Nacional, en apego a la Constitución, tiene la facultad para derogar esa iniciativa.

Frente a la aprobaciòn de la reforma por el ministerio de la ley, los movimientos Pachakutik y UNES presentaron iniciativas derogatorias. Sin embargo, estas no fueron calificadas por la Asamblea, por lo que se exhortará al Pleno para que disponga al Consejo de Administración Legislativa calificar estas iniciativas.

“Jamás dejaremos de hacer algo que esté a favor del pueblo ecuatoriano. El presidente podría vetar la iniciativa, y podría ser improductivo, pero jamás vamos a dejar de hacer lo que esté a favor del pueblo”, dijo.

Sobre la Reforma

Muñoz calificó a la Ley como lesiva para la sociedad ecuatoriana y explicó que el impuesto a la renta cambiaba en su magnitud, tarifa, forma de cambio y deducciones afectando, particularmente, a los sectores de clase media.

“Las personas vieron horrorizadas como tenían una reducción significativa de sus salarios por la deducción que se hizo por el impuesto a la renta”, dijo.

Añadió que la reforma «es un impuesto a los ingresos. Significa que los pequeños y medianos sobre lo que venden, pagan. Ya no en pagan impuesto a la renta sino impuestos a sus ingresos (…) nosotros dijimos en el pleno de la Asamblea Nacional que si quieren aplicar está ley apliquen la en las 300 grupos económicos más grandes del país».

Por otro lado, el legislador también hizo referencia a un incremento de precios. «Tenemos un incremento increíble en los precios de los productos de primera necesidad», afirmò, aunque en reiteradas ocasiones el presidente Guillermo Lasso ha dicho que no esxiste inflación.

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