Aunque las medidas mejoran el trabajo del docente no existe un presupuesto para poder aumentar el salario, así lo indicó el Ministro de Economía, Mauricio Pozo. Las soluciones pueden ir desde declarar inconstitucional a la ley o subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

¿Qué implican estas reformas?

«La ley eleva salarios de los docentes. Esto incrementa el gasto público de hasta USD 3 mil millones (osea 10% de aumento). Lo cual es insostenible. Sobre todo porque la ley no dice de dónde se va a financiar ese incremento», explica el analista David Villamar a Radio La Calle.

Añadió que «la jubilación especial permite q los docentes se retiren luego de 25 años de servicio, lo cual podría  derivar en jubilados a los 50 años. Eso reduce la población aportante y te aumenta la población beneficiaria. Es una irresponsabilidad gigantesca».

Choque con el nuevo gobierno

Estas reformas chocan con la política de achicar el gasto público que plantea Guillermo Lasso. No obstante, las dos salidas que plantea Villamar: incrementar los impuestos (el IVA al 15%, por ejemplo) o la inconstitucionalidad de la ley (porque no establece fuentes para financiar ese incremento del gasto) traen problemas a Lasso.

El nuevo gobierno tendrá que enfrentarse a subir el IVA, cosa que reiteradas veces prometió no hacer o a las protestas de los docentes si no ven cumplidos esos beneficios.

¿Qué más se puede hacer?

De acuerdo con el abogado Carlos Alvear «deben aplicar la ley sino serán sujetos a recursos administrativos o acciones contencioso administrativas, y finalmente los beneficiarios cobrarían retroactivamente». De ser así la deuda empezaría a acumularse, cosa que también pone contra las cuerdas a la administración estatal.

Por el momento, la Unión Nacional de Educadores (UNE) envío un pedido al Legislativo para crear un reglamento para financiar el aumento del salario para los docentes.

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Su nombre es tan largo que se vuelve tedioso. Sin embargo, el proyecto no supera a las 200 páginas y contiene reformas a varios cuerpos normativos en un lenguaje que parece encriptado. Además, el informe técnico de la Subsecretaría de Presupuesto y la Subsecretaría de Política Fiscal señala que no es posible calcular “el impacto fiscal debido a la dificultad para identificarlo o porque no existe información al respecto”. A pesar de esto, considera pertinente “continuar con el trámite de aprobación del dictamen para el Proyecto de Ley”. La lógica es: “no estamos seguros de lo que puede producir, pero no es peligroso que se siga tramitando”.

Basta con analizar unos cuantos artículos con modificaciones al Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno para intuir que una inevitable crisis sobrevendrá si se aprueba.

Las regalonas reformas tributarias

• Los artículos 18, 32 y 71 dan cuenta de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Es decir, si se aprobara, las empresas no estarán obligadas a calcular un estimado de impuesto para el siguiente año de actividades, lo que permitiría la evasión de impuestos a gran escala.
• En el artículo 69 se exonera del impuesto a la salida de divisas a las transferencias y depósitos realizadas al exterior, añadiendo en el artículo 70 que sí se aplicará el impuesto en pagos “por la importación de materias primas, insumos y bienes de capital”, pero este será apenas de 2,5%. El peligro de esta reforma es que, sin el impuesto, saldrá más dinero de lo que ingresa al país, arriesgando a la economía a una falta de liquidez.
• En el artículo 389 se determina un impuesto único y temporal para los años 2020, 2021 y 2022 a los ingresos extraordinarios de las empresas más grandes del país que va de 0.10% a 0.20% respectivamente. Sin embargo, Pablo Dávalos, economista ecuatoriano, sostiene en su análisis de esta ley que, hasta 2018, estos grupos económicos “contribuyeron en impuesto a la renta, en promedio, con un 2.2% de sus ingresos brutos”.

La política financiera y el Banco Central mutarán al toque de una varita mágica

• En el artículo 142 se establece la conformación de una Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera “con autonomía administrativa, presupuestaria y operativa, responsable de la formulación de la política y regulación financiera, de seguros y valores” con miembros designados por el presidente de la República por un periodo de seis años. Esta forma de designación, deduce Dávalos, deja abierta la posibilidad de que los miembros “representen a intereses corporativos” y que, al tener “acceso a información clave sobre indicadores económicos y monetarios, utilicen esa información en beneficio propio”.

• El artículo 227 otorga al Directorio del Banco Central la potestad de definir “el techo para las operaciones de gestión de liquidez” basado en una regla de respaldo, eliminando la necesidad de definición de una política de liquidez (que consta en el artículo 118 del Código Orgánico Monetario y Financiero). Sin dicha política, no existirá protección para la dolarización.

• La cereza del pastel es el cambio del objetivo del Banco Central del Ecuador. El artículo 27 del actual Código Orgánico Monetario y Financiero sostiene que es un instrumento de la política monetaria, cambiaria y financiera del Estado. En la presente ley, el artículo 157 sustituye al artículo 27 y define que su objetivo es “fomentar y mantener un sistema monetario estable, coadyuvar a la estabilidad financiera y administrar su balance con el fin de preservar la integridad de la dolarización”. Siendo este su objetivo, se esperaría que destine los recursos de la reserva internacional para “salvar” u otorgar créditos a las instituciones financieras privadas.

El analista Pablo Dávalos advierte una posible crisis sistémica, es decir, una crisis de la dolarización, una situación similar a la que vivió Ecuador entre 1999 y 2000. Las predicciones son suficientemente nefastas y alarmantes para disponerse a colocar todos los reflectores en el accionar de la Asamblea Nacional este jueves 31 de octubre.

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