La normativa, que contiene un impuesto a la compraventa de autos usados, se negó y archivó con 84 votos afirmativos en primer debate por el Pleno Legislativo durante el 27 de noviembre. 

¿Qué dijo la Asamblea?

Desde la Asamblea se rechazó el accionar del Ejecutivo. El secretario general del Legislativo, Alejandro Muñoz, expresó que la acción del mandatario es inconstitucional.

«Este acto, sin duda, constituye un acto absolutamente inconstitucional, arbitrario y totalitario, que se ha denominado prácticamente un apagón jurídico; que resquebraja el orden constitucional; que violenta el principio de independencia y separación de funciones del Estado; y, que evidentemente lesiona las bases de nuestra democracia», dijo en una rueda de prensa.

En el Registro Oficial, también cuenta la negativa y archivo del proyecto de ley. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz preparará una acción de inconstitucionalidad en contra de esta decisión que enfrenta nuevamente a estos dos poderes del Estado.

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El pasado 27 de noviembre el Parlamento archivó este proyecto de ley en primer debate con los votos afirmativos de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, quienes argumentaron que la iniciativa del gobierno solo incrementaba impuestos a la ciudadanía.

¿Cómo se excusa el gobierno?

Pese a la resolución ya establecida, el Ejecutivo envió directamente su propuesta al Registro Oficial para su posterior publicación. Según su justificación, los proyectos económicos urgentes, como este, solo pueden ser archivados en un segundo debate en el pleno, instancia que no se alcanzó en este caso.

«Lo que el presidente Daniel Noboa ha hecho es respetar la Constitución y al no tener un pronunciamiento de la Asamblea en segundo debate sobre la Ley Antipillos , envió el proyecto al Ministerio de la Ley» dijo la asambleísta Inés Alarcón. Además manifestó que el Ejecutivo actuó de manera correcta al no dejar que el proyecto quedara en el limbo legislativo.

Respuesta de la Asamblea

Por otro lado, la Asamblea Nacional ha mantenido su rechazo a la promulgación. En un comunicado oficial, el Legislativo aseguró que el archivo se realizó en cumplimiento estricto del artículo 140 de la Constitución, que establece que los proyectos de esta naturaleza deben seguir el mismo procedimiento que los ordinarios, salvo en los plazos.

También citó el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que faculta al pleno a archivar propuestas legales en primera instancia. Desde el 2014 se han archivado 52 proyectos ordinarios, según cita el comunicado.

¿Porqué la Asamblea se opuso a Ley Antipillos?

La preocupación radica en los posibles efectos de la «Ley Antipillos», destacando que incluye medidas como un impuesto a la venta de vehículos usados, una medida que afectaría negativamente la economía de los ciudadanos.

Aunque el Gobierno asegura que la norma busca combatir el lavado de activos y mejorar la recaudación fiscal, críticos advierten que algunas disposiciones, como el mencionado impuesto, podrían generar un impacto adverso en ciertos sectores económicos, agravando las dificultades actuales de los ciudadanos.

La polémica por la «Ley Antipillos» refleja las tensiones entre los dos principales poderes del Estado y deja en evidencia la necesidad de mayor claridad y consenso en el manejo de proyectos legislativos de alta relevancia.

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Noboa mencionó que el IVA pasará al 15 % desde el 1 de abril. El régimen detalló que el presidente tiene la potestad para variar el incremento entre el 13 % y el 15 %. El documento incluye un posible aumento al ISD, la contribución temporal de bancos y cooperativas de ahorro, crédito y grandes grupos económicos y la reducción del IVA al 5% para materiales de construcción.

Según el régimen, el incremento abrupto del IVA al 15 % ayudaría al país a salir de los estragos del fenómeno El Niño, la crisis fiscal o la deuda que acumulada con los GAD’s y otras instituciones.

“Tenemos 60 cantones inundados, tenemos a todos los municipios y prefecturas con atrasos que llaman todos los días: desde la prefecta del Guayas hasta el alcalde de Chone y el de Echeandía», dijo en entrevista en El Universo y Radio City.

La indecisión en el Gobierno

El 21 de febrero, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, afirmó que el incremento al IVA sería del 15%. Según él, esto servirá para financiar la “exitosa campaña de seguridad” que el gobierno lleva contra el crimen organizado. Horas más tarde, una fuente rectificó la información a Teleamazonas y comentó que el IVA pasará al 13%. Sin embargo, el presidente comentó otra realidad y afirmó que los ecuatorianos tendrán un IVA del 15 % desde el 1 de abril.

Pasó por el Pleno

El Pleno de la Asamblea Nacional se quedó en el limbo respecto al alza del IVA, pues no rechazó ni acogió el veto parcial del presidente Daniel Noboa. La primera moción fue presentada por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno y se necesitaban 92 votos favorables. No obstante, con 76 votos a favor, 24 en contra y 28 abstenciones, la Asamblea no alcanzó los votos para ratificarse en la resolución donde no se aprobó el alza del IVA.

Dos horas más tarde de la votación del Pleno sobre el proyecto de ley que propone el incremento del IVA al 15%, el jefe de Estado envió el veto a ese mismo proyecto. Ante ese escenario, el mandatario podía enviar el informe al Ministerio de la Ley y aprobarlo.

El Ejecutivo, a través de un comunicado, mencionó que la intención del nuevo documento es “mejorar el texto propuesto para su aplicación objetiva y entendimiento pleno”. No obstante, la sorpresa radica en la insistencia del gabinete por subir el IVA.

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El proyecto de ley económico urgente será enviado a la Asamblea la tarde de este 20 de diciembre por el Ejecutivo. La parlamentaria dijo en Teleamazonas que es probable que esta propuesta también pase por la Comisión de Desarrollo Económico que ella preside.

Resaltó que el Parlamento tramitó en un tiempo récord de 20 días el proyecto de reforma tributaria. De igual manera, dijo que el mandatario no vetará el informe aprobado por el Legislativo para que el proyecto se publique lo antes posible en el Registro Oficial.

La propuesta del Ejecutivo ya fue anticipada desde que el nuevo parlamento inició sus funciones. Este segundo proyecto de ley tiene el objetivo de eliminar los techos para autogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica, además de bajar el costo del kilovatio.

La crisis energética

El pasado 4 de diciembre, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, expuso ante la Comisión Legislativa de Fiscalización la crítica situación del sector energético.

”El sector energético está en terapia intensiva. Estamos tratando de estabilizar al paciente para sacarlo de este momento crítico”, dijo a los medios de comunicación.

La titular de la cartera de Estado señaló que el gobierno de Guillermo Lasso entregó información sin sustento técnico durante el proceso de transición. Además dijo que los costos de compra de energía a Colombia subieron en un 35 %, es decir, cerca de USD 200 millones salieron del país. (AGM).

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«Lo discutimos. Y teníamos listo el decreto, solo era cuestión de enviarlo al Registro Oficial. Lo teníamos como última medida. Era prácticamente un botón rojo. Pero primero queríamos estar seguros de cómo iba la votación en la Asamblea. No era un escenario que se buscaba, pero estábamos listos. Lo habíamos discutido y evaluado, dijo en una entrevista con diario Extra.

También mantuvo su posición contra el juicio político a Lasso. «No apruebo el juicio político. Creo que la Asamblea está forzando las circunstancias para llevar al presidente a un estrado que no lo merece. El juicio político no puede ser un concurso de popularidad del presidente, ni saber si les cae bien o mal, si les gusta o no el Gobierno. Pudieron existir muchas equivocaciones, pero las destituciones se producen por razones y causas específicas. En esa diferencia estriba la estabilidad democrática de un país».

Jiménez dejó el Ministerio de Gobierno después de un año de trabajo y a semanas de que en la Consulta Popular ganará el No, lo que fue un duro revés para el Gobierno.

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«Los recursos del Estado existen por parte de la recaudación tributaria, por ejemplo. Tiene que cumplir con la resolución de la Corte Constitucional», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Hidalgo comentó que, en este año, apenas se ha destinado el 3.1% de recursos para el sector educativo.

 “Vemos cómo los padres de familia en la Sierra y la Amazonía ponen de su bolsillo para arreglar las aulas de clases cuando esa es la responsabilidad del Estado ecuatoriano», sostuvo el dirigente.

Además, explicó que la equiparación salarial, por la que han luchado con las huelgas de hambre, tenía que darse desde el año 2016, cuando se les equiparó a los demás servidores públicos, policías, militares.

“El 11 de agosto del año pasado la Corte Constitucional ya falló a favor de la educación cuando dijo que las reformas a la Ley Orgánica de Educación son constitucionales”, aseveró Hidalgo.

También afirmó que el Ministerio de Educación está procediendo a reducir la calidad de la educación incluso al margen de la propia Ley de Educación.

“Cuando se reducen las horas de clases de las materias elementales están perjudicando a los estudiantes”, aseguró el dirigente.

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“Estamos informando al público de nuestra decisión de autorizar la importación de fruta fresca de aguacate del Ecuador continental a los Estados Unidos continentales”, explica la decisión de esa cartera de Estado. De acuerdo con los estudios que realizaron será necesaria una o más medidas fitosanitarias para eliminar las posibles plagas que lleve esa fruta consigo.

Ecuador cultiva aguacate de dos variedades: el hass y el fuerte. El primero se cultiva en alrededor de 1.200 hectáreas. Tiene presencia en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Bolívar, Azuay, Santa Elena y Loja. El cultivo de la variedad fuerte ocupa aproximadamente 5.000 hectáreas distribuidas en todo el país.

Exportación de aguacate

El 90% de las exportaciones de aguacate en 2021 se concentraron en tres países. Más de 600 toneladas de aguacate tuvieron como destino: España (78.28%), Colombia (6,24%) y Hong Kong (5.54%). Así indican los datos del Ministerio de Producción.

El presidente Guillermo Lasso se pronunció en Twitter tras conocer la noticia. “¡Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador! El Departamento de Agricultura de EE. UU. decidió autorizar la importación de nuestro aguacate fresco hacia ese país. ¡Un paso más hacia el Ecuador de Oportunidades para los pequeños y grandes productores de aguacate ecuatoriano!”.

Con esta decisión, Ecuador empezará a competir con México, el más grande exportador de aguacate a Estados Unidos. Más del 80% de las exportaciones mexicanas de este fruto se destinan a EE. UU., su principal socio comercial, envíos valuados en unos USD 3.500 millones, según la asociación de productores. MIB

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La Ley Orgánica que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación fue publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 53, con el 97% del proyecto modificado, debido al veto parcial aplicado por parte del Ejecutivo.

La ley entró en vigor, precisamente un día después de que se cumpliera el primer año de que la Corte Constitucional haya despenalizado el aborto en caso de violación, donde se dispuso a la Asamblea Nacional la aprobación de una ley que lo regule.

«Hace un año alcanzamos la despenalización del aborto por violación en la Corte Constitucional, un mérito de las organizaciones feministas. Hoy nos encontramos con una ley que, en lugar de facilitar su acceso a las víctimas, induce a la maternidad forzada. Seguiremos en pie de lucha!», señaló Lita Martínez, abogada feminista y defensor por los derechos de las mujeres.

Tras solo haber logrado 20 votos a favor de los 92 que se requería para hacer válido el proyecto que el pleno del Legislativo ya aprobó en febrero de este año, la ley fue publicada con 61 de 63 artículos modificados.

Principales cambios en la ley

1.-El aborto es planteado como una excepción y no como un derecho de las mujeres.

2.-El plazo máximo para interrumpir el embarazo es de 12 semanas de gestación sin distinciones.

3.-La mujer que acceda a dicho procedimiento deberá cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: una denuncia contra el agresor, una declaración jurada por la víctima o un examen médico que confirme la agresión sexual; en caso de ser menor de edad el documento deberá ser firmado por su representante legal o cuidador a excepción que se trate de su mismo agresor.

Por su parte, el mandatario otorgó a los médicos el derecho a negarse a practicar el procedimiento si este va en contra de sus principios, quienes deberán informar al director de la institución médica el requerimiento de la mujer gestante para que otro profesional la pueda atender.

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Legisladores de UNES presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la Proforma Presupuestaria, en rechazo a los recortes presupuestarios en distintas áreas, principalmente en educación y salud.

El documento fue firmado por los legisladores Blasco Luna, Diego Córdova, Marcos Alvarado, Mónica Palacios, Marcela Holguín, Silvia Núñez, entre otros. En el texto piden, además, la citación del presidente Guillermo Lasso.

El pasado 7 de diciembre, la Asamblea Nacional observó la proforma presupuestaria y solicitó modificar los presupuestos para salud, educación, pensiones jubilares, rehabilitación social, entre otras áreas. Asimismo, observaron el tema de la monetización de los activos del Estado. Las observaciones al presupuesto fueron aprobadas con 96 votos a favor.

Otros asambleístas manifestaron, en su momento, que es importante que la Proforma determine recursos para la seguridad social, cumpla con el 0.5% del PIB para el presupuesto a la educación y esté enfocado en sectores vulnerables.

La resolución de la Asamblea fue remitida al Ejecutivo, sin embargo, el Gobierno decidió publicarlo en el Registro Oficial, sin incluir las observaciones del Legislativo.

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Ante ello, el presidente Lasso envió, este lunes, la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, para su publicación en el Registro Oficial.

A través de un comunicado, indicó que la decisión “procede bajo el sistema democrático del país, pues al ser una ley enviada con carácter económico urgente, han transcurrido los 30 días que establece la Constitución para su tratamiento y la Asamblea Nacional certificó que ninguna de las mociones consideradas para tratar el documento tuvo los votos necesarios para su aprobación»

Al no haber acuerdo legislativo, el Gobierno reitera que el proyecto de Ley, enviado por el Ejecutivo, entra en vigencia por mandato de la Constitución.

Durante el tratamiento de este proyecto de Ley, la Asamblea cuestionó que este instrumento no recogiera las observaciones enviadas por las minorías de la Asamblea.

Asimismo, criticaron que el proyecto de Ley de Desarrollo Económico permita la impunidad a los grandes empresarios que no pagan impuestos; pretenda blanquear los paraísos fiscales; y golpee los bolsillos de los ecuatorianos, específicamente, de los que menos tienen, la clase media, los trabajadores, agricultores, indígenas y pueblos afrodescendientes.

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«Considerando que el proyecto de ley se presentó con fecha 28 de octubre del 2021 como se desprende del oficio que adjunto y en vista de que el Pleno de la Asamblea no ha aprobado, modificado o negado el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico tras la Pandemia COVID-19 solicito su publicación en el Registro Oficial», dice el oficio al director del Registro Oficial, Hugo del Pozo.

Oficio de la Asamblea

El mandatario indicó que se envió un oficio desde la Secretaría de la Asamblea Nacional indicando sobre el estado del debate y la votación del proyecto de ley el pasado 26 de noviembre. «Se puso a consideración en el Pleno de la Asamblea varias mociones con respecto a los informes al mencionado proyecto de ley sin que ninguna de ellas obtuviera los votos necesarios para su aprobación».

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En su cuenta oficial de Twitter publicó un conjunto de mensajes donde informó que dispuso congelar las tarifas de los servicios públicos señalados hasta el 31 de diciembre de este año, “nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios».

Este viernes constará en el Registro Oficial

Además, mencionó que la decisión es una forma de recuperar la fuerza del Estado que el Gobierno de Mauricio Macri había reducido, es decir, el Estado volverá a participar en la regulación de estos servicios. “El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado” añadió, el primer mandatario.

Finalmente, reconociendo la necesidad del acceso a estos servicios y la dificultad de parte de la sociedad para obtenerlos, declaró que el Gobierno ordena “que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”.

La medida será tomada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará esta noche en el Boletín Oficial, señalaron fuentes oficiales. Además, tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado, debido a que pasará a ser un “servicio público” y ya no estará sujeta a la decisión exclusiva de las empresas, como sucede en la actualidad. (AB)

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