En esta ocasión, la empresa estatal solicita un remolcador obsoleto fabricado en 1979 para realizar operaciones en el Terminal Petrolero de la Libertad, las cuales involucran a buques tanqueros de combustible o petróleo.

Es evidente que este contrato está dirigido a una empresa, cuyo dueño es amigo del exgerente subrogante de Petroecuador, Reinaldo Armijos ya que solo una empresa en el país oferta remolcadores tan viejos.

Accidentes con tanqueros

En lo que va de 2023, ya han ocurrido dos graves siniestros que involucran a tanqueros. En abril, en el puerto petrolero de Balao, el remolcador CORSARIO IV, parte de la misma flota obsoleta a la que se pertenece el remolcador que está solicitando Petroecuador, sufrió un incendio a metros del buque tanque Cartagena, que en ese momento contaba con una carga de gasolina de 298.271 barriles.

Un segundo accidente provocado por estos remolcadores obsoletos ocurrió el 1 de julio, cuando otro de los remolcadores obsoletos destrozó la hélice del buque Maria Elena cargado con petróleo en el Puerto Petrolero de La Libertad, donde volverán a operar por pedido de Petroecuador.

Los tratados internacionales exigen que los remolcadores marítimos, por la delicadeza de sus funciones, cumplan con una serie de requerimientos, entre los que destacan la gran capacidad en sus motores que les permita arrastrar gigantescos buques, así como la posibilidad de realizar giros sobre su propio eje (giro azimutal), de tal manera que puedan realizar maniobras complejas evitando los siniestros.

El Colectivo denuncia que tanto los trabajadores de puertos y embarcaciones como los ecosistemas marinos se encuentran en peligro a raíz de que durante la administración del exministro de Transporte, César Rohon se relajaron los controles y se permite el continuo uso de remolcadores obsoletos, los cuales constantemente ocasionan siniestros. (MIB)

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Después de tres meses de la consulta popular sobre la extracción petrolera en el Yasuní, la estatal aprobó el calendario para cerrar las operaciones en el bloque Ishpingo, Tambococha, Tiputini e ITT. La Corte Constitucional había establecido un año de plazo para finalizar las operaciones petroleras en este lugar.

»El desmantelaje puede llegar a no menos de USD 1.800 a USD 2 millones, aparte de todos los procesos que tenemos que indemnizar, ya no vamos a generar ingresos y esto afecta al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)», dijo a Ecuavisa.

Lavada de manos

El ministro de Energía, Fernando Santos, ya había anticipado que la responsabilidad del desmantelamiento del Yasuní quedaría para el otro gobierno de turno. También había manifestado su posición en contra de que se detenga la extracción petrolera en esta zona, pues indicó que existiría pérdidas económicas.

Pese a los resultados de la consulta popular, el jefe ministerial se acogió al artículo 57 de la Constitución. »Los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio», resaltó.

¿Afectaciones?

El secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (ANTEP), David Almeida, señaló que en 2022 el precio promedio del crudo en el ITT fue de USD 82.17 por barril, ese valor se dejó utilidades por USD 1.211 millones en el país.

”Si el petróleo fuera brea no se podrían producir 58 mil barriles de petróleo por día. Efectivamente el contenido de agua es alto como ocurre en todos los reservorios de petróleo a nivel mundial”, dijo en entrevista a Radio La Calle.

Otra visión

Para la vocera del colectivo Yasunidos, Manaí Prado, el Yasuní tiene un ciclo muy importante porque de ahí nacen las nubes que provocan las lluvias en los Andes y genera el agua que se consume en el país. ”No podemos sacrificar el lugar más biodiverso del mundo por ”beneficios económicos” que realmente no benefician al país”, señaló a este medio de comunicación.

Según Prado, el petróleo del Yasuní es de mala calidad de cada 100 barriles solo siete son de petróleo, todo lo demás es brea, es decir, agua formación tóxica, además de que se vende a muy bajo precio a nivel internacional. ”Se perdieron 15.000 millones de dólares en casos de corrupción”, resaltó. (AGM).

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Según Armijos, esta medida responde a protocolos de seguridad y control que se implementarán en la petrolera. Luego de que varios usuarios en redes sociales condenaran esta acción, la petrolera detallo -en un comunicado- que «iniciaron la reubicación de los animales domésticos a casas de refugio para precautelar su seguridad».

«Se llevan procedimientos para precautelar la seguridad industrial, precautelar la integridad de los funcionarios y evitar afectaciones a los animales en el lugar», reza el comunicado.

El recién llegado

Armijos asumió el cargo de gerente el 13 de octubre de 2023, con apenas siete días en el cargo y ya lleva su primer «halón de orejas encima». Este se convirtió el octavo gerente en la estatal, tras la renuncia de Ramón Correa por el declive de la producción petrolera y allanamientos en la estatal por contratos de seguros.

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