Recordó que el pasado 9 de septiembre, el Grupo de Detenciones Arbitrarias abrió el expediente de Jorge Glas y lo remitió a la Relatoría de la salud, tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, así como también a la Relatoría de ejecuciones extrajudiciales.

“Lo que queremos es que estas relatorías emitan un pronunciamiento oficial para seguir presionando a nivel internacional y demostrar que el Estado ecuatoriano está haciendo caso omiso a los pronunciamientos oficiales”, afirmó Vera.

También explicó que existe un informe consolidado que se llevó a cabo gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se llegó a la conclusión de que el Estado ecuatoriano ha sido negligente con el caso de Jorge Glas y esto se ve reflejado en su deplorable estado físico y psicológico.

“La situación psicológica de Jorge Glas es muy aguda, recordemos que él se encuentra en uno de los centros penitenciarios, en donde se han suscitado las masacres carcelarias”, expresó la representante.

Vera hizo un llamado a la ciudadanía para que recuerden que Jorge Glas tiene derechos, pues, aunque lo satanicen mediáticamente, es un ser humano que merece que se le otorguen beneficios penitenciarios. Además, recalcó que desde el 14 de diciembre del 2020 tiene estos beneficios penitenciarios y no están siendo respetados

Por otro lado, expuso que la familia de Glas es víctima de estigmatización y linchamiento mediático. “Los medios hegemónicos muestran a la familia de Jorge Glas como si fueran narcotraficantes que tiene dinero de la corrupción”, dijo durante la entrevista.

Reiteró que lo único que se pide es que se cumplan con los principios constitucionales, legales y los tratados internacionales de derechos humanos. “Nosotros si tenemos las pruebas suficientes para demostrar que existe una persecución política y Jorge Glas es un hombre inocente”

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A criterio del especialista, existieron violaciones al debido proceso, como utilizar un tipo penal indeterminado, al invocarse solo la Constitución Política, por parte de la Fiscalía.

En un informe de julio del 2021, García-Sayán sostiene que el proceso se realizó dentro del marco de la reforma institucional, determinada en el referendo del 2018, que creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).

Afirma que, entre otras cosas, esta entidad modificó la forma de evaluar, nombrar y sustituir jueces, con injerencia del poder Ejecutivo.

“En abril de 2018, el Consejo inició el procedimiento para la evaluación del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura estaba desarrollando una examinación competitiva, en base al mérito, para nombrar las vacantes en la rama judicial. Al iniciar el proceso de evaluación, el Consejo Transitorio ordenó que dicho concurso fuera suspendido, lo cual sería una señal del rompimiento de la división de poderes y la interferencia en la justicia”, señala el informe.

Asimismo, indica que, en la información referente al proceso en contra de los empresarios Phillips Cooper y Fontana Zamora, también investigados en el caso “Sobornos”, se alegan hechos violatorios vinculados a la falta de independencia judicial y de imparcialidad de los jueces y otros operadores de justicia.

En las violaciones en este proceso específico, así como en el contexto general de las reformas judiciales realizadas a partir del Referendo del 2018, estaría incluida la Fiscalía General.

La conclusión del Relator es que se trataría de un caso de persecución política, dada la indebida utilización del aparato de administración de justicia. El objetivo habría sido impedir la participación de Rafael Correa, en las elecciones del 2021.

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