Este proceso fue sustentado por los asambleístas Luis Almeida del PSC y Salvador Quishpe de Pachakutik. Ortiz es acusado de incumplir con sus funciones, al permitir el incremento gradual de los precios de los combustibles. También por los cobros excesivos por consumo de electricidad, en medio de la crisis por la pandemia.

En su informe, la Comisión recomienda que, más allá de la censura e inhabilitación en la función pública, es importante que el expediente sea remitido a las autoridades de control. En el caso puntual de los contratos con las empresas de corte y reconexión de energía eléctrica, que la Contraloría General realice los respectivos exámenes especiales.

Respecto del cobro excesivo, el organismo recomienda realizar la liquidación a todos los usuarios por el valor consumido y emitir notas de crédito por los valores cobrados en exceso.

Además, pide a la Corte Constitucional que revise la constitucionalidad de los tres decretos relacionados con la eliminación del subsidio a los combustibles y el mecanismo de bandas para el incremento de los precios. También exhortan al presidente Guillermo Lasso para que derogue estos decretos.

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“Desde que empezó el proceso político hemos sido objeto de maltratos por parte del presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio. Las adjetivaciones y confrontaciones hacia nuestro trabajo han sido constantes”, dice parte del comunicado conjunto.

De acuerdo con los legisladores, Villavicencio, en muchas ocasiones, ha adelantado su opinión indicando que no hay pruebas en el caso, pese a que existen 550 fojas agregadas al expediente contra Ortiz. “Se ha evidenciado una animadversión constante contra el legislador Salvador Quishpe en el uso de sus intervenciones, siendo constantes dichos ataques durante todo el procedimiento”.

Para ambos asambleístas, “sorprende que el presidente de la Comisión tome parte del procedimiento con un criterio de antemano sesgado y que puede dejar en la impunidad el prejuicio a miles de usuarios afectados por el aumento en las planillas de luz y el alza de los combustibles”.

El exministro

Antes de los roces, el exministro Ortiz declaró que el precio de los combustibles los regula el Estado, con excepción de la gasolina súper que es libre y solo hace sugerencias a las comercializadoras. Petroecuador se lleva una parte y como 17 centavos de dólar las comercializadoras.

Confrontaciones

En el comunicado, Almeida se refirió al incidente que tuvo con Villavicencio al finalizar la etapa de pruebas. Dice que lo tachó de “pendejo y mafioso” cuando él ejercía su derecho a la réplica y al libre uso de la palabra.

“Estás defendiendo a los banqueros, pendejo”, le dice Villavicencio cuando acabó la sesión. Almeida le respondió “Tú fuiste a casa de los Isaías a pedirles la plata”. Villavicencio añadió “corrupto de mierda”.

Almeida continuó: “insultas a todo el mundo, a las mujeres. Cachorreas a todo el mundo. Tratas como si fueran muchachos, idiota. Acostumbrado toda la vida a insultar a la gente”.

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Los asambleístas denuncian que el ministro de Lenín Moreno está involucrado en casos de sobrefacturación, por el servicio de energía eléctrica, en los días más críticos de la pandemia. Esto motivó reclamos de miles de ciudadanos, en varias provincias del país.

Asimismo, aducen que Ortiz motivó el aumento de los precios de los combustibles, una medida que sigue vigente y que ocasionó la protesta nacional de octubre del 2019.

“El exministro de Energía y Recursos No Renovables, al ejecutar la política pública del expresidente Lenin Moreno, en materia de combustibles, derogando expresamente los subsidios y abriendo la importación de combustibles de manera abrupta, incumplió principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia en la administración, regulación y gestión de la política pública en materia de combustibles”, señala el documento remitido a la titular de la Asamblea.

Asimismo, señalan que “la ejecución de una política radical, abiertamente inconstitucional en materia de administración energética de combustibles, influyó negativamente en el sector económico y social del país. También que violentó la garantía de que la administración de los sectores estratégicos debe servir para el desarrollo de los derechos y el interés social”.

De acuerdo a los interpelantes, esta solicitud de juicio político tiene como objetivo la censura a René Ortiz, en su calidad de exministro de Energía y Recursos No Renovables, por incumplimiento de la normativa constitucional e infraconstitucional relacionada a su cargo.

Ortiz fue ministro de Energía y Minas en el gobierno de Jamil Mahuad. También fue secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador.

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En esa fecha, las empresas internacionales podrán participar en la licitación para la concesión de la administración de la Refinería de Esmeraldas. Las empresas interesadas y precalificadas deberán hacer una inversión de USD 2.400 millones. Cifra que el Estado cancelará a la organización durante los próximos 25 años.

Versión del ministro René Ortiz

Según el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, el acto no pueden considerarlo como una privatización porque el bien solo permanecerá privado por 25 años y regresará a manos estatales una vez concluya el plazo. Ademas, indicó que el contrato incluye la reparación, mejoramiento de la calidad de combustibles y emisiones, e implementación del proceso de alta conversión en la Refinería de Esmeraldas, con financiamiento total de la empresa adjudicataria.

Para el ministro, la cifra de los USD 2.400 millones es la mayor inversión de la historia del país.

De acuerdo al cronograma, el 12 de febrero de 2021 el Ministerio espera adjudicar la Refinería. Así mismo, en los 19 días posteriores continuará con la negociación de contratos.

En el modelo de negocio se indica que es el Estado quien entregará el petróleo al gestor privado y los derivados que resulten, serán de propiedad estatal, por lo que Petroecuador tendrá que comercializarlos. De existir controversias con la adjudicataria, se podrán dirimir en tribunales internacionales, siempre y cuando se cuente con el aval de la Procuraduría del Estado.

De acuerdo a los pronósticos gubernamentales, aún restan varios activos del Estado por privatizar, o concesionar. Entre ellos el Banco del Pacífico y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, además de las hidroeléctricas.

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“No se cobrará el exceso de consumo eléctrico causado por el confinamiento, el Estado lo asume. Tampoco habrá corte del servicio de luz por pagos pendientes”, aseguró el Ministro. Es decir, el dinero público que pertenece a todos los ecuatorianos, será usado para costear el sobreprecio.

Por su parte, el Ejecutivo, gracias a los valores públicos, devolverá el dinero de esos cobros excesivos a las personas, a través de notas de crédito o transferencias bancarias.

Refacturación

El valor de las planillas de luz correspondientes a ese periodo (marzo-agosto 2020) serán los mismos del 2019. Esto no toma en cuenta a las personas que salieron de sus domicilios a otros lugares. El secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán adelantó que “según datos del ECU-911, este grupo corresponde solo al 3% de la población”.

Según el ministro Ortiz, las personas recibirán en el mes de septiembre la refacturación con todo el detalle de las nuevas medidas. Las personas podrán diferir sus pagos hasta 36 meses sin recargos adicionales ni intereses.

El pasado 27 de julio, el Comité de trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) rechazó el maltrato de Juan Sebastián Roldán a uno de los empleados de la EEQ a quien habría increpado por los valores de tarifas eléctricas.

“Ese día, el secretario increpó de una manera descomedida a un trabajador que no tiene la culpa de las disposiciones que se emiten por parte de los organismos de control como ARCONEL por el tema de las tarifas eléctricas”, dijo a Radio La Calle, Gabriel García, miembro del Comité de Empresa.

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