El dictamen, emitido el 15 de diciembre, señala que la reforma incumple el principio de no regresividad de los derechos consagrado en la Carta Magna. Según el pleno de la Corte, la modificación planteada por el Ejecutivo afecta garantías fundamentales, contraviniendo los artículos 11 y 84 de la Carta Magna, que prohíben la restricción de derechos y las regresiones normativas.

“La exclusión de las personas privadas de libertad como grupo de atención prioritaria menoscaba sus derechos fundamentales y debilita las obligaciones estatales de garantizar su protección en contextos de vulnerabilidad”, indicó el documento.

Propuesta del Ejecutivo

La iniciativa fue presentada por el presidente Daniel Noboa el 6 de noviembre de 2024. Según el comunicado oficial de la Presidencia, el objetivo era garantizar un “sentido de justicia e igualdad” en la distribución de recursos y atenciones estatales.

No obstante, la Corte señaló que los cambios constitucionales no deben responder únicamente a consideraciones políticas o administrativas, sino a modificaciones estructurales que respeten la integralidad del sistema jurídico.

“El presidente debe observar los límites y requisitos establecidos por la Constitución, propiciando reformas que persigan un fin claro en lugar de plantear modificaciones aisladas”, exhortó el máximo organismo constitucional.

Críticas de derechos humanos

La propuesta generó preocupaciones en sectores legales y de derechos humanos, quienes calificaron la reforma como regresiva y contraria a los principios constitucionales e internacionales.

Actualmente, las PPL son consideradas un grupo de atención prioritaria debido a las condiciones críticas del sistema penitenciario ecuatoriano, caracterizado por el hacinamiento, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos como alimentación, agua potable y atención médica.

El informe 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó las condiciones de las cárceles ecuatorianas como “crueles, inhumanas y degradantes”, señalando la ausencia de medidas efectivas por parte del Estado para abordar la violencia y garantizar la seguridad de los reclusos.

Entre 2018 y 2022, 591 personas fallecieron en el sistema penitenciario, de las cuales el 76% fueron víctimas de matanzas carcelarias, según datos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador.

Decisión de la Corte

En su resolución, la Corte Constitucional destacó que la exclusión de las PPL como grupo de atención prioritaria “debilita las obligaciones estatales de garantizar condiciones mínimas de vida y seguridad”. Además, subrayó que cualquier reforma que implique la restricción de derechos debe justificarse de manera rigurosa, conforme al principio de progresividad.

El dictamen concluyó que la reforma no puede tramitarse por la vía de reforma parcial contemplada en el artículo 442 de la Constitución y recordó que el Estado ecuatoriano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que deben ser observadas en cualquier modificación normativa.

Con este fallo, la propuesta del Ejecutivo no podrá ser enviada a la Asamblea Nacional para su debate. En respuesta, sectores sociales han instado al Gobierno a priorizar soluciones integrales a la crisis penitenciaria en lugar de reducir derechos a los reclusos.

El Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre el dictamen, pero la decisión de la Corte pone en evidencia las tensiones entre las políticas del Ejecutivo y los principios de protección de derechos humanos establecidos en la Constitución ecuatoriana.

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En 2018 existieron 15 asesinados; en 2019 fueron 30; en 2020, 51. Durante 2021, asesinaron a 348 ppl; 147 en 2022 y 89 en 2023. En estas muertes había un conocimiento previo, ya que los reos informaban a sus familiares de las masacres y el peligro de ser asesinados. La falta de reacción del Estado y la complicidad también agrava las cosas.

«Hasta la fecha, no existen protocolos de asistencia, acompañamiento y/o contención
emocional integral a las familiares que han recibido el cuerpo de su pariente fallecido en
prisión . De hecho, los procesos para brindar información han sido muy informales y
violentos. En la mayoría de casos, las familias han tenido que aportar con información al
Estado para la identificación de los cadáveres», dice parte de este informe. A ello se suma que las masacres mostraron actos de violencia extrema que evidencian las condiciones de vida para los PPL.

¿Qué pasa en 2024?

Con el ingreso de las Fuerzas Armadas a las cárceles del país, empezaron a evidenciarse actos que atentan contra los derechos de los PPL, entre los que se encuentran: la restricción de acceso a agua potable y alimentación desde el 15 de enero. También el decomiso de armas, ropa, elementos de higiene y objetos no prohibidos dentro de los centros carcelarios. Las familias indicaron que estaban incomunicados desde que inició la intervención de las FF.AA.

Otras prácticas que llegan a la tortura se habrían producido en el interior de los Centros de Reclusión: negación paulatina de alimentación, encierros en celdas con gas pimienta, toallas mojada con gas pimienta, golpes, azotes, entre otros actos que atentan la dignidad humana.

«En una visita realizada por el equipo del CDH el domingo 21 de enero y lunes 23 de enero del 2024 en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas N°1 (Penitenciaría del Litoral), se constató nuevamente la situación de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales fueron sometidas las familias de las personas privadas de
libertad debido a: falta de información, falta de espacios de contención emocional,
además la respuesta represiva de la fuerza policial», dice una parte de este documento.

Puede leerlo completo, aquí:

¿Qué sigue ahora?

El Comité de Familiares por la Justicia y el CDHGYE presentarán el informe al Comité contra la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que revisarán el caso entre el 9 y 10 de julio, donde tendrán constancia del Informe de la sociedad civil y las organizaciones de DD.HH. como del Gobierno Nacional.

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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que se trató de siete presos de una cárcel de Portoviejo que «evadieron los protocolos de seguridad».

En coordinación con la Policía Nacional, la entidad desplegó personal para dar con la recaptura y logró la aprehensión de tres reos. Además, mantiene el patrullaje en distintos sectores de la ciudad de Portoviejo para dar con el paradero del resto. Finalmente, aseguró que se presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de evasión.

Noticia en desarrollo…

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Durante el operativo, las autoridades decomisaron armas, celulares, herramientas, drogas, licor, routers y equipos tecnológicos.

En la requisa participaron 500 militares, 140 efectivos de la Policía Nacional y 37 servidores del Grupo Especial de Seguridad en Situación de Crisis (Gessic) del SNAI.

«Como parte de la Transformación Penitenciaria en el CPL Los Ríos N°2, se ejecutó operativo de planificación para fortalecer la seguridad de los centros de privación de libertad», publicó la entidad a cargo del sistema carcelario en su Twitter.

Operativo en las cárceles

El 10 de junio, un total de 124 personas privadas de libertad (PPL) de la Cárcel de Esmeraldas fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios del país.

El SNAI informó que las acciones formaron parte de operativos desplegados por la seguridad de los recintos carcelarios con el objetivo de prevenir hechos violentos y cuidar la integridad de los presos.

De igual manera, otro grupo de 64 reos fueron desplazados desde la Cárcel de El Inca, en Quito, a diferentes centros. El SNAI aclaró que por motivos de seguridad no se puede revelar a qué cárceles fueron enviados los presos.

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El SNAI confirmó que ocurren incidentes y que los guías penitenciarios han activado los protocolos de seguridad para controlar la situación. Se desconoce si se trata de repercusiones por el asesinato de Junior Roldán, alias ‘JR’, exlíder de «Los Choneros».

Las autoridades activaron las alertas en las cárceles desde que se conoció la muerte de ‘JR’, el sábado 6 de mayo en el departamento de Antioquia, en Colombia. Según explicó el ministro del Interior, Juan Zapata, cuando el líder o cabecilla de una banda delictiva muere «viene la disputa de quién quiere tomar su lugar, y esto provoca actos violentos».

Hasta el cierre de esta nota no se reportan presos fallecidos o heridos, tampoco se conoce qué pabellones se están enfrentando o cuántos son los reos rebeldes.

Actualización 19:26

El SNAI informó que logró controlar oportunamente los incidentes en el centro penitenciario. Los carcelarios, policías y militares sometieron a los PPL sin que se registraran muertos o heridos.

Video: Noticias al Instante

La muerte de ‘JR’

El Ministerio del Interior confirmó que el cadáver encontrado en Colombia, de acuerdo a las pruebas dactilares, pertenece a alias JR.

“El día sábado 6 de mayo en una zona rural denominada vereda El Mango en el municipio de Fredonia, departamento de Antioquia, Colombia se reportó una persona fallecida que sería de origen ecuatoriano. […] Se remitieron a través de Interpol a la Fiscalía de Colombia, las fichas que permitían identificar a la persona fallecida”, dijo el ministro Juan Zapata.

El experto en Seguridad Jean Paul Pinto descartó que la muerte de Junior Roldán haya sido por un conflicto entre organizaciones criminales.

Según Pinto, el disparo que recibió Roldán, posiblemente, salió de un miembro de su mismo entorno, pues el occiso se movilizaba con su escuadrón de seguridad. Además, comentó que este escenario respondería al conflicto interno en la organización por tratar de cambiar de líder.

“Seguramente fue alguien de la misma organización en Colombia o México. Lo más probable es que su anillo de seguridad lo victimó”, refirió para Noti Mundo.

El experto mencionó que si el atentado hubiese venido de otro rival la muerte se hubiese hecho pública de distintas maneras. Es decir, las fotografías y videos se hubiesen hecho públicas en redes sociales.

De la misma manera, indicó que es poco probable que incrementen los niveles de violencia en los reclusorios de Ecuador, pues al no ser un problema entre bandas no existiría un ajuste de cuentas.

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La crisis carcelaria en el país empeoró durante los dos años de gobierno de Lasso, pues solo en 2021, 420 presos murieron en disturbios al interior de los reclusorios. Además, en septiembre de 2022, los desmanes carcelarios dejaron más de 120 muertos y medios internacionales catalogaron esto como una de las crisis más sangrientas de Latinoamérica.

«Estamos en el peor momento de crisis de violencia del país«, dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, en una entrevista de Teleamazonas.

Reos colgados

Agentes penitenciarios encontraron a seis reos colgados en sus celdas el miércoles 12 abril. Según información extraoficial, pertenecían al pabellón cinco y fueron asesinados supuestamente por no pagar una cuota.  Se presume que el pabellón donde los reclusos fueron asesinados está bajo el control de la banda delictiva “Los Águilas”.

Guías penitenciarios muertos

El pasado 13 de abril, tres guías penitenciarias fueron asesinadas mientras almorzaban cerca de la “Peni”. Varios individuos llegaron en una moto y empezaron a disparar.

Las víctimas fueron identificadas como María B. de 26 años, que trabajó apenas cuatro meses, Bélgica R. de 29 años que estuvo en servicio el mismo tiempo y Andrea Ch. de 31 años que laboró 10 años y seis meses.

Pelea entre pabellones

El 14 de abril, 12 presos murieron tras un enfrentamiento entre las bandas delictivas “Los Tiguerones” y “Los Lobos” contra el pabellón 5 conformado por “Los Fatales” al interior de la Penitenciaria del Litoral.

El SNAI activó el Comité de Seguridad en Crisis en el Puesto de Mando Unificado para coordinar los protocolos junto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Además, informaron que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria realizó un barrido en el recinto penitenciario para asegurarse que la situación se haya controlado (D.C.)

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Cinco horas después, el SNAI confirmó que se registraron incidentes entre los pabellones 3, 5, 8 y 9. Asimismo, acotó que se activaron los protocolos de seguridad del sistema carcelario junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Al momento, la situación está controlada y «ya no se registran novedades».

Usuarios en redes sociales grabaron la madrugada aterradora donde se escuchaban ráfagas de disparos entre los presos. La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil informó que los disturbios obligaron a la Policía a cerrar la vía a Daule, la cual al cierre de esta nota ya está habilitada.

‘La Peni’ = muerte

La anterior semana de abril, la Penitenciaría del Litoral registró tres hechos que culminaron en 21 muertes violentas.

• 12 de abril: Seis reos colgados fueron hallados en sus celdas, pertenecían al pabellón 5.
• 13 de abril: Tres guías penitenciarias fueron asesinadas mientras almorzaban en las afueras de la cárcel.
• 14 de abril: Se produjo un motín que dejó como saldo 12 reos fallecidos y tres heridos. La cifra la confirmó el SNAI casi 24 horas después del suceso.

Foto del arte: Sputnik

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La decisión surge debido a la semana violenta que atravesó el país cuando el 13 de abril, asesinaron a tres guías penitenciarias mientras almorzaban frente a la Penitenciaría. Además de que se presentaron disturbios entre los reos en cuatro pabellones de esa prisión que han dejado, extraoficialmente, 12 fallecidos.

Desde el Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) se ha informado que todavía continúan en la búsqueda oficial del número total de asesinados. Para ello están utilizando tecnología, es decir búsqueda con drones y cámaras internas, lo que lleva a dudar si existe realmente un control y conocimiento de lo que sucede dentro de esta cárcel. (MIB)

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«En el Centro de Privación de Libertad Esmeraldas N°2, durante el recorrido de pabellones servidores del Centro encontraron dos cuerpos colgados sin vida», confirmó la entidad a través de redes sociales.

El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria hallaron los cadáveres de las PPL. Posteriormente, se levantaron los cuerpos y se realizan las investigaciones del caso.

Sobre los presos

Según Primicias, las autoridades identificaron a los reos como José Luis Ll. y Wilson H. El primero hallado en el pabellón A1 colgado en las rejillas del baño. El segundo fue encontrado en el pabellón A4. Ambos presos tenían antecedentes penales por tráfico de drogas y uno de ellos por asesinato.

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El operativo se llevó a cabo la madrugada de este viernes 18 de noviembre. Hasta el cierre de este reportaje, el sector cuenta con fuerte presencial policial y militar en las calles aledañas.

«El responsable de la matanza en la cárcel El Inca en Quito, hoy ha sido aislado con éxito (…) trasladaron al cabecilla de la banda narcoterrorista «Lobos», a la cárcel de máxima seguridad La Roca», dijo el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Según el SNAI, fueron trasladados «Bermúdez», mando superior de «Los Lobos» y Archundia, cabecilla de la banda R7. Este último responsable de los disturbios en la cárcel de Santo Domingo. También fue llevado a La Roca.

Moradores del sector enviaron estas fotografías a Radio La Calle.

Masacre del 7 de noviembre

El SNAI confirmó que se registraron enfrentamientos en la cárcel de El Inca, en Quito. Los disturbios dejaron un saldo de cinco personas fallecidas, tres heridas y un guía penitenciario herido.

La noche de este lunes 7 de noviembre a las 19:00, las autoridades reportaron disturbios con detonaciones entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, recibieron la alerta a las 17:30. Las fuerzas del orden acudieron al lugar y también personal de paramédicos.

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Según el medio, todos los reos pertenecerían a integrantes de bandas alineadas a «Los Choneros». Extraoficialmente, se tratarían de internos de los pabellones 3 y 5 de la agrupación de «Las Águilas». Otro grupo sería del pabellón 12, de «Los Fatales». Ambas bandas lideradas por Junior Roldán (JR) y Adolfo Macías (Fito). Los presos del 5 habían sido reubicados durante los traslados de los atentados a inicios de noviembre.

Por su parte, el SNAI señaló que al momento no puede dar una cifra, que investigan el caso y después de verificar la cifra exacta dará un pronunciamiento al respecto. Pidió comprensión sobre el hecho tras la fuga masiva en sus narices.

El escape ocurre cuatro días después que seis bandas habían suscrito un «acuerdo de paz»: Los Lobos, Los Tiguerones, Los Lagartos, Mafia 18 Tiburones, Los Duendes y la nación Latin King habrían confirmado a través de una serie de videos un pacto para detener la violencia en las calles y cárceles.

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La entrada Más de una veintena de presos se fugan de la «Peni» se publicó primero en La Calle.

El SNAI confirmó la fuga de los adolescentes. Precisó que se ha notificado y coordinado acciones con las instituciones pertinentes para las investigaciones. Además, anunció que si los reclusos tuvieron ayuda de los funcionarios del centro para escapar, serán sometidos a procesos administrativos y legales. Por su parte, la Fiscalía investiga la fuga.

«Las autoridades de la Institución han dispuesto que quienes hayan faltado a las normas y disposiciones para precautelar el orden y seguridad del Centro serán sometidos a los procesos administrativos y legales respectivos», publicó a través de Twitter la Dirección General del SNAI.

Sobre el adolescente

Según Primicias, el joven que mató a Escobar tiene 16 años y respondería al nombre de Christian D. Aquel 19 de septiembre en que perpetró el crimen, el menor viajaba en una moto junto a otro antisocial cuando disparó 15 veces contra la víctima en las afueras de la Fiscalía del Guayas.

Antes del asesinato, Christian D. había salido hace tres meses del mismo centro por delito de robo. La jueza del caso cambió la resolución de internamiento por medidas preventivas.

Las autoridades dictaminaron un tratamiento de rehabilitación de charlas y capacitaciones de apoyo durante cuatro meses. El joven solo asistió un mes y medio. Su madre lo acompañaba, pero de repente el menor dejó de ir.

«Cristhian proviene de una familia disfuncional y escapó de la casa donde vivía con su madre y la pareja de ella. Lo último que se supo fue que estaba refugiado en casa de su abuela», reseñó el medio.

Tras dejar el tratamiento, ninguna autoridad estatal continuó con el seguimiento ni se activó ninguna alerta del poder judicial.

El fiscal Escobar

Édgar Escobar era fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil. Fue baleado por dos sujetos en moto aquel fatídico día.

Él tenía encargado casos de sicariato y asesinatos ocurridos en la Penitenciaría del Litoral los días 12 y 13 de noviembre de 2021. Las masacres dejaron un saldo de 70 muertos en ese tiempo. Escobar procesó a dos PPL sobre esos disturbios.

También investigó las muertes del Jaime Fernando Villagómez y del periodista Fausto Valdivieso. El primero, asesinado en un restaurante en Samborondón. Procesó a un sujeto.

Actualización

El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que la Policía Nacional capturó a tres de los cuatro menores fugados del CAI, aproximadamente a las 15:00 de este jueves. Uno de los detenidos fue el presunto asesino del fiscal Escobar.

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«Hay rumores que se va a dar un nuevo amotinamiento, porque en el amotinamiento anterior no acabaron de «limpiar» a todas las personas (…) estamos a la espera de un motín, no se sabe qué va a pasar», dice uno de los presos.

En el audio, el PPL explica que el último enfrentamiento estalló porque un presunto líder apodado «Madrid» no recibió la jefatura de la etapa de mediana seguridad de la cárcel. En esa disputa, los jefes de cuarentena huyeron y los que «estaban a la cabeza creyeron que se les estaban virando». Desde entonces, los roces han continuado por el control de los pabellones.

Según el audio, el PPL señala que en su pabellón estaría alias «San Andrés» a la cabeza. «Estamos a la espera de un motín, aquí en el centro falta limpiar (…) día a día es una constante lucha».

La Defensoría del Pueblo ya fue advertida.

La entrada Alertan de posibles enfrentamientos en la Cárcel de Cotopaxi se publicó primero en La Calle.

El SNAI reportó que se registraron enfrentamientos entre internos alrededor de las 17:00. Los disturbios escalaron rápido por lo que el personal administrativo fue evacuado del centro y la Policía acudió a disuadir a los PPL.

Hasta las 20:00, el Ministerio de Salud confirmó que tres reos resultaron heridos por impactos de bala. Posteriormente fueron trasladados a centros médicos. Sin embargo, uno de ellos falleció por un disparo en el tórax.

Crisis Carcelaria

Este es el segundo amotinamiento en menos de un mes en la Penitenciaria del Litoral. El primer conflicto ocurrió el 5 de octubre donde 13 personas fueron asesinadas.

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Las personas acudieron a la Asamblea Nacional para revelar los actos delictivos que se registran en los centros penitenciarios. El maltrato por parte de la Policía es una de las principales acusaciones. En redes sociales se han viralizado estos actos de violencia en los últimos acontecimientos.

El Defensor del Comité de Derechos Humanos (CDH), Fernando Bastidas mencionó que también existió un ataque a periodistas y miembros de la organización. El lanzamiento de bombas lacrimógenas, los golpes y sobre todo las burlas fueron parte de las agresiones por parte de la Policía en Guayaquil.

Además, recalcó que no se brindó ningún tipo de información a las familias y no hubo acompañamiento de alguna institución pública. El delegado anunció que suspenderán sus funciones en territorio, debido a que no hay las garantías de seguridad necesarias.

Por otro lado, un familiar anónimo de los carcelarios manifestó que las madres se organizaron en turnos para hacer guardias en las inmediaciones de los centros penitenciarios. Cuando requieren información sobre la situación interna son víctimas de la represión policial, sin importar que existan mujeres embarazadas y niños.

Sin inclusión a la diversidad sexual

La coordinadora de Gestión de Fundación Dignidad, Vianca Gavilanes, denunció la vulneración de derechos de Mónica, una mujer trans en la cárcel de Latacunga. La reclusa fue ubicada en el pabellón masculino sin importar su identidad de género.

La mujer fue herida con un arma de fuego en la octava masacre carcelaria del 3 de octubre del 2022. Después del impacto fue traslada a la cárcel Regional 8 en el Guayas, sin recibir atención médica. Ante la situación, la Fundación envió una solicitud de habeas corpus a un juez el 6 de octubre. Como respuesta, se ordenó el traslado inmediato de la víctima a un hospital, sin embargo, recién recibió asistencia médica.

La periodista de GK, Karol Noroña dijo que las municiones ingresan través de los camiones de alimentos, según un agente penitenciario anónimo. Estas acciones delictivas son de conocimiento de algunos altos mandos, que tienen amenazados a los d6emás servidores públicos.

La respuesta de las autoridades

El director del Centro de Inteligencia (CIES), Fausto Cobo, mencionó que la crisis carcelaria no es un tema político, sino estructural en la lucha contra el narcotráfico. También hizo una diferenciación en el rol del CIES, encargado de la inteligencia estratégica, puesto que se le atribuyen responsabilidades de otras áreas.

El viceministro el Interior, Fredy Ramos, expuso que recientemente se han incautado 107 armas, 32 kilos de droga, 24 tacos de dinamitas y cerca de USD 17 mil. Además, un aproximado de cinco mil funcionarios, entre aspirantes y policías, fueron destinados a dar asistencias a los Centros de Rehabilitación Social (CRS).

Sobre la corrupción

Ramos afirmó la «cero tolerancia a la corrupción» y que hasta ahora no hay indicios de protección a personas vinculadas con este tema. «No podemos hacernos los ciegos y si hay casos de corrupción, pero son cometidos de manera individual y sí existen destituciones y sanciones», dijo Ramos.

Otra de las iniciativas para combatir el problema de la crisis carcelaria es el censo penitenciario, que tiene como objetivo la redistribución de los privados de libertad. En este sentido, la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, informó que hasta el momento se ha logrado realizar el proceso en 30 de los 36 centros de rehabilitación en el país. (A.G.M)

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“A cada pabellón apenas le separa un pasillo. La infraestructura no es la adecuada, debe ser una cárcel regional”, expresó durante una entrevista con Ecuavisa.

Palacios recalcó que la principal exigencia es que no se traiga a más reos de alta peligrosidad y se respete el carácter regional de la cárcel.

“Si usted construye una infraestructura diseñada para albergar presos de la región y en la región no existe un nivel alto de peligrosidad, ¿cómo puede ser posible que se traslade a cabecillas de diferentes bandas, que luego protagonizan estas matanzas?”, sostuvo Palacios.

El alcalde convocó a una Asamblea Ciudadana el pasado 10 de mayo, ante la alerta de posibles traslados de reos de alta peligrosidad de la cárcel de Santo Domingo hacia la cárcel de Turi.

En esta reunión se resolvió realizar una marcha el próximo 19 de mayo y rechazar los posibles traslados de los reos.

“Realizaremos todas las acciones necesarias precautelar la paz y seguridad de nuestro cantón”, afirmó Palacios.

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“Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han logrado recapturar hasta el momento a 200 privados de la libertad que se fugaron del CPL Bellavista, en Santo Domingo, en el amotinamiento de ayer”, informa un tuit con corte a las 15:00.

Hasta el momento, la cifra de fallecidos es de 44 personas. De ese total, 20 ya fueron identificados para entregarse a sus familiares. Esta es la sexta masacre desde la ocurrida en Turi en febrero del 2021 que dejó 69 muertos.

¿Recaptura?

No obstante, familiares afuera del recinto carcelario dijeron a los medios de comunicación que los reos se entregaron por voluntad propia. “Es mentira. Nadie ha capturado a nadie. Los mismos internos se entregaron. Escaparon porque tenían miedo de morir porque nadie, hasta las 5 de la mañana, ingresaba a la cárcel de Santo Domingo. […] Todos cometemos errores, pero nadie merece morir de esa forma”.

Miembros del SNAI solicitan a los familiares ir a la morgue para reconocer los cuerpos, algunos de ellos decapitados o mutilados. MIB

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Extraoficialmente se habla de más de 50 acribillados y 100 prófugos. Sin embargo, Fausto Salinas, comandante General de la Policía, informó que se logró recapturar a 40 Personas Privadas de la Libertad (PPL), que habían fugado del centro penitenciario.

Asimismo, explicó que se aumentó la capacidad operativa táctica para recuperar el control en el centro carcelario. “Si hay una institución comprometida con la seguridad en la lucha contra el crimen, es la Policía Nacional que mejora cada día, siendo transparente cada vez y más cercana en el servicio hacia nuestra comunidad”, aseguró Salinas.

“Estamos monitoreado desde el puesto de mando y desde acciones en territorio el incidente que se presentó en el Centro Carcelario de Santo Domingo No. 1, en horas de la madrugada. Existe 40 PPL’s recapturadas. Con nuestros equipos tácticos estamos interviniendo para restablecer el orden”, agregó.

El altercado

Según Salinas, el altercado se originó a causa de un reo.“Es una persona que estaba detenida en la Cárcel de La Roca. Por un habeas corpus fue obligada a ser trasladada a otra cárcel, en este caso la de Santo Domingo”, dijo.

Salinas comentó que se trata del PPL “Anchundia”, quien estuvo en la Cárcel de Turi y se le trasladó en avión a La Roca y finalmente a Santo Domingo. “Es del grupo R7, que entró en pugna con el grupo delincuencial de Los Lobos”, apuntó. 

Pablo Ramírez, director del SNAI, también dijo que se trasladó al centro penitenciario para coordinar y ejecutar acciones operativas para mantener el orden interno.

Según Carrillo, la Policía ya ingresó a los pabellones de máxima y mínima seguridad y están tomando las acciones operativas en el pabellón de máxima seguridad. 

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Al parecer los presos colocaron cilindros de gas en la puerta principal. Personal de policía y militar buscan tomar el control del lugar. El amotinamiento, se presume, sería el rechazo al traslado de los 5 cabecillas de los grupos delictivos que se encontraban en la cárcel de Turi y que ahora están en la prisión de máxima seguridad denominada “La Roca” en Guayaquil.

El Gobernador de El Oro, Fulton Serrano informó que la situación se controló y que los rehenes fueron liberados.

Traslado a “La Roca”

El presidente Guillermo Lasso informó que, entre las medidas para la lucha contra la crisis carcelaria está el traslado de las cabecillas que dominan la cárcel de Turi tras el amotinamiento en esa prisión.

“La seguridad es prioridad número uno de nuestro gobierno. Cuando está en juego, actuamos de forma firme e inmediata. Por esto el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ya inició el proceso de traslado de cinco cabecillas de bandas delincuenciales desde el CPL Turi hacia el CPL La Roca”, informó.

En la noche del 4 de abril, los cinco detenidos fueron transportados en un avión militar. MIB

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Tras estos acontecimientos, se activaron nuevamente las alarmas en la Penitenciaría del Litoral. Testigos cercanos a la zona escucharon disparos y explosiones en el interior del penal, por ello, alertaron a la Policía.

Según las autoridades carcelarias, la alerta se generó a partir de las 14:30, sin embargo, a las 17:15 se volvieron a escuchar detonaciones dentro del centro penitenciario. Los policías entraron a los pabellones para controlar a los reos.

En el operativo ingresaron 400 agentes policiales y decenas de militares. No obstante, el subcomandante de la Zona 8, Marcelo Cortez, informó que fueron recibidos a balazos.

«Los disparos contra el personal policial provinieron del pabellón 2. Con ello, se empezó a registrar actividad en los otros pabellones», señaló.

De acuerdo con los reportes policiales, en el ataque se enfrentaron los reclusos del pabellón N°2 contra los del N°3 y los del N°9 con los del N°12. Las autoridades comunicaron que estas áreas son dominadas por los grupos delictivos Águilas, Chonekillers, Lobos y Fatales.

Resultado en la Penitenciaría

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) anunció que durante los incidentes registrados en el Centro de Privación de Libertad Guayas N°1 se decomisaron municiones, armas de fuego, artefactos explosivos, objetos cortopunzantes, útiles de ferretería, entre otras herramientas.

Además, informó que Mario Mendieta ocupará el cargo de Director de la Penitenciaria del Litoral. También que no se registró heridos ni fallecidos.

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