Una táctica genocida que aún sigue impune

Desde Sudán hasta la República Democrática del Congo, los testimonios de mujeres, niñas, niños e incluso hombres víctimas de violación en zonas de conflicto estremecen: cuerpos usados como campos de batalla, embarazos forzados como estrategia de terror, comunidades devastadas por el trauma colectivo.

En Sudán, UNICEF ha confirmado al menos 221 niños violados solo en 2024, algunos con apenas un año de edad. En el Congo, se denuncian ejecuciones públicas tras violaciones grupales. ¿Y cuántas más no se reportan, por miedo, estigma o porque el agresor es el que aún tiene el fusil?

La impunidad no es una falla, es parte del sistema

La histórica Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU (2008) reconoció por primera vez que la violencia sexual en conflictos es un crimen de guerra. Pero 16 años después, ¿cuántos han sido juzgados? ¿Cuántas víctimas han accedido a justicia o reparación?

Las cifras dicen poco. El silencio y la impunidad, en cambio, lo gritan todo. La mayoría de agresores camina libre, y en muchos casos, sigue portando uniforme. La justicia llega tarde, o no llega.

Justicia, atención integral y liderazgo de sobrevivientes

Hoy, el mundo debe escuchar –y no solo homenajear– a las sobrevivientes. La ONU y la Unión Europea insisten en tres caminos:

• Justicia sin impunidad, con mecanismos efectivos nacionales e internacionales.
• Atención integral para sobrevivientes, sin revictimizaciones ni barreras.
• Liderazgo con voz propia, donde las víctimas construyan y no solo sean “casos”.

UNFPA alerta que la herida no cierra si no se accede a salud mental, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin eso, seguimos acumulando deuda con quienes más han sufrido.

Escuchar es un acto político. Reparar, una urgencia ética.

Desde una mirada progresista y feminista, este día no es para conmemorar con flores ni discursos huecos. Es para exigir acción:

• Que los Estados no sigan haciendo de la violencia sexual un tema de “cooperación internacional”, sino una prioridad política.
• Que los agresores no reciban amnistías disfrazadas de reconciliación.
• Que la memoria de quienes resistieron con su cuerpo no sea enterrada en archivos diplomáticos.

La violencia sexual no es cultural ni inevitable. Es una elección del poder. Y también puede ser derrotada con leyes justas, atención digna y, sobre todo, con voluntad política y humanidad.

En La Calle, creemos que sin justicia no hay paz. Y que recordar también es un acto de resistencia.

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“Estamos contentos por la sentencia. Agradecemos a Dios, nuestros abogados, la Coordinadora Nacional Campesina. Lo que le pedimos al Estado que no se quede en papeles. Nosotros siempre hemos sido olvidados y esperamos que se cumpla y no nos mientan como han hecho siempre”, dijo a los medios Susana Quiñonez, una de las afectadas.

Sin agua ni luz

“La situación de los campamentos es horrible. No tenemos luz, agua. No tenemos nada. Los cuartos son pequeños, una barbaridad. Nos quedamos ahí para que verifiquen la verdad porque querían taparla, pero nosotros estamos en resistencia. Los campamentos siguen igual, la empresa se burla de nosotros. Querían tumbar los campamentos para eliminar evidencia por eso nos quedamos ahí. Si toca morir ahí, allí moriremos”, agregó Susana.

Por otra parte, July, quien también resiste en los campamentos. “Estoy muy feliz porque hemos tenido un avance respecto al caso, pero no queremos que esto quede impune, sino que el Estado reconozca lo han hecho con nosotros. Nos han intimidado. No hemos tenido avances por parte del Gobierno, seguimos en los campamentos sin luz, sin agua”.

El Proceso

La abogada de los empleados de Furukawa, Alejandra Zambrano, indicó cuáles son las incidencias de esta sentencia.  “El 15 de octubre recibimos la sentencia de apelación de la Corte Provincial donde se indica que hubo violaciones a los derechos humanos a este grupo de personas. Concluye que hubo trabajo infantil, violación del derecho al trabajo. Establece que los contratos de arrendamiento solo son una pantalla para cubrir la relación de trabajo que existía con estos 123 trabajadores”.

Otras violaciones son el derecho a la salud, vivienda, educación y vida digna. La afectación a la dignidad humana es el centro en este caso.  “En el caso de la esclavitud, se llegó a identificar con los testimonios de los trabajadores, que existía una violación”.

En este caso existen 1.244 afectados. Sin embargo, cada afectado debe comparecer en su propio juicio. Un segundo grupo de 216 afectados también demandaron a la empresa y solicitaron reparación. La audiencia se realizará el próximo 16 de noviembre. Para los 123 trabajadores, el Estado deberá entregar una indemnización por años de trabajo y otra por entrega de tierras (5 hectáreas).

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