«Y ya se han empezado a adelantar ante esta posibilidad, algunos voceros de estas organizaciones golpistas a decir. «Ah, van a vender cargos, van a repartir puestos». Si, señor así funcionan las democracias, los cargos se reparten. Es que el poder cuando está concentrado en pocas manos hace daño, por eso hay que repartir el poder», dijo en una entrevista con i99.

¿Qué dice la ley?

Aunque el periodista saque el término democracia a colación, la repartición de cargos que den un beneficio económico para la persona que los percibe o para terceros, además de ser antiético, está tipificado en el Código Integral Penal (COIP). Así también la gente que ofrezca estos beneficios para sus propios intereses.

Dos de esos delitos son:

Tráfico de Influencias (Art. 285): servidores públicos o personas con potestad estatal que abusando de su cargo, funciones o relación jerárquica ejerzan influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorable a sus propios intereses o el de terceros.

Oferta de Realizar Tráfico de Influencias (Art. 286): persona que acepte o solicite a terceros, presentes o cualquier otra remuneración, con el fin de ejercer influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorables a sus propios intereses o el de terceros.

Para muestra, un botón. Tras la salida de la asambleísta Karen Noblecilla de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), la organización política denunció públicamente la supuesta venta de cargos a cambio de votos favorables al presidente Lasso en el contexto del juicio político en su contra.

Ella y su equipo habrían recibido, con la venia de Pascual del Cioppo y el ministro Henry Cucalón, cargos en instituciones estatales de El Oro. El presidente de las Juventudes social cristianas, Marco Castillo lo acusó en un comunicado. (MIB)

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«Pido a la Fiscal General que me dé fecha y hora para dar mi declaración libre y voluntaria. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. Todo lo que se ha dicho en redes sociales es mentira, una vil calumnia», dijo la asambleísta a los medios.

Agregó que todas las personas que mancharon su honra y nombre van a tener que dar declaraciones y pagar ante la justicia.

Este miércoles, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó los proceso de investigación en contra de la legisladora. El siguiente paso será enviar las denuncias al Comité de Ética.

Denuncias

El 20 de agosto trascendió que un ciudadano habría pagado USD 3.000 a Jiménez para conseguir un puesto en el Legislativo. El objetivo no se concretó y tampoco se le devolvió el dinero.

Otra ciudadana denunció en Fiscalía que le pagó USD 6.000 a la legisladora para ser parte de su despacho, sin embargo fue despedida.

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Si se comprueba este delito en el Comité de Ética, la imagen del Legislativo volverá a los cuestionamientos ¿este es un camino a la muerte cruzada?

El proceso

Para que el caso llegue al Comité de Ética y después al Pleno, hay algunos pasos a seguir. «Anteriormente se hacía una deuncia juramentada, es decir el reconocimiento de firma y rúbrica ante un notario público. Ahora la denuncia se presenta a la presidenta de la Asamblea. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) la califica y si no cumple los requisitos devuelven la denuncia para que en tres días completen lo que falta para su sustento. De ahí se la califica y remite al Comité de Ética», explica para Radio La Calle el abogado en temas políticos, Xavier Aguilar.

¿Qué requisitos necesita la denuncia?

Además de la denuncia con firma de los solicitantes, la ley solicita el 10% del apoyo de los miembros de la Asamblea (14 legisladores). También la denuncia debe estar debidamente sustaciada y fundamentada.

Este caso remite a los artículos 127 numeral tres de la Constitución y 163 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ambos, la gestión de cargos públicos está prohibida entre las funciones de un asambleísta.

¿Qué pasa cuando llega al Comité de Ética?

«Hay que tener en cuenta que si el CAL califica la denuncia, la asambleista no puede renunciar. Si lo hace el proceso continúa», explica el jurista.

En el Comité de Ética se establece un plazo de tres días donde se notifica al denunciante para que presente sus pruebas de cargo. El denunciado, por su parte, tendrá 10 días para presentar sus pruebas de descargo.

También se realiza una solicitud de audiencia ante el Comite para escuchar a las dos partes. «Si el denunciado no presenta pruebas, no se presenta a la audiencia, el proceso continúa en rebeldía», añadió.

El Comité toma un tiempo de evaluación de las pruebas de cargo y descargo. El presidente presentará un informe a todo el Comité donde se recomienda la destitución o el archivo. Éste se aprueba con mayoría absoluta.

Finalmente, si se recomienda la destitución, la presidenta del Legislativo tendrá cinco días para convocar a sesión de Pleno. La censura y destitución de un asambleísta se aprobará con una mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de los legisladores.

Además de no poder ejercer cargos por dos años, el artículo 15 de la Ley de Servicio Público dispone que la persona destituida no puede volver al lugar del que salió.

La parte política

Para Aguilar, este caso es una «cascarita de plátano que pone el Gobierno al Legislativo. […]  El Gobierno sabe que tiene una mayoría muy frágil en la Asamblea y que hay otras tendencias como la social democracia o el progresismo que no aprobarían las leyes económicas o la reforma tributaria. Sabe que no le queda de otra que deslegitimar a la Asamblea».

Si se llama a una consulta popular para cambiar el sistema legislativo, se puede anticipar la salida de los asambleístas y gobernar por decreto ley.

También tiene como mecanismo constitucional la muerte cruzada, eliminar la Asamblea y gobernar por decreto ley para implantar el plan de gobierno.

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Avanza la investigación por el caso de delincuencia organizada en la fallida construcción de un hospital público.

«En un encuentro con el asambleísta Eliseo Azuero le comenté que estaba buscando trabajo; en agosto de 2019 recibí la llamada y me informaron que había sido seleccionado para ocupar el cargo de director del Secob; pensé que por mi experiencia».

Testimonio de René Tamayo

El exfuncionario es uno de 19 procesados en el caso judicial abierto por presuntas irregularidades en la fallida construcción de un hospital en Pedernales, Manabí.

En dicha causa, además del exlegislador Azuero, quien al momento es prófugo de la justicia, también está implicado el exasambleísta Daniel Mendoza, quien guarda prisión preventiva en una cárcel de Quito.

Tamayo sostuvo que tras posesionarse en el cargo, mantuvo una reunión con Azuero. Además indicó que tuvo que separar del cargo al subdirector del Secob y reemplazarlo con otra persona que estaría al frente de los procesos contractuales que llevaba adelante el organismo.

¿Quién repartió los contratos?

Sobre el contrato del hospital de Pedernales, Tamayo responsabilizó a dicho subalterno de haber pactado una coima, sin que él haya conocido del hecho.

Añadió que también un legislador de la bancada Bloque Acción Democrática Independiente (BADI), afín al gobierno de Lenín Moreno, gestionó el nombramiento de una persona para el cargo de coordinador del Secob en provincia de El Oro. Esta persona recibió personalmente a un legislador por la provincia de Galápagos y otro por Guayas; dichos asambleístas recomendaron nombres para desempeñar cargos en el Secob, entre otros favores.

El martes 6, durante una diligencia judicial, el exlegislador Mendoza reveló un supuesto esquema para ofrecer cargos públicos a cambio de disciplina para la aprobación de leyes y para promover juicios políticos contra funcionarios del Gobierno.

Según Mendoza, a cambio de apoyo político, los asambleístas, principalmente del oficialismo y del BADI, recibirían cargos públicos. De esa manera podrían negociar contratos e incluso dinero, en negociaciones que habrían sido avaladas desde el Ministerio de Gobierno.

La titular de esa cartera, María Paula Romo, reconoció que mantuvo conversaciones constantes con asambleístas, incluido Mendoza; pero aseguró que en ninguno de los intercambios habló sobre la entrega de contratos, obras públicas o cargos.

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