“He puesto una noticia criminis en la Fiscalía general del Estado sobre la desmaterialización de unos chats donde se comunican la exministra María Paula Romo y el exlegislador Daniel Mendoza, sentenciado por corrupción y el expresidente Lenín Moreno. Estos nuevos elementos debían ser parte de la investigación que sentenció a Mendoza. Misteriosamente no están dentro de ese proceso, de lo que conocemos públicamente, pero pueden ayudar muchísimo al trabajo de la Fiscalía dentro del reparto de cargos”, explicó el asambleísta a los medios.

Agregó que los chats eran explícitos y contiene mensajes y ordenes claras del expresidente Moreno y la exministra Romo. “Esperamos por el bien del país, que ha sufrido con el reparto de hospitales, que esto se resuelva con celeridad. La exministra se da el tiempo para dar pronunciamientos políticos e ir campante por el mundo cuando debería responder a la justicia”.

Las pruebas que presentó Aleaga fueron encontradas en las pericias realizadas al teléfono celular de Mendoza. “Llama la atención que en el proceso contra Daniel Mendoza no conste este tipo de información. Esperemos que no dejen pasar mucho tiempo como en el caso de los INA Papers o la consulta mañosa”.

Entre otros políticos inmiscuidos en estos chats estaría la exasambleísta Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización en el período legislativo 2017 -2021.

Caso Mendoza

En junio de 2021 se dio a conocer que Mendoza habría repartido cargos en el Hospital de Pedernales y la Corporación Eléctrica Nacional (CNEL). No sabemos que le van a dar a Daniel. Se bronqueó con el ministro. Lo mandó a la m… entonces Daniel lo mandó a la v… al ministro… Vamos a ver con quien negocia, entonces no sé si pide con estratégico o pida CNEL», dice una de las conversaciones que José Veliz, contratista del hospital de Pedernales con Frank Calderón, quien cobró algunos cheques de Consorcio Pedernales, empresa contratista.

En noviembre, el juez Marco Rodríguez sentenció a una pena de 50 meses a Mendoza en el caso del Hospital Pedernales. Él y siete personas recibieron una pena por delincuencia organizada. De acuerdo con la fiscal general, Diana Salazar, los hechos tuvieron lugar en Manabí y Pichincha entre los años 2019 y 2020. MIB

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Quito 9 de dic (La Calle).- Hace 17 años las Naciones Unidas proclamaron el 9 de diciembre como el Día Internacional de Lucha contra la corrupción. El objetivo era frenar este problema al interior de los países. Tiempo después, esa lucha tiene escasos avances y muchos pendientes.

En este marco, Radio La Calle presenta los principales casos de corrupción del 2020:

Reparto de hospitales

El 22 de marzo, la Secretaria Anticorrupción descubrió un contrato de USD 10 millones por la compra de mascarillas y otros insumos con sobreprecio. El director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ángel Loja Llanos, fue quien autorizó el gasto.

Enseguida se produjo, el allanamiento del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que puso en la mira al exdirector Luis Jairala Zunin y a la familia de Abdalá Bucaram Ortiz.

Zunin recibió una orden de prisión preventiva por la adjudicación de contratos irregulares durante su gestión.

El expresidente, en cambio, fue arrestado por la adquisición de 5.000 pruebas rápidas, 2.000 mascarillas y una serie de insumos médicos del hospital. Poco después, dos ciudadanos israelíes fueron detenidos con más de USD 300.000 relacionados con una estafa en la compra de insumos. Uno de ellos terminó asesinado en prisión.

La trama se volvió televisiva. Poco después apareció Daniel Salcedo Bonilla, principal involucrado en la venta de medicamentos de origen público.

La avioneta caída, las otras realidades de Joselyn Mieles, la desaparición de algunos ocupantes, luego su retorno al país y la cárcel, el Covid, los supuestos intentos de suicidio y hasta una posible candidatura a la Asamblea.

Entretanto, Dalo Bucaram y su esposa, Gabriela Pazmiño buscaban asilo político en Panamá. El plan falló cuando se emitió una orden de captura contra Bucaram, su esposa y Michel Bucaram Pulley. Emilio Pinargote, Flor María Palomeque, Carolina Jaume y Abraham Muñoz tomaron su lugar en esta escena bufa y lamentable.

Como se mencionó el 8 de agosto, se comunicó la muerte de Shy Dahan, uno de los ciudadanos israelíes detenidos. Tres días después del hecho, la Fiscalía detuvo al expresidente por delincuencia organizada y a su hijo Jacobo, quien fue extraditado desde Colombia.

La Justicia determinó que Bucaram permaneciera detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi y posterior a la cárcel 4 en donde continúa jugando póker y billar.

Caso Hospital de Pedernales

El 14 de mayo de 2020, se reveló una red de corrupción en la construcción del hospital de Pedernales. El Servicio de Contratación de Obras (SECOB) realizó un contrato, en el que la Contraloría responsabilizó a a Jean Carlos Benavides, asesor del asambleísta de Alianza País, y a Daniel Mendoza junto a 9 personas por la suma de USD 15 millones, correspondientes al pago anticipado de la obra.

En los allanamientos se encontraron equipos electrónicos, armas de fuego, sellos de entidades públicas y USD 1’700.000 en efectivo. Daniel Mendoza y René Tamayo, director del SECOB, fueron detenidos el 5 de junio por el delito de delincuencia organizada.

En las investigaciones se denunció un reparto de dinero en efectivo que vinculada a asambleístas de Alianza PAIS, BIN y BADI. Con este antecedente el 16 de julio se conoció una conversación entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, donde se involucraba a María Paula Romo, César Litardo y legisladores del BADI. El 8 de septiembre, Eliseo Azuero presentó su renuncia ante el Pleno.

La exministra Romo fue desvinculada de su cargo el pasado 24 de noviembre por el Pleno de la Asamblea, aunque por otras razones, aguarda su juzgamiento por este tema.

Kits de Alimentos

Durante mayo, la Fiscalía General del Estado determinó que Alexandra Ocles, a cargo del Servicio de Gestión de Riesgos realizó una compra de de 7.000 kits de alimentos por un valor de USD 1’055.740. Cada kit fue acordado por un pago de USD 150.820, cuando el precio promedio era de 70 dólares. Bajo estos cuestionamientos, Ocles renunció a su cargo. El 18 de mayo, la jueza Daniela Camacho dictaminó que se le prohibiera salir del país.

Carnés de discapacidad

El involucrado en la repartición de hospitales, Daniel Salcedo Bonilla, su hermano Noé Salcedo Bonilla, César Rodríguez y Andrés Cedeño Carreño, no solo que tuvieron un rol protagónico en la red de corrupción en las casas de salud, sino que se involucraron en el uso de los carnets de discapacidad. Este papel, emitido por Consejo Nacional Para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), se utilizaría para importar vehículos de alta gama al Ecuador.

Paulatinamente fueron denunciados, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Christian Cruz, como los asambleístas Fabricio Villamar, entre otros, quienes adquirieron el carné de forma irregular.

El CPCCS exigió a la Contraloría que investigue el mal uso de recursos en la gestión del expresidente.

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«En dos años y dos meses de gestión he comparecido en cuarenta ocasiones contando el día de hoy», así empezó su discurso la funcionaria. Según el COESCOP me corresponden 18 responsabilidades», dijo la exministra.

Romo se refirió a dos funciones «la primera es crear planes, programas, reglamentos en torno al ordenamiento y seguridad pública y establecer planes operativos para la Policía Nacional en circunstancias extraordinarias», agregó.

Su alegato de defensa jamás tomó en cuenta a los asesinados de este Gobierno.

Paro de Octubre 2019

«Quiero hacer una diferencia clara entre la violencia y la expresión que se le puede hacer a un gobierno en democracia. La libre expresión está protegida, pero eso no implica violencia, vandalismo y los delitos», acotó.

La policía defendió el accionar de los gendarmes. «La policía respondió porque es su tarea y responsabilidad según la ley (…) El 3 de octubre cumplí con mi tarea política en ese contexto. Resulta absurdo pensar que cada uno de los 52.000 policías consulta a la ministra de gobierno antes de actuar frente a un hecho violento (…) Respaldo y defiendo todas las decisiones operativas que se tomaron», expresó.

La contraparte

El asambleísta independiente, Roberto Gómez dijo: «como Asamblea no podemos contribuir a dejar otra herida abierta en el Ecuador. Octubre en realidad es otro 30S, el asesinato en Mataje, el secuestro de jóvenes por el Estado, el asesinato de un presidente en una avioneta».

Gómez enfatizó: «el único día donde podemos hacer justicia política para un funcionario que violó la ley es hoy».

Sin embargo, quien dirigió la palestra fue la asambleísta Amapola Naranjo (RC) quien increpó duramente las acciones de la funcionaria. «Es la señora ministra quien es sujeto de un juicio político no la Policía. Debo reconocer la astucia de la ministra, ese cinismo con el que nos miente».

«La policía siguió un plan que usted aprobó, como lo dijo el comandante. Y el resultado son heridos y fallecidos. Ciudadanos desarmado que llevan un dolor permanente. Usted es una insensible ministra», recalcó.

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Gómez, junto a la asambleísta Amapola Naranjo, fueron los que plantearon el juicio en contra de la ministra de Gobierno en enero pasado. El uso de bombas lacrimógenas caducadas por parte de la Policía Nacional, durante las manifestaciones de octubre de 2019. La intromisión de los agentes en zonas de paz cuando niños y madres indígenas descansaban son algunas de las causales del juicio a la ministra por incumplimiento de funciones.

Otras causas

Sin embargo, el 10 de septiembre, Gómez y Naranjo hicieron el pedido de incluir en el expediente de Romo las investigaciones sobre el reparto de hospitales. Reparto en el que María Paula habría sido «la mente maestra», según palabras del ex asambleísta Daniel Mendoza, actualmente procesado por este delito en Fiscalía.

Pero al parecer el Gobierno aún tiene injerencia en el Legislativo. “Qué sucede ahora… resulta que el presidente de la Asamblea habría olvidado incluir el expediente del reparto en el juicio político contra la señora Romo”, mencionó Gómez con relación al presidente de la Asamblea, César Litardo.

El asambleísta también aseguró que los tratos de Romo con los legisladores son la causa del actual desprestigio de la Asamblea Nacional. Gómez mencionó al asambleísta Luis Pachala y a su bancada como parte de esos convenios con la ministra.

“Es esa bancada, liderada por el señor Luis Pachala, en coordinación con el señor Mendoza y el señor Azuero quienes hicieron un acuerdo con la ministra Romo para entregarle la Fiscalización al Gobierno. Es decir el primer poder del Estado que tiene que fiscalizar a los ministros, al Gobierno”.

Juicios políticos

La anterior Comisión de Fiscalización no atendió los cinco juicios políticos en contra del ex ministro Richard Martínez y tres en contra de Romo. “El único bloque, que no ha apoyado los pedidos de juicio político en contra del señor Martínez y la señora Romo, es el bloque del asambleísta Pachala”, sentenció el asambleísta Gómez.

El legislador aseguró que, si Litardo no incluye el expediente del reparto al juicio contra Romo, él mismo presentará un nuevo pedido de juicio en contra de la presidenta del Directorio del ISSPOL. Gómez afirmó que también están investigando a la ministra de Moreno por los problemas financieros en torno al dinero de la Seguridad Social de la Policía. (DR).

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 “Acusar falsamente no es una crítica, es un delito. Soy la segunda mujer en el cargo en 200 años y eso a algunos hombres no les parece adecuado. Yo no soy la investigada, soy la denunciante. Soy la que alertó porque no es posible que roben más a la provincia de Manabí”, manifestó Romo.

Romo, responsable política de la represión de octubre de 2019, aseveró que desde que Daniel Mendoza fue acusado de delincuencia organizada intentó “meter a varias personas en su fango”. Al mismo tiempo increpó por los otros chats que deben estar en el celular de Mendoza. “No soy amiga de Mendoza. Sí le respondí, pero no hablé de repartir hospitales. Ni con él, ni con nadie”, añadió.

Los cueros al sol

La ministra de Gobierno explicó que su cargo no le exime de tratar con los asambleístas pero que eso no la hace partícipe de la repartición de los hospitales. Romo mostró imágenes de chats que mantiene con los periodistas Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco, de La Posta, a los que respondía con emojis.

Los mensajes de cariño, corazones completos y rotos, forman parte de esta nueva trama de la ministra.  Después de sacarles en cara alguna que otra pauta, Romo urde una red de conexiones que dejan más dudas que certezas respecto de la relación de Vivanco y Boscán con personajes enjuiciados y sentenciados por corrupción.

Después de explicar para qué funciona el Ministerio de Gobierno, abrió el paraguas diciendo que seguramente habrá otros chats. “Soy una funcionaria pública comprometida. ¿A quién protegen o porque tratan de desviar la información? Tengo 20 años de política honesta. No jueguen con mi nombre”, concluyó.

Vea en este enlace el video completo de la ministra de Gobierno.

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