«Construye es un movimiento con el que tenemos algunas cosas en común y si bien María Paula es quien funda el partido, hay muchas personas e ideas valiosas dentro del partido. Es importante destacar eso. Fernando y yo no tenemos un partido político, probablemente nunca lo tengamos y hemos buscado un partido político con el cual tengamos muchas más cosas en común que en contra», dijo en entrevista para Un café con JJ.

Denunciando el reparto

En una conversación en el mismo programa, Villavicencio, ante la pregunta de ¿quién repartió los hospitales? dijo: «Están en nuestros reportajes los nombres y los apellidos. O sea, gracias a nuestras dos investigaciones, la una se llama el gran reparto quedó claro ante los ciudadanos que el reparto de un gran sector se dio con base a una reunión, a un acuerdo político realizado en el despacho de la ministra del Interior, María Paula Romo».

La candidata expresó que no puede hablar por la exministra, pero sin embargo, sí tomó el nombre de Villavicencio para dar una respuesta. «Nuestra lucha contra la corrupción, la mía y de Fernando busca justamente un partido político y es interesantísimo porque obviamente vamos a encontrar declaraciones de Fernando denunciando cualquier corrupción que pensó en su momento o que piensa en su momento que es así. Yo no estoy aquí para meter las manos al fuego por nadie. La política es un lugar donde uno tiene que entrar con cuidado y no con miedo. Yo no puedo hablar por María Paula ni la voy a defender, pero lo que sí digo es que Construye, el movimiento tiene una lucha y una gente valiosa. Estamos de acuerdo con muchas cosas».

Agregó que ninguno de los candidatos del movimiento Construye tienen sospechas o investigaciones por corrupción. (MIB)

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«Que se reparta ministerios, que se repartan cargos públicos, así funcionan las democracias en todo el mundo. Así funcionan las grandes coaliciones de los sistemas parlamentarios. Yo te doy este ministerio y tú me das tus votos. Así funciona y no hay que escandalizarse», dijo el abogado Arturo Moscoso en una entrevista con Jorge Ortiz.

Agregó que si se logra salvar el presidente Lasso, eso vaya más allá de lo coyuntural. «Porque si no no sirve de nada que el presidente siga entre la espada y la pared frente a una Asamblea que no le va a dejar hacer absolutamente nada en cuanto a leyes y propuestas de políticas públicas».

Coaliciones legislativas

El jurista habló de coaliciones en los sistemas parlamentarios y en efecto no tiene nada de extraño, hacer acuerdos en democracias, siempre y cuando sean públicos y no se relacionen a procesos de juicio político. Además el COIP sanciona el tráfico de influencias en nuestro país.

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Un ejemplo de coalición aparece en 2019, en España, públicamente el partido Unidas Podemos y el Partido Socialista español (PSOE) formaron una coalición que les permitió llegar al gobierno. «Para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos y ciudadanas han decidido en las urnas», dice el documento de la coalición. (MIB)

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En Radio La Calle, Viviana Veloz, asambleísta por UNES, aseguró que el inconveniente se da por cambio de votos , así se evitará la censura de los vocales de la judicatura, que enfrentan un proceso de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones.

“Hemos recibido denuncias telefónicas sobre el reparto de notarias. Estamos recabando pruebas de cargo. En los pasillos de la Asamblea  hay rumores muy fuertes de que estaría rondando un operador de Fausto Murillo, un señor de apellido Coloma”. Se presume que los lotes se están dando en 10 o 20 notarias en las provincias de Pastaza, Imbabura, Santa Elena, Chimborazo y Cotopaxi.

Veloz también recalcó que existieron audios que ponen en evidencia las transacciones políticas de Juan José Murillo, vocal de la Judicatura en la que se revela que tiene el apoyo de la bancada de Pachakutik con el fin de salvar a las vocales de la Judicatura en el juicio político.

En caso de ser destituidos de los cargos entrarán inmediatamente los remplazos: por Fausto Murillo entra Elcy Celi, por Ruth Barreno entraría Yolanda Yupangui y por Juan José Murillo entraría Jaime Veintimilla. La Asambleísta enfatizó que ninguno de ellos son correistas.  D.P.B

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«Vamos a nombrar de Corte Nacional a menos a 20 personas, y ahí si ya suena ¡Ya suena! Entonces estoy pidiendo el financiamiento, esperemos que salga bien, pero yo no quiero irme más allá de mediados de junio, ya que convoquen porque no voy a alcanzar a tener liquidez en diciembre y estar designando jueces y conjueces», dice la grabación.

Otros audios

No es el único audio que se filtra desde el CJ, en junio pasado se escuchó a Morillo y dos vocales hablar con un juez para que emita un fallo a favor de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

Morillo le dice al juez: “le voy a ser frontal y sincero porque son de confianza. El presidente de la República me ha llamado personalmente el día de ayer. Me ha pedido que, si se puede, se apoye el tema, porque estas circunstancias no van en buen camino. No va a ir en una línea de derecho, sobre todo porque todo lo que han hecho y están haciendo se aparta de la línea del derecho”.

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Otro audio apareció en julio y también tiene como protagonista a Morillo hablando sobre el vocal Xavier Muñoz. En el minuto de grabación se escucha: «Él está repartiendo cargos como notarías, está repartiendo cargos como jueces, está diciendo que va a haber un concurso en la Corte Nacional de Justicia y que, obviamente, ahí les va a poder dar espacios».

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Mediante una entrevista en un programa radial, Nájera afirmó que “en la reunión, cuatro consejeros electorales planificaron repartirse las presidencias y vicepresidencias de las Juntas Provinciales”. Posiblemente se estarían vendiendo los cargos para puestos en provincias.

Sanción en Fiscalía

Ante estos actos, la Fiscalía puede tomar acciones legales contra las personas que intervinieron en la transacción al formular cargos por presunta concusión. Según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el trabajador público que haya abusado de su cargo, además de exigir y ordenar la entrega de contribuciones, intereses, sueldos o gratificaciones no autorizadas, ni debidas será sancionado con tres a cinco años de cárcel. Además, en el caso de que se agraven las acciones con actos de violencia o amenaza, la privación de la libertad será de cinco a siete años.

Declaraciones de la vocal del CNE

Nájera dijo que se excusan bajo el trabajo de seguimiento de la provincia de Napo. Mientras que el panorama es totalmente distinto. Los cuatro consejeros se habriàn reunido para distribuirse, no solamente las personas que tienen a su cargo, sino las que no se les otorgaron en un determinado momento y que pertenecían al consejero Luis Verdesoto. Posteriormente en esta reunión ya estaban planificando repartirse las presidencias y vicepresidencias de las juntas provinciales electorales.

La funcionaria aseveró que “hay que aclararle a la ciudadanía que una cosa es el control de la Dirección Provincial Electoral y otra es el control de la Junta Provincial Electoral”. Inmediatamente, la vocal se refirió a un proceso en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaint “Pero si del ingeniero Pita que siguió un juicio político contra la señora Atamaint, y en ese juicio en el diario Expreso, cuando él comparece a las comisiones de fiscalización dice ‘tener mayoría no sale gratis’”.

Nájera, en su denuncia, expresó que aunque durante la sesión se habló de fraude electoral, la palabra que más escandalizó a los integrantes de Comisión de Fiscalización fue otro “reparto”. A su vez, la consejera del CNE indicó que “Enrique Pita explicó cuántas coordinaciones, direcciones y secretarías le fueron entregadas a cada consejero y que él dijo que “Diana Atamaint permitió eso” y no es gratis. ­ Pero ahora resulta que él es parte de la mayoría y del reparto”. Al finalizar, Nájera vuelve a exponer que “tener una mayoría se paga gestionando y ubicando gente como yo. Pues si no hay transparencia, entonces ¿de qué estamos hablando?”. (J.P)

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Se presume que la voz del audio pertenece al vocal de la Judicatura, Juan José Morillo. En la conversación se escucha decir que el vocal Xavier Muñoz estaría repartiendo cargos en notarías y juzgados.

En el minuto de grabación se escucha: «Él está repartiendo cargos como notarías, está repartiendo cargos como jueces, está diciendo que va a haber un concurso en la Corte Nacional de Justicia y que, obviamente, ahí les va a poder dar espacios».

Agrega que «ventajosamente, la gente que apoyó a Llori nos está apoyando a nosotros. Ellos fueron los que me dieron esa alerta». El área de comunicación de la Judicatura le dijo a diario expreso que la posición de Murillo sobre estos audios se reflejó en el comunicado que publicó con Maribel Barreno hace unas semanas y las dos comparecencias que tuvo en la Comisión de Fiscalización. MIB

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De acuerdo con una captura de pantalla que difundió el portal digital La Historia, en un chat de whatsapp se puede leer como le piden a Armijos un puesto. “No te olvides de mi puesto, dejarás algo”. Él responde “Solo hay espacios para la gente leal mi pana. Tengo chance para unos 10 médicos. Otras 20 personas al Ministerio de Trabajo, unos cuantos docentes. En la empresa eléctrica perfil bajo”.

¿Reparto 2.0?

Esta denuncia se suma a las anteriores contra la asambleísta Bella Jiménez, que habría cobrado USD 9.000 en total a dos ciudadanos para otorgarles un cargo en la Asamblea Nacional.

El asambleísta Darwin Pereira dará declaraciones sobre este caso en las próximas horas, así lo indicó uno de sus asesores.

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En principio, esa máxima no es tan difícil de entender o de aplicar, pero al parecer, a nuestros “padres” y “madres” de la Patria, se les convirtió en una titánica tarea el asimilarla y ejecutarla.

En 100 días han dilapidado la poca credibilidad, esperanza o confianza que sus votantes les tenían. Y no es para menos, si en la primera sesión del 14 de mayo de 2021 no lograron “lo posible” y más bien hicieron alarde de las componendas y de los repartos eufemísticamente llamados acuerdos políticos y programáticos que se santificaron el sábado 15 de mayo con la designación de las principales autoridades.

Las consecuencias están a la vista. Una Asamblea Nacional en debacle que en 100 días ha generado descomposición política, partidista y ética. No han podido cumplir las tareas principales de fiscalizar y legislar.

Apenas tramitaron 11 leyes, emitieron 22 resoluciones y 15 exhortos. Pero eso sí, los camisetazos están a la orden del día. Ya son 10 los legisladores que se han apartado de sus tiendas políticas para sumarse a la bancada de independientes, aliados del gobierno de Guillermo Lasso.

Tampoco faltan los escándalos y actos de corrupción. La Asambleísta Rosa Cerda dijo públicamente que “si van a robar, roben bien”. El CAL sólo la sancionó con 8 días sin sueldo. Por su parte, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, no presentó el informe para el juicio político en contra del excontralor Pablo Celi, dijo que fue un error de su secretaria. A él, nadie le ha dicho nada y tampoco se lo ha sancionado. Asimismo, la Presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, intentó comprar seis carros de alta gama en 360 mil dólares en plena crisis económica.

Pero la segunda Vicepresidenta del Legislativo, Bella Jiménez, se lleva los “honores”, porque presumiblemente gestionaba cargos públicos a cambio de dinero.

Les queda 1360 días para intentar recomponer lo malogrado. Esperemos que lo logren.

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«La fiscal Diana Salazar abrió una indagación previa (I.P.84-21-F6), después de la denuncia que presenté el viernes 20-AGO-2021 por el caso de Bella Jimenez. Mañana a las 8h00 rendiré mi versión en Fiscalía ante la fiscal Mayra Soria», escribió el asambleísta Villavicencio en un tuit.

La asambleísta Jiménez se encuentra acusada de presunto cobro de cargos públicos en la Asamblea Nacional y otras entidades del Estado. La legisladora negó los hechos e indicó que sus asesores fraguaron la trama usando su nombre.

Proceso en la Asamblea

El 20 de agosto, el jefe de bloque de la Izquierda Democrática (ID), Alejandro Jaramillo interpuso una denuncia ante el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) para iniciar un proceso disciplinario contra Jiménez.

«La banca de la ID conforme al procedimiento parlamentario presentó una denuncia para que el Comité de Ética conozca e investigue la infracción presuntamente cometida por Bella Jiménez,  de acuerdo a lo establecido en el art. 166 de la Ley Función Legislativa», informó la Asamblea Nacional.

Dicho proceso, de acuerdo al reglamento y de ser comprobado, llevaría a la destitución de la legisladora. También a su censura de dos años en el servicio público.

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“He sido afectada por el abuso de confianza de mis asesores, quienes tomándose mi nombre han mal utilizado mis equipos de comunicación personal (…) todo esto surgió por la deslealtad de infiltrados en mi equipo asesor”, escribió Jiménez.

Según ella, esta infiltración se dio por haber exhortado al presidente, Guillermo Lasso, para que detenga “el incremento despiadado del precio de los combustibles, que asfixia a los ecuatorianos. 

Jiménez asegura que hay un plan orquestado que empezó por ella pero que va también por la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori.

UNES tiene pruebas de la corrupción

Tras las denuncias publicadas en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea del Ecuador, Bella Jiménez, la bancada de la Revolución Ciudadana anunció que tiene pruebas de actos de corrupción que la involucran. 

La legisladora anunció en sus redes sociales que este domingo daría una rueda de prensa para aclarar estas acusaciones, sin embargo, no esto no ha sucedido hasta el cierre de esta edición. 

¿Continúa el reparto?

La legislatura anterior pasó a la historia por ser la ‘Asamblea del reparto’ pero esta parece no querer quedarse atrás. El portal web La Historia denunció el viernes que Bella Jiménez habría recibido USD 3000, por intermedio de su hijo, para colocar en el cargo de asesor a una persona. Esto pudo pasar desapercibido de no ser porque el puesto no se concretó y apareció la denuncia.

Además, destaca el portal, Jiménez habría presionado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en algunos hospitales, donde ejerce presión y control, al punto de exigir la permanencia o no de los directores de hospitales. 

Puede leer la historia completa de este caso,: 

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Si se comprueba este delito en el Comité de Ética, la imagen del Legislativo volverá a los cuestionamientos ¿este es un camino a la muerte cruzada?

El proceso

Para que el caso llegue al Comité de Ética y después al Pleno, hay algunos pasos a seguir. «Anteriormente se hacía una deuncia juramentada, es decir el reconocimiento de firma y rúbrica ante un notario público. Ahora la denuncia se presenta a la presidenta de la Asamblea. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) la califica y si no cumple los requisitos devuelven la denuncia para que en tres días completen lo que falta para su sustento. De ahí se la califica y remite al Comité de Ética», explica para Radio La Calle el abogado en temas políticos, Xavier Aguilar.

¿Qué requisitos necesita la denuncia?

Además de la denuncia con firma de los solicitantes, la ley solicita el 10% del apoyo de los miembros de la Asamblea (14 legisladores). También la denuncia debe estar debidamente sustaciada y fundamentada.

Este caso remite a los artículos 127 numeral tres de la Constitución y 163 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ambos, la gestión de cargos públicos está prohibida entre las funciones de un asambleísta.

¿Qué pasa cuando llega al Comité de Ética?

«Hay que tener en cuenta que si el CAL califica la denuncia, la asambleista no puede renunciar. Si lo hace el proceso continúa», explica el jurista.

En el Comité de Ética se establece un plazo de tres días donde se notifica al denunciante para que presente sus pruebas de cargo. El denunciado, por su parte, tendrá 10 días para presentar sus pruebas de descargo.

También se realiza una solicitud de audiencia ante el Comite para escuchar a las dos partes. «Si el denunciado no presenta pruebas, no se presenta a la audiencia, el proceso continúa en rebeldía», añadió.

El Comité toma un tiempo de evaluación de las pruebas de cargo y descargo. El presidente presentará un informe a todo el Comité donde se recomienda la destitución o el archivo. Éste se aprueba con mayoría absoluta.

Finalmente, si se recomienda la destitución, la presidenta del Legislativo tendrá cinco días para convocar a sesión de Pleno. La censura y destitución de un asambleísta se aprobará con una mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de los legisladores.

Además de no poder ejercer cargos por dos años, el artículo 15 de la Ley de Servicio Público dispone que la persona destituida no puede volver al lugar del que salió.

La parte política

Para Aguilar, este caso es una «cascarita de plátano que pone el Gobierno al Legislativo. […]  El Gobierno sabe que tiene una mayoría muy frágil en la Asamblea y que hay otras tendencias como la social democracia o el progresismo que no aprobarían las leyes económicas o la reforma tributaria. Sabe que no le queda de otra que deslegitimar a la Asamblea».

Si se llama a una consulta popular para cambiar el sistema legislativo, se puede anticipar la salida de los asambleístas y gobernar por decreto ley.

También tiene como mecanismo constitucional la muerte cruzada, eliminar la Asamblea y gobernar por decreto ley para implantar el plan de gobierno.

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“Presento mi renuncia con el carácter de irrevocable al cargo de asambleísta por la provincia de Sucumbíos (…) El ataque a un asambleísta es el ataque a todo el cuerpo parlamentario, lejos de conseguir una vendetta política, lo que se obtiene es mermar la naturaleza del parlamento”, dice una parte de la misiva.

Azuero añade que en ningún momento intervino en el reparto de dineros públicos, ni en gestionar cargos públicos. Mucho menos en ofrecer, tramitar, recibir recursos del presupuesto general del Estado. No obstante, el legislador enfrenta cuentas con la justicia por el supuesto delito de delincuencia organizada. Su paradero todavía no se conoce.

Azuero presentó excusas ante su fuga

Dentro de la carta que remitió Azuero, acusó que su destitución responde a su «acción fiscalizadora» y culpó al desgaste del Legislativo sin asumir su responsabilidad en los actos de corrupción. A la legisladora Amapola Naranjo la acusó de vengarse «presentando una malintencionada denuncia».

Agregó que las pruebas que usó la asambleísta Naranjo también involucra a los legisladores Franco Romero, Washintong Paredes, Raúl Tello y Freddy Alarcón.

Azuero apeló a la epidemia por Covid-19 e indicó que su doctor le recomendó no exponerse. Así, dijo que su fuga no responde a evitar la cárcel sino «evitar la muerte». Esto a razón de la propagación del virus en las cárceles.

Antecedentes

El pasado 4 de septiembre, José Serrano, Liliana Durán y Franco Romero decidieron, de manera unánime, recomendar al pleno de la Asamblea Nacional la censura y destitución de Eliseo Azuero. El asambleísta tendrá un juicio en el Legislativo.

Renuncia de Mendoza

No fue el único en renunciar durante el proceso de juicio político. El exasambleísta morenista Daniel Mendoza también dejó su curul tras comparecer en una Comisión Multipartidista que lo investigaba por el reparto de dinero público en el Caso Perdernales.

«A mis amigos, detractores [les digo] renunciar es también liderar. No se trata de liderar siempre desde el frente, se puede y se debe también liderar desde atrás. He autorizado a mi abogada, que se encuentra presente en esta sala, para que al fin de mi intervención procesa a ingresar mi renuncia irrevocable a mi cargo de asambleísta”, dijo Mendoza en esa ocasión.

Con esta renuncia, el puesto de Azuero lo ocupará su alterna Flérida Guevara. Misma situación sucedió con Mendoza, a quien lo reemplazó Pinuccia Colamarco.

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El delivery es un servicio que cobró fuerza durante el aislamiento por la emergencia sanitaria. Consiste en llevar los productos que adquieras hasta la puerta de tu domicilio. Este modelo de negocio no solo acaparó el intercambio económico por servicios o productos. La pandemia ha evidenciado de modo contundente que el intercambio de votos en la Asamblea por cargos públicos, repartos de hospitales y demás, son parte de un penoso menú del Gobierno.  

En el marco de la presunción de inocencia, nos referiremos a estas evidencias como “presuntos” casos de corrupción. La semana concluye, una vez más, con un nuevo escándalo de corrupción. En esta ocasión, el telón abierto expuso a la ministra de Gobierno tras la difusión de los chats, entregados a la Fiscalía por el ex asambleísta Daniel Mendoza. la ridícula trama demuestra el modus operandi del delivery legislativo.

Resulta que, a cambio del archivo del juicio político de María Paula Romo, puesto en manos de la comisión de fiscalización de la Asamblea, y gracias a los votos de los panas de Mendoza, apareció una cuponera con cargos directivos en hospitales, gobernaciones, entre otros.

A raíz de ello, como si se tratara de un servicio a domicilio, los pedidos se realizaban por WhatsApp, con un tiempo medio de entrega. En caso de existir devoluciones, como sucedió en la Gerencia zonal del Banco de Desarrollo del Ecuador (BEDE) con la remoción de Karina Bardelini, vicepresidenta del Movimiento de Mendoza, la solución era inmediata. Según los chats del ex asambleísta, fue él quien sugirió a Karen Argandona como remplazo de su cuota en el BEDE.

Mendoza expuso, además, un cuadro bastante lúdico donde muestra la lista del gran reparto. Junto a Bucaram y Mendoza, se suman, presuntamente, 19 legisladores más. Nos queda Al parecer, el poder cuántico tenía claro que el cliente siempre tiene la razón. Comprobado, el hombre del maletín tiene nombre, apellido, acceso a medios y nuevas tecnologías para el reparto.

Ver más artículos de Sebastián Tamayo.

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