«Alertamos de la represeión, violencia y masacre que tiene preparada el Gobierno de Guillermo Lasso a través de ministro del Interior, Patricio Carrillo, a quienes responsabilizamos «, publicó la CONAIE en su cuenta de Twitter.

La CONAIE advierte que las recientes declaraciones del ministro Carrillo buscan justificar el excesivo uso de la fuerza por parte del gobierno de Guillermo Lasso.

«intentan crear el escenario y narrativa para confundir a la opinión pública y justificar la masacre, buscan crear un enemigo interno, implantar un cerco mediático. Utilizan el aparato de inteligencia del Estado para perseguir lideres sociales», reza el comunicado.

El movimiento indígena cuestiona que el Gobierno Nacional acuse de futuros saqueos, incendios y secuestros la movilización del lunes. Asimismo, contempla la posibilidad de que existan «grupos infiltrados como sucedió en 2019 en la Contraloría».

Rechazo al diálogo por parte de Lasso

La CONAIE sostiene que el régimen de Lasso es el único responsable de la crisis económica y política que vive el Ecuador. Expresan que no el Gobierno Nacional no ha escuchado sus propuestas y demandas sociales en sus últimas tres mesas de diálogo (11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre de 2021).

«Acudimos por un año a diálogos cerrados sin resultados, recibiendo mentiras, engaños y ataques permanentes. Nos activamos con 10 temas que que el Gobierno neoliberal de Lasso responde con amenaza y represión».

El pasado de Carrillo

La Confederación responsabiliza al Gobierno de Lasso de las posibles vulneraciones a los derechos humanos que puedan suscitarse durante la manifestación. Apunta que Carrillo fue el «brazo ejecutor» de la masacre de octubre de 2019 que dejó 11 muertos y cientos de heridos y mutilados.

También recordó que sobre Carrillo -y otros funcionarios del gobierno de Lenín Moreno- pesan denuncias por delitos de lesa humanidad. Asimismo recordaron que la Constitución de la República garantiza los derechos a la resistencia y protesta social en su artículo 98.

Iza advierte posible represión de ministro Carrillo a la movilización nacional del 13 de junio

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En 16 provincias del país estaban anunciadas movilizaciones que, finalmente, tuvieron lugar. Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, Manabí, Tungurahua, Guayas, Los Ríos, Morona Santiago, Azuay, Loja, El Oro, Cañar y Zamora. 

La represión fue la tónica de todas las manifestaciones. Desde horas de la mañana, cuando las autoridades policiales agredieron a una periodista, la represión fue escalando. En Cuenca, Cayambe e Imbabura, los gendarmes arremetieron con fuerza contra los manifestantes.

Asimismo, en horas de la tarde, cuando se convocó la movilización en la capital ecuatoriana, la policía reprimió a los manifestantes que llegaron a la Plaza de Santo Domingo.

En horas de la mañana, el gobierno anunció la detención de 17 personas. Pero hasta el cierre de este informe, las autoridades no confirmaron la cifra oficial.

Policías infiltrados

Otra novedad registrada en esta jornada de protestas fue la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes y vestidos de civil. Ellos capturaron a un ciudadano y lo llevaron detenido en un patrullero sin placas. Organismos de derechos humanos denunciaron el hecho en redes.

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«Espero que el Gobierno ecuatoriano pueda coadyuvar en la investigación de lo que pasó en estos días tan oscuros en Bolivia», manifestó a los medios el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo.

El pasado jueves el Gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y «municiones de guerra» desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Jeanine Áñez.

El ministro boliviano estableció el flujo de comunicaciones que se produjo entre funcionarios de ambos países como parte de una «cooperación regional para la represión» que, a su juicio, se asemejaba al Plan Cóndor de los años 1970.

Del Castillo afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el Gobierno interino gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador para «proyectiles y granadas» antidisturbios en una operación que «nunca» fue de conocimiento público y que se manejó con «perfil bajo».

«Acá tenemos el acta de entrega y recepción del material de la República de Ecuador al Estado Plurinacional (de Bolivia)», estos elementos «han ingresado a nuestro territorio nacional», aseguró el ministro boliviano.

Esa afirmación se basó en Iván Inchauste documentos y contactos que sostuvieron el excomandante del Ejército de Bolivia y el entonces agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador, José Luis Frías, y que fue de conocimiento de los exministros de Defensa y Gobierno, Luis Fernando López, y Arturo Murillo, respectivamente.

Reunión de gabinete

Murillo fue detenido en EE.UU. el pasado 21 de mayo acusado de corrupción y lavado de dinero en el marco del caso en el que se investiga el pago de 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa brasileña Cóndor se le canceló solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

Del Castillo afirmó que el llamado caso «gases antidisturbios» fue una operación que se hacía «paralelamente», mientras Bolivia recibía una dotación similar de Ecuador.

El ministro boliviano señaló que los contactos para el préstamo de granadas de gas y municiones se hicieron a través del entonces director Nacional de Logística de Ecuador, Fernando Correa Gordillo, que dependía del comandante de la Policía ecuatoriana, Patricio Carrillo Rosero.

El nexo principal para la adquisición de ese material se produjo durante una reunión de gabinete el 15 de noviembre de 2019, en la que, según Del Castillo, una gestión de la entonces ministra boliviana de Comunicación, Roxana Lizárraga, permitió que el Gobierno ecuatoriano accediera a la solicitud para contar con material antidisturbios.

«¿Con quién habló la señora Roxana Lizárraga?», cuestionó el ministro de Gobierno.

Del Castillo manifestó que «Bolivia jamás se ha metido en el conflicto de otros países» y que «jamás ha enviado proyectiles o granadas en los conflictos que ha sufrido Ecuador en la gestión 2019».

Sobre el Gobierno interino de Áñez están abiertas varias investigaciones para determinar su gestión en la crisis política y social de 2019, que según el Ejecutivo de Luis Arce lo que ocurrió en ese año fue un «golpe de Estado».

En los sucesos de 2019 fallecieron 37 personas, de las que una veintena corresponden a las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.

Fuente: DW

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El informe que consta de 101 páginas hace un recuento del contexto y las acciones que se realizaron en las movilizaciones. También explican los objetivos de la alianza.

«Esta Alianza surge ante la necesidad de monitorear y documentar posibles violaciones a derechos humanos a raíz del inicio del paro nacional de transportistas que inició el 3 de octubre y la declaratoria de estado de excepción, que constituyen el contexto en el que se enmarca el trabajo hasta la presentación de este informe», dice la primera parte.

Uso de la fuerza policial

Además hablan del uso desmedida de la fuerza por parte de los organismos de control. «Desde la mañana del 3 de octubre, horas antes de que se decrete el estado de
excepción, en la ciudad de Quito la Policía reprimió con gases lacrimógenos a la
primera manifestación de estudiantes de la Universidad Central y, con la entrada en
vigor de dicha medida, los operativos policiales de represión y dispersión –que
incluyeron tanques militares (“blindados” los llamó el Ministro de Defensa) y vehículos
antimotines (tanquetas), patrulleros, motocicletas, caballos, perros y el uso de toletes, gas pimienta, bombas lacrimógenas, balas de goma y perdigones… «, menciona parte del análisis.

Finalmente instan a los organismos internacionales de Derechos Humanos a monitoriar permanentemente lo que sucede en el país. Solicitan, de igual manera, al estado ecuatoriano permitir un diálogo transparente y en igualdad de condiciones.

Puede leer el informe completo en el siguiente enlace:

https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2019-10/Informe%20Final%20Alianza%20DDHH%20Ecuador%202019_compressed.pdf

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“Los hechos, versiones y elementos recabados incluso por instancias internacionales determinan que significó una acción del pueblo ecuatoriano ante el desastroso manejo económico y político del gobierno (…), el rechazo a las medidas económicas implantadas desde el FMI”, señaló la CONAIE en un comunicado.

La Ministra María Paula Romo presentó su versión de los hechos ante La Comisión Multipartidista que la Asamblea conformó para analizar las protestas de octubre de 2019.

En su comparecencia, Romo aseguró que durante los días de protestas hubo violencia organizada de grupos dirigidos que enfocaron sus ataques a la infraestructura y a los servicios del Estado.

Además, destacó que el propósito del golpe era derrocar al gobierno del Ecuador y apoderarse de los archivos penales que investigan a varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa.

 PE/KV/EM/SP/SAM

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