Según el informe, el Comité de la ONU contra la Tortura, luego de denuncias de malos tratos en los centros penitenciarios, solicitaron a las autoridades ecuatorianas priorizar la rehabilitación y reinserción social. A su vez el documento resalta el registro de 27 (ejecuciones extrajudiciales) en el primer semestre del año” y los hallazgos del caso de los cuatro niños de Las Malvinas.

Derechos ambientales e impunidad

Dentro del derecho ambiental, el informe señala que “continúan las prospecciones petrolíferas y la quema de gas en la Amazonía”, esto pese a la sentencia judicial del 2021 en donde se estableció que se apaguen los mecheros.

Otro de las problemáticas que aborda el informe, es la persistencia de la impunidad frente a los daños en las protestas de 2019 y 2022. Frente a este panorama, el informe subraya la necesidad urgente de que el gobierno implemente reformas reales que garanticen verdad, justicia y reparación para las víctimas, así como la adopción de políticas ambientales que respeten los derechos de los pueblos originarios y preserven el ecosistema amazónico.

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Dedicado a: Alondra, Vilmatraca, dirigentes y alcaldes/alcaldesas de la RC asesinados, procesados y víctimas de Lawfare, los otros periodistas amenazados o sancionados: el periodista Andrés Durán, Programa “Los irreverentes” de RTU: María Sol Borja, Fabricio Vela y José Luis Cañizares el policía que debió salir del país por denunciar en el archivado caso “León de Troya” a Lasso y Banco Guayaquil, abogada Priscila Schettini, el asambleísta Virgilio Hernández, la Sra. Vicepresidenta Verónica Abad, Leonidas Iza, las mujeres asambleístas amenazadas, los amedrentados en el Inti-Raymi, los periodistas de Radio Pichincha golpeados, la Sra. Gabriela Goldbaum y su niña, el personal de la embajada mexicana, , y a mi familiar amado que el fin de semana migró muy lejos, por falta de empleo y oportunidades en el país que nos niega la vida, el pasado, el presente y el futuro.

La información fragmentaria e intoxicación por sobre saturación en la red social, hace que la gente cada día asuma los numerosos casos represivos registrados en el Ecuador del Noboato, de forma aislada: o los legitima por ignorancia o mala fe, o los descontextualiza, creyendo que «son solamente una cubana, unos cuantos correístas, un periodista cómico gay, un indio, un juez corrupto, etc.»

Sostenemos lo contrario: TODOS los casos están conectados a un modelo represivo único, a una mentalidad arrogante y enfermiza, a una ideología económica y geopolítica extremistas, y que no es ni neutral ni ajeno a un contexto global de fascistización acelerada y de guerrerismo mundial generalizado, por parte de un Occidente decadente y uniformado de traje bélico vía OTAN, que desata o apoya la guerra en todas partes. Ésta minúscula isla semi-feudal, refleja esa lógica peligrosa y aparentemente invencible.

Si Occidente hace lo que le da la gana en Gaza, Teherán, Irak, Siria, Sebastopol, Argentina o Líbano, ¿en serio, “alguien va a preocuparse por una alondra, una embajada o por el siguiente?” Así piensan los que mandan en esta aldea manejada como ya la manejaron en el Garcianismo, Los Gran Cacao, Los Bancos, la dictadura facha de Páez y en el Arroyismo entreguista y pronazi, o en el Febrescorderato y narco Bancocracia de 1999 y 2022.

Quien crea que lo que sucede aquí, ocurre solamente en la aldea, es… un aldeano.

¿Son casos «aislados» o expresiones de un modelo neo-totalitario y efectivos efectos de una decisión conductual sistemática?

Entendamos que hay un gabinete estructurado para el saqueo veloz y la rapiña rápida, el engaño pavloviano permanente y la represión hacendal al que proteste o al que se crea que pudiera protestar. El resto, los indiferentes, la mayoría, son funcionales al modelo: como lo fueron en el Berlín del ’33 o en el Ecuador del 2024.

Hay un poder judicial-fiscal coludido con el poder ejecutivo, para la persecución, el silencio y el montaje, y ambos poderes son muy cercanos a una Embassy y sus agencias de Inteligencia, las de una potencia mesiánicamente financierista y militar que hoy, a través del Comando Sur, le asigna a este continente entero un sólo papel: o sumisión o castigo. La aldea, en ese marco, vive un teatrino monárquico perverso, folclórico, letal y siniestro como todo esperpéntico modelo de sociedad para una unipolaridad en decadencia.

Se trata de un régimen criollo de ocupación, escandalosamente plutocrático, respaldado en una dupla eficaz: Embassy-Fiscal, y apoyada por una gran porción de la élite mediática, en especial de TV, que ha apostado por ayudar a prolongar en el Tiempo, más allá del 2025, un modelo de poder delictivo, no importan los muertos, vacunados, puertos, embarques y primeros lugares en ignominia y violencia. Ese modelo de mandar, de una élite sin Patria que acusa de «antipatria» y «extranjerismo» a toda Otredad y Disidencia, es un modelo financierista, económico, político, empresarial, clasista, ideológico, mediático y narrativo, destinado a silenciar el pensamiento diferente y la disidencia humana, porque así está operando todo Occidente, y así es como buscan consolidar los aldeanos de levita y peluca al Ecuador: como una neocolonia «fallida», de 100 mil ricos y sus defensores, y 16 millones de población extra: pobres, en riesgo, vulnerables, en bancarrota, que sólo pueden aspirar a un futuro si se largan por el Tapón del Darién o por avión los que consigan pasaje. Ese modelo necesita que haya casos numerosos y repetidos de macartismo, agresividad troll y arbitrariedad estatal, porque hay que exprimir pronto lo poco de Estado, de recursos y de nación que quedan en pie.

En ese terreno, mundial y local, muy parecido al de los años ’30 y ’40 del siglo 20, que empujó al agua y al aceite a unirse como aliados contra el fascismo europeo y la plutocracia local entreguista; hoy por desgracia, esa agua y ese aceite: todos los del abajo y del bien abajo, torpedean y maldicen el deber ético de unirse y de unirnos en el sin brújula campo de los perseguidos y los humillados, para derrotar al mileísmo criollo.

La represión y el autoritarismo son necesarios a ese modelo y a este triste perfil psicológico escogido para administrar sus propios negocios y arrebatar los ajenos, por parte de una enana clase social «alta», que se ha vuelto paranoica, psicótica, esquizofrénica y psicopática. No olvides el caso de la hija del mandamás: le quitó la escolta de seguridad. ¿Pueden importarle tú y tu breve vida, a esa casta?

(*) Alexis Ponce: defensor de derechos humanos, analista estratégico.

Chocolate Caliente, Canal Digital Contracorriente TV:
Entrevista https://www.facebook.com/nelsonzamb/videos/453087377587129

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«Estamos indignados por el ataque que sufrimos por parte de la Policía al intentar ingresar a inscribir nuestra candidatura […] Estamos muy molestos, indignados y realmente adoloridos por este ataque en contra de la democracia», dijo el precandidato.

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, también se pronunció. «No puede ser que uno venga a los que están obligados a controlar que la democracia se respete y lo reciban con gas lacrimógeno. El rechazo como presidenta del movimiento. No nos van a detener, somos más fuertes de lo que ustedes creen. Aquí estamos combativos. Con Andrés, Luisa».

Ambos acompañaban a Luisa González, quien se encontró en un camilla en el centro médico del Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con sus testimonios, los agentes echaron el gas directo a sus ojos.

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Así lo expresó en una entrevista con Jorge Ortiz. «En el primer informe en que yo participé con la gente de inteligencia policial, había un punto de quiebre, se cuantificaban cuántos indios venían y de dónde […] Todo eso sumaba entre 15 y 20 mil y eso era controlable desde el punto de vista de represión».

El problema, de acuerdo con ese informe de inteligencia, estaba si se unían los urbano – marginales de Quito. «Eso fue lo que pasó en el paro de Lenin. Yo mismo desarrollé una campaña digital para que esta gente no salga y no se una», replica orgulloso eo exfuncionario.

Sin embargo, durante el paro de junio pasado existieron varios cierres de vías y quema de llantas en los barrios al sur, centro y norte de Quito, una señal de respaldo con el movimiento indígena que presionó por respuestas de parte del gobierno a los 10 puntos de pedidos sociales, entre los que se contaban: combustibles, minería, canasta básica, salud, educación, entre otros.

¿Se acerca un nuevo paro?

La Conaie ha advertido que irían al paro nacional, si el presidente Lasso llama a la muerte cruzada, ya que eso lo convertiría en un dictador. «Nos declaramos en alerta sobre cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente de la República […] No permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto. […] El pueblo ecuatoriano no permitirá una dictadura», dijo el presidente de la organización, Leonidas Iza.

Por el momento, anunciaron una gran movilización nacional, prevista para el 8 de marzo y solicitaron la renuncia del presidente por «incapacidad para gobernar». (MIB)

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«Entre los parlamentarios firmantes se encuentran representantes de África, Medio Oriente Asia y Latinoamérica. Todos reconocen que la demanda social y la legítima protesta son mecanismos válidos para alcanzar derechos y que ningún Estado puede reprimir a la gente en libertad», reza el comunicado del MNOAL.

El organismo internacional detalla que es inadmisible el actuar del régimen de Lasso frente a la ciudadanía que protestó contra la pobreza y varios problemas sociales. Asimismo, señaló su preocupación por la severa represión, que, incluyó la intromisión en espacios autónomos como universidades y la Casa de las Culturas.

Finalmente, miembros de la Red Parlamentaria se solidarizaron con las víctimas y familiares de la brutal represión del Gobierno Nacional y solicitaron a organismos internacionales revisar las denuncias sobre violación de derechos humanos.

Sobre el MNOAL

La Red Parlamentaria es un foro de concertación política internacional con 120 países miembros que buscan la paz e interés de países en vías de desarrollo. Nació en 1961 como una corriente neutral frente a las dos superpotencias: Estados Unidos y la extinta Unión Soviética.

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«Muy grave que el ministro Carrillo desde ya anuncie la represión que hará con la población civil. Le recordamos que tiene una denuncia por delitos de lesa humanidad por la masacre de octubre de 2019 y que la Constitución garantiza el derecho a la protesta y resisntencia social», publicó el líder indígena en su cuenta de Twitter.

El presidente Iza lanzó este anuncio después de que el ministro Carrillo tildó a la movilización nacional como una estrategia de victimización de los sectores populares.

Sobre la movilización

El lunes 13 de junio está prevista una movilización nacional e indefinida. Esto debido a que la CONAIE y una docena de organización sociales y campesinas reclaman que el régimen de Lasso no ha escuchado sus demandas desde las primeras mesas de diálogo.

El movimiento indígena, junto a otros sectores populares, sostienen 10 planteamientos urgentes que debe tratar el Gobierno Nacional.

1. Reducción y más subida del precio de los combustibles. Solicitan congelar sus precios y focalizarlos a sectores que necesitan subsidios: agricultura, transporte, entre otros.
2. Moratoria de mínimo un año para que más de 4 millones de familias paguen sus deudas.
3. Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, entre otros, para que estos sectores productivos continúen produciendo.
4. Empleo y derechos laborales. Frenar la precarización y exigir el pago de deudas al IESS.
5. Moratoria a la minería en territorios indígenas y fuentes de agua. Derogatoria del los decretos 95 y 151.
6. Respeto a los 21 derechos. Educación intercultural bilingüe, consulta previa, justicia indígena, entre otos.
7. No a la privatización de los sectores estratégicos (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otros).
8. Políticas de control de precios y la especulación en productos de primera necesidad.
9. Presupuesto urgente para los sectores de salud y educación.
10. Políticas públicas para garantizar la seguridad y frenar la ola de violencia, delincuencia y crimen organizado.

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El caso Manuela Sáenz

Según el informe de la Comisión de la Verdad (2010), el 29 de septiembre de 1986, miembros de la Policía Nacional recibieron la orden de allanar una casa en la calle Manuela Sáenz. Presumían, según investigaciones anteriores, que la vivienda servía de casa de seguridad para los miembros del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC). El operativo se produjo a las 23:00 y en la casa estaban: José Luis Flores, Sayonara Sierra y Robert Regalado.

Aunque el parte policial indicaba que hubo un enfrentamiento y que las tres personas murieron por los disparos recibidos. Testimonios recabados a lo largo de los años por los familiares de las víctimas expresan que se trató de ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el padre de Sayonara, la policía entró a la vivienda tras amenazar a la familia propietaria del inmueble para dejarlos pasar. Amordazaron a los jóvenes y procedieron a ejecutarlos. En las denuncias se habla inclusive de violación por parte de los policías hacia Sayonara por los restos de semen que se habrían encontrado en su cuerpo.

Aunque Sayonara no era parte de AVC, una conclusión a la que llega el informe visitaba regularmente a su esposo cuando entró en la clandestinidad. Aún así los informes de la Policía la tenían en la mira como miembro del grupo. Hasta 2008, muchos vecinos tenían miedo de declarar lo que había sucedido esa noche.

“En este punto, debemos resaltar que un equipo interdisciplinario de investigadores de la Comisión de la Verdad visitó el lugar de los hechos en febrero de 2009. Tal como denuncia Orlando Sierra en su oficio, y aún 23 años después del operativo, las personas que viven en el vecindario se niegan siquiera a hablar sobre lo ocurrido. En ningún caso fue permitida la grabación en audio, ni quieren hacer públicos sus nombres. Los dueños de la casa allanada en septiembre de 1986 viven en el inmueble todavía; al identificarse el equipo investigativo como de la Comisión de la Verdad, literalmente, le cerraron la puerta”.

Revise el caso completo aquí: https://www.corteidh.or.cr/tablas/26980.pdf

Prisión preventiva para Ernesto

La tía de Ernesto, Natalia Sierra ha sido clara en responsabilizar al gobierno si algo le sucede a su sobrino. La familia atraviesa por segunda vez la persecución del gobierno. Ocho miembros del Movimiento Guevaristas guardan prisión preventiva. La Fiscalía los acusa de por presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados.

De acuerdo con las autoridades, en los allanamientos se levantaron varios indicios como la posesión de armas de fuego y municiones. Además, Fiscalía dice que la agrupación hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en el Oriente. Esto con la finalidad de formarlos militarmente en la frontera de Colombia – Venezuela. MIB

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De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen a casos por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social en octubre del 2019; 154 defensores de los territorios comunitarios; 12 por la administración de Justicia indígena y 42 defensores de la naturaleza.

Reacciones

«El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea Nacional del Ecuador cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión», publicó el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el expresidente Lenín Moreno consideró que los 99 votos del Legislativo la mañana de este jueves 10 de marzo fueron un golpe a la democracia. «Quienes atentaron contra la democracia en octubre de 2019 y pretendieron dar un Golpe de Estado entre protestas, secuestros, destrucción de ciudades patrimoniales y actos de vandalismo, hoy han sido absueltos con 99 votos por la Asamblea Nacional como si nada hubiera pasado», señaló por medio de su red social.

De igual forma se pronunció el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien se siente «ofendido» por el Legislativo al haber concedido amnistías a «quienes sembraron terror y cometieron actos vandálicos contra la capital de la República (…) y no pueden ser considerados perseguidos políticos».

Como con la marcha del 8 de marzo, Guarderas se solidarizó con los «bienes patrimoniales» destruidos. Finalmente, advirtió que «no permitiré que Quito vuelva a ser ultrajada y utilizada por mezquinos intereses políticos», reza el comunicado.

La exministra de Gobierno, María Paula Romo, censurada y destituida del cargo por atentar contra los derechos humanos en la brutal represión de octubre de 2019 y acusada de haber repartido hospitales públicos como botines políticos, también expuso su negativa frente a las amnistías. Calificó la decisión del Pleno como «pura impunidad». «El precedentes es nefasto para nuestra democracia: amnesia para los que atacaron el Ecuador, y castigo para quienes hicieron su trabajo», publicó.

Quienes hablan de democracia…

El jefe de la bancada de Pachakutik, Marlon Santi, apuntó al expresidente Lenin Moreno como el responsable de atentar contra el bienestar de las familias ecuatorianas al firmar el decreto 883, que eliminó los subsidios a la gasolina y fue el detonante para las protestas de octubre del 2019.

Dijo: “Se nos acusa de octubre, se nos acusa de que el movimiento indígena es el responsable de saquear Quito. Pero, ¿quién es el que hizo el Decreto 883, y él está libre ahorita por Estados Unidos?».

No se ha mencionado nada de los 11 muerto de octubre, pero aseguró que se continúa criminalizando a los dirigentes indígenas, tachándolos de terroristas. «Aquí hay personas responsables del Estado ecuatoriano que hicieron y mataron a nuestros hermanos de octubre», sostuvo Santi.

La entrada Lasso, Moreno, Guarderas y Romo defienden la represión y persecución política de Octubre de 2019 se publicó primero en La Calle.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria dijo que solicitará a la Policía Nacional las explicaciones del caso, las investigaciones que den lugar y las sanciones a los posibles responsables, esto, según dijo, en calidad de ciudadana y defensora de los Derechos Humanos.

“¡Mi solidaridad con las mujeres del país! La causa que ha perseguido mi vida siempre ha sido y será erradicar la violencia hacia niñas y mujeres. Mi rechazo a los hechos suscitados ayer en el marco del Día Internacional de las Mujeres”, escribió.

Ni el presidente Guillermo Lasso ni la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, han dado declaraciones sobre el abuso policial contra mujeres, adultas mayores, embarazadas y niñas que acudieron a la jornada en conmemoración del día Internacional de la Mujer.

En redes sociales, cientos de mujeres relataron sobre la brutalidad policial: golpeadas, asfixiadas por los gases lacrimógenos, huyendo de perros y caballos como elementos disuasivos, rechazaron que la Policía Nacional no responda ante la delincuencia, pero use sus recursos para atacar a la ciudadanía.

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«Cómo es esto que en los centros comerciales no hay ningún control, pero para los ambulantes que trabajan en un espacio abierto, hay grupos especializados como el GAT para que se los reprima. Sabemos de que lado está el Estado con su actual gobernante Guillermo Lasso», señalan en un trino.

Con la pandemia de la COVID-19 y las políticas neoliberales de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, el desempleó creció en el Ecuador. Miles de ecuatorianos han pasado a la informalidad y se han tomado las calles del país con la intención de obtener recursos para sostener a sus familias. Sin embargo, día a día se encuentran con la represión y discriminación de agentes municipales que los despojan de su mercadería de forma violenta.

La represión

En Guayaquil, el pasado 7 de diciembre del 2021, decenas de personas se agolparon con carteles, silbatos y consignas en las inmediaciones de la Unidad Judicial Penal Norte 2. El motivo fue la revisión de una acción de protección, presentada por un grupo de comerciantes informales.“Tenemos hambre, déjennos trabajar”, eran parte de los gritos que se replicaban entre los vendedores autónomos.

En Quito, un grupo de comerciantes informales se reunió el pasado jueves 9 de diciembre del 2021, en el parque El Arbolito, para protestar contra las políticas municipales. Ellos aseguran que los agentes metropolitanos de control “no les dejan trabajar en las calles de la ciudad”. Reclaman por los operativos que está realizando el Municipio de Quito, en los cuales «se roban» la mercadería de los trabajadores autónomos.

¿Controles solo para algunos?

La molestia ocurre porque los venderores informales trabajan en un espacio abierto y mantienen las medidas de bioseguridad, mietras que el pasado 9 de enero de se realizó un evento en el interior de un centro comercial en Cuenca, donde no se respetaron medidas de bioseguridad y tampoco existió la presencia de agentes municipales que hagan respetar la normativa.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, en sus resoluciones del 7 de enero, exhortó a la “postergación de certámenes deportivos para estudiantes o eventos en los que participen o asistan niños, niñas y adolescentes hasta la próxima revisión de la situación epidemiológica en 8 días”.

Sin embargo, en los videos que circulan en redes se observa claramente que a los tiktokers les costó llegar a la tarima, por la cantidad de jóvenes que querían tocarlos o fotografiarlos. Además, en los videos se muestra que tanto los influencers cómo algunos asistentes no portaban mascarillas.

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En 16 provincias del país estaban anunciadas movilizaciones que, finalmente, tuvieron lugar. Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, Manabí, Tungurahua, Guayas, Los Ríos, Morona Santiago, Azuay, Loja, El Oro, Cañar y Zamora. 

La represión fue la tónica de todas las manifestaciones. Desde horas de la mañana, cuando las autoridades policiales agredieron a una periodista, la represión fue escalando. En Cuenca, Cayambe e Imbabura, los gendarmes arremetieron con fuerza contra los manifestantes.

Asimismo, en horas de la tarde, cuando se convocó la movilización en la capital ecuatoriana, la policía reprimió a los manifestantes que llegaron a la Plaza de Santo Domingo.

En horas de la mañana, el gobierno anunció la detención de 17 personas. Pero hasta el cierre de este informe, las autoridades no confirmaron la cifra oficial.

Policías infiltrados

Otra novedad registrada en esta jornada de protestas fue la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes y vestidos de civil. Ellos capturaron a un ciudadano y lo llevaron detenido en un patrullero sin placas. Organismos de derechos humanos denunciaron el hecho en redes.

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“En atención a la solicitud dirigida a esta Cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, informo que, en virtud del principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes”, dice el oficio del Ministerio de Gobierno, firmado por Romo el 16 de noviembre en 2019.

El mismo 16 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la difusión del Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas, a cargo de los operativos en Bolivia.

«El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta», señaló el organismo.

Evo Morales denunció públicamente que el golpe de Estado dejó 36 víctimas fatales, más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente.

La Fiscalía Argentina imputó, el 16 de julio, al expresidente Mauricio Macri y a sus ministros de Seguridad y Defensa, por el envío de material bélico a Bolivia, en 2019.

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«Espero que el Gobierno ecuatoriano pueda coadyuvar en la investigación de lo que pasó en estos días tan oscuros en Bolivia», manifestó a los medios el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo.

El pasado jueves el Gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y «municiones de guerra» desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Jeanine Áñez.

El ministro boliviano estableció el flujo de comunicaciones que se produjo entre funcionarios de ambos países como parte de una «cooperación regional para la represión» que, a su juicio, se asemejaba al Plan Cóndor de los años 1970.

Del Castillo afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el Gobierno interino gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador para «proyectiles y granadas» antidisturbios en una operación que «nunca» fue de conocimiento público y que se manejó con «perfil bajo».

«Acá tenemos el acta de entrega y recepción del material de la República de Ecuador al Estado Plurinacional (de Bolivia)», estos elementos «han ingresado a nuestro territorio nacional», aseguró el ministro boliviano.

Esa afirmación se basó en Iván Inchauste documentos y contactos que sostuvieron el excomandante del Ejército de Bolivia y el entonces agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador, José Luis Frías, y que fue de conocimiento de los exministros de Defensa y Gobierno, Luis Fernando López, y Arturo Murillo, respectivamente.

Reunión de gabinete

Murillo fue detenido en EE.UU. el pasado 21 de mayo acusado de corrupción y lavado de dinero en el marco del caso en el que se investiga el pago de 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa brasileña Cóndor se le canceló solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

Del Castillo afirmó que el llamado caso «gases antidisturbios» fue una operación que se hacía «paralelamente», mientras Bolivia recibía una dotación similar de Ecuador.

El ministro boliviano señaló que los contactos para el préstamo de granadas de gas y municiones se hicieron a través del entonces director Nacional de Logística de Ecuador, Fernando Correa Gordillo, que dependía del comandante de la Policía ecuatoriana, Patricio Carrillo Rosero.

El nexo principal para la adquisición de ese material se produjo durante una reunión de gabinete el 15 de noviembre de 2019, en la que, según Del Castillo, una gestión de la entonces ministra boliviana de Comunicación, Roxana Lizárraga, permitió que el Gobierno ecuatoriano accediera a la solicitud para contar con material antidisturbios.

«¿Con quién habló la señora Roxana Lizárraga?», cuestionó el ministro de Gobierno.

Del Castillo manifestó que «Bolivia jamás se ha metido en el conflicto de otros países» y que «jamás ha enviado proyectiles o granadas en los conflictos que ha sufrido Ecuador en la gestión 2019».

Sobre el Gobierno interino de Áñez están abiertas varias investigaciones para determinar su gestión en la crisis política y social de 2019, que según el Ejecutivo de Luis Arce lo que ocurrió en ese año fue un «golpe de Estado».

En los sucesos de 2019 fallecieron 37 personas, de las que una veintena corresponden a las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.

Fuente: DW

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«Le pido al señor Merino que evalúe su inmediata renuncia», dijo Valdez durante una entrevista con un medio de comunicación peruano.

El Congresista anunció que este domingo 15 de noviembre convocará a Junta de Portavoces. El fin de la reunión es evaluar la renuncia de Merino y vislumbrar un posible reemplazo para la Presidencia de la República.

«Estoy convocando a primera hora del día de mañana a Junta de Portavoces porque tenemos que evaluar no solamente la renuncia del señor Merino, si no que la forma constitucional de poder resolver esta situación política», declaró.

El legislador además aseguró que ningún militante de su partido político, Alianza para el Progreso, aspirará al cargo. «Ningún militante de mi bancada y de esta Mesa (Directiva) va a querer tentar la posibilidad de presidir la próxima Mesa Directiva, ni tampoco la Presidencia de la República», finalizó.

Protestas contra Manuel Merino

Al momento, dos jóvenes fueron asesinados producto de la represión que viven los ciudadanos peruanos en su sexto día de potestas contra el Gobierno de Manuel Merino.

Se trata de un joven de 24 años y otro de 25, aproximadamente. Los dos murieron a causa de disparos de proyectiles. El expresidente destituido, Martín Vizcarra se pronunció al respecto.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo exigió una «solución democráticainmediata»: «la muerte de los dos jóvenes en el centro de Lima no debe quedar impune. En la Defensoría del Pueblo de Perú exigimos a las fuerzas políticas del país brindar una solución democrática inmediata».

Desde el pasado 9 de noviembre, el pueblo peruano se tomó las calles en protesta contra el Gobierno de Merino. La Policía Nacional reprime a los manifestantes con gases lacrimógenos, perdigones, detenciones arbitrarias, golpes y persecusiones.

El Ministro del Interior del Perú, Gastón Rodríguez, defendió la represión policial contra quienes protestaron: “estaban actuando con prudencia”, señaló Rodríguez en defensa de los ataques policiales.

El Ministro calificó de prudentes las acciones violentas de la policía. La institución dirigió contra los manifestantes la noche del jueves 12 de noviembre del 2020.

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Desde horas de la mañana, ciudadanos de Colombia bloquearon las principales rutas en varias ciudades de la nación latinoamericana, especialmente en Cali y Bogotá. Las manifestaciones bloquearon incluso las fronteras.

Las movilizaciones se realizaron de forma pacífica y en un ambiente festivo salvo algunas excepciones. «En Bogotá se registraron fuertes disturbios tanto en el centro como en el noroeste, donde algunos manifestantes intentaron dirigirse al aeropuerto internacional El Dorado», informó la BBC.

En Cali también se produjeron actos violentos, según RCN Radio. La situación llevó al alcalde de la ciudad, Maurice Armitage , a decretar un toque de queda que inició a las 19:00, hora local.

«Nadie podrá estar en las calles después de esa hora. No vamos a permitir que una minoría violenta doblegue nuestra ciudad. Policía, Ejército y Fuerza Aérea harán cumplir esta orden», aseguró Andrés Villamizar, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.
En la capital ocurrieron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. El choque se produjo debido al intento de un grupo de personas de atacar la alcaldía, el capitolio y el palacio de Justicia, según Infobae.

En contra del gobierno de Iván Duque

Los manifestantes protestaron en oposición a las medidas anunciadas por el Jefe de Estado del país sudamericano. Entre las principales están: la eliminación de fondos del estatal de pensiones, el aumento de la edad de jubilación y la contratación de jóvenes con un salario menor al mínimo.

Los estudiantes, en cambio, reclamaron al mandatario colombiano más presupuesto para el sector educativo público.

También se registraron movilizaciones en contra de la violencia que sufre el país debido al narcotráfico y los grupos armados irregulares. “El asesinato de al menos 129 indígenas, entre los que se encontraban dirigentes de estos pueblos, es otra de las razones por las cuales se protesta en el país”, señala El País.

El cacerolazo frente a la represión

A pesar de que los manifestantes fueron dispersados por la policía local, las personas continuaron expresando su malestar en contra de Duque, a través del cacerolazo, que también se lo vivó en redes sociales.

“Las redes sociales estallaron con vídeos desde todas partes, reportando su participación en un histórico y sentido final para esta marcha” destacó el portal Políticos Colombia.

KV

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Quito, 10 nov (La Calle).- La sesión solemne por los 199 años de la Independencia de Cuenca estuvo marcada por el rechazo al presidente Lenín Moreno y a sus ministros de Gobierno y de Defensa, quienes ordenaron cercar el parque Abdón Calderón por “seguridad”, causando un malestar a ciudadanos locales y turistas.

Lenín Moreno Garcés estaba invitado por la Gobernación del Azuay a la sesión solemne por los 199 años de Independencia de la ciudad de Cuenca. Desde horas de la mañana algo inusual pasaba en los alrededores del parque Abdón Calderón, lugar emblemático y simbólico para los cuencanos y donde se encuentra el edificio de la gobernación: estaba completamente cercado y con un fuerte resguardo policial, algo poco usual en las celebraciones morlacas.

El cercado total del Parque Calderón afectó el ritmo normal del Centro Histórico durante el feriado, la Policía impidió el acceso a las personas para que se tomen fotos con el fondo de la Catedral, compren alguna artesanía o simplemente caminen.

La orden de cercar el parque…

A través de su cuenta de Twitter, el Municipio de Cuenca informó que el temporal bloqueo de las calles se debía a la sesión solemne y que no tenían nada que ver con el estado de excepción que aún regía en el país desde la primera semana de octubre.

La orden de cercar el parque Calderón la dio el Gobierno Nacional porque, según su criterio, recibió información de que estarían presentes manifestantes en contra del primer mandatario. Según el Ministerio del Interior, tenían toda la facultad de cercar el parque ya que el estado de excepción sigue vigente, lo que contradijo la versión del Municipio de la ciudad.

Para ingresar a la sesión solemne, el control fue exhaustivo. El primer requisito era ser partidario del presidente de la República. La Policía revisaba todas las maletas, cámaras y lo que las personas portaban. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comunicación, publicó un video en el cual se manifestaba el apoyo de algunas personas que se dieron cita en el parque Calderón hacia el presidente Lenin Moreno. Sin embargo, en el lugar había también cientos de moradores que rechazaban las acciones del primer mandatario y de sus Ministros.

La calle habla…

Una de las manifestantes fue Sonia (nombre protegido), quien es trabajadora pública, y que prefirió dar declaraciones bajo el anonimato por temor a represalias. De acuerdo a su testimonio, cuando se enteraron de la llegada de Moreno a la sesión solemne, la gente ni siquiera se organizó, sino que salió por su propia cuenta y se encontraron con un parque cercado, lo que acrecentó el malestar.

“Somos un grupo de ciudadanos autoconvocados que nos hacemos eco de todas las agresiones a las personas por parte del Gobierno, no somos terroristas”, dijo. Además, añadió que las manifestaciones en Cuenca no fueron exclusivas del movimiento indígena si no que fueron sostenidas por estudiantes universitarios, amas de casa, obreros, personas de cincuenta a setenta años armadas con las tapas de las ollas para reclamar.

“Salimos convencidos a las calles porque sabíamos que el paquetazo nos iba a llevar a la miseria. Queríamos decir alto, un no a las medidas neoliberales que nos querían imponer y que beneficiaban a unos pocos multimillonarios”, agregó la ciudadana.

Mientras Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, daba su discurso, los gritos de los manifestantes eran tan altos que se escuchaba en el hall del Salón de la Ciudad. Para ocultar las consignas, una banda de la Policía Nacional tocó música tropical con la intención de minimizar los reclamos. Mientras en la parte alta se realizaba un evento formal, en la parte baja sonaba con fuerza el “Juyayay” y la cumbia “Cariñito”.

Moreno huyó treinta minutos antes de que termine la sesión solemne

Palacios insistió en que la ciudad es pacífica y el presidente Lenín Moreno respondió que él tampoco creía que era necesario un operativo y manifestó: “en la esquina fui advertido ya, con un grupo pequeño de agresores, que seguramente no se enteraron que habíamos hecho la paz”.

Moreno se retiró treinta minutos antes que terminara la sesión solemne. En su salida la gente expresó su descontento con la gestión del mandatario. El “¡fuera, Moreno, fuera!” retumbó y penetró la extensa escolta de la caravana presidencial que abandonó el centro cuencano antes de las 18:00.

Sin embargo, el rechazo no era solo a Moreno sino también a la presencia de María Paula Romo, ministra de Gobierno, a quien los manifestantes llamaban “la ministra de la muerte”. Su presencia en suelo austral no cayó nada bien después de los acontecimientos del paro nacional. El malestar se extendió a las redes sociales.

El rechazo se mantiene

Después de los acontecimientos de los primeros días de octubre y de la posición y distorsión de la información sobre los hechos por parte de los medios de comunicación tradicionales, la población mantiene el rechazo a todo lo que no tenga relación con los medios alternativos.

Tanta es la tensión que nuestros corresponsales Paola Elizalde y Kevin Cornejo, al cumplir su labor periodística en la cobertura del evento, fueron confundidos con personal afín al gobierno, porque registraban en video a los manifestantes, por lo cual les lanzaron piedras.

Según Elizalde, “había personas que nos empezaron a lanzar piedras, e incluso una tenía una catapulta. Intentamos hablar con ellos, pero pensaban que éramos del gobierno y los estábamos grabando”.

Los colegas reporteros de medios de comunicación alternativos, Jorge García y Tomás Villota, estudiantes de periodismo de la Universidad Estatal del Cuenca y periodistas del medio Chasqui sur, ayudaron a apaciguar la situación para que nuestros corresponsales continúen con su trabajo. La paciencia de la gente parece agotada y el rechazo a la información falsa por parte de la prensa mercantil fue evidente durante la manifestación.

El contexto…

Las protestas que se suscitaron por 13 días en octubre, según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, dejaron un saldo de 11 muertos. La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, mencionó que detrás de las protestas, hubo un “intento de golpe de estado”, aludiendo que los manifestantes eran los “agresores” y que la Policía sufrió daños sicológicos.

Sin embargo, lo curioso de estas declaraciones es que todos los fallecidos eran manifestantes, es decir, no existió ninguna baja de la fuerza pública y es por eso que la ciudadanía se cuestiona y rechaza las decisiones del Gobierno Nacional, sobre todo a la presencia de actores puntuales como los ministros María paula Romo y Oswaldo Jarrín.

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El dictamen se dio después que la Fiscalía General del Estado vincule a Hernández por su presunta participación en el delito de rebelión.

El supuesto delito está vinculado a los hechos suscitados entre el 3 de octubre y el 13 de octubre en el marco del paro nacional en contra de las medidas económicas del presidente Lenín Moreno.

Dentro del caso también investigan la prefecta de Pichincha Paola Pabón, quien también guarda prisión preventiva.

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Cuenca, 03 nov (La Calle).- El Parque Calderón, corazón del Centro Histórico de la ciudad de Cuenca, fue cercado por la visita del presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, este domingo 3 de noviembre del 2019, en el marco de la Sesión Solemne por los 199 años de la Independencia de la ciudad austral, lo que generó molestias por parte de la ciudadanía y turistas que visitaban el lugar.

“Hubo una advertencia de que había un grupo de agresores, como ustedes [periodistas] pudieron ver en esta esquina, pero ya está solucionado”, expresó Moreno a medios locales.

Jorge García, reportero de Chasqui Sur, mencionó que “en horas de la mañana, tipo 11 se comenzó a cerrar el parque de Calderón con vallas para proteger a las autoridades”. Esta medida no fue del agrado de la ciudadanía cuencana, pues se la considera una falta de respeto, según García.

Tomás Villota, indicó que el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, solicitó al gobierno de Moreno que se retiren las vallas. Las autoridades nacionales escucharon el pedido y quitaron las vallas, según pudieron constatar Kevin Cornejo y Paola Elizalde, reporteros de Radio La Calle.

Intenso operativo de seguridad

Para el ingreso a la Sesión Solemne se realizó un exhaustivo operativo policial, que incluyó el cacheo para los visitantes, incluso a los periodistas que fueron revisados uno a uno al momento de ingresar.

Una ciudadana cuencana que pidió la reserva mencionó que el ingreso estuvo reservado a personas que llevaban carteles y pancartas a favor de Lenín Moreno.  Además, señaló que no hubo ningún llamado para realizar alguna protesta. “La gente se enteró que venía el presidente y desde sus casas, armados con un papel y un marcador, empezaron a escribir consignas en contra de Moreno”, declaró.

La popularidad del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, bajó debido a las medidas económicas que anunció a inicios del mes de octubre. La decisión del jefe de Estado ocasionó una serie de manifestaciones que paralizaron el país por 11 días. Una de las principales consignas era la eliminación del Decreto 883, que, entre otras cosas, liberaba el precio de los combustibles. Las protestas finalizaron cuando Moreno y dirigentes indígenas llegaron al consenso de derogar del Decreto.

Confusión por el descontento de la ciudadanía Cuencana

En medio del enfado de la gente, periodistas de diversos medios fueron agredidos. Manifestantes lanzaron piedras a los reporteros de distintos medios que intentaban cubrir la protesta, según declaraciones de Paola Elizalde, periodista de este medio.

Tomás Villota señaló que la acción se produjo debido a una confusión (…) los ciudadanos lo hicieron porque creían que los periodistas formaban parte del gobierno. “Nos acercamos y les explicamos que no eran del gobierno ni nada parecido, sino que son prensa”, puntualizó.

Una nota de Javier Espinoza y Kevin Verdezoto

PE/EM/SP/sam

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«Hoy quedamos con la sensación de vivir un momento único. Entonar estas canciones rodeado de Uds, que resisten, que protestan pacíficamente, que creen en mejorar lo que tenemos en Chile, ha sido un regalo», publicó el grupo musical Inti Ilimani en su cuenta de Twitter junto al video del viernes 25 de octubre dónde cantaron «El pueblo unido jamás será vencido», canción insignia de las protestas en Latinoamérica.

Además cantautores del país se unieron para crear una nueva versión del «Derecho a vivir en paz» de Víctor Jara, cantautor fallecido durante los primeros días del golpe de estado y la dictadura pinochetista en 1973.

«Nosotros como artistas repudiamos las acciones del gobierno al militarizar las calles, asesinar y torturar a nuestro pueblo, elevamos este canto como un genuino intento para generar cambios profundos y estructurales en nuestra sociedad», dice la descripción adjunta al video de la canción en la que participaron Camila Moreno, Mon Laferte, José Vasconcellos, Fernando Milagros, entre otros.

Hasta este momento la cifra de muertos ya suma 20 personas y más de 3.000 detenidos. Aunque el presidente Sebastián Piñera retiró el estado de emergencia y cambió parte de su gabinete ministerial, las protestas aún siguen su marcha.

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Josué Maureira, un joven de 23 años, estudiante de Medicina de la Universidad Católica salió para observar el ambiente en las calles. No participó de las protestas, más bien, las miraba de lejos al tiempo que saqueaban uno de los más de 300 supermercados afectados durante las protestas.

De repente, escuchó gritos que buscaban ayuda dentro del supermercado. Llegaron Carabineros (policía chilena que integra las Fuerzas del Orden y Seguridad), lo despojaron de su teléfono celular y lo golpearon a tal magnitud que perdió el conocimiento.

Al recobrar la conciencia, ya estaba en un auto policial en donde los golpes continuaron hasta llegar a la comisaría de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda donde ya se acumulan decenas de denuncias por violencia sexual, así lo confirmó Beatriz Contreras, jefa para la región de Santiago del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a la Agencia EFE. Josué, en ese momento, se convirtió en otra víctima más de violación y abuso sexual que registra esa dependencia.

Discriminación y violencia sexual

Su orientación sexual fue una de las excusas para que los agentes lo vejaran. Los golpes propiciaron que su tabique nasal se rompa. Lo violaron con una porra (en Ecuador se los conoce como “toletes”). Lo encarcelaron por supuestamente agredir a los agentes a pesar de demostrar que no tenía ningún instrumento o arma y que él estaba solo frente al gran número de policías que lo detuvieron.

Pero no conformes con todo ese protocolo de represión, también amenazaron con atentar contra su vida si comentaba lo sucedido esa noche. Pero el joven, como la mayoría de la población chilena, no temió. Acudió a denunciar las agresiones públicamente y buscar la sanción de los responsables.

“Es para que nunca más en Chile ninguna persona sea violada en sus derechos humanos”, dijo Maureira, mientras aguardaba el receso en su declaración en la Fiscalía. Allí lo acompañaban cientos de personas en muestra de apoyo y reclamo por justicia.

“Es una declaración bastante larga y dolorosa”, añadió al dirigirse a los medios de comunicación locales. Con ello, se evidencia que no solo la dictadura cometió violencia sexual como política de Estado. También lo hace el Gobierno «democrático» de Sebastián Piñera.

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