Quito, 10 jul (La Calle).- Henry Kronfle tomó el micrófono una vez más y, en cadena nacional, salió a responder las declaraciones del presidente Daniel Noboa en un enlace radial este lunes en Guayaquil. Kronfle expresó que lo hace obligado asegurando que “la nueva política no puede ser la vieja política de las mentiras”. Aclaró que no considera su testimonio como una réplica, sino una necesidad de informar a los ecuatorianos lo que es, a su criterio, la verdad.

El presidente del legislativo recalcó la labor del parlamento en favor de la ciudadanía, destacando la aprobación de 25 leyes durante el actual periodo, asegurando que la mayoría están directamente relacionadas a afrontar el tema de seguridad.

Kronfle negó la acusación del presidente sobre la existencia de un pacto para liberar a personas privadas de la justicia. Siendo esta una supuesta referencia a una maniobra en favor del ex presidente Rafel Correa y a una supuesta alianza entre la Revolución Ciudadana y PSC en contra de la bancada del gobierno (ADN).

En múltiples ocasiones,  el legislador sostuvo que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sólo se puede recuperar siempre y cuando se trabaje con la verdad. Además, comentó sobre la aprobación de la ley que aplica la consulta popular realizada en abril pasado, rechazando la acusación de que el legislativo haya querido reducir las penas, ratificando que la ley se aprobó igual como fue enviada por el ejecutivo. A esto añadió: “Yo no sé quién asesora al presidente de la República. Pero quien lo esté asesorando no puede seguir a lado de él, lo está haciendo cometer errores garrafales.”

«Bullying político»

De igual manera, el presidente del Parlamento habló sobre las reformas del COIP derivadas de la consulta popular, impulsadas por la bancada del PSC. Kronfle acusó al oficialismo de realizar un tipo de “bullying político” al asegurar que la Asamblea se había pasado de la fecha límite de aprobación de las leyes. Aseguró que se aprobaron dentro del tiempo establecido. Además afirmó que, en cambio, las reformas no recibieron apoyo del oficialismo en el Pleno, con el motivo de darle impulso a la consulta popular.

Durante la emisión, Henry Kronfle también expresó su sospecha de que esta guerra mediática por parte del ejecutivo se debe a la cercanía de las elecciones presidenciales del 2025. Recordando que al inicio del mandato el Gobierno y la Asamblea eran “mejores amigos». Cuando el ejecutivo buscaba apoyo a la declaratoria de conflicto armado y se buscaba aprobar leyes económicas urgentes, y “hoy que entramos en una contienda electoral, ya somos enemigos.”

Asimismo, Kronfle calificó como falsa acusación, su participación detrás del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, promovido por la Revolución Ciudadana, debido a la incursión de la Policía a la Embajada de México en la capital. Recordó que, dentro de las 40 firmas de respaldo en el proceso de fiscalización, ninguna lleva su nombre y tampoco el de ningún miembro de PSC.  

¿Un pacto?

Finalmente, Kronfle desmintió la idea de un pacto para salvar a Willman Terán, reiterando que su bancada (PSC) votó a favor de que el proceso continúe. De la misma forma, Kronfle también fue confrontado con el hecho de la Asamblea rechazó ya tres veces la solicitud de la bancada de ADN para la creación de un Comité que analice las controversiales declaraciones del ex mandatario Rafael Correa sobre invadir el puerto de Guayaquil y parar la economía del Ecuador.

Frente a esto, el legislador respondió que la Asamblea solo puede fiscalizar a los servidores públicos durante sus funciones o hasta un año después de haber dejado el cargo, con base a la ley orgánica de la función legislativa, asegurando que “no estamos protegiendo al expresidente Rafael Correa». Además, recomendó que si el Gobierno quiere tomar acciones frente a Correa «vayan a la Fiscalía y presenten su denuncia».

Al concluir la entrevista, Kronfle ratificó que no permitirá que se manche el trabajo de la Asamblea por motivos electorales, que el Legislativo “dialoga, resuelve y avanza” y lo más importante que es hora de “menos bla bla bla y más acción.” (N.C)

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«El presidente Lasso no le asigna la importancia necesaria al tema político y la experticia del equipo que le acompaña en la presidencia, no tiene las condiciones necesarias. Los casos en los que se ha visto involucrado el presidente Lasso, delata un manejo quinceañero del fenómeno político», dijo en una entrevista en Sonorama.

Contención política

Así también, Fuertes sostuvo que los problemas evidenciados en el país son consecuencia de una contención política, debido a que no quisieron dar respuesta a los pedidos de las organizaciones con anterioridad.

El exsecretario de gobernabilidad afirmó que existieron reuniones con organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas, Negras (FENOCIN), Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) con el fin de establecer un tiempo al Gobierno para que responda a los pedidos realizados.

Sin embargo, Fuerte dijo que no quisieron hacerlo.

«Yo preparé una respuesta, no únicamente sobre la petición en torno a la disminución de los precios de los combustibles, sino a todos los puntos planteados en la reunión con la CONAIE y otras organizaciones. Esto a través de la exministra de Gobierno, Alexandra Vela se trasladó a la presidencia y alguien ahí se le ocurrió que no había que contestar», dijo.

Fuertes habló de una desorganización en la política que está conduciendo al Gobierno a invisibilizar la realidad.

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“Pensamos que el residente iba a anunciar algo novedoso. Sin embargo, el presidente se burla de nosotros al aumentar solo USD 5 al bono del desarrollo humano. No puede ser que crea que somos bobos y que nos puede engañar. El crédito al 1% lo decretó en enero ¿acaso tiene alzheimer? Con esos USD 5.000 de créditos solo se compraría una vaca y media. No alcanza para más. Debe cambiar los términos”, dijo Gary Espinoza de la FENOCIN.

Agregó sobre la condonación de deudas, que falta un decreto para la condonación de la banca pública. “Ojo, no nos vaya a salir con que no entren los del ex banco del Fomento. Queremos toda la banca pública. No queremos que se privaticen las empresas del sector estratégico. No es posible que las empresas de la concesión saquen todas las ganancias a los bienes del Estado”.

“El problema del campo necesita políticas serias. No ha habido un gobierno que se preocupe por el campo. Usted sabe que necesitamos alimentos producidos por los ecuatorianos que generen bienestar y trabajo. No necesitamos parches, mentiras o paliativos”, expresó Espinoza.

Desde la FEINE

Por otra parte, Samuel Lema de la FEINE expresó que se mantienen en resistencia. “48 horas se ha dado al Estado para que pueda responder. Entendemos que usted nos ha dicho, por medio de la rueda de prensa y el estado de excepción, pero no nos va a detener. Nos mantenemos vigilantes y en este proceso de lucha”.

Sobre el aumento del bono de desarrollo humano, el dirigente cuestionó “¿Cómo va a ser justo? USD 5 ¿Acaso podemos hacer algo con eso? El aceite ya está a USD 4.25. Nuestros pueblos necesitan un bono digno a la gente. USD 5 es algo insignificante. Ha dicho declarar en emergencia la salud pública ¿cómo va a ser posible que acá en Cutuglahua recibamos gas sin piedad? Y usted declara la emergencia. Está preocupado por los enfermos y está bien, pero preocúpese por todos.

“Prometió duplicar el presupuesto de la educación ¿Dónde quedan las becas, la infraestructura? No se puede trabajar de manera digna para que podamos emprender. Con USD 5.000 no alcanza. Nos ha dado respuestas, pero no son viables”, agregó. MIB

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“En este día después de un análisis. Saludamos los temas que han pronunciado, aunque sean irrisorios, pero los temas de fondo usted no pretende resolver. Ratificamos la lucha a nivel nacional, indefinida y territorial. Desde este momento preparamos la movilización para rechazar estas acciones desde la ciudad de Quito. No demos pretextos para que el Gobierno hable de violencia. El presidente no necesita un decreto para imponer su lógica neoliberal, sino cinco sentidos para comprender la realidad del Ecuador”, dijo.

También se refirió al anuncio del presidente Lasso. “Anoche dice que ha convocado al diálogo y en vez de respuesta ha recibido más violencia. Nosotros no hemos venido a que ofrezca el diálogo, sino venimos por las respuestas al diálogo que tuvimos con usted todo el año. ¿Y usted viene a decir que el problema es de anoche? ¿Porque no vamos a un diálogo de mentiras?”.

También le pidió que no mienta. “Usted culpa al alto costo de la vida que ha incrementado por las movilizaciones. No sea mentiroso. El aumento del costo de la vida, productos, construcción empezó con su gobierno por eso tuvimos que salir. Esta movilización evidenció el manejo en el campo de la salud, donde muchos hermanos ecuatorianos, por falta de insumos, han perdido la vida o quedaron sin medicamentos. La movilización no ha provocado la muerte, es la falta de políticas”.

Aseguró que, a pesar de lo limitado de las respuestas, las palabras del presidente son fruto de la movilización. “Sus aseveraciones son limitadas, mentiras y denotan mediocridad ya que no ha podido manejar esta crisis. Sobre las decisiones de esta noche hemos hecho una valoración, por más limitadas que sean, son un triunfo de la movilización”.

Los puntos

El líder recalcó “Usted viene a decir con sus palabras, que no ha pragmatizado en un documento el alza de la gasolina, extra y ecopaís. En el tema financiero, hemos pedido que convoque a todo el sector bancario para garantizar una moratoria de un año para revisar estos créditos. En este punto ha manifestado que en el sector público condonará las deudas hasta USD 3.000. Muy bien, pero no existe un documento sobre esto”.

“Sobre los precios a los campesinos propone subsidio a la urea a un 50% ¿existe documento? No existe para este punto. Dice que garantizará un crédito de USD 5.000 ¿documento? Tampoco existe. Dice que va a duplicar el presupuesto de la educación intercultural ¿documento? No existe. En el caso de evitar la privatización tampoco existe un documento. En la especulación saca un decreto con una hoja, veamos que se cumple. Igualmente con la salud. Los otros puntos no tienen respuesta”, agregó.

Sobre el bono a USD 55, Iza dijo: “En vez de aumentar USD 5 el bono, devuelva el bono a las personas de la tercera edad que los perdieron. Al menos esos USD 5 permitirán que madres y adultos mayores se sostengan en lo que puedan”

Finalmente habló del decreto de estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. “Los gobiernos necesitan ser presionados con una movilización de una semana para cumplir lo que pedimos hace un año. En esta semana, no pensó en los 10 puntos, solo pensó en el decreto 455 que muestra una dictadura en donde hay democracia. Limitan el uso del internet ¿Qué pretenden? Que aquí se den abusos y el mundo no pueda saber. Pedimos a nuestros asambleístas aplicar el artículo 166 de la Constitución y el 46 de la LOFL para revocar el decreto 455”. MIB

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“Yo sé que para los funcionarios públicos el cobro de impuesto o peaje es algo que no es del agrado de la ciudadanía, pero hay que hacerlo. El Ministerio de Obras Públicas es el encargado de regular los precios de los peajes y el que debe respondernos sobre este rubro”, dijo la prefecta.

Una cronología

La administración de los gobiernos provinciales de Pichincha y Santo Domingo en esta vía empieza en 2014. En 2015 se creó un convenio para continuar con esta administración y la posibilidad de ampliar a cuatro carriles, además de la construcción de un túnel y la intervención en taludes con un valor total de USD 252 millones.

Entre 2016 y 2017 se divide la administración de la siguiente forma: el GAD de Pichincha llevará a cargo desde el tramo Alóag – Unión del Toachi y el GAD de Santo Domingo, Unión del Toachi – Sueños de Bolívar.

“La vía ha pasado por varios cambios en sus delegaciones debido a las divisiones entre las dos provincias. El contrato 2002 es el único que ha concluido sin problemas. El contrato 2007 concluyó en la parte técnica, sin embargo, la liquidación económica es un rubro que asumió el GAD de Pichincha y que se paga con la recaudación del peaje Alóag”, añadió la autoridad.

Pabón también explicó que el proyecto de 2015 que está en ejecución tenía previsto financiarse con USD 4, pero el cobro en peaje sigue siendo de USD 1. Por lo que ese contrato no tiene financiamiento ya que hasta la fecha el peaje en la estación km 56 no se cobra.

Soluciones

El GAD de Pichincha ha propuesto varios escenarios al Ministerio de Obras Públicas a las que no se han dado respuesta. El primero es que en la estación de peaje Alóag se cobre USD 1 y en la del km 56, USD 0.50 durante este año. Para 2023, esta última subiría a USD 0.75.

Otra propuesta es cobrar en 2024 USD 1 en cada uno de los peajes mencionados. Otra solución sería la restitución del dinero en caso de delegar el tramo de la vía al Ministerio de Obras Públicas, un valor de USD 66 millones.

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«Hay determinados escenarios que son previsibles. En el caso de CONAIE es poner medidas de hecho durante los próximos meses, lo que dicen no genera sorpresa al Gobierno», dijo Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad en entrevista con Sonorama.

De acuerdo con el funcionario, el Gobierno y el Parlamento de Los Pueblos determinaron tres semanas para resolver el tema de los combustibles. «El plazo vence este miércoles, por lo que estamos en el tiempo correspondiente y daremos respuesta».

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Fuertes indicó que en el tema de los combustibles, el Gobierno fijó «un precio final para  impedir que el aumento de los precios del petróleo en los meses siguientes» .

Sin embargo, el congelamiento del precio vino con un aumento final de los valores del 12 de octubre y no lo niegan. «Eso es innegable, pero esto no significa que dejamos de lado el futuro aumento del precio».

«Estoy seguro que el señor Iza es un prospecto para la Presidencia de la República. No lo deslegitimo, él tiene su derecho y aspiración, pero hay que analizarlo también desde el punto político».

CONAIE no volverá al diálogo

La organización indicó que no volverá al diálogo con el Gobierno tras no obtener respuestas.

“Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta del diálogo llevado a cabo el 4 de octubre y el 10 de noviembre”, dijo Iza.

Ante ello, anunció que la CONAIE resolvió que, al no tener una respuesta del Gobierno, “no retornarán a ningún proceso de dialogo que no tenga resultados”. Asimismo, indicó que en asambleas territoriales, con todos los pueblos y nacionalidades, decidieron convocar a una medida de hecho de manera indefinida, desde enero del 2022.

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Este trabajo se realizará junto al Consejo de la Judicatura, una de las 22 instituciones que deberán prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el país.

En noviembre de 2017, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Erradicación de la Violencia de Género, sin embargo, los intentos de proteger a las mujeres del femicidio, acoso o abusó sexual quedaron en papel. Durante los cuatro años posteriores, la violencia aumentó.

En el último mes, una mujer ha muerto diariamente. Hace poco, salió a la luz pública el abuso sexual y tortura de dos hermanos menores de edad, como informó la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez.

Las mujeres en el Ecuador no solo son violentadas, siete de cada 10 no tienen un empleo adecuado por lo que carecen de libertad financiera. De acuerdo con la Secretaria, la violencia de género le cuesta al país USD 4.600 millones.

Las cifras han aumentado en 2021. Una mujer es asesinada cada tres días, dato que llevó al Gobierno a referirse a una ley que guardaba polvo en el Registro Oficial, (Ley de Erradicación de la Violencia de Género).

Erradicación de la violencia

«En el Ecuador hay cosas que nos enorgullecen, pero que también nos avergüenzan. No podemos permitir que continúe el aumento de la violencia contra la mujer. En Ecuador, de cada 10 mujeres, seis sufren violencia. Hay 10.000 llamadas de auxilio al mes por violencia intrafamiliar», dijo el presidente Guillermo Lasso, desde el oratorio del Salón Amarillo.

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Quito, 30 ago (La Calle).- Las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba entregaron un manifiesto que exige a la comisión de Garantías Constitucionales se cumpla con la resolución 2018-008, misma que pide respuestas por parte de la empresa Hidrotambo S.A

Yasmín Calva, abogada de las 140 comunidades afectadas por la empresa Hidrotambo S.A dió lectura del manifiesto y a su vez entregó el documento a Fernando Cabascango, presidente de la comisión.

Cabascango expresó que “no puede ser justo que habiendo una resolución de autoridad competente la hidroeléctrica siga funcionando, y que no haya habido seguimiento para el control y la sanción”. Con ello comprometió a los miembros de la comisión a tomar cartas sobre el asunto y discutir el caso entre los primeros puntos de las órdenes del día en la Asamblea Nacional.

El acto simbólico inició con un recorrido desde Yagüi Grande, lugar donde es posible apreciar los pequeños y escasos afluentes de donde nace el Dulcepamba. El recorrido finalizó en la parroquia de San Miguel de Amalí con una inspección a las obras de captación y desviación del río, por parte de la comisión de Garantías Constitucionales.

17 años de lucha

Desde hace 17 años, 140 comunidades de la provincia de Bolívar se encuentran en una lucha constante por el agua. Además, han luchado por una vida digna, soberanía alimentaria, un ambiente sano y los derechos a la naturaleza.

En el año 2004 la Secretaria del Agua autorizó a la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A un caudal del río Dulcepamba para la generación de energía eléctrica.

Resolución 2018-008

En octubre de 2019, la Secretaria del Agua emitió una resolución a favor de las 140 comunidades y la naturaleza, y expresa lo siguiente:

• Rediseñar su construcción en los próximos dos años.
• Puede operar su central únicamente entre diciembre y julio de cada año. En los otros meses no existe suficiente agua en la cuenca del río Dulcepamba para abastecerla.
• Respetar el caudal ecológico con un mínimo de 1,46 m³/seg
• Instalar una estación hidrométrica en el río Dulcepamba aguas arriba del lugar de captación.

Sin embargo, Hidrotambo S.A no ha cumplido con la resolución desde que fue emitida.

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«Emelec, desde su actividad deportiva, hasta su rol como catalizador social se fundamenta en su prestigio que se ha ido forjando con los años. […] Hemos sido injustamente señalados por información equivocada que le ha sido suministrada», dice parte del comunicado.

De acuerdo con los anexos proporcionados por Neme, los préstamos del Banco del Pacífico desde el 7 de agosto de 2012 se desglosan de la siguiente manera:

Créditos recibidos: USD “24’312.786,01

Pagados: USD 12’068.795, 40

Saldos vencidos: USD 0.00

Saldos por vencer: USD 12’243.990,61

El club también explicó que “todos los préstamos obtenidos han contado con las garantías reales que, en exceso, han satisfecho los requisitos establecidos en la legislación bancaria ecuatoriana: hipoteca abierta, fideicomiso de flujo de fondos, etc.

Aclararon que estas cifras corresponden a la relación que mantienen como clientes del Banco de Pacífico. “No creo necesario hacerlo respecto de su inversión como auspiciante del Club pues el Banco, como entidad que participa exitosamente en un mercado exitoso”.

¿Qué dijo el Presidente?

De acuerdo con el presidente Lasso es inadmisible que un Mandatario que sea hincha de un equipo de fútbol favorezca a ese equipo con créditos.

«No puede ser posible que un Presidente que sea hincha de un equipo de fútbol favorezca un contrato de publicidad con determinado equipo y le da un crédito de un banco público que nunca lo pagan. Eso para mí es un acto de corrupción», dijo el mandatario en una entrevista con un medio digital.

«En la Corporación Financiera Nacional hay una empresa con un crédito de USD 75 millones que no paga el capital solo los intereses. Ahí está la desigualdad que se construye sobre la base de las influencias. […] No puede ser que un banco público financie al equipo de fútbol favorito del presidente de la época», agregó en un acto educativo.

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“Un Ecuador que ayuda, protege y resuelve. A eso me comprometo. A dar respuestas a todos los ecuatorianos. Que no nos digan que no hay presupuesto ni dinero. Que no nos digan que de un presupuesto de USD 27 mil millones no hay dinero”, dijo Lasso.

El candidato propone 2.000 kilómetros de carreteras, proyectos de impresión en el campo petrolero lo que, a criterio del candidato, recursos para financiar al pequeño agricultor, ganadero, camaronero, etc.  “Un Ecuador con hospitales llenos medicina, un Ecuador con jóvenes que estudien lo que quieran y no lo que les diga el gobierno. Un país con agua potable para cada cantón”, agregó.

Lasso también promete un 7% anual de crecimiento anual para generar empleo y la derogación de la Ley de Comunicación.

Bioseguridad rumbo a las elecciones 2021

«Respetaremos la salud de todos los ecuatorianos y cumpliremos el distanciamiento social. Usaremos la mascarilla y alcohol.

En campaña no podremos realizar mitines, pero tenemos la caravana como trabajo territorial, lo venimos haciendo hace dos meses en 17 de las 24 provincias del país. No obstante, el gobierno del cambio propondrá cambios al Código de la Democracia», dijo el candidato de CREO – PSC.

La campaña electoral terminará el 4 de febrero de 2021. Tres días antes de las elecciones del 7 de febrero. Período en que el Ecuador entrará en silencio electoral. 16 candidatos aspiran a la dignidad políticas más importante del país.

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«Se trata de una asociación de ciudadanos que aglutina a los familiares de las 11 víctimas mortales de las jornadas de protesta de octubre pasado, además familiares de los más de 1.300 heridos, y aquellos que vieron desmembrados sus órganos», informó un medio internacional.

Buscarán la sostenibilidad jurídica para investigar a fondo los casos de abuso a los derechos humanos (DD.HH), aquellos que el gobierno pretende dejar en el olvido, como el uso de gases caducados y la violencia policial y militar.

Por otro lado, el canciller José Valencia relanzó una plataforma de información y análisis sobre la situación de los DD.HH.

La primera acción de la asociación de ciudadanos es solicitar a la Corte Constitucional que desclasifique los archivos reservados y secretos de las fuerzas de control.

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