«Ocurrió una mala interpretación del marco de la ley por parte del proponente. Seguimos en la etapa preparatoria del proceso contractual, no se ha caído», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Custode explicó que el inconveniente fue que una vez presentadas las propuestas y establecido el orden de prelación, el proponente comentó que el contrato requería la inclusión de una cláusula de reajuste por efectos inflacionarios.

“Este tipo de cláusulas permite que cada cierto tiempo el contrato se reajuste al alza para poder compensar los efectos inflacionario. Nuestra ley no permite ese tipo de cláusulas, y en esas condiciones la decisión del proponente fue dar por finalizado el proceso anterior”, detalló Custode.

Además, recalcó que el proceso ni siquiera había llegado al Portal de Contratación Pública (SERCOP).

“Aunque hemos sufrido un impacto en el proceso de contratación del operador, el resto continúa ejecutándose y podremos llevar adelante la operación en el mes de diciembre como se había planificado”, aseveró el gerente.

Custode sostuvo que el operador requerirá entre 550 a 650 personas para la operación del metro, pero esto dependerá mucho del esquema operativo, de la rotación de turnos e inclusive de la frecuencia de cambio de personal.

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Según un informe de Contraloría, hay varias observaciones a cinco contratos del tranvía de Cuenca entre enero de 2017 y mayo de 2021. Las investigaciones corresponden a las administraciones de Marcelo Cabrera y Pedro Palacios.

Uno de los contratos revisados apunta que durante el periodo de Cabrera se firmó en diciembre de 2017 con el consorcio francés ACNT (conformado por las empresas Alstom, CIM Groupe y NGE Contracting). Este contrato tuvo como fin culminar el patio taller, la preparación de la plataforma tranviaria y la implementación de los sistemas tecnológicos.

El contrato se fijó por USD 48 millones y ACNT debía terminar el trabajo en noviembre de 2018. Sin embargo, la Municipalidad de Cuenca «no ha podido recibir las obras porque la contratista no ha solventado las observaciones que constan en el acta de recepción provisional firmada el 10 de septiembre de 2019», recogió el medio.

Las observaciones hacen referencia a las obras realizadas en el sector de Milchichig que se encuentran expuestas a un proceso de deterioro de la carpeta asfática y la estructura vial, según Contraloría.

Según la autoridad, el Municipio debió exigir al contratista los arreglos y tomar acciones oportunas frente a su demora e incumplimiento, o «efectuar los arreglos oportunamente con cargo a la garantía de fiel cumplimiento».

Para solucionar este inconveniente, el Municipio aplicó una multa de USD 4.6 millones a ACNT. No obstante, el consorcio planteó una controversia ante la Procuraduría General del Estado (PGE), que ha permitido que la multa se cobre.

El director del tranvía, Jorge Moscoso, afirmó para ese medio que el Municipio «no recibirá las obras si no cumplen con los parámetros establecidos». Asimismo, no detalló cuándo se podrá concretar la recepción definitiva.

Sobre las multas

El Municipio de Cuenca tuvo problemas para recibir el contrato firmado en 2013 con la empresa francesa GME CITA. Este consorcio se encargó de la provisión, instalación y asistencia a la puesta en servicio del sistema tranviario.

El representante de CITA es Alstom y el plazo de entrega de obras fue de tres años. Sin embargo, por las demoras en la construcción de la plataforma tranviaria se extendió por dos años más, hasta diciembre de 2018.

Cuando el plazo finalizó, CITA no entregó todos los bienes pactados en el contrato. No obstante, el Municipio «no tomó las acciones oportunas y adecuadas para asegurar el cumplimiento cabal de las obligaciones contractuales», reseñó el medio.

En suma, el Municipio no notificó de manera oportuna las multas respectivas. Eso provocó que las observaciones pendientes no fueran solventadas por el contratista, que terminó aplicando la recepción de pleno derecho. Este recurso deriva del silencio de la entidad contratante que permite efectuar la recepción definitiva del contrato.

Las multas llegaron cuando la contratista ya dio por entregado el contrato. En noviembre de 2019, el Municipio resolvió multar a consorcio por USD 4.6 millones.

Esa multa no ha podido ser cobrada porque hay una medida cautelar ante el Tribunal de Comercio de París. Para oponerse a ello, el Municipio puso una demanda, aún vigente, en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca. Si gana el GAD, el contrato volvería a su estado anterior y puede darse por terminado o recibido.

Otro problema, los repuestos son de proveedor único

Las piezas empezaron a dar problemas al correcto funcionamiento del tranvía. Sin embargo, la compra de los repuestos para la operación tienen un proveedor único.

A principios de 2022, se registraron daños técnicos en el sistema APS, que es el que permite a los trenes tomar energía eléctrica de un tercer riel tendido en el piso, en lugar de una catenaria.

En este sistema hay cajas de alimentación eléctrica que están bloqueadas y requieren arreglo, pero la reparación no es tan fácil debido a que el único proveedor de esta tecnología es la empresa francesa Alstom, justo con quien existen problemas.

«No hay una obligación contractual, no hay un compromiso para suministrar en el menor tiempo posible y de forma prioritaria los repuestos que se requieren», señaló Moscoso sobre el stock de repuestos.

El lote actual de repuestos está por terminarse y se ha iniciado el proceso de compra pero por las diferencias en las leyes de contratación pública de Ecuador y Francia no se ha logrado avanzar. Se aspira a concretar la compra este año o a inicios de 2023.

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El ponente designado, Francisco Jiménez, explicó los cambios que realizó en el texto final. En el artículo 22 se modificaron los porcentajes de las contribuciones temporales que, dependiendo de las fechas de pago serán de: 4.5%, 5.5% y 6.5%.

Además el artículo 39 numeral 13 se sustituyó que se podrá reducir el 100% adicional para el cálculo del impuesto a la renta en sectores específicos, en el caso de donaciones en temas ambientales.

Un punto importante fue el articulo 42 numeral 2 del “impuesto a la herencia” que se mantiene, pues lo asambleístas consideran necesaria la exoneración de este impuesto se dará a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad”. El Artículo 44 queda así: se sustituye por “las utilidades que perciban provenientes de la enajenación de acciones estarán sujetas a un impuesto a la renta único con tarifa progresiva.

Otros cambios son las especificaciones en las tablas de Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el artículo 118 para los contratos de operación turística que tendrán una vigencia 10 años.

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El debate

Los compañeros de bancada de Jiménez (BAN) estuvieron presentes para defender este proyecto de ley. Natalie Arias indicó que “El artículo 53 beneficia directamente a las mujeres y sus hijos porque hablamos de productos sanitarios y pañales. Fue una promesa de campaña. Hay una preocupación en ese sentido. Hay que tener presente que los planteamientos de la ley deben ser en función de lo que se ha hecho en estos seis meses”.

El independiente John Vinueza afirmó que algunos cambios eran totalmente necesarios. “Cuando el asambleísta del gobierno indica que habrá cambios es difícil de creer, pero si indican que van a mantener el impuesto a las herencias es importante. Ya veo al menos una luz. Sobre el artículo 39 sobre las donaciones al tema ambiental, creo que es importante añadir las enfermedades catastróficas”.

Impuestos para pagar una nueva secretaría

La asambleísta del PCS, Natalie Viteri, hizo un señalamiento importante. La creación de la Secretaría de Asociaciones Publico – Privadas, una entidad adscrita a la Presidencia y que usará recursos públicos para mantenerse. “Pregunté porque no usan a funcionarios que ya estén trabajando en el sector público y me indicaron que ninguno en Ecuador está capacitado por lo que tendrán que traer gente de afuera que ganará grandes sueldos”, dijo.

También puntualizó que se beneficia a las asociaciones de empresas que ya existen en el país y quieren fusionarse. “No hay nada para los emprendedores, pero si para las clases pudientes que ya tienen compañías” dijo.

Finalmente indicó que la ley permiten que las acciones que se negocien en la bolsa de valores no paguen impuestos. “¿A qué clase media queremos beneficiar con esta ley?”, precisó.

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“Esto puede ser como un paracaídas que está utilizando el poder en estos momentos. El gobierno dirá: no, nosotros queríamos y dijimos que queríamos cumplir con las fechas de posesión, pero cuando llegue el momento de la segunda oleada de contagios en Ecuador y nos veamos forzados a tener que suspender las elecciones se justificará en este anuncio de respeto a las fechas”, explicó.

A criterio de Jaén, la decisión de indicar que se respetará el calendario electoral le sirve al gobierno para mostrarse respetuoso de los tiempos democráticos en un inicio de año que traerá un repunte de casos de Covid-19. “Hay una desidia por parte del Estado con respecto a cuidar la salud pública. Entonces no quiero pensar que sean realmente tan maquiavélicos como para descuidar la salud pública para postergar las elecciones”.

Conflicto TCE – CNE

Para Jaén, lo preocupante es la pugna que existe entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por el Caso Justicia Social y que congeló el desarrollo del proceso electoral.  

“En una sola jornada, el TCE desestimó la recusación contra el juez Ángel Torres. Al mismo tiempo, Torres convocó a una audiencia oral a los consejeros del CNE Diana Atamaint, José Cabrera, Luis Verdesoto y Enrique Pita el próximo 29 de diciembre a las 07:00”.

Expectativa

Lenín Moreno, actual presidente ecuatoriano, entregará el poder al nuevo mandatario el 24 de mayo del 2021, mientras que la Asamblea Nacional se posesionará el 14 de mayo del año próximo. Ambas fechas constan en la Constitución del Ecuador. En diálogo con Radio La Calle, el consejero José Cabrera reiteró este punto. “La Constitución no permite cambiar la fecha de posesión presidencial y de asambleístas”.

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