»¡Así nomas la libertad de expresión!», dijo en un tuit.

Gronneberg tituló a su texto de opinión como »Es hora de que el pragmatismo llegue a la política ecuatoriana». Su columna enmarca una petición a los asambleístas para que los intereses particulares no vayan encima de las demandas populares.

Por otro lado, invita a que el presidente de la República Guillermo Lasso, dé un paso al costado si no construye acuerdos. En tal caso, indicó que el vicepresidente, Alfredo Borrero, quien no ha hecho mayor esfuerzo por »hacerse notar», sea quien busque los consensos necesarios con otras fuerzas políticas.

»Mientras el país se desangra, la clase política vive ensimismada en sus conflictos, como si los hubiésemos elegidos para protagonizar una telenovela de mal gusto», resaltó.

La réplica de Vistazo

Por su parte, la periodista de este medio de comunicación, Patricia Estupiñán manifestó que en 65 años, la revista no ha tenido como columnistas a activistas políticos. Resaltó que Gronneberg buscó la Alcaldía de Quito en las últimas elecciones.

»Ahí la editora digital le explicó que sus columnas debían limitarse a ciencia y tecnología», señaló en un tuit.

Sin embargo, el columnista dijo lo contrario, pues ya había escrito otras columnas de opinión en el medio de comunicación, sin ninguna observación. Por otro lado, cuestionó que el científico solo hable de ciencia y tecnología.

Gronneberg en la política

En las elecciones seccionales 2023, Gronneberg se postuló a la Alcaldía de Quito por la Izquierda Democrática (ID). Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó su candidatura.

La justificación de la entidad se basó en el artículo 95 del Código de la Democracia y señaló que el candidato »debe haber nacido en la jurisdicción o haber vivido en ella de forma ininterrumpida durante dos últimos años previos a la inscripción, constar en el registro del lugar y haber sufragado en el último proceso electoral». (A.G.M).

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Quito, 12 de jul (La Calle).-  Ecuador se ha convertido en el segundo país con el índice más alto de desnutrición infantil de la región. Por tal tazón, organismos Internacionales recomendaron a las autoridades de Chimborazo, la provincia más afectada, que se declaré estado de emergencia.

Revista Vistazo publicó un artículo donde se especifica que el 50% de la población menor de cinco años de esa provincia padece de problemas de desnutrición. En consecuencia, la provincia presenta un promedio de estatura más bajo del Ecuador.  

Papel del gobierno

Organismos y entidades académicas como: World Vision, PUCE, CEDIS, Pacto por la Niñez y la Adolescencia y el Contrato Social por la Educación afirman que la participación política es insuficiente, hace falta coordinación en todas las instancias del país.

Para Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, «el gobierno ha atendido este problema a través de medidas parche y no una visión sistémica integral. Este es un problema multicausal que no se resuelve dando vasos de leche a los niños».

Según un informe del Programa Mundial de Alimentos, en 2017, Ecuador perdió más de 2.500 millones de dólares a causa de este problema.

«Primero, el gobierno tiene que entender que la desnutrición tiene un fuerte impacto en el desarrollo económico y social de los países, y en Ecuador, los gastos asociados a malnutrición representan 4.3 del PIB», afirma Martínez.

Crisis en la Región

En países como Perú o Colombia la desnutrición se ubica en el 14%. Por otro lado, Ecuador alcanza una tasa del 23%. En América Latina, el país más afectado es Guatemala donde más de 900.000 niños sufren tal condición.

Según el Banco Mundial de Desarrollo, como consecuencia de la pandemia, la mortalidad infantil aumentaría a un punto inimaginable, referencia, quizás, de al menos 60 años atrás.

«Quizá la consecuencia más grave es la disminución del desarrollo mental e intelectual que repercute directamente en las posibilidades de mayores niveles educativos» afirmó Sybel Martínez.

Expertos afirman que las consecuencias de la desnutrición infantil se manifiestan después de 20 años. Cepal indica que hay una relación directa con el acceso a servicios potables y sanitarios de los pueblos indígenas.

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A pocos meses de las elecciones del 2021, mediante un comunicado oficial, la Corte Constitucional informó su decisión de “dejar sin efecto la sentencia del 26 de septiembre del 2012 (…) por la cual se declaró responsable al accionante de la infracción electoral y se le impuso la sanción prevista en numeral 2 del artículo 277 del Código de la Democracia”. Así, el Estado exime de responsabilidades a Revista Vistazo y le da luz verde para su influencia en este nuevo escenario electoral.

Adicionalmente, la Corte Constitucional resolvió exigirle al TCE que exprese unas disculpas públicas al grupo ENSA, propietario de la Revista Vistazo. El TCE deberá manifestar que “reconoce las vulneraciones sucedidas al debido proceso y a la libertad de expresión (…) y ofrece sus disculpas públicas  por vulneraciones causadas a la compañía Editores Nacionales ENSA”.

Antecedentes

En 2011, el ejecutivo convocó a una consulta popular. Uno de los nudos críticos de esta propuesta se refería a la prohibición de vínculos de propiedad entre instituciones del sistema financiero privado y medios de comunicación. La propuesta agitó la agenda de los emporios mediáticos, quienes se posicionaron en contra de la consulta en su conjunto.

En este marco, tres días antes de la consulta popular, Revista Vistazo publicó propaganda en contra de la propuesta del Ejecutivo. Vistazo incumplió el artículo 277 del Código de la Democracia referido a la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, fuera de las normativas y los plazos vigentes. (JBS)

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