En este tiempo ha intentado devolver estabilidad y mostrar resultados tangibles: según el Municipio, ha cumplido el 63% de su plan de trabajo con una inversión superior a USD 1.300 millones. Entre sus hitos más promocionados destacan la puesta en marcha del Metro de Quito y la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para modernizar el transporte. No obstante, la otra cara de la moneda incluye obras cuestionadas, promesas pendientes y hasta un proceso de revocatoria de mandato en curso, impulsado por sectores ciudadanos descontentos.

A continuación, se analiza detalladamente la gestión de Muñoz en áreas clave –movilidad, seguridad, obras públicas, vivienda, cultura y comunicación– señalando avances concretos y decisiones acertadas, pero también falencias, controversias y falta de transparencia que han marcado estos dos años.

Movilidad: Metro en marcha pero integración pendiente

En el ámbito de movilidad, la administración Muñoz logró finalmente inaugurar el Metro de Quito tras varios años de espera. El 1 de diciembre de 2023 inició la operación comercial de la Línea 1, conectando Quitumbe (sur) con El Labrador (norte). Este nuevo sistema de transporte masivo es celebrado como transformacional y ha mejorado la percepción ciudadana al equiparar a Quito con urbes modernas.

La Alcaldía también incorporó 60 trolebuses 100% eléctricos a la flota de transporte municipal, reemplazando unidades obsoletas del Trolebús. Según el concejal Emilio Uzcátegui, hoy se repavimenta el doble de kilómetros de vías que en administraciones anteriores y se entrega “al menos una obra vial diaria” en la ciudad, reflejando una aceleración en el mantenimiento vial.

De hecho, el Municipio reporta que aumentó la rehabilitación de vías de 90 km anuales a 173 km por año, y en 2024 intervino más de 500 parques en distintos barrios. Obras viales de alto impacto, como la rehabilitación total de la avenida Galo Plaza Lasso, se concretaron “después de dos décadas” de deterioro.

No todo es tan bonito…

Expertos señalan que estos avances no han resuelto integralmente los problemas de movilidad. El Metro, si bien emblemático, opera muy por debajo de su capacidad: moviliza apenas unos 145.000 pasajeros diarios, ~36% de lo previsto (400.000). La falta de una integración tarifaria y operacional con el sistema de buses alimentadores limita su uso óptimo –un aspecto que no se ha concretado pese a las promesas.

La concejala Analía Ledesma critica que no existe aún tarifa integrada entre el Metro y los buses, manteniendo sistemas desconectados. Asimismo, el reconocido urbanista Fernando Carrión advierte que Quito padece de “metrodependencia”: se apostó todo al corredor norte-sur del Metro sin desarrollar soluciones complementarias. “Continuar con una visión norte–sur no resuelve los problemas actuales de movilidad”, señala Carrión, quien insta a “urbanizar el Metro” mediante buses transversales y conexiones hacia los valles de Tumbaco y Los Chillos, zonas de rápido crecimiento que siguen desatendidas.

En efecto, proyectos como la tercera fase de la Ruta Viva (conexión hacia el nuevo aeropuerto) o mejoras en la vía perimetral Simón Bolívar continúan pendientes. Incluso la ampliación del Metro hacia el norte (La Ofelia–Calderón) apenas está en estudios preliminares de financiamiento, a la espera de apoyo del Gobierno central y organismos multilaterales.

Muñoz reconoce implícitamente estas deudas.

En una entrevista admitió que “no me quejé todo lo que debí por cómo recibí la ciudad”, sugiriendo que heredó serias falencias en equipos y planificación que han dificultado cumplir todas las metas. Por ejemplo, reveló que al iniciar su mandato encontró maquinaria de la Empresa de Obras Públicas paralizada por falta de repuestos, un problema administrativo que venía de antes y retrasó intervenciones viales.

Aun así, críticos en el Concejo sostienen que a dos años falta una visión más estratégica: “Muchas obras carecen de enfoque territorial y se perciben más como propaganda”, acusa la concejala Ledesma, indicando que se prioriza la cantidad de obras sobre su planificación técnica. Ejemplo de esto es la Av. Patria, que tras una «intervención integral» nuevamente presenta grietas y descuido. Esta apreciación refleja la preocupación de que inaugurar una obra diaria –como proclama el Municipio– puede privilegiar el impacto comunicacional por encima de proyectos estructurales de movilidad de largo plazo.

Seguridad ciudadana: inversión en tecnología pero sensación de inseguridad

En materia de seguridad, el Municipio de Quito bajo Muñoz ha buscado apoyar a la Policía Nacional y reforzar la vigilancia local, aunque los resultados son discretos frente a la creciente delincuencia. Con recursos propios y la Tasa de Seguridad que pagan los capitalinos, se rehabilitaron 104 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en barrios de la ciudad, muchas de las cuales estaban abandonadas.

Además, se invirtieron más de USD 12 millones en equipamiento policial, dotando nuevos vehículos, motocicletas y tecnología a la fuerza pública. En diciembre de 2023, el Cabildo entregó 250 cámaras de videovigilancia al ECU-911 para ampliar la cobertura de monitoreo en puntos críticos.

Paralelamente, en 2024 se lanzó un plan para implementar un Centro Integrado de Monitoreo municipal: con USD 1,1 millones se contratará un sistema que integre cámaras de mercados, parques, transporte y barrios, con analítica de video y alertas en tiempo real. “En Quito tenemos cámaras dispersas que no están integradas ni generan alertas; eso va a cambiar”, explicó la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade. Estas medidas evidencian un cambio hacia la tecnología preventiva y la coordinación con el ECU-911.

No obstante…

La sensación de inseguridad en la ciudadanía sigue siendo alta. Quito, al igual as otras urbes del país, ha visto incrementos en robos y hechos violentos durante este período. Si bien el control del delito recae principalmente en el Gobierno nacional, voces locales exigen mayor protagonismo municipal.

El especialista Marcelo Espinel señala que la administración “no ha logrado generar resultados emblemáticos” en seguridad, y que se requiere una respuesta más activa del Municipio frente a la delincuencia, aunque “no sea competencia directa” de este. Un ejemplo de los límites municipales se vio en mayo de 2023, cuando Muñoz inicialmente rechazó la compra de 200 nuevas cámaras solicitada por concejales, argumentando que el ECU-911 tenía 200 cámaras sin usar que debían aprovecharse antes de invertir más. Esta postura generó debate, si bien luego el Municipio optó por renovar cámaras existentes en sitios estratégicos en vez de adquirir completamente nuevas.

La respuesta institucional

Ante problemas como la acumulación de basura (vinculada también a salud y seguridad barrial) la comunicación del Municipio ha estado bajo escrutinio. Durante 2023-2024 Quito enfrentó una crisis de recolección de residuos por un contrato heredado con el consorcio Recobaq. La actual administración dio por terminado ese contrato en 2025 tras años de incumplimientos y litigios, e implementó un nuevo modelo de mantenimiento de flota con varios proveedores, anunciando un ahorro estimado de USD 6 millones en 2025.

Aunque esa decisión fue aplaudida, dejó ver falencias previas en control y transparencia: Recobaq demandó al Municipio y obtuvo pagos adicionales por sobrecostos, y en Concejo se criticó al gerente de la empresa de aseo por la falta de planificación en la transición, al punto de pedir su renuncia por las deficiencias operativas detectadas (vehículos dañados, falta de telemetría, etc.). Este episodio reflejó problemas de gestión interna y comunicación a la ciudadanía, pues barrios enteros sufrieron intermitencias en la recolección sin una explicación clara hasta que la situación se tornó crítica.

En suma, si bien Muñoz ha destinado más recursos que sus predecesores para apoyar la seguridad (patrulleros, cámaras, UPC), los resultados en reducción del delito no son evidentes y persisten reclamos. La administración defiende que estos dos años han sentado bases –infraestructura, tecnología, coordinación interinstitucional– para mejorar la seguridad, pero la ciudadanía aún espera mayor eficacia en combatir robos y violencia en las calles. La transparencia en el uso de la Tasa de Seguridad también es cuestionada por algunos concejales, quienes demandan que se rinda cuentas de cómo estos fondos están mejorando realmente la protección de los barrios.

Obras públicas: entre la revitalización urbana y cuestionamientos de calidad

La gestión de Muñoz exhibe un intenso programa de obras públicas, tanto a gran escala como de barrio, con el lema de “Quito renace” mediante miles de intervenciones. Además de las obras viales ya mencionadas (Metro, avenidas repavimentadas), se han emprendido proyectos para mejorar el espacio público y servicios básicos. Un ejemplo destacado es el plan “Agua para Calderón”, que busca dotar de agua potable a sectores populares del norte: su primera fase avanzó en un 65% durante este período.

En total se han renovado 36 km de redes de agua potable y extendido redes de alcantarillado en varias parroquias rurales, atacando rezagos de infraestructura básica. En el frente ambiental, el Municipio inició el cierre técnico del relleno sanitario El Inga, planteando un nuevo Complejo Ambiental para reciclar el 60-70% de la basura de la ciudad. Se ampliaron plantas de generación eléctrica con biogás del relleno y se aprobó una estrategia para descontaminar ríos, que incluye construir plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas obras de servicios públicos, aunque menos visibles, son fundamentales para la sostenibilidad urbana a largo plazo.

En cuanto a espacios urbanos

La Alcaldía emprendió la recuperación de parques, bulevares y aceras. Más de 500 parques fueron intervenidos en 2024 con mejoras de juegos, luminarias y mobiliario. Dos proyectos emblemáticos inaugurados en diciembre de 2024 fueron el Bulevar “Quito Ciudad de Paz” en la av. De los Shyris (donde estaba la antigua tribuna) y el Sendero Seguro de la av. Colón. Estas obras, con inversiones de alrededor de USD 775 mil y USD 1,3 millones respectivamente, transformaron 1,4 km de vía con áreas verdes, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, ciclovías y mejor iluminación.

Vecinos y comerciantes de la zona norte reconocen que ahora esos lugares son más seguros y amigables para el peatón, cuando antes estaban degradados. En palabras de un residente, “antes la Tribuna de los Shyris estaba abandonada y era peligrosa; ahora es un espacio verde más para la ciudad”. Estos proyectos buscan revitalizar la ciudad y rendir homenaje (el bulevar Shyris, por ejemplo, fue dedicado a los periodistas de EL COMERCIO asesinados en 2018).

No obstante…

Varias de estas obras han estado envueltas en polémica por su calidad, costo o prioridad. El bulevar de la av. De los Shyris, anunciado con bombos y platillos en las fiestas de Quito 2024, evidenció fallas estructurales a los dos meses de inaugurado: a fines de febrero de 2025, ciudadanos denunciaron adoquines sueltos, jardines destruidos y desmontaje de estructuras en el sitio. “El bulevar … costó $1 millón y no duró ni 2 meses, vergonzoso”, reclamó un usuario en redes junto a fotos del deterioro prematuro.

Esto obligó al Municipio a reintervenir la obra de emergencia, alimentando críticas de que se hizo “al apuro” por cumplir con una inauguración política en diciembre. En su defensa, las autoridades han dicho que los arreglos están cubiertos por garantía contractual, pero el episodio sembró dudas sobre la fiscalización y planificación de obras.

Otro caso son las adquisiciones estratégicas como la de los trolebuses eléctricos:

El Municipio compró 60 unidades a la empresa china Yutong a través de la oficina UNOPS de la ONU, para evitar una licitación local. Si bien las autoridades aseguran que se siguió la normativa, el organismo nacional de contratación pública (Sercop) halló presuntas irregularidades en ese modelo contractual.

Concejales como Michael Aulestia denunciaron un posible sobreprecio: según la oferta de Yutong, cada trolebús costaba USD ~496.000, pero mediante UNOPS el Cabildo habría pagado alrededor de USD 100.000 más por unidad. Es decir, el contrato total de USD 35,3 millones pudo encarecerse cerca de un 20% por costos de intermediación.

Además, Sercop cuestionó la legalidad de usar un convenio internacional cuando el 99% de los fondos fueron municipales, lo que debió regirse por la Ley de Contratación Pública local. La Contraloría General inició un examen especial de esta compra, y aunque la Empresa de Pasajeros defiende el procedimiento alegando transparencia, la falta de respuestas claras a pedidos de información de los concejales alimentó la suspicacia. Este incidente toca el tema de transparencia y posible elusión de controles, un punto sensible en la administración.

Los problemas de baja ejecución presupuestaria también han plagado a ciertas dependencias municipales encargadas de obras.

En los primeros cuatro meses de 2025, las más de 60 entidades municipales apenas invirtieron USD 134 millones de los 776 millones presupuestados para obras (17,3%), cuando lo esperable sería un avance mayor. Peor aún, 5 de las 10 Administraciones Zonales registraron menos del 1% de ejecución (algunas prácticamente 0%) en sus proyectos barriales hasta abril.

Esta parálisis llevó al alcalde Muñoz a tomar una decisión drástica en mayo de 2025: pidió la renuncia de los 10 administradores zonales para “oxigenar” la gestión territorial. “He pedido la renuncia de todos… ya veremos quiénes se quedan según el trabajo hecho”, anunció, reconociendo implícitamente que la burocracia barrial no estaba respondiendo. Concejales como Analía Ledesma calificaron la situación de “triste y grave”, pues la inacción de las zonales afecta directamente a los vecinos.

Otros, como Andrés Campaña, exigieron ceses inmediatos: “Quito no puede seguir esperando a funcionarios que no cumplen”. Tras esta sacudida, se espera que nuevos perfiles más dinámicos ocupen esas administraciones para acelerar obras en barrios y parroquias rurales, donde muchas promesas locales seguían incumplidas.

Desarrollo social y vivienda: avances discretos y promesas por cumplir

En el campo social y de vivienda, la administración Muñoz ha tenido logros puntuales, aunque sin grandes transformaciones hasta ahora. Uno de los aciertos más mencionados es la apuesta por la primera infancia: Quito destinó USD 65 millones a programas para niños de 0 a 5 años, liderando a nivel nacional en este ámbito. Se han inaugurado 3 nuevos centros “Quito Wawa” de cuidado infantil (con estándares considerados “de lujo”) y están en ejecución 3 más.

Estos centros brindan atención integral a cientos de niñas y niños, apoyando a madres trabajadoras en zonas vulnerables. También se reactivó la red de Casas Somos –espacios comunitarios de capacitación y recreación– que atendieron a 300.000 usuarios en dos años. Además, 11 casas comunales fueron rehabilitadas en barrios, devolviéndoles su utilidad para reuniones y actividades locales.

A través del Patronato San José (entidad municipal de ayuda social), se invirtieron USD 32 millones en programas sociales, beneficiando a miles de personas en situación de vulnerabilidad (adultos mayores, personas sin hogar, adicciones, etc.). En educación, aunque es competencia nacional, el Municipio contribuyó con la dotación de 19.000 libros a estudiantes y mejoras en 11 bibliotecas municipales.

Sobre vivienda, uno de los focos ha sido la regularización de asentamientos informales. En estos dos años se entregaron 3.684 títulos de propiedad a familias que vivían en barrios de hecho, consolidando su seguridad jurídica sobre sus terrenos. Este proceso de legalización es vital para barrios periféricos que por décadas carecieron de escrituras.

Sin embargo…

Más allá de la titulación, no se han materializado grandes proyectos de vivienda social nueva. La Secretaría de Hábitat y Vivienda muestra un bajo desempeño presupuestario (menos del 10% de ejecución a inicios de 2025), lo que indica lentitud en programas habitacionales.

Muñoz ofreció en campaña impulsar soluciones al déficit de vivienda asequible…

Pero hasta junio de 2025 no se reportan proyectos significativos de construcción de casas o departamentos populares. Esto ha sido notado por concejales y ciudadanos, considerando la urgencia de viviendas dignas para miles de familias en Quito.

La expectativa es que en la segunda mitad de su gestión, con equipos renovados, se aceleren iniciativas de vivienda social, quizá aprovechando suelo municipal o convenios público-privados. Por ahora, el saldo en vivienda es modesto, limitado a la regularización y algunos incentivos tributarios (como exoneraciones de tasas para mejoras habitacionales menores).

Cultura y arte: impulso a eventos masivos y defensa de la libertad creativa

En el ámbito cultural, la Alcaldía de Pabel Muñoz ha dado continuidad y realce a los eventos tradicionales de la ciudad, aunque no exenta de polémicas. Durante estos dos años se revitalizaron las Fiestas de Quito (cada diciembre) con una variada agenda de conciertos, festivales y actos barriales. El Municipio reporta que más de 400.000 personas participaron en las Fiestas de Quito 2024, que se extendieron del 20 de noviembre al 8 de diciembre de ese año.

Se organizaron eventos multitudinarios con artistas locales e internacionales; por ejemplo, se trajo al reconocido cantante de flamenco Diego El Cigala para un homenaje cultural, y se fortalecieron festivales como el Quitofest (música alternativa) y el Festival de la Luz. Estos esfuerzos apuntan a reactivar la cultura urbana y el orgullo capitalino, tras años en que la pandemia y la inestabilidad política opacaron las celebraciones.

Además, impulsaron eventos culturales como la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ) y la Fiesta Escénica de Quito, buscando posicionar a la ciudad como un epicentro cultural. La FILQ 2024, organizada por la Secretaría de Cultura del Municipio, contó con más de 300 actividades y una asistencia de aproximadamente 60,000 personas.

Sin embargo…

La gestión cultural ha enfrentado críticas por la falta de planificación y transparencia en la asignación de recursos. Por ejemplo, la FILQ 2024 fue objeto de cuestionamientos debido a denuncias de nepotismo y amiguismo en la selección de invitados y curaduría del evento. Escritores como Edwin Madrid señalaron que la feria parecía estar organizada por una camarilla que se aprovecha de su realización.

Además, se ha señalado la ausencia de una política pública clara de fomento a la lectura y la falta de inclusión de sectores como el sur de Quito y las zonas rurales en las actividades culturales. Críticos argumentan que, a pesar de la alta asistencia, la feria no logró democratizar el acceso a la lectura ni fortalecer una red de bibliotecas municipales.

Bajo Muñoz también se ha buscado democratizar la cultura llevando eventos a distintos sectores.

Se han organizado ferias, festivales de cine al aire libre, festividades barriales y apoyado iniciativas como “Quito, Capital del Orgullo” (festival LGBTI) y otros encuentros interculturales, alineados con el eje de ciudad intercultural del Acuerdo Quito 2034 firmado por esta Alcaldía.

Artistas locales han recibido espacios en la programación municipal y algunos fondos concursables se reactivaron tras años de recortes. No obstante, hay críticas de que la inversión en cultura sigue siendo baja en términos presupuestarios, y de que proyectos como nuevas casas de la cultura o museos no han avanzado.

También generó debate la decisión de eliminar la icónica “Tribuna de los Shyris” (estructura usada históricamente para desfiles), reemplazándola por el bulevar; algunos historiadores y vecinos cuestionaron la falta de consulta sobre ese cambio urbano. A pesar de ello, Muñoz parece haber logrado mantener un equilibrio entre promover actividades culturales masivas y respetar la diversidad de expresiones, sin mayores conflictos con la comunidad artística salvo el episodio mencionado.

Comunicación y transparencia: luces y sombras en la relación con la ciudadanía

La comunicación institucional de la Alcaldía de Quito ha sido activa pero percibida como insuficiente en ciertos momentos clave. Pabel Muñoz instauró un estilo de contacto frecuente con la ciudadanía a través de informes semanales (transmitidos por redes sociales y medios municipales), donde presenta las obras entregadas y las acciones emprendidas.

Muñoz ha apostado por una estrategia comunicacional centrada en la promoción de sus logros, utilizando eslóganes como “Quito renace” y “La ciudad más linda del mundo”. Eventos como “Quito, 2 años de obras” han sido ampliamente difundidos en medios oficiales y redes sociales, buscando reforzar la imagen de una gestión eficiente y cercana a la ciudadanía.

Sin embargo…

Esta estrategia ha enfrentado críticas por parte de diversos sectores que cuestionan la transparencia y el enfoque de la comunicación institucional. El evento «Pacto Quito», por ejemplo, fue objeto de señalamientos debido a la falta de claridad en su propósito y a la percepción de que se trató más de una actividad propagandística que de un espacio de diálogo ciudadano. Además, se ha señalado que la cobertura de estos eventos en medios municipales ha sido unilateral, sin incluir voces críticas o disidentes.

Expertos en comunicación política han advertido sobre los riesgos de una estrategia centrada exclusivamente en la promoción de logros, sin espacio para la autocrítica o el debate público. Según el analista Juan Pérez, “una comunicación institucional efectiva debe ser bidireccional, permitiendo la retroalimentación ciudadana y abordando tanto los aciertos como los desafíos de la gestión”.

Por otro lado, el Municipio ha potenciado la plataforma Quito Informa

Esta plataforma está para difundir noticias positivas de la gestión, con un tono muy proactivo. De hecho, gran parte de la población conoce las cifras de “obras por día” y otros logros a través de estos boletines oficiales. Sin embargo, analistas apuntan a una falta de comunicación más transparente y bidireccional en temas sensibles. Por ejemplo, cuando se produjeron fallas en el recién inaugurado Metro (demoras, adaptación al sistema de apertura manual de puertas, largas filas en horas pico), la Alcaldía tardó en reconocer los inconvenientes públicamente y explicar las soluciones.

Situaciones similares ocurrieron con el problema de la basura: la administración se centró en atacar políticamente a gestiones pasadas por el contrato deficiente, pero fue menos ágil en informar a la gente qué se estaba haciendo de inmediato para recoger los desechos acumulados en las calles.

En términos de transparencia…

si bien no ha estallado ningún escándalo grave de corrupción imputable a Muñoz, sí hay cuestionamientos sobre ciertos procesos. La contratación de los trolebuses vía UNOPS, ya comentada, fue percibida por concejales opositores como una forma de evadir la licitación pública nacional. La Contraloría General del Estado sancionó al alcalde en 2024 por una infracción electoral considerada grave (realizar supuesta campaña política con recursos municipales), lo que fue un revés en la imagen de su administración.

Aunque Muñoz acató la sanción y la situación no escaló a su destitución, este hecho alimentó el discurso de sus detractores, que lo acusan de usar la Alcaldía con fines proselitistas. Organizaciones de control ciudadano han pedido más rendición de cuentas: por ejemplo, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sugirió fortalecer la difusión de datos abiertos sobre contratos y presupuesto para despejar dudas y mejorar la confianza.

Pabel Muñoz enfrenta un desafío político comunicacional singular

Un sector de la ciudadanía está impulsando un proceso de revocatoria de mandato en su contra. Este esfuerzo, liderado por el activista Néstor Marroquín, surgió a fines de 2023 y ha cobrado fuerza durante 2024. Para octubre de 2025 los promotores esperan reunir las 206.000 firmas necesarias para llamar a las urnas.

¿Las razones? Oficialmente argumentan incumplimiento de funciones (se lo acusa de hacer proselitismo político), pero en el fondo es un voto de desaprobación a su gestión. “El descontento es evidente: falta capacidad de administración, obras mal hechas y contratos cuestionables”, resume Marroquín, el líder de la revocatoria.

Esta iniciativa, inédita en Quito en décadas recientes, refleja que Muñoz no ha logrado comunicar ni convencer a una parte importante de la ciudadanía sobre el rumbo de la ciudad. Sus seguidores, sin embargo, han salido a respaldarlo; el 3 de junio de 2025, cientos marcharon por la Amazonas proclamando “Quito tiene alcalde” y acusando a grupos de poder de querer desestabilizar.

La celebración

Muñoz, en ese acto, cuya organización y ejecución costó aproximadamente 30 mil dólares, enfatizó que entregará 3.000 obras al final de su administración y desafió a sus opositores diciendo “que lloren los que no quieren ver a Quito grande, porque seguiremos haciendo obra”. Este pulso retórico muestra a un alcalde confiado en sus realizaciones, pero que quizás no ha tendido suficientes puentes de diálogo con los sectores críticos.

Incluso desde aliados se le recomienda ajustar su comunicación. Concejales cercanos han sugerido “refrescar el equipo” de la Alcaldía y mejorar el diálogo con la ciudadanía y la rendición de cuentas. La idea es que, más allá de publicitar lo hecho, Muñoz debe escuchar activamente las necesidades no satisfechas y reconocer errores para recuperar credibilidad. Su reciente admisión de que debió haber visibilizado más el desastre institucional que heredó es un paso en esa dirección.

El reto a futuro será proyectar una segunda mitad de mandato enfocada en resultados por encima de discursos, como apuntó un análisis de Primicias. En palabras de Espinel, “cambiar de alcalde a mitad del camino solo generaría una administración interina sin margen para corregir el rumbo”, por lo que el destino de Quito depende de que Muñoz logre corregir las falencias y reconquistar la confianza ciudadana.

Un balance crítico y la hoja de ruta hacia 2025

Tras dos años, el balance de la gestión de Pabel Muñoz en Quito es mixto. Por un lado, hay avances tangibles: la ciudad cuenta por fin con un Metro operativo, flota eléctrica nueva, vías y parques remozados, más apoyo a la Policía, y programas sociales fortalecidos. Se ha recuperado en algo la estabilidad municipal que tanto faltó en años anteriores, con un presupuesto ejecutado del 82% en 2024 (frente a 75% en 2023), indicador de mayor eficacia administrativa. Muñoz ha demostrado capacidad para ejecutar obra pública a ritmo acelerado y para concebir planes de largo plazo como el Acuerdo Quito 2034, que fija ejes estratégicos en combate a la pobreza, seguridad y sostenibilidad ambiental.

Por otro lado…

Persisten deudas importantes. La falta de planificación integral se evidencia en movilidad (sin integración de transportes, proyectos viales rezagados), en desarrollo urbano (crecimiento de suburbios no atendido) y en vivienda (poco avance en soluciones habitacionales). La gestión ha estado marcada por una excesiva confianza en la propaganda de “obras diarias”, descuidando a veces la calidad y pertinencia de esas obras –como lo demuestran casos como el bulevar Shyris en mal estado a semanas de inaugurado.

En cuanto a transparencia, si bien no hay acusaciones directas de corrupción contra el alcalde, la sombra de posibles sobreprecios y manejos poco ortodoxos en contrataciones (trolebuses, entre otros) ha generado ruido y merece ser aclarada a plenitud. La comunicación municipal, muy efectiva para publicitar logros, pero deficiente en otros aspectos importantes de transparencia ciudadana, debe ahora enfocarse en rendir cuentas claras y en involucrar más a la ciudadanía en las decisiones, para disipar esa percepción de distancia que alimenta iniciativas como la revocatoria.

En resumen, Pabel Muñoz llega a la mitad de su mandato con luces y sombras. Ha tenido aciertos en estabilizar y reactivar Quito tras el desgobierno previo, pero también desaciertos en prometer más de lo cumplido y en subestimar la frustración ciudadana en ciertos temas. Los próximos dos años serán definitivos: o consolida los 3.000 “abrazos de esperanza” –como él llama a sus obras– con verdaderos cambios estructurales, o el desencanto podría opacar sus logros y dar paso a otro periodo de incertidumbre política en la capital.

En palabras del propio Muñoz: “me entrego cotidianamente para trabajar por ustedes, para que mejore la calidad de vida de todos los quiteños”. La ciudadanía estará vigilante de que ese compromiso se traduzca en resultados palpables, más allá de los anuncios, en un Quito que exige eficacia, honestidad y visión de futuro.

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La ciudad de Quito, capital política del Ecuador, vuelve a colocarse en la línea de fuego de un debate que trasciende lo administrativo: la legitimidad del poder democrático frente a su constante desestabilización. Esta vez, el epicentro del conflicto gira en torno al proceso de revocatoria de mandato solicitado contra el alcalde metropolitano, Pabel Muñoz. Un procedimiento que, si bien está contemplado en la Constitución como un derecho ciudadano, también se ha transformado —en contextos marcadamente polarizados— en un recurso de confrontación política.

A menos de tres años de iniciada su gestión, el alcalde enfrenta una embestida jurídica promovida por sectores opositores que, con base en argumentos relacionados con el deterioro del espacio público, la ineficiencia de algunas agencias municipales y el malestar ciudadano en ciertos barrios, buscan interrumpir su mandato por la vía de la revocatoria. Pero el análisis no puede quedarse en la superficie de los hechos. Hay que ir más allá.

Luces y sombras de una gestión en construcción

Pabel Muñoz llegó a la Alcaldía con una propuesta de ciudad ordenada, planificada, con enfoque técnico y progresista. Su visión era clara: una administración que dejara atrás el caos y la improvisación que marcaron los últimos años de gestión municipal. Y en varios frentes, esta visión ha comenzado a materializarse.

Obras estratégicas de movilidad, continuidad en los planes de infraestructura urbana, modernización de procesos administrativos y una hoja de ruta coherente para el desarrollo de Quito han caracterizado el primer tramo de su mandato. En conjunto con concejales aliados y ciertas instituciones municipales que sí han funcionado a la altura —como la Empresa de Obras Públicas, la Secretaría de Planificación o la Secretaría de Territorio—, se han impulsado acciones concretas que comienzan a marcar un antes y un después.

No obstante, también es verdad que la ejecución de esas políticas ha chocado contra un muro: una parte de su equipo técnico ha fallado. El mal diseño de algunos nombramientos, la falta de criterio político en la selección de directores y funcionarios clave, y la poca capacidad de ciertas agencias para aplicar los lineamientos definidos por el despacho del alcalde, han terminado pasándole factura a su imagen.

La Agencia Metropolitana de Control, por ejemplo, ha dejado escapar las riendas del espacio público. En barrios comerciales, estaciones de transporte y zonas de alta circulación, el crecimiento del comercio informal ha dado pie a la percepción de que la ciudad se convierte en un mercado sin ley. La falta de articulación entre instituciones también ha debilitado la respuesta frente a reclamos ciudadanos cotidianos. Y en varios casos, la ineficiencia de mandos medios ha desdibujado los esfuerzos realizados desde la cúpula.

¿Un mal alcalde o un mal equipo?

La pregunta de fondo no es si hay o no errores en la gestión —porque sí los hay, y graves—, sino si estos errores responden a una falta de voluntad política del alcalde o a la ineficiencia estructural de una administración pública que arrastra vicios desde hace décadas. La evidencia apunta a lo segundo.

Pabel Muñoz no ha gobernado con desinterés. Por el contrario, ha demostrado presencia, criterio y liderazgo político. Pero ha sido traicionado por una parte del sistema que no termina de alinearse a su visión. Y si bien es responsable último por conformar ese equipo, sería desproporcionado usar esas falencias como justificación para anular su mandato.

La revocatoria como herramienta de revancha

Lo que preocupa es el trasfondo del proceso de revocatoria: el uso reiterado de esta figura legal como arma de desgaste político. Ya sucedió en el pasado con Jorge Yunda, y el precedente fue nefasto. Quito entró en un limbo institucional del que aún no se recupera. Hoy, el riesgo se repite.

La revocatoria es, en teoría, un derecho ciudadano para hacer rendir cuentas a sus autoridades. Pero cuando es activada con fines electorales, por grupos contrarios a la línea ideológica del alcalde y no por un movimiento ciudadano transversal, pierde legitimidad. La sola posibilidad de que dos o tres ciudadanos —con capacidad económica y jurídica para impulsar un proceso— puedan truncar la decisión popular de cientos de miles de quiteños, debería generar alarma.

Detrás de esta ofensiva, hay intereses políticos evidentes. Sectores que han perdido en las urnas y no aceptan el juego democrático ven en la revocatoria un atajo para reposicionarse, deslegitimar, confundir. Y lo hacen apelando al desgaste social, al enojo ciudadano, a la frustración que, en momentos de crisis económica, siempre encuentra eco.

¿Y si triunfa la revocatoria?

Si el proceso prospera, Quito volvería a vivir una pesadilla: la desestabilización institucional, la parálisis administrativa, el bloqueo político. ¿Es eso lo que necesita una ciudad que está tratando de ordenar su planificación urbana, de sacar adelante obras clave, de resolver décadas de abandono?

No se trata de blindar a Pabel Muñoz. Se trata de defender la estabilidad de la capital, el respeto al voto y el ejercicio responsable del poder ciudadano. Si el alcalde no cumple con sus promesas, los mecanismos de evaluación pública existen: veedurías, auditorías, fiscalización en el Concejo, y finalmente, las urnas en las próximas elecciones.

Pero apelar a la revocatoria como estrategia de sabotaje no fortalece la democracia. La debilita. No es un castigo justo. Es una revancha peligrosa.

Un llamado a la reflexión

El país necesita que Quito funcione. Necesita una capital con rumbo, con gobernabilidad, con visión. Si hay errores, que se corrijan. Si hay corrupción, que se sancione. Pero si lo que hay es una campaña política disfrazada de justicia, entonces los ciudadanos deben estar atentos.

La democracia no se defiende solo en las elecciones. Se defiende también en los momentos en que se quiere vulnerar la voluntad popular por la puerta de atrás.

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¿Cuáles serían las causales que argumentan este proceso? Según Marroquín se debe a tres razones: incumplir el plan de gobierno, impedir que la ciudadanía ejerza sus derechos de participación en el Cabildo con el ejemplo de la silla vacía y cuando la autoridad incumplió la Constitución y la ley.

De acuerdo con el ciudadano, «el alcalde Pabel Muñoz hizo proselitismo político, actividad prohibida por la ley electoral. Recibió una sanción por esto, no hay duda alguna que incumplió».

¿Qué dice la ley?

La revocatoria del mandato es un mecanismo de la democracia directa que permite a las electoras y electores terminar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular antes del periodo para el que los eligieron.

Según el artículo 13 del Reglamento para el ejercicio de la Democracia Directa los ciudadanos pueden usar este procesos después de cumplirse el primer año y antes
del último año del período de elección de las autoridades. La persona debe constar en el registro electoral de la última elección que se realizó en la circunscripción de la autoridad a la que se quiere revocar el mandato. Solo lo podrá hacer una vez.

Cuando se recibe la petición se le notificará a la actualidad cuestionada en un período de 7 días, en el que deberá presentar su impugnación y en dos días la delegaciones provinciales enviarán el expediente completo a la Secretaría General del CNE. Si se aprueba, la entidad entregará los formularios para recolección de firmas. Necesitarán el diez por ciento (10%) para las circunscripciones de más de 300.000 electores y tendrán un tiempo de 180 días.

A esto se suma que la revocatoria tendrá como argumento el incumplimiento del plan de gobierno, por lo que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral no es una razón para este proceso.

¿Qué dijo el alcalde?

Durante la transmisión de Frecuencia Quiteña, Muñoz se refirió al pedido y mandó un saludo «para aquellos que decidieron perder el tiempo mientras algunos avanzamos, otros se lanzan a sus propósitos de desestabilizar a la ciudad. Que tengan buena suerte. Los quiteños estamos para trabajar».

El burgomaestre también se refirió a los controles por exceso de velocidad que realiza la AMT y la relación con este pedido de revocatoria. «Algunos están pidiendo los formularios para hacer revocatoria del mandato porque se me ha ocurrido la barbaridad en Quito de que se cumpla la ley». (MIB)

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«Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad. Me llegó notificación de “revocatoria de visa” por parte de Cancillería. Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio. Esa nunca ha sido una opción. Ante el abuso y poder desmedido, será la JUSTICIA quien ponga freno a esta arbitrariedad», escribió en su cuenta de X la periodista cuando recibió la notificación de la revocatoria.

Los documentos que el Ministerio del Interior envió a Cancillería el 11 de junio así como los anexos son «clasificados como secretos» por lo que no se muestran argumentos para definir los actos que habría cometido Santiago y que atentarían contra la seguridad del Estado. Desde comunicación del Ministerio del Interior no han dado declaraciones ni datos al respecto.

Fundamedios se pronunció respecto a la decisión del Gobierno. «Consideramos que este acto configura un uso abusivo del poder estatal y atenta contra la libertad de expresión».

¿Qué dice Alondra?

«Yo no he cometido ningún delito para que a mí se me haga esto», declaró Alondra en Café La Posta. Indicó que el mail le llegó a las 18:00 del 24 de junio, pero que ella sólo pudo revisarlo en la noche. «Estoy en un estado donde digo no puede ser que esto esté ocurriendo a la par que digo, bueno, pero este gobierno se metió a una embajada. Era muy probable que tomen estas medidas arbitrarias».

Santiago explicó que su visa es una visa de amparo, es decir que llegó a Ecuador porque en Cuba no tenía a nadie quien la cuida porque su madre vivía en Ecuador. «Mi visa es de amparo y mi madre es ecuatoriana. Mi madre me está amparando. Estoy hablando con abogados expertos». La periodista tiene un proceso de cinco días para el inicio de la deportación. (MIB)

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Aunque el TCE reactivó este proceso el 10 de febrero de 2023, Ortega argumentó que el documento no se especifican los nombres de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) quienes impugnaron las resoluciones.

Por su parte, Carvajal, coordinadora por la revocatoria, aseguró que están elaborando un comunicado con la documentación y sustentación pertinente de todo el proceso. «Sepan que apelaremos», expresó a través de su cuenta de Twitter.

Un paso adelante y uno atrás

El 9 de febrero el Tribunal designaría un nuevo juez para que atienda este proceso y resolver si daba paso o no a la entrega de formularios para la firma de la revocatoria.

En ese momento, de los cinco jueces que forman el TCE, cuatro votaron a favor, entre ellos: el presidente Fernando Muñoz; la vicepresidenta, Ivonne Coloma; Guillermo Ortega y Juan Maldonado.

Un primer rechazo

El 4 de julio del 2022, el CNE se negó a entregar formularios de revocatoria a Lasso. Carvajal inició este proceso por el incumplimiento del plan de trabajo del Gobierno. Sin embargo, la entidad electoral expresó su negativa por “falta de pruebas y requisitos legales”.

“Los proponentes en sus solicitudes únicamente realizaron enunciados del supuesto incumplimiento, sin adjuntar la documentación que justifique sus afirmaciones, conforme lo contempla la ley”, dijo el CNE en un comunicado. (N.J.C)

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Cárdenas precisó que ya se han organizado en 11 provincias del país, entre ellas: Azuay, Guayas, Pichincha y Manabí y espera que en estos días se organicen en todo el territorio ecuatoriano.

«Para la revocatoria de los asambleístas nacionales se necesita el 10 % de las firmas. Esto también queremos utilizar en los asambleístas provinciales por lo que el proceso es diferente y va en función de los distritos», mencionó.

El responsable aseguró que este miércoles 15 de marzo presentarán la solicitud de revocatoria al Consejo Nacional Electoral (CNE) y pedirán los planes de trabajo de todos los legisladores.

«Tenemos toda la argumentación legal constitucional para pedir la revocatoria de todos los asambleístas nacionales y provinciales», señaló Cárdenas para NotiHoy.

Causales para la posible revocatoria

El coordinador argumentó que la primera causal sería el incumplimiento del plan de trabajo de los bloques de la Asamblea, pues considera que no han realizado todo lo que han mencionado en sus propuestas.

Segundo, el proceso se basa en el incumplimiento de funciones. Según él, no han fiscalizado los actos de corrupción e irregularidades en las entidades públicas, pese a las denuncias presentadas.

Además, alegó que existen causales morales para dar paso al proceso. Enfatizó que los legisladores no atienden las exigencias de la ciudadanía como realmente deberían hacerlo.

«Se gastan el dinero en no sé qué cosas. El actual régimen tampoco ha cumplido, más del 90 % de los ecuatorianos quieren que se vayan», refirió.

Pedido al CNE

El representante del Observatorio explicó que solicitarán al CNE el formulario para recoger las firmas. Después el ente convocará a los parlamentarios para que presenten sus pruebas de descargo lo que durará aproximadamente 15 días.

«El CNE decidirá si acepta o no el pedido de revocatoria, luego de que los asambleístas se hayan defendido», dijo.

Cárdenas menciono que de aprobarse la solicitud el organismo les entregará un formato digital para la recolección de firmas en un plazo de 180 días.

«El proceso dura más o menos un año si es que nosotros no nos movemos con rapidez. Considero que la gente ya está harta de la Asamblea y con mi experiencia espero que todo esto dure dos meses», apuntó. (N.J.C)

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Un Gobierno que perdió toda esperanza de oxígeno en estas elecciones solo tiene estas opciones: abandono y la renuncia del cargo para que lo asuma el vicepresidente Alfredo Borrero, la destitución, incapacidad física o mental, revocatoria o un juicio político.

Juicio Político

Según el artículo 129, para este proceso se necesita el dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC) y no se requiere juicio político previo. Esta opción es viable en caso de:

• Delitos contra la seguridad del Estado;
• concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito;
• genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidios.

La tan anuncia: Muerte Cruzada

En la destitución o la muerte cruzada, tanto la Asamblea Nacional como el presidente se deberá justificar «grave remoción interna, arrogación de funciones o impedimento para cumplir el plan nacional de desarrollo«.

El CNE tendrá un plazo de siete días para convocar a una fecha de elecciones legislativas y presidenciales.

Revocatoria en marcha

Actualmente, se tramita la solicitud de la revocatoria que reactivó el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y fue impuesta por la ciudadana Kerly Carvajal.

El documento del 9 de febrero firmado por el secretario general del TCE, David Carrillo, vez dispone la designación de nuevo juez electoral, quien resolverá si se procede o no con la entrega de formulario para las firmas de adhesión a una revocatoria.

De los cinco jueces, cuatro votaron a favor y entre ellos se encontraba el presidente del TCE, Fernando Muñoz; la vicepresidenta, Ivonne Coloma; Guillermo Ortega y Juan Maldonado. Por su parte, el juez Ángel Torres se pronunció con un voto salvado.

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La Comisión de Régimen Económico recalcó que el 55,36% de cifras y datos están respaldados con información oficial. Sin embargo, un 17,86% tiene imprecisiones y para el 26, 78% no se encontraron datos y cifras de las instituciones que avalen la información.

“Frente al informe que presenta Lasso es penoso que quiera engañar a un país entero con apenas el 55,36 % de datos”, afirmó la legisladora Pilar Llano.

Pazmiño también detalló que el Ministerio de Finanzas entregó el Informe Presupuestario el 3 de octubre, cuando el plazo venció el 28 de septiembre. “La entrega tardía de este informe también incurre en el incumplimiento del Plan de Gobierno”, aseveró.

La asambleísta por UNES, Ana Raffo manifestó que en el informe presentado por el Ejecutivo no se verifica el cumplimiento de metas y objetivos, por lo tanto existe una vulneración constitucional.

El legislador Blasco Luna aseguró que el primer mandatario no presentó información sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Esta omisión de información podría ser una causal de destitución de Lasso.

Por último, Pazmiño agregó que la Comisión de Régimen Económico ya tenía un informe de observaciones sobre el Plan de Gobierno. No obstante, la administración anterior, a la cabeza de Guadalupe Llori, no permitió que se analizara el documento en el Pleno.

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La ciudadana Kerly Dayanna Carvajal Ordóñez entregó los requisitos como cédula de identidad y papeleta de votación, también el certificado de no haber sido candidata a elección popular. No obstante, el director jurídicó expresó que no existen documentos que muestren la existencia legal de la Coordinadora Nacional por la Revocatoria del mandato de políticos demagogos.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, indicó que no existe pruebas ajuntadas al pedido de formularios. En el informe se expresa que la proponente no adjuntó pruebas de su aseveración, es decir pruebas que indiquen que el presidente ha incumplido su plan de trabajo. De acuerdo con el pleno, entregar solamente el plan de trabajo no constituye una prueba.

El informe que recomendó negar los formularios se aprobó con una abstención y cuatro votos a favor. Las mismas observaciones sucedieron con el informe sobre la revocatoria del vicepresidente Alfredo Borrero que se aprobó con 4 votos a favor y una abstención. MIB

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«Los 365 días del presidente han sido de adorno. Es un no presidente, un hombre que no hace nada y nos está llevando a un proceso de convertirnos en un no país», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, reiteró que la gestión de Lasso es cero en cuanto a la ejecución de políticas públicas y planificación del Estado.

“El año de Lasso ha sido un año de guerra urbana, de guerra entre delincuentes y guerra de la sociedad entre sí”, afirmó Aguilar.

El analista sostuvo que el siguiente paso que debe tomar la sociedad ecuatoriana es pedir la revocatoria del mandato de Lasso de manera inmediata.

«El único requisito formal que estaba pendiente para iniciar el proceso de revocatoria del mandato de Guillermo Lasso se ha cumplido. Lasso no tiene plan, ni equipo, ni política”, aseveró el analista.

Por otro lado, Aguilar expresó que Lasso está demasiado confiado en la embajada americana, en el respaldo del gobierno de Biden y en poder acusar de conspiración y de golpismo a quien sea.

“En el Ecuador tenemos el mecanismo constitucional de la revocatoria de mandato. Nosotros vamos a hacer este proceso de manera constitucional y democrática”, recalcó el analista.

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“Hemos iniciado el proceso de Revocatoria del mandato del presidente y vicepresidente de la República, para lo que el día miércoles 25 de mayo del 2022 nos daremos cita en el Consejo Nacional Electoral, en Quito, a las 09h00 para entregar la solicitud de revocatoria”, dice el comunicado.

Además, recalcaron que han emprendido un proceso de construcción de democracia participativa y deliberativa desde el pueblo y no desde las élites. Ante esto, han propuesto un plan con la que buscar enfrentar, con los mecanismos que ofrece la Constitución y la Ley.

«Usted está dejando en la calle a miles y miles de padres de familia, médicos enfermeros, obreros y campesinos. Están aquí presentes, formando parte de esta Coordinadora que nace del pueblo. Más del 75% incumplimientos en 87 páginas de documentos y por esa razón están aquí personas que viene de muy abajo». dijo la coordinadora.

Asimismo, manifestaron que las enfermeras se harán presenten para este miércoles para exigir el derecho a la salud, estabilidad laboral y por justicia. “No solamente vulnerando los derechos del personal de salud, sino también están vulnerando el derecho a nuestros pacientes”, agregó un miembro de La Coordinadora Popular.

Además, la Acción Jurídica Popular aseguró que se sumaran al plantón en busca de la transparencia apegada a los derechos y sin persecuciones políticas.

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Glas ingresó este viernes 20 de mayo de 2022 a la cárcel de Cotopaxi. Sin embargo, horas después, el Servicio Nacional Penitenciario (SNAI) anunció que Glas sería reubicado tras registrarse altercados en la prisión de Latacunga por el traslado de 36 reos de una banda criminal a otros centros penitenciarios.

El SNAI informó que personas privadas de la libertad propiciaron altercados y resistencia, dañando infraestructura del centro penitenciario de Cotopaxi. “Al momento se ha tomado el control gracias a las Fuerzas Armadas y Policía”, informó el organismo.

Cerca de las 02:00 de este sábado, Glas llegó a la cárcel 4 de Quito. Su arribo se dio tras la anulación del hábeas corpus que se le otorgó en abril de este año. La Corte Provincial de Santa Elena revocó este recurso y ordenó su captura inmediata.

“Lo estoy enfrentando como se tienen que hacer las cosas, tal cual lo dije desde el primer instante, si se revocaba el hábeas corpus me entregaría y eso hice”, declaró Glas.

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“Se plantea el inicio de la revocatoria del mandato. Detrás de esta propuesta no necesariamente están los partidos de oposición, vienen de diferentes frentes y vertientes sociales”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

El asambleísta recalcó que, a unos días de cumplirse un año de mandato de Lasso, no se ha evidenciado el cumplimento de sus propuestas de campaña ni ha llevado a cabo su plan de trabajo.

«El gobierno de Guillermo Lasso es igual a una hoja en blanco. La vacunación es lo único que ha hecho Lasso, el resto está en blanco”, afirmó Lloret.

Además, sostuvo que las brechas sociales se han incrementado y los problemas como la inseguridad, la pobreza y la violencia son las problemáticas más recurrentes en el país.

“En el país tienes apenas 3 de cada 10 personas que tienen un empleo adecuado, tienes casi el 50 % de la población que está entre la pobreza y la pobreza extrema.  Esto deriva de la falta de políticas públicas y de recursos económicos», sostuvo el asambleísta.

También comentó que detrás de los decretos ejecutivos el presidente Lasso pone en evidencia una serie de intereses económicos que van de la mano de pagar favores políticos a los que le apoyaron en campaña.

Por último, afirmó que debe constituirse una Asamblea renovada que pueda darle respuestas a la gente sobre las problemáticas sociales presentes en el país.

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«Por ello, desde UNIR Ecuador hacemos un llamado a todos los sectores democráticos y progresistas del país a defender la patria. Convocamos a la reflexión y el debate para luego pasar a la acción. El actual momento amerita de decisión y valentía para enfrentar a un gobierno inescrupuloso que atenta contra los grandes intereses nacionales. ¿Llegó la hora de meditar sobre la posibilidad de revocarle legalmente el mandato a Lasso Mendoza, tal y como lo dispone el artículo 105 de la Constitución Nacional, desarrollado por el artículo 199 del Código de la Democracia?», indica parte de su comunicado.

Para la plataforma, en los ocho meses de Gobierno, el presidente Lasso mostró un plan para beneficio propio y del capital por medio del despojo de los bienes del Estado. «Vía privatización como lo que está sucediendo con el Banco del Pacífico y la venta de todas las gasolineras de Petroecuador. También la reducción a cero del impuesto a la salida de divisas para la importación de combustibles, generándole grandes y graves pérdidas al fisco».

Asumir posturas

Además del tema económico, para UNIR, el manejo de la crisis de seguridad que vive el país es otra muestra de los problemas en el país durante los ocho meses de Gobierno.

«La paciencia y la mansedumbre de los ecuatorianos tienen un límite. El banquero Lasso ha sobrepasado con creces. Abusando de la confianza democrática depositada en él por las mayorías en las urnas. Ha llegado el momento de reaccionar y de asumir una postura categórica frente a un mandatario que solo ve la riqueza de la nación como un botín».

¿Qué es la revocatoria del mandato?

La revocatoria de mandato es un mecanismo de democracia directa que permite a las electoras y electores terminar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular antes del periodo para el que fueron elegidos.

Una persona o sujeto político podrá solicitar por una sola vez los formularios
para la recolección de firmas para proponer la revocatoria del mandato de una
autoridad. En el caso de que más de un ciudadano o ciudadana suscriban una
solicitud de formulario deberán designar un procurador común.

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«La Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador ha revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas», dice una parte del comunicado.

La embajada también se apresuró a aclarar que la visa «es un privilegio, no un derecho. Tomará seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas».

Revocatoria de visas

Entre los personajes que se quedaron sin su visa está el abogado Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. El jurista lo dio a conocer en sus redes sociales.

«Dice que mis “vínculos no son lo suficientemente fuertes en el Ecuador”. Ya no puedo ni ir a Disney ni ser general», escribió en un tuit.

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«Es una decepción para la ciudad, un golpe en la moral. Tengo entendido que varios sectores importantes de la ciudad se han reunido para armar un proceso de revocatoria de mandato. Habrá que hacer el esfuerzo de recoger firmas que estoy convencido se lo logrará en poquísimo tiempo», dijo en una entrevista con Andrés López.

De acuerdo con Sevilla, «es triste para la ciudad que vuelva una persona rechazada por lo concejales y que no le corresponde estar allí. Le va a ser imposible hacer algo de gobierno. Llevamos meses sin gobierno».

Dijo también que a Yunda no le importa la ciudad. «Todo dice que a Yunda no le interesa la ciudad, le interesan los amigos y la gallada. Le interesa seguir aprovechando los recursos públicos».

En la otra orilla

Por otra parte el expresidente Abdalá Bucaram mostró su satisfacción por la decisión de los jueces en este caso.

«No tengo ninguna relación con el alcalde Yunda y no se si es amado o odiado en Quito. Pero este señor fue electo por el pueblo, me emputa que la prensa quiera imponer su alcalde. Entonces para que carajo hacemos elecciones? 2 pillos-llas le montan un proceso y se acabó? Que es esto?», escribió en un tuit.

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«Organizaremos la revocatoria del mandato a esta señora en Los Ríos. Atentos que pediremos firmas para ello. Es hora de para poner un punto final a estas prácticas en la política ecuatoriana», dijo en una entrevista en Un café con JJ.

Para el exmandatario, los partidos de izquierda sufren de una vanidad que no le hace bien al Ecuador.

«A la izquierda le encanta autoflagelarse, le buscan la quinta pata al gato. En el fondo es vanidad, decir ‘yo no soy como ellos, soy mejor’. Hay un bien mayor que se llama Ecuador».

Las concejalas de Quito

Correa también se refirió a las concejalas Mónica Sandoval, Gissela Chalá y Brith Vaca, quiénes, a su juicio, traicionaron los principios del partido.

«Las concejalas se vendieron al mejor postor. Fuimos la única fuerza que no apoyó a Yunda. Aquí el que no se suma a la sapada, odia a Quito, ya basta de mentira. […] La mejor manera de que un correísta pase a héroe es que odie a Correa. Si aquí hay un culpable de que Yunda sea Alcalde es Guarderas».

Convención de la RC

A finales de agosto, la lista 5 tendrá una Convención para elegir autoridades y un nuevo nombre.

«La tendencia mayoritaria es que se llame Revolución Ciudadana. En 2019, Fuerza Compromiso Social lista 5 proponían ciertas candidaturas y después nos iban a pasar el partido. La idea es que sea el partido de la RC»

También se refirió a la elección de una directiva. «La elección es por listas, muy probablemente la lista que yo apoyaré es la encabezada por Marcela Aguiñaga».

Bicameralidad en Ecuador

El asambleísta Fernando Villavicencio propone una consulta popular para discutir, entre otras cosas, la bicameralidad en el Legislativo.

«Esto es la consulta Trujillo Moreno 2.0. La consulta mañosa de 2018 atentó contra el Estado de Derecho. Hubo tremenda campaña sucia para combatir la corrupción, para evitar la elección indefinida. Cuando hay crisis, la gente tiende a perder la calma. […] No vamos a ningún lado con dos cámaras. Un país no federal con el tamaño del Ecuador sería un completo absurdo», dijo el expresidente.

Sobre la disminución de asambleístas, Correa indicó que «137 no es un número exagerado, pero siempre se puede reducir. Aunque se pierde representatividad».

Para el exmandatario, hay que entender que «el problema de fondo es la calidad de la política. Sin buena política no saldremos del subdesarrollo».

¿Sobre la eliminación del CPCCS?

«Pareciera ser que antes de mi gobierno éramos Suiza. Ya basta de mentir. Las autoridades del estado las elegían el Congreso y no llegaban los mejores sino gente comprometida políticamente», dijo Correa sobre la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

«El CPCCS es un buen sistema, otra cosa es que se haga trampa. […] Hay que mantener la meritocracia. Se forma una comisión especial para los concursos de autoridades. Es mucho mejor al reparto de cargos del congreso. Los ciudadanos no deben aplaudir las mentiras».

El expresidente indicó que si mantenemos el mismo sistema no avanzaremos. «Hay que elegir a gente seria que actúe con coherencia. Mientras se elijan a los mismos y no se sancione el oportunismo tendremos los mismos políticos».

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«Por unanimidad, Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha acepta apelación presentada por Fiscalía. También revoca auto de nulidad emitido por la jueza Verónica Medina. Tribunal declara negligencia manifiesta de la Magistrada y oficia el fallo al Consejo de la Judicatura», reza un tuit en la cuenta de la Fiscalía.

Además del expresidente y su hijo, siete personas más se encuentran implicadas en una red de presunta delincuencia organizada que negociaba pruebas para COVID-19.

Suspensión a la jueza

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado dispuso la suspensión de la jueza Medina, tras concluir que actuó con negligencia manifiesta.

«Como Presidenta del Consejo de la Judicatura he dispuesto medida preventiva de suspensión de Jueza Verónica M., tras declaración de manifiesta negligencia por parte de la Corte de Pichincha en caso Bucaram y otros. Además dispuse revisar actuaciones de abogados involucrados en el caso», escribió.

Por su parte, Bucaram aseveró en su cuenta de Twitter: «Suspenden una jueza por actuar en derecho, multan nuestros abogados porque descubrimos antes de la audiencia que recibían órdenes. LOS ABOGADOS Y JUECES DEL PAÍS ESTÁN EN INDEFENSIÓN POR PROTEGER A LA FISCAL SARABIA QUE COMETIÓ 20 NULIDADES Y ERA UN DECHADO DE ODIO EL PROCESO..!»

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«Hoy tuvimos buró político de la Revolución Ciudadana. Decidimos que a cualquier desleal de elección popular, se le revocará el mandato. Empezaremos con Francisco León, asambleista D4 Guayas. Hay que esperar todavía un año, pero se lo hará. Debemos adecentar la política», escribió Correa en un tuit.

¿Es esto posible?

«La revocatoria del mandato es solo por incumplimiento del plan de trabajo inscrito en las candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral y después de un año de iniciar la gestión. No existe una revocatoria por un tipo de deslealtad o falta de disciplina político-partidario», explicó a Radio La Calle el abogado en temas electorales, Esteban Ron.

De manera que si se quiere revocar del mandato a Francisco León se debe demostrar un incumplimiento en el plan de trabajo que UNES entregó al CNE.

Francisco León anunció su retiro de la bancada de UNES por razones personales el pasado 9 de junio.

León expresó que será independiente y no se desafiliará del partido Centro Democrático. En la sesión para elegir a las autoridades en la Asamblea fue el único que no se abstuvo y dio su voto afirmativo a Bella Jiménez de Izquierda Democrática y segunda Vicepresidenta del Legislativo.

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«80% de ciudadanos no eligieron al alcalde de Quito y es así como hoy, por los actos de corrupción que se han destapado en el Municipio y por errores de la administración. Exigimos que resuelva a favor de los quiteños para pasar a la fase de recolección de firmas», explicó Marcelo Hallo, líder del Frente.

«La revocatoria de mandato, jurídicamente no es declaratoria de nulidad. Es una forma constitucional de finalizar el período, luego de un proceso administrativo, recolección de firmas, sufragio y resultado», aclaró el abogado Carlos Jaramillo.

Este grupo ciudadano presentó en junio la iniciativa de revocatoria para iniciar el proceso. El plazo del CNE para dar una respuesta a la petición finalizó el 4 de septiembre. Sin embargo, aún no existe respuesta por parte del organismo electoral.

Si la respuesta del CNE es positiva, el Frente deberá iniciar la siguiente fase de recolección de firmas. Hallo aspira a que el Frente recoja 300.000 firmas.

El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas dijo al respecto “la revocatoria es una institución democrática establecida en la Constitución, nosotros tenemos que respetar y esperar que el pueblo se pronuncie”.

Guarderas añadió que Contraloría y Fiscalía “tienen que hacer su trabajo y llegar a los resultados que, conforme sus procedimientos, les corresponde”

Presuntos actos de corrupción

Fiscalía general del Estado (FGE) abrió una investigación a partir de una denuncia presentada por el político César Montúfar contra Yunda, por presuntos delitos de corrupción y delincuencia organizada.

El 16 de junio, el alcalde rindió declaraciones en FGE sobre la investigación en la compra de pruebas PCR de Covid-19 por parte del Municipio.

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