Tres asambleístas de Revolución Ciudadana –Juan Andrés González, Lenín Barreto y Blasco Luna– formalizaron el 31 de julio ante la presidencia de la Asamblea Nacional una solicitud de juicio político contra Manzano. La petición, respaldada por más del 25% del Legislativo (según artículo 79 de la LOFL), alegó causales constitucionales y legales (artículos 78-79 LOFL y 131 Constitución).

Los legisladores vinculan a la ministra con el Caso Progen –contratos adjudicados el 2 de agosto de 2024 para construir las centrales hidroeléctricas El Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW)–, donde la Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal y civil.

González manifestó que «la Asamblea no puede evadir su deber de control político ante posibles actos de corrupción», mientras Barreto alertó que el escándalo «ha comprometido todo el sector energético». La Fiscalía General del Estado mantiene una investigación penal paralela por el caso.

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Admisión sin medidas cautelares

La Corte comunicó la decisión este viernes 4 de julio, tras aceptar los expedientes 50-25-IN y 51-25-IN al comprobar que cumplían con los requisitos jurídicos exigidos por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Sin embargo, la Corte aclaró que no se concedieron medidas cautelares, ya que los pedidos de suspensión de la norma no cumplieron con las condiciones legales requeridas.

En contraste, la Corte rechazó una tercera demanda que presentó el ciudadano Gabriel Salvador Lema, al determinar que no cumplía con lo establecido en el numeral 5 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Críticas desde la oposición

El partido Unidad Popular (UP) fue uno de los actores que presentó una de las acciones legales. Geovanni Atarihuana, su director nacional, calificó a la Ley de Solidaridad como una amenaza al orden democrático.

TUIT Geovanni Atarihuana: https://x.com/geovanni_atari/status/1941271342252544345

 “El Gobierno busca consolidar un esquema de poder autoritario, usando como excusa la lucha contra la delincuencia”, afirmó Atarihuana. Además, denunció que la normativa otorga facultades excesivas al presidente, poniendo en riesgo derechos fundamentales y abriendo la puerta a detenciones sin garantías judiciales.

El debate de fondo: seguridad o concentración de poder

Aunque el Ejecutivo ha defendido la Ley como una herramienta legal para combatir el crimen organizado y restablecer el orden interno, varios expertos constitucionalistas advierten que sus disposiciones abren la puerta a una peligrosa concentración de poder. Según juristas consultados por este medio, la normativa permite al presidente emitir decretos con fuerza de ley y restringir derechos sin control legislativo efectivo, lo cual “viola el principio de separación de poderes y el equilibrio institucional”. El riesgo, señalan, es que bajo el argumento de enfrentar una emergencia, se naturalice el estado de excepción como forma de gobierno.

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Mientras el Gobierno defiende la Ley de Solidaridad como una herramienta para enfrentar la crisis de seguridad, crecen las alertas sobre posibles abusos de poder. La Corte Constitucional será ahora la encargada de dirimir si esta norma se ajusta al marco jurídico vigente o si vulnera las libertades fundamentales de los ecuatorianos.

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La medida impulsada por el legislador oficialista Henry Bósquez (ADN), tuvo la aprobación del Parlamento bajo el argumento de «vulneración a los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima» en el proceso original, realizado el pasado 13 de mayo.

La resolución, articulada en dos puntos clave, declara «sin efecto» lo resuelto en la sesión 1027 del Legislativo, subrayando que dichas decisiones –según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)– deben adoptarse exclusivamente mediante «resoluciones o acuerdos», requisito que, a juicio del oficialismo, no se cumplió. Adicionalmente, ordena notificar formalmente al CPCCS sobre esta decisión, dejando sin vigencia la terna integrada por Iván Montero, Yolanda Salgado y Ángel Romero.

El ambiente en el hemiciclo derivó en un enfrentamiento abierto cuando Bósquez insistió en incluir el análisis de la terna en el orden del día. Tras una primera votación fallida donde la abstención de la asambleísta Carmen Tiupul (Pachakutik) bloqueó la iniciativa, una rápida gestión de bancadas oficialistas logró que la legisladora rectificara su posición.

Este giro permitió la reconsideración de la votación, desatando inmediatas protestas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Fernando Cedeño (RC) interpeló al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, acusándolo de violar el artículo 145 de la LOFL: «¡Lea la ley, señor Olsen! Los cambios al orden del día solo pueden resolverse por votación directa, sin rectificaciones posteriores», exclamó. Además presentó una apelación formal a la presidencia de Olsen que posteriormente fue desestimada y se continuó con la sesión.

Reacciones

La reacción de Revolución Ciudadana (RC) fue contundente: en un comunicado titulado «Fuera las manos de Noboa del Consejo de la Judicatura», denunciaron un intento del gobierno de Daniel Noboa de «tomarse ilegalmente el CJ». El texto detalló tres violaciones:

1. La inexistencia de normas que permitan retirar una terna ya enviada.
2. La ilegalidad de «reconsiderar una decisión ya reconsiderada» (Art. 145 LOFL).
3. La vulneración de principios constitucionales (Arts. 61.7, 82 y 226).
   «El CJ no es un botín del Ejecutivo. Seguramente, en esa terna hay alguien que no pueden controlar», concluyó el movimiento.

La crítica trascendió, pues el legislador Otto Vera (PSC) manifestó su perplejidad por «rever decisiones legítimamente tomadas», recordando que la terna «fue aceptada, votada y reconsiderada en el periodo anterior». El CPCCS, ahora notificado, queda a la espera de un nuevo proceso de designación, mientras la sombra de la polarización judicial se extiende sobre Quito.

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Peña fue separado de las filas correístas tras votar a favor del informe de la Ley urgente de Economías Criminales impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, en contra de la línea definida por su bloque.

Este incidente expone tensiones profundas dentro de RC. Enfrentan lealtades partidistas con criterios técnicos legislativos. Esto pone bajo la lupa el centralismo en la toma de decisiones de la principal fuerza opositora.

La bancada de la Revolución Ciudadana anunció la expulsión de Sergio Peña, acusándolo de “traicionar” los principios del movimiento. El legislador quedó aislado de sus excolegas tras apoyar el proyecto gubernamental contra las economías criminales.

Un voto “traidor” y la expulsión inmediata de Peña

El 29 de mayo de 2025, la bancada de RC oficializó la expulsión inmediata de Sergio Peña tanto del bloque legislativo como del movimiento político. En un comunicado público, la dirigencia acusó al asambleísta de “mentir al país” y “traicionar nuestros principios”, señalando que “no tolerará actos de deslealtad” dentro de sus filas. “A las manzanas podridas se las separa de las íntegras”, sentenció el pronunciamiento, en el que RC tildó la actuación de Peña como un episodio de oportunismo y afirmó que la medida responde a una “responsabilidad política ineludible”. La bancada advirtió incluso un proceso de “depuración interna” frente a quienes se aparten del proyecto político, reafirmando que la ética y coherencia con los principios fundacionales son innegociables.

La decisión llegó apenas horas después de un agrio cruce público entre Peña y la excandidata presidencial Luisa González, máxima directora de RC. González había cuestionado duramente el sentido del voto de Peña en la Comisión de Desarrollo Económico, donde él respaldó el informe para primer debate de la Ley de Economías Criminales a pesar de que la directiva del bloque había resuelto abstenerse en esa instancia.

Según reveló el propio Peña, tres días antes la orden interna de RC fue “votar en contra” del informe del Ejecutivo, marcando una postura de rechazo total a la iniciativa gubernamental. Sin embargo, en la sesión del 27 de mayo, Peña se desmarcó: votó a favor del texto, convencido de que varias de sus observaciones técnicas habían sido incorporadas durante el trámite en comisión. Este sorpresivo apoyo al proyecto de Noboa fue interpretado por sus compañeros como una “traición insalvable” a la línea partidista.

La Ley de Economías Criminales: contenido y puntos polémicos

El proyecto que detonó la controversia es la Ley para Combatir las Economías Criminales, calificada como urgente por el Ejecutivo en medio de la creciente inseguridad. Oficialmente denominada “Ley de Solidaridad Nacional” en la Asamblea, esta iniciativa busca enfrentar las finanzas del crimen organizado mediante alianzas Estado-empresa privada y reformas legales de gran alcance.

Uno de sus ejes permite que el sector privado done hasta el 30% del Impuesto a la Renta en forma de insumos, equipos y bienes para respaldar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la lucha contra las mafias. Estos aportes requerirían autorización del Ministerio del Interior o de Defensa, según corresponda, y valoración del Servicio de Rentas Internas para aplicar el beneficio tributario. La propuesta busca “la unión y trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada para enfrentar al crimen organizado”, explicó la asambleísta oficialista Valentina Centeno al defender el espíritu de la ley.

No obstante, la atención pública se ha centrado en el componente penal del proyecto, que trae reformas polémicas. Por un lado, se tipificaría como delito la pertenencia a bandas de delincuencia organizada, más allá de la comisión directa de crímenes, con penas que superarían los 25 años de prisión aun si no hay evidencia de delitos específicos. Adicionalmente, el texto impulsa reglas más estrictas contra quienes provoquen “disturbios y terrorismo” en las calles, lo cual ha despertado alertas sobre potencial criminalización de la protesta social.

En la versión original del Ejecutivo se proponía crear jueces especiales para un supuesto “conflicto armado interno” y limitar a solo 15 días las investigaciones de estos casos; pero en comisión se eliminaron los nuevos jueces y se amplió el plazo investigativo a 90 días, atendiendo observaciones de juristas que exigieron procesos más robustos.

Igualmente, se incorporó de forma explícita el respeto a los tratados de Derechos Humanos en los principios de la ley, para prevenir que las nuevas facultades se presten a perseguir a periodistas, políticos u opositores bajo el pretexto de combatir el crimen. Estos ajustes, introducidos en pocos días de trabajo técnico, moderaron algunas de las aristas más duras de la iniciativa original. Aun así, el proyecto en su conjunto ha sido comparado con estrategias de mano dura al estilo Bukele y genera preocupación en sectores garantistas. Revolución Ciudadana, principal bancada opositora, adelantó reparos de fondo: temía que la ley atentara contra derechos y consolidara una agenda punitivista del gobierno. En consecuencia, el bloque correísta condicionó su apoyo a incorporar cambios y en un inicio definió que ninguno de sus miembros debía respaldar el informe hasta que sus observaciones fueran plenamente atendidas.

Entre lealtad partidista y criterio técnico de Peña

Sergio Peña, abogado especializado en derecho tributario y novato en la legislatura, decidió romper la disciplina partidaria argumentando razones técnicas. Tras su polémico voto favorable en comisión, Peña defendió que “la oposición debe ser propositiva” y no oponerse por mero cálculo político: “¿Oponerse por oponerse? No, gracias” replicó, insistiendo en que actuó con criterio propio de profesional.

Según explicó, la Comisión de Desarrollo Económico sí acogió varias de sus propuestas de cambio al documento – como las garantías de derechos y la no generalización de la prisión preventiva – por lo cual consideró técnicamente válido dar paso al debate en el Pleno “Mis observaciones sí fueron acogidas. La prisión preventiva ya no se vuelve una regla general (como quería el Ejecutivo), volvimos a una prisión preventiva excepcional pero eficaz en casos puntuales”, detalló Peña para ilustrar que su intervención mejoró el proyecto.

Desde su perspectiva, impedir incluso el primer debate de una ley necesaria para combatir al crimen habría sido irresponsable. “Creo que pensar diferente, o pensar dentro del partido, es una traición para ellos (la dirigencia correísta)”, lamentó el legislador refiriéndose a sus excolegas Su posición es que la bancada RC no puede caer en un obstruccionismo sistemático, sino ejercer una oposición firme pero abierta a acuerdos técnicos en beneficio del país.

La cúpula de RC vio los actos de Peña bajo otra luz.

Luisa González señaló que el voto de Peña “no corresponde al criterio técnico, legal y constitucional analizado” previamente por el bloque y, peor aún, contradijo la decisión colectiva tomada internamente. En otras palabras, insinuó que no hubo nada técnico en la postura de Peña, sino un desmarque inconsulto.

Para la dirigencia correísta, el asambleísta faltó a la lealtad colectiva y a los principios progresistas con los que fue electo. De hecho, en el comunicado de expulsión RC subrayó la “contradicción” entre el discurso de campaña de Peña (alineado al progresismo correísta) y sus votos recientes en temas clave. La bancada incluso sugirió que Peña “mintió” a sus electores y puso sus intereses personales por encima del mandato popular.

Detrás de estas afirmaciones subyace la sospecha de que Peña pudo haber sido “cooptado” por el oficialismo, teoría alimentada por algunos hechos: el partido de gobierno (Acción Democrática Nacional, ADN) había propuesto a Peña para puestos clave en el Parlamento – primero como vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego como miembro de la Comisión de Ética – lo cual generó recelos entre los propios correístas.

De hecho, RC se negó a apoyarlo para integrar el CAL, y solo gracias a los votos de ADN, Pachakutik y otros independientes, Peña logró ser elegido al Comité de Ética legislativo. Este inusual respaldo cruzado profundizó la percepción de que actuaba alineado con el gobierno. “Su verdadera lealtad nunca fue con el pueblo que lo eligió, sino con sus intereses personales”, llegó a afirmar RC en su misiva de expulsión, reflejando el quiebre total de la confianza.

Por otro lado, cabe la pregunta, ¿La RC puede sostener alianzas?

No es un caso aislado

Figuras prominentes como Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, han expresado su descontento con la dirección actual del movimiento. En sus redes sociales, Aguiñaga afirmó: «Duele ver en lo que están convirtiendo a la Revolución Ciudadana. El movimiento que construimos con compromiso y esperanza, que fue la primera fuerza política del país, hoy se diluye entre egos e imposiciones».

Asimismo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha tenido desencuentros públicos con el expresidente Rafael Correa. La tensión escaló cuando Correa criticó al abogado defensor de Álvarez en el caso ‘Triple A’, calificando de «vomitivo» que Ramiro García diera «clases de moral y ética profesional». Álvarez respondió que el comentario era «totalmente innecesario» y una «falta de respeto».

Estos eventos reflejan una crisis de liderazgo y una falta de apertura al debate interno en la RC. La expulsión de Peña por ejercer su criterio técnico y las críticas de Aguiñaga y Álvarez sugieren que el movimiento está priorizando la lealtad ciega sobre la deliberación democrática. Para mantenerse relevante y eficaz, la RC debe fomentar un ambiente donde el pensamiento crítico y la autocrítica sean valorados y no castigados.

Reacciones en el correísmo: unidad vs. pensamiento crítico

La sanción a Peña puso al descubierto fracturas dentro de la propia RC, con reacciones diversas de sus figuras principales. El expresidente Rafael Correa, líder máximo del movimiento (residente en Bélgica), respondió con dureza ante la polémica. En un mensaje publicado en X (Twitter),

Correa tildó a Peña de “vulgar oportunista e impostor” y le exigió que renuncie a su cargo de asambleísta: “Si eres tan ‘digno’, ¿por qué no renuncias a la curul, que sería lo moralmente correcto?” increpó el exmandatario. Correa dejó entrever que para él el caso estaba cerrado con calificativos personales, rematando: “No eres el primero ni serás el último sinvergüenza que nos topemos en el camino”.

La línea dura de Correa dejó claro que, desde la cúpula, no hay tolerancia para quien se aparte del libreto. Es más, el exgobernante sugirió que si Peña tuviera decencia política debería dejar la curul obtenida gracias a RC, devolviendo así la dignidad al movimiento traicionado.

Luisa González respaldó la expulsión enfatizando la necesidad de cohesión.

González había sido la primera en alzar la voz tras el voto disidente de Peña, publicando un comunicado el mismo 27 de mayo. En él advirtió que la actuación de Peña “no corresponde al criterio técnico, legal, constitucional analizado” ni a la resolución tomada en bancada, visibilizando la indisciplina. Sus palabras provocaron la inmediata respuesta desafiante de Peña en redes (“soy un profesional con criterio propio”, “¿Oponerse por oponerse? No, gracias”), lo que a su vez escaló el conflicto. Tras consumarse la expulsión, González habría apoyado internamente la decisión como una muestra de firmeza ejemplarizante para el resto de legisladores: en RC las directrices se siguen, so pena de ser tachado de “traidor”.

Sin embargo, no todo fue unanimidad dentro del correísmo. La reacción de Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas y destacada dirigente histórica de RC, evidenció malestar con la línea dura. Aguiñaga, quien ha marcado cierta distancia con la cúpula en meses recientes, criticó abiertamente la situación: “Esto ya no se parece al proyecto colectivo que defendimos”, lamentó, exhortando a que “la RC debe reaccionar” y corregir el rumbo.

En un mensaje difundido en redes, la prefecta advirtió que el movimiento “hoy se diluye entre egos e imposiciones”, deplorando lo ocurrido con Peña y el curso que ha tomado la organización que ella, Correa y otros fundaron años atrás. Sus declaraciones públicas, inusuales por provenir de una figura de alto perfil del movimiento, reflejan una corriente crítica interna preocupada por el sectarismo.

Aguiñaga llegó a decir que prefiere ser “la oveja negra de la RC antes que callar mi voz”.

tomando distancia de posturas como la denuncia de supuesto fraude electoral que Correa y González enarbolaron tras perder las elecciones presidenciales de 2025.

La postura de Aguiñaga recibió inmediata réplica de Peña en tono irónico: el ex-RC le advirtió que “tenga cuidado con lo que expresa; no vaya a ser que los caciques del movimiento lo lean y le acusen de traición por expresarse con objetividad”. Tal intercambio público entre correístas evidenció el nivel de tensión interna. Acto seguido, ese cruce desató la ya mencionada reacción de Correa, quien salió en defensa de la “compañera” Aguiñaga a la vez que arremetió contra Peña llamándolo oportunista e instándole a dimitir.

En pocas horas, la disputa interna de RC quedó expuesta ante el país: de un lado, la cúpula correísta cerrando filas y calificando a Peña de “manzana podrida” que había que sacar del canasto; del otro, voces dentro del movimiento pidiendo autocrítica por el rumbo que se está tomando.

Incluso dentro del bloque legislativo correísta hubo matices.

La asambleísta Patricia Núñez declaró ese mismo 29 de mayo que en RC “no se obliga” a votar según órdenes de los líderes, aunque reconoció que existe un buró político que delinea las posturas en temas importantes. Núñez consideró que “no era necesario llegar a extremos” como la expulsión y que aún cabía diálogo con Peña, a quien excusó por ser “un compañero nuevo que debe irse acoplando”.

Sus palabras sugieren que algunos en RC hubieran preferido manejar el desacuerdo internamente y con más tolerancia. No obstante, otros dirigentes fueron inflexibles: Jahiren Noriega, también de RC, sentenció que le “tenía sin cuidado” si Peña se iba, afirmando que “un voto más o un voto menos no suma si esa persona no hace política desde los principios y no está alineado a la ética de la organización”. Este contraste de opiniones revela un debate soterrado en el movimiento entre quienes priorizan la unidad monolítica y quienes abogan por dar espacio a criterios propios sin romper la cohesión básica.

¿Oposición constructiva o sectarismo? Análisis y perspectivas

El caso Sergio Peña trasciende la anécdota personal y se interpreta como síntoma de desafíos mayores para la Revolución Ciudadana. Por un lado, deja al bloque correísta con 65 curules en la Asamblea, disminuyendo su capacidad numérica frente a la bancada oficialista de ADN y sus aliados.

En términos prácticos, la salida de Peña – ahora declarado independiente – beneficia ligeramente al gobierno, que ve debilitado al principal bloque opositor. Pero más allá de los números, la controversia ha reavivado cuestionamientos sobre el modelo de conducción interna de RC.

No son pocos los analistas que advierten que el movimiento fundado por Correa podría seguir el camino del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) si no se renueva internamente. El propio Peña vaticinó, al romper con sus excolegas, que “si no hay recambio en el correísmo, le pasará lo mismo que al PRE, que se extinguió”.

La referencia no es menor

El PRE de Abdalá Bucaram fue en los 90 una fuerza populista dominante que, tras años de caudillismo y falta de relevo, terminó desintegrándose.

Hoy, la RC se enfrenta a dilemas similares. ¿Puede un movimiento político sobrevivir sin apertura al disenso interno? Varios politólogos sugieren que es hora de una reflexión profunda. El analista Jacobo García señala que RC deberá “recomponer su estructura interna y recuperar la confianza de su militancia” tras esta crisis, lo cual exige apertura al debate, inclusión de nuevas voces y renovación de su liderazgo.

En su criterio, sería sano permitir una disputa interna democrática – por ejemplo, en la elección de sus autoridades o definición de estrategias – en vez de seguir con un “control remoto” ejercido desde el extranjero, pues “será insostenible” manejar el movimiento a distancia bajo un esquema tan centralizado.

No es un secreto que RC es comandada desde Bélgica por Rafael Correa.

mientras figuras como Luisa González o Andrés Arauz actúan como voceros locales del líder. Esta verticalidad, que en tiempos de cohesión garantizó disciplina, podría convertirse en el talón de Aquiles si ahoga todo atisbo de pensamiento crítico interno.

En la misma línea, otros expertos apuntan que la reacción punitiva contra Peña puede tener un efecto contraproducente. El politólogo Javier Vera advierte que los movimientos con estructuras muy cerradas ven estallar sus conflictos desde dentro si no los gestionan con transparencia. La salida abrupta de disidentes hacia las filas del gobierno – como la posible incorporación de exmilitantes correístas al gabinete de Noboa, que ya se rumora– puede debilitar al correísmo más de lo que fortalece al oficialismo.

Además, para una parte del electorado de Noboa que votó contra Correa, ver a antiguos cuadros correístas en cargos estatales sería una “contradicción” incómoda si no se explicitan acuerdos. Esto sugiere que la estrategia gubernamental de cooptación también conlleva riesgos de deslegitimación si no se maneja con cuidado.

El terremoto político en RC podría reconfigurar el equilibrio de la oposición y el oficialismo en formas inesperadas.

Mientras tanto, Sergio Peña asiste a las sesiones plenarias desde una nueva ubicación: su curul fue reubicada lejos de sus excolegas correístas y más cerca de la bancada de ADN. El alejamiento físico simboliza su ruptura política “de raíz”. Peña ha ratificado que actuará como independiente “propositivo” y no descarta apoyar u oponerse a iniciativas gubernamentales según su mérito técnico, sin alineamiento automático.

Incluso aclaró que su voto favorable al primer informe de la Ley de Economías Criminales “no es un cheque en blanco” y que, de no incluirse mejoras adicionales en el texto para el segundo debate, votará en contra de la versión final. Con ello, busca subrayar que su lealtad última es a sus principios técnicos y a sus electores, no a banderas ciegas.

El episodio de Sergio Peña ha abierto un necesario escrutinio sobre la forma en que la oposición ejerce su rol en Ecuador.

¿Debe la Revolución Ciudadana replantear su estrategia parlamentaria, pasando de la negación sistemática a un opositor técnico propositivo como Peña sugiere? ¿O corre el riesgo de aislarse en un núcleo duro cada vez más pequeño? Las voces críticas dentro y fuera del movimiento señalan que la intolerancia al disenso y el excesivo centralismo pueden minar la vitalidad de RC a largo plazo.

Por el contrario, una apertura controlada al debate interno y la renovación podría fortalecerla como opción política moderna. El camino que tome RC en respuesta a esta crisis marcará su destino: o bien la consolidación como una oposición madura capaz de incidir con propuestas técnicas, o el ahondamiento de su fractura sectaria que podría hacer realidad la profecía de extinguirse como los viejos partidos del pasado.

En última instancia, la expulsión de Sergio Peña ha puesto a la Revolución Ciudadana frente al espejo de su propio proyecto político: uno que nació prometiendo participación y pensamiento crítico, y que hoy debe decidir si esas premisas tienen cabida puertas adentro.

Por Rafael Rubio Rubio

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Mónica Salazar, exmiembro de RC, fue la figura más controversial al asumir la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa (CAL) con 77 votos tras unirse a ADN. Su salida de la RC en abril —denunciando «clasismo» y exclusión— culminó con su adhesión pública al oficialismo, mediada por el ministro de Gobierno, José De La Gasca. «Ella formalizó su compromiso con las prioridades nacionales», declaró el funcionario.

Pero no fue la única: Samuel Célleri desertó durante la sesión para unirse a ADN y ocupar la segunda vocalía del CAL sin consultar a su partido, ni recibir su respaldo. Esta acción generó el repudio de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano (PSC), quien anunció el cierre de su provincia a los socialcristianos: «Me da vergüenza su actitud contra Célleri», afirmó.

A estos se sumaron seis asambleístas de Pachakutik, quienes votaron con ADN para elegir a Niels Olsen (oficialista) como presidente del Legislativo. El movimiento indígena los tildó de «extraviados políticos» en un duro comunicado, aunque sin expulsarlos formalmente: «Esperamos que recapaciten», señalaron.

Monopolio de poder

ADN sumó apoyos clave para monopolizar su poder en la Asamblea. Con los votos de desertores y aliados, el oficialismo logró controlar el CAL luego de la primera sesión.

• Presidente: Niels Olsen (ADN).
• Vicepresidentas: Mishel Mancheno (ADN) y Carmen Tiupul (Pachakutik).
• Vocales: Sade Fritschi (ADN), Mónica Salazar (exRC), Samuel Celleri (exPSC) y Steven Ordóñez (aliado SUR-ADN).

El próximo 16 de mayo se conformarán las 15 comisiones especializadas de la Asamblea Nacional para el tratamiento de leyes y reformas en camino desde el Ejecutivo. Con una mayoría en el Legislativo, el gobierno pone en pausa la idea de una Constituyente.

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Borja afirmó que, tras 13 años fuera de cargos públicos y sin antecedentes penales, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una indagación «reservada en su contenido y en su existencia misma», violando principios como la publicidad mínima, la seguridad jurídica y el debido proceso. Destacó que la investigación no aparece registrada en el portal oficial de la institución, donde solo constan denuncias interpuestas por él mismo por robo, con su último proceso judicial cerrado en 2015.

«No es omisión, es ocultamiento. No es error, es estrategia», declaró, insistiendo en que el caso forma parte de un patrón para silenciar críticos. Además, recordó un intento de detención en su contra hace días en la oficina de migraciones de Rumichaca, hecho que los ministros del Interior y de Gobierno negaron rápidamente, emitiendo un comunicado oficial para desmentir una «persecución».

Borja cuestionó la independencia judicial bajo la administración de Noboa: «¿A qué Estado de Derecho pertenece un país donde las investigaciones se manejan según conveniencia política? ¿Quién decide qué delitos existen ante la ley y cuáles existen solo en la sombra?«. El economista exigió transparencia y el cese del uso del sistema legal como «herramienta de intimidación».

Hasta ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la denuncia de opacidad en el caso. Tampoco hay respuesta oficial a las acusaciones de utilizar el aparato judicial con fines políticos. Mientras tanto, Borja insiste en que su situación expone una campaña de miedo contra quienes denuncian «despotismo y saqueo» en el gobierno actual.

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«El país enfrenta una coyuntura política, que exige hoy más que nunca al Correísmo y al Movimiento Indígena, dejar atrás sus diferencias, y actuar con la madurez y la sensibilidad política necesaria, para salir del escenario de indolencia y abandono al que la derecha neoliberal ha condenado al Ecuador en estos últimos 8 años», dijo en entrevista para el Portal Desacato y Cooperativa Comunicacional.

Guerra de encuestas y manipulación mediática

La primera vuelta electoral del 9 de febrero de 2025 estuvo marcada por una «guerra de encuestas» que, según Peña, benefició al partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). El experto señaló que el 90% del espectro mediático ecuatoriano —controlado por élites económicas— promovió narrativas sesgadas y fake news para inclinar la balanza a favor de Noboa. «La información fue tratada como un bien privado, vulnerando el derecho ciudadano a estar informados», afirmó.

Los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) revelaron una cerrada diferencia: Noboa obtuvo 44.15%, Luisa González (Revolución Ciudadana) 43.98%, Leónidas Iza (Movimiento Indígena) 5.24%, y Andrea González (Sociedad Patriótica) 2.69%. La segunda vuelta, prevista para abril, dependerá en gran medida del electorado indígena.

El Movimiento Indígena: Voto dirimente en la segunda vuelta

Peña enfatizó que el 5.24% de los votos obtenidos por Leónidas Iza serán decisivos. El líder indígena ya descartó diálogos con ADN, al que acusa de impulsar políticas «necro-neoliberales» que afectan a comunidades vulnerables. Sin embargo, la decisión final del movimiento —articulada a través de la CONAIE y su brazo político Pachakutik— será colectiva.

«Gobernar es trabajar para el pueblo», declaró Luisa González, quien busca consolidar una alianza con el Movimiento Indígena. Peña recordó que, pese a diferencias históricas entre autonomistas (enfocados en autogestión comunitaria) y estatistas (que priorizan el control del Estado), ambas corrientes deben encontrar una síntesis para contrarrestar el neoliberalismo.

Propuestas contra la crisis: retomar el legado de Correa

Frente al avance del narcotráfico, la pobreza y la violencia —agravados durante los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa—, Peña destacó que una victoria de González implicaría reactivar políticas sociales inspiradas en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Entre ellas:

• – Inversión pública en infraestructura, salud y educación, con un enfoque contra-cíclico para mitigar recesiones.
• – Reforma tributaria progresiva (mayores impuestos a grandes fortunas).
• –Fortalecimiento del Estado de bienestar, retomando programas como el Bono de Desarrollo Humano.

«El desmantelamiento del Estado en los últimos ocho años dejó un vacío ocupado por el crimen organizado. Hoy, el 70% de la economía informal está bajo extorsión», alertó el analista.

Llamado a unidad de izquierdas

Peña subrayó que la única vía para evitar otro gobierno de «derecha extrema» es una coalición entre Revolución Ciudadana, el Movimiento Indígena y otros sectores progresistas. Citando a teóricos como Gramsci y Laclau, insistió en la necesidad de construir una «contrahegemonía» que articule demandas sociales dispersas.

Andrés Arauz, secretario de la Revolución Ciudadana, ya adelantó la elaboración de un documento programático común. «Ecuador ya no aguanta más. Es tiempo de anteponer la sensibilidad política», declaró Peña, quien concluyó con un llamado urgente: «Otro Ecuador, más justo y solidario, sí es posible».

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¿Qué festejaba ADN?

Luego de los resultados preliminares de las elecciones del pasado domingo 9 de febrero, el presidente-candidato Daniel Noboa no salió a festejar junto a sus simpatizantes en el evento que su partido le tenía preparado en el Hotel Le Parc de Quito. Un día después, el primer mandatario decidió que su mejor salida pública sería un comunicado en redes sociales para “agradecer” a sus votantes, sin embargo, lejos de mostrar humildad y aceptar su derrota de primera vuelta en urnas, aseguró que ADN había ganado a los partidos del “Viejo Ecuador” y que se habían convertido en la primera fuerza política del país.

Horas más tarde de ese lunes post electoral, se conocía que la Revolución Ciudadana tenía más curules en la Asamblea Nacional. Pero, Noboa intentó sostener la narrativa de haber ganado, pero ¿a quién? Este viernes 14 de febrero, el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo la sesión de audiencia pública para conocer el reporte de los resultados de las actas de escrutinio de los comicios de primera vuelta para las dignidades de presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Los consejeros no tuvieron ninguna observación y los resultados finales serán proclamados mediante resolución de pleno, luego del análisis de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del órgano electoral.

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Sin embargo, con 67 curules para la próxima Asamblea Nacional la Revolución Ciudadana se impone como la fuerza política con una diferencia mínima de ADN. El partido oficialista obtuvo mayores resultados en la Sierra ecuatoriana, pero la RC ganó ampliamente en la Costa, ante lo que presidente Noboa se refirió en una entrevista del martes como las provincias que votaron por el narcotráfico.

Estas declaraciones dadas en cadena radial el lunes en la mañana, gracias a la retransmisión de los medios aliados a radio Centro Digital, conocido medio afín al oficialismo, provocaron reacciones de autoridades de gobierno y una ciudadanía que afirmaba que estos señalamientos estigmatizaban el voto de los costeños. La excandidata vicepresidencial, Cristina Reyes, fue una de las primeras en manifestar su rechazo en redes sociales. Luisa González, candidata presidencial de la RC, respondió a sus declaraciones pidiendo respeto por el país y el electorado que no le dio el voto. Asimismo, la presidenta de la actual Asamblea, Viviana Veloz, aprovechó la sesión ordinaria del pleno del miércoles 12 de febrero, para rechazar sus señalamientos. Del mismo modo, se manifestaron alcaldes y prefectos de las provincias, cantones y parroquias de la Costa del país.

Dato que mata relato

Según la aplicación del Consejo Nacional Electoral, los resultados con corte al 15 de febrero corresponden al 100% de actas escrutadas a nivel nacional e internacional. Estos datos que serán oficializados por el pleno del CNE muestran que el movimiento de la Revolución Ciudadana se reivindica como la primera fuerza política del país con 67 asambleístas sobre los 66 de ADN, 9 de Pachakutik, 4 del Partido Social Cristiano, 1 de la Alianza UP-PID-PSE, 1 de Construye y 2 de partidos locales. Noboa y sus voceros aseguraron que se habría dado un fraude por tres curules legislativos con supuestas inconsistencias en provincias de la Costa ecuatoriana, situación que fue resuelta por los observadores internacionales de la OEA, quienes desmintieron estas aseveraciones del primer mandatario.

Ver «Comunicado de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador»

La tendencia es irreversible

Los resultados de la Asamblea Nacional reflejan el escenario político que tendrá el país para los próximos cuatro años de gobierno, sobre una división de poderes entre la Revolución Ciudadana y ADN. Para el balotaje de abril, los candidatos de ambos partidos tienen una diferencia mínima en menos del 1% de que marca una polarización aún más profundizada, que podría vaticinar que Ecuador va hacia un bipartidismo.

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«En mi condición de ecuatoriana y santodomingueña rechazo la irresponsable e inadmisible campaña violenta e injuriosa de odio regionalista y calumnias en contra de nuestra ciudadanía residente en las provincias costeñas; campaña por cierto, que se está haciendo deliberadamente impulsada por parte de determinados periodistas, medios de comunicación y enjambres de trolls que la amplifican en las redes sociales», escribió Veloz en un tuit.

Agregó que es hora de dejar las divisiones por el bienestar del Ecuador y criticó la postura de la máxima autoridad del Ejecutivo, quien curiosamente proviene de una provincia costera. «Es inadmisible que un Gobierno cuya máxima autoridad y funcionarios en su gran mayoría provienen de una de las más hermosas provincias de nuestra región Costa, alienten el impune ataque de extremistas incorformes con los resultados del voto ciudadano del pasado domingo». A Veloz se suman otros actores políticos que ven con preocupación el visible regionalismo en estas declaraciones.

https://twitter.com/VivianaVelozEc/status/1889446111875834156

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Los artistas invitados hicieron un llamado a la conciencia y encendieron la fiesta de la ilusión por volver al país en el que había acceso a la salud y la educación gratuita y sin privilegios. Así lo cree María Eugenia Galarza, quien cree en la capacidad y responsabilidad de las mujeres en el poder. “Luisa es una mujer inteligente que pertenece a un movimiento que lucha por todos los sectores de la población, para tener trabajo y salarios dignos”, expresó.

Teresa Chuqui, vecina de San Carlos, asegura que su familia y sus amigos están de acuerdo en votar por la lista 5. “Tenemos que recuperar la patria y Luisa González es nuestra Esperanza”.

La RC realiza sus cierres de campaña en varios sectores de Quito, Pichincha y el país, ya que mañana empieza el silencio electoral rumbo al domingo, cuando los ecuatorianos acudiremos a las urnas a elegir al nuevo presidente del Ecuador y los miembros del Parlamento.

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«Gracias a los vecinos y vecinas de Conocoto por abrirnos las puertas y sus corazones para traerles un mensaje de la futura presidenta Luisa González. Soñamos un Ecuador de oportunidades, un Ecuador con escuelas con la mejor estructura para nuestros hijos, con hospitales y medicinas de calidad», dijo en su discurso, Jahiren Noriega, cabeza de lista.

Agregó que el país que soñamos se construirá entre todos los ciudadanos, Luisa González y «todo un grupo de asambleístas que está dispuesto a poner la cara y representarlos.». La Revolución Ciudadana cerrará campañas en los demás distritos de Pichincha este 6 de febrero.

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»Estamos planteándole al país una tercera vía que está muy lejos de lo que ha sido el correísmo y el fascismo de la extrema derecha ecuatoriana», dijo Granja en rueda de prensa.

Asimismo manifestó que aún están armando su lista de candidatos a la Asamblea con figuras reconocidas en causas sociales, en este sentido se refirió a líderes estudiantiles, representantes del gremio de jubilados, entre otros. También afirmó con seguridad que su proyecto político llegará a segunda vuelta.

El fracaso de la unión de izquierdas

A finales de julio 60 organizaciones sociales, de la academia y la sociedad civil se reunieron con representantes de los partidos políticos que se denominan de izquierda y de centro izquierda. Al llamado acudieron: Revolución Ciudadana, Conaie y su brazo político Pachakutik, Reto, Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular y Centro Democrático. La Izquierda Democrática no asistió al evento.

Cada representante habló sobre su visión de unidad y la necesidad de crear un plan nacional no solo por las elecciones generales 2025, sino para lograr una unidad a largo plazo. El presidente de Centro Democrático, Jimmy Jairala, apuesta por las mesas de diálogo, donde deben lograr acuerdos mínimos.

“Creo que cada partido debe poner sobre la mesa cuáles son sus dos o tres temas centrales para lograr estos acuerdos. Las mesas de diálogo nos dan un resultado inmediato para poder presentar un binomio de la unidad porque el eje central es el Ecuador”, dijo.

En el caso de la Unidad Popular, su representante Natasha Rojas objetó que el camino de la unidad y la salida del neoliberalismo se realice “con quien tiene un discurso de izquierda y aplica políticas de derecha o quien trajo la gran minería e inició la explotación del Yasuní ITT”, lo que provocó un rechazo de los militantes de los otros movimientos.

Tras la críticas de otros partidos, la presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González invitó a la autocrítica y al respeto entre organizaciones. “Si vamos a observar quien hizo qué empezamos dinamitando el diálogo. Desde cada organización sí pido que al interior todos hagamos la reflexión de los aciertos, errores y procesos traumáticos para nuestra patria. De qué lado estuvimos en ese momento y de qué lado estamos hoy”.

Finalmente este encuentro no rindió frutos y no llegó a consensos. Ahora cada organización política tomará su camino y otras buscarán alianzas estratégicas. (AGM).

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Economista, ex ministro y compañero de universidad de Rafael Correa

El nombre de Diego Borja no es nuevo en el panorama político ecuatoriano. De profesión economista, el ahora candidato a la vicepresidencia estuvo al frente de la cartera de Finanzas en 2006, durante el último año presidencial de Alfredo Palacio.

Posteriormente, en 2008 fue designado como Ministro Coordinador de Política Económica durante el mandato de Rafael Correa.

«Hoy desde el propio binomio presidencial, en este caso para vicepresidencia de la República, tenemos a un economista de grandes quilates que acompañará a Luisa (…) Economista con quien tenemos un largo camino recorrido, de hecho estudiamos en la misma universidad, misma maestría… (…) Sabrán sacar a la patria adelante», expuso el ex presidente, y líder del movimiento, Rafael Correa durante su intervención ante los militantes del partido.

Candidatos a asambleístas fueron definidos

Adicionalmente, durante el evento se anunció la nómina de candidatos provinciales que buscarán una curul para el siguiente período en la Asamblea Nacional:

• Azuay: Roque Ordóñez Quezada y Fernanda Méndez
• Bolívar: Mireya Pazmiño
• Cañar: Blasco Luna y Nelly Fernández
• Carchi: José Luis Vallejo
• Chimborazo: Silvia Núñez y Héctor Quiroz
• Cotopaxi: Ana Herrera y Carlos Bustamante
• El Oro: Diego Salas y Sara Cabrera
• Esmeraldas: Janeth Bustos y Lizardo Casanova
• Galápagos: David Arias
• Guayas: Sofía Eugenia Espín y Roberto Cuero, Juan Pablo Molina, Victoria Desintonio, Alejandro Vanegas, Ana María Raffo, Fricson George
• Imbabura: Pamela Aguirre y Fernando de la Torre
• Loja: María Verónica
• Los Ríos: Humberto Alvarado y Mónica Salazar
• Manabí: Guido Andrés Mendoza, Bertha Vélez, Fernando Cedeño y Gabriela Molina
• Morona Santiago: Nanki Saant y Kelly Portilla
• Napo: Nadia Zurita
• Orellana: Mariuxi Sánchez
• Pichincha: Jahirén Noriega, Patricio Chávez, Mónica Alemán y Luis Fernando Molina
• Santa Elena: César Palacios
• Santo Domingo: Viviana Veloz
• Sucumbíos: Comps Córdova
• Tungurahua: Segundo Toala y Juana Real
• Zamora Chinchipe: Héctor Valladares

En tanto, la lista de asambleístas en representación de Ecuador en el extranjero son los siguientes:

• Parlamento Andino: Verónica Arias y Virgilio Hernández.
• América Latina: Eliana Correa
• Canadá y Estados Unidos: Mónica Palacios
• Europa, Asia y Oceanía: Gustavo Mateus

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Cada representante habló sobre su visión de unidad y la necesidad de crear un plan nacional no solo por las elecciones generales 2025, sino para lograr una unidad a largo plazo. El presidente de Centro Democrático, Jimmy Jairala, apuesta por las mesas de diálogo, donde deben lograr acuerdos mínimos.

«Creo que cada partido debe poner sobre la mesa cuáles son sus dos o tres temas centrales para lograr estos acuerdos. Las mesas de diálogo nos dan un resultado inmediato para poder presentar un binomio de la unidad porque el eje central es el Ecuador», dijo.

Por su parte, Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista expresó que a la parte de democracia interna de cada partido se debe tener en cuenta que tienen hasta el 13 de agosto para anunciar alianzas. «Hay una realidad que juega en contra por los tiempos. Yo diría que hay que instalar un equipo de trabajo, es un tema de voluntad. Esto se resuelve con un trabajo metodológico ¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? Tenemos que ser lo suficientemente maduro para decir en esta elección no nos entendemos, pero que sea el principio de un proceso de largo aliento».

En el caso de la Unidad Popular, su representante Natasha Rojas objetó que el camino de la unidad y la salida del neoliberalismo se realice «con quien tiene un discurso de izquierda y aplica políticas de derecha o quien trajo la gran minería e inició la explotación del Yasuní ITT», lo que provocó un rechazo de los militantes de los otros movimientos.

¿Qué dicen la Revolución Ciudadana y Conaie?

Tras la críticas de otros partidos, la presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González invitó a la autocrítica y al respeto entre organizaciones. «Si vamos a observar quien hizo qué empezamos dinamitando el diálogo. Desde cada organización sí pido que al interior todos hagamos la reflexión de los aciertos, errores y procesos traumáticos para nuestra patria. De qué lado estuvimos en ese momento y de qué lado estamos hoy».

Agregó que no se puede refundar al país cada cuatro años sino que exista un proyecto de país que no toque la institucionalidad. «Acuerdos mínimos que nos lleven como país hacia un futuro digno lleno de esperanza y progreso (…) Estas mesas de trabajo son para nosotros un compromiso serio y delegamos como RC a Andrés Arauz para que forme parte de estas mesas de construcción de gobierno».

El coordinador nacional de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, apeló ala existencia de dos comisiones: una de acuerdos mínimos y otra electoral. «Nos ponemos de acuerdo o no lo hacemos. Vamos a tener dificultades, convergencias en el tema de candidaturas. Propongo dos comisiones en un lapso de ocho días o menos. Si hay voluntad política se puede resolver».

Por su parte, Leonidas Iza apoyó la unidad y la voluntad de los partidos a reunirse. «A la derecha del Ecuador y el continente seguramente le está dando urticaria ver que estemos unidos. Con la misma fuerza debemos ser críticos. Por más difícil que significó cuando tuvimos que luchar hace 10, 15 años nunca nos fuimos apoyar a la derecha». El dirigente apeló a la creación de un proyecto de país a largo alcance, hacer un pacto de no agresión en el proceso electoral y si uno de ellos llegara a segunda vuelta, que reciba el apoyo de los demás. (MIB)

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«Es hora de dejar atrás el odio instalado en los grupos de poder, debatir y superar nuestras diferencias, enfocarnos en el bienestar de nuestro pueblo y en la construcción de un futuro más justo y solidario», dice parte del documento.

¿Qué dicen los partidos?

Hasta el momento, tres partidos han confirmado su presencia en el evento que desarrolla este 31 de julio en la Casa de las Culturas en Quito. Centro Democrático, Revolución Ciudadana y Conaie con su brazo político Pachakutik.

Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, confirmó su presencia junto al secretario del partido, Andrés Arauz. «Cuenten con la RC y nuestra presencia junto a Andrés Arauz para la construcción de ese Ecuador que todos y todas anhelamos».

De igual forma, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, confirmó que asistirá al evento. «En respuesta a la convocatoria de las organizaciones sociales a la Convención de la Unidad de los sectores de izquierda y progresistas del Ecuador, confirmo mi asistencia, con dirigentes de mi estructura organizativa».

El presidente del Centro Democrático, Jimmy Jairala se desplazó vía aérea desde Guayaquil para asistir a la convención. Así lo mostró el movimiento en su cuenta de X. Lo acompaña el director general de la organización.

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“Entre esos cuatro nombres, estamos intentando conformar un binomio, ese binomio de la amplitud y el cambio. (…) “Nuestra idea es plantear ese binomio que pueda cambiar y transformar el país”, señaló luego de anunciar a Luisa González, Gustavo Jalkh, Augusto Verduga y Paola Pabón, como las opciones a definir.

Luisa González

La presidenta de RC5, se perfila para presentarse como parte del binomio presidencial para las siguientes elecciones. González, de 46 años, luego de su cargo como asambleísta por la provincia de Manabí, buscó, junto a Andrés Arauz, alcanzar la presidencia de la República, manteniéndose como favorita en primera vuelta con el 33,61% de los votos. Sin embargo, en la segunda vuelta no pudo alcanzar una mayoría, juntando únicamente el 48,17% de aprobación.

Luisa González se desempeñó como secretaria general de Despacho en el gobierno de Rafael Correa, fue también secretaria nacional de administración pública, así como viceministra de turismo en 2014 y ministra de trabajo en 2017. En cuanto a la formación académica de la exfuncionaria, destaca su título en jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador, y sus dos maestrías en Alta Gerencia y Economía Internacional y Desarrollo.

Gustavo Jalkh

El guayaquileño de 57 años edad, destacado por su trabajo en leyes y doctorado en jurisprudencia en la PUCE, así como su PHD en derecho internacional en la Universidad Sorbona de París, se ha posicionado como una fuerte opción para representar al movimiento Revolución Ciudadana en las siguientes elecciones presidenciales.

Entre su trayectoria profesional, destaca su participación como presidente del Consejo de la Judicatura desde 2023, la reestructuración de la policía Nacional y el fortalecimiento del sistema de seguridad de DDHH como Ministro de Gobierno en 2009, así como su cargo de Subdirector Ejecutivo de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD).

Augusto Verduga

Abogado de la Universidad Católica de Guayaquil, con maestrías en Argumentación Jurídica y en Derecho Constitucional, Augusto Verduga, a sus 36 años, es también uno de los nombres más sonados para ser parte del binomio a la presidencia de 2025. Se desempeña como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Ocupó cargos como Director Jurídico de la Subsecretaría de Gestión Marina y costera del Ministerio de Ambiente, analista jurídico en el Consejo de la Judicatura y Abogado de política normativa en el Servicio Nacional de Aduana.

Verduga, simpatizante de las políticas del gobierno de Rafael Correa, se define como un “hombre de izquierda” lo que se ha evidenciado en el colectivo y medio digital “La Kolmena”, donde participa como miembro activo. Dentro de su experiencia profesional también consta como docente universitario en Ecotec y la Universidad Católica de Guayaquil.

Paola Pabón

La actual prefecta de Pichincha, quién confirmó los nombres de los precandidatos a la presidencia, consta como una importante opción para representar al movimiento Revolución Ciudadana. La ibarreña de 46 años tiene como formación académica una licenciatura en Ciencias Públicas y Sociales de la UCE y un título como abogada de Tribunales y Juzgados de la República, a su vez una maestría en Políticas Públicas.

Dentro de la trayectoria política de Pabón, se registra su participación como gestora de desarrollo comunitario de la Prefectura de Pichincha, así como su cargo de asambleísta por esta provincia en los periodos 2009 y 2013, donde desempeñó el rol de coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y la Comisión de Gobiernos Autónomos.

Paola Pabón, luego de ocupar el cargo de subsecretaria de Gestión política, fue electa en 2019 como Prefecta de Pichincha. Durante las protestas hacia el gobierno de Moreno, la acusaron de “rebelión” y permaneció 71 días en prisión. Después usó un grillete electrónico. La persecución política duró hasta febrero de 2022 en donde fue removido el grillete y manteniéndose en el mismo cargo. (J.S.O)

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No obstante, el nombre de Jalkh empieza a figurar como una opción real, tras aparecer por primera vez en una encuesta de intención de voto. Paralelamente, Jalkh ha empezado a difundir sus ideas a través de los medios de comunicación. Su más reciente participación fue el pasado 5 de julio en un foro organizado por el Colectivo Progresista Rumbo Democrático Quito.

“Sé que mi nombre está circulando. Es la primera vez que veo mi nombre en una encuesta… Pero mi nombre está ahí”, afirmó Gustavo Jalkh. Sin embargo, también reconoció que los nombres de los candidatos se confirmarán cuando el plan electoral y de gobierno esté definido.

Jalkh tiene una extensa experiencia en el sector público

Jalkh (de 57 años) fue Presidente del Consejo de la Judicatura (2013-2018) y exsecretario particular y ministro de Gobierno de Correa. Asimismo, ha ejercido la docencia en varias universidades. En 2016, recibió la “Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia”, otorgada por la Fundación Carlos III de España, en reconocimiento al trabajo realizado en la Judicatura de Ecuador y por su labor en pro de la justicia de Iberoamérica.

En su más reciente intervención, Jalkh hizo un llamado a la unidad del progresismo para vencer a la derecha en 2025. Destacó la importancia de unirse en torno a los objetivos nacionales más importantes, subrayando que es necesario tener un plan no solo para ganar, sino para cumplirlo y mejorar el país.

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«Se ha perdido la verdad y se da culto a la mentira. La mentira es Noboa ¿Quién no sabía que era mentira lo de las cárceles flotantes? ¿Que por un lado diga que ganan demasiado los ecuatorianos y por otro lado decía que iba a poner la pensión mínima para los jubilados de un salario básico? Se da culto a la mentira y a la ignorancia», dijo en entrevista con Radio Sonorama.

Sobre la posibilidad de unirse en alianza con otros partidos o movimientos, el expresidente indicó en primera instancia que son un proyecto concreto «¿Qué esperan? ¿Que con los sepultureros del país hagamos rondas infantiles para ponernos de acuerdo? Es imposible. Consensuar algo con los grandes culpables de la tragedia del país es imposible».

¿Con quiénes haría alianza la RC? «En todo caso bienvenidos los que quieran unirse a esta misión de recuperar la patria, aquí no hay que inventar nada nuevo, ya lo vivimos. (…) Del 2007 al 2017 ¿acaso no fuimos ejemplo para América Latina y el Mundo», agregó Correa.

¿Alianza con la izquierda?

Correa expresó que tampoco hay que cae en el error de pensar que una alianza les sumaría más puntos al 48% que consiguieron en la segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023. «Hay alianzas que no suman sino que restan y las circunstancias cambian. En el 2021 perdimos por nuestros propios errores, en el 2023 tenemos un presidente de accidente (…) Creo que podríamos ganar solos, pero incluso así, bienvenidos todos los que quieran levantar el país».

El economista descartó alianzas con el Partido Socialista Ecuatoriano o la Unidad Popular, ambos denominados a la izquierda del tablero político. «A nosotros nos unen más los valores, el sentido de patria que la ideología. La ideología es importante (…) No somos de izquierda por el fundamentalismo sino porque es una buena forma de darle una buena vida a la gente. Eso no significa que vamos a acordar con cualquiera que se dice de izquierda. A mí me unen más los principios que la ideología».

¿Candidatos propios? Sí, Correa le dijo a Radio Pichincha que aparecen nombre como los de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; la presidenta de la RC, Luisa González; el consejero del CPCCS, Augusto Verduga y el exministro de Justicia, Gustavo Jalkh. (MIB)

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«La señora Palacios viene haciendo cosas, hace mucho tiempo, que no están acorde con la bancada, que no estamos de acuerdo con las posiciones de ella. Son de ella, no de la bancada. No está ella en este momento en el Parlamento. No pretendo tomarme más minutos refiriéndome a la señora», dijo en entrevista con A Primera Hora.

La legisladora indicó «que no hay distanciamiento», pero que «hay que ser serios». Aunque la bancada está conformada por 48 personas, cada una actúa personalmente. «Si hay una persona – que no cumple por ahora las funciones de asambleísta y se encuentra fuera del país o no sabemos dónde se encuentra – y hace una publicación que no ha sido tratada dentro de la bancada, no puedo tener otra actitud que ésta. No puedo aprobar algo que está mal», agregó.

"Esto es seriedad. No podemos contribuir al show político, a la deshonestidad política. (...) Si está mal lo que hizo la señora Centeno, está mal lo que hizo la señora Palacios". 

¿Qué dijo Palacios?

Palacios, quién tiene una suspensión de 60 días sin sueldo por acoso laboral, escribió en su cuenta de X que «realmente me preocupa la salud mental del presidente Daniel Noboa tras el Pleno del Legislativo del 20 de junio.

Tras las palabras de Cabezas en su entrevista, llegó una aclaración por parte de la legisladora. «Este tweet lo escribí de forma IRÓNICA. Las personas que SI leímos la entrevista en inglés sabemos que el presidente Noboa no está loco, pero: “no ha masterizado el arte de la prudencia”.

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“Creo que coincidimos en la gran mayoría de planteamientos y una unidad de izquierda”, dijo González en entrevista para Ecuavisa.

Agregó que para ella es importante encajar en un mismo proyecto político e indicó que aún no se ha dado la oportunidad de sentarse a hablar con el líder del movimiento indígena.

González resaltó que la elección del binomio presidencial se llevará a cabo en las primarias del movimiento político. Hasta el momento descartó ser la precandidata de la RC y que por ahora cumple la función de recorrer el país e invitar a la ciudadanía a unirse a la organización política. (AGM).

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