El presidente de la CIDH, Ricardo Pérez, manifestó que el Estado deberá pagar una indemnización de USD 31 mil a la víctima por daños materiales e inmateriales. En la resolución del caso, el titular recalcó que se violaron las garantías judiciales, la libertad e integridad personal de Cortez.

El afectado estuvo casi once años sometido a un proceso penal sin justificación. Por ese motivo, los jueces vieron vulnerada la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Respecto a las detenciones ilegales, la Corte resaltó que permaneció incomunicado y a cargo de una autoridad que no tenía la competencia para entender el caso.

Primera detención

Gonzalo Orlando Cortéz Espinoza fue miembro de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) durante 15 años, hasta llegar al rango de Sargento Segundo. El exmiembro laboró como especialista técnico de equipo electrónico de comunicación y navegación terrestre de la Fuerza Aérea. El 28 de febrebro de 1994 fue dado de baja de la institución tras una petición voluntaria del mismo Cortez.

Según un informe de la CIDH, el 19 de marzo de 1997, el Juez Penal Militar de la Primera Zona Aérea ordenó la detención provisional de Cortez por el presunto robo de un equipo electrónico. Los peticionarios del caso alegaron que la orden fue improcedente e ilegal ya que un juez militar no era competente para ordenar la detención de un civil.

Segunda detención

El 11 de julio de 1997 fue detenido sin boleta de encarcelamiento por agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Luego lo trasladaron a la Base Aérea y estuvo incomunicado. La boleta fue dictada cinco días después y la víctima fue presentada ante el juez 19 días tarde.

Durante esta detención, Cortez fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los guardias pateaban la puerta de la celda de la víctima y era agredido verbalmente para crearle temor.  También fue obligado a pagar por sus alimentos y los servían con escupitajos y masticados. 

Tercera detención

El exmilitar fue liberado al pagar una considerable suma para su fianza. Sin embargo, apeló por sus derechos ante un juez, quien resolvió la devolución de su dinero. El 28 de febrero del 2000, Cortez fue a la Base Aérea a hacer el retiro de dicha fianza. En ese momento, nuevamente fue detenido por miembros del servicio de inteligencia militar sin orden detención.

Los peticionarios manifestaron que un policía se prestó a redactar un parte policial falso haciendo contar que él efectuó el arresto en la calle Montúfar, cuando realmente se efectuó en la Base Aérea “Mariscal Sucre”.

El proceso penal se prolongó por casi diez años, en donde la víctima tenía incertidumbre sobre su libertad y fue juzgado dos veces por el mismo delito. Además, la defensa resaltó que el tener este caso abierto fue un obstáculo para que Cortez accediera a otras oportunidades laborales. (A.G.M).

La entrada CIDH sentencia al Estado ecuatoriano por tratos inhumanos a exmilitar se publicó primero en La Calle.