La objeción fue presentada por Juan Esteban Guarderas, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en el marco de una denuncia por supuesta infracción electoral por parte del burgomaestre.

La complicada trama legal inició con la recusación del primer juez designado, Ángel Torres, quien fue excluido debido a un supuesto vínculo cercano con otra denunciante, Mónica Gabriela Jaramillo. Tras el sorteo de un nuevo juez, la causa recayó en Richard González, quien también fue recusado en esta ocasión por la otra parte demandante.

La juez Ivonne Coloma evaluó la segunda recusación y el pleno del TCE determinó su improcedencia. La decisión se basó en el hecho de que el juez Joaquín Viteri, a quien González estaba subrogando, recuperó sus funciones.

«A la fecha, la recusación presentada por el señor Juan Esteban Guarderas Cisneros deviene en improcedente por cuanto el abogado Richard González Dávila, juez suplente, perdió competencia al haber dejado de subrogar al doctor Joaquín Viteri Llanga, juez de instancia asignado por sorteo en la presente causa», reza el comunicado.

Este cambio implica que el juez Viteri asumirá ahora la responsabilidad de conocer la demanda contra el alcalde Muñoz.

Contexto

La acusación contra Muñoz se centra en el supuesto uso indebido de su cargo para promocionar la candidatura presidencial de Luisa González durante las elecciones pasadas-

La infracción electoral que se imputa a Muñoz conlleva sanciones que van desde multas equivalentes a 11 a 20 salarios básicos unificados, hasta la destitución y/o suspensión de derechos de participación por períodos que oscilan entre seis meses y dos años.

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Según González, este es un nuevo intento de la fiscal por tratar de intimidarlo. Recalcó que esta acción la tomaron luego de que solicitara que investiguen el caso Guarderas versus Yunda (exalcaldes de Quito).

El juez suplente justificó su decisión tras detectar que la sentencia no se realizó en el TCE sino en el Consejo Metropolitano de Quito y fue realizada por el abogado de Guarderas, Diego Sambrano.

«Llevo más de 9 meses y medio pidiendo que tomen mi versión y se haga la pericia de los metadatos que evidencié», detalla.

El magistrado indicó que la información reservada por la se lo investiga es la convocatoria a rendir la versión y que, hasta el momento, no se ha concretado.

«Ese documento está en la cartelera del TCE. Señora no puede confundir esa petición con un testimonio o examen. Todos sabemos que son dos cosas diferentes», mencionó.

Además, repitió que es otra maniobra porque denunció el supuesto plagio que tiene la tesis de Salazar.

El fallo con la tesis

Acción Jurídica Popular (AJP) pasó por un sistema antiplagio la tesis de pregrado de la fiscal y también realizó una revisión manual. En el documento que el grupo jurídico entregó a la Universidad Central del Ecuador se detectaron 37 páginas de plagio.

En dichas páginas, hay, según el análisis, textos completos sin cita o referencia alguna, usando incluso textos que no están en la web.

La denuncia se presentó con un informe de más de 170 hojas con todos los hallazgos encontrados para que se analicen y apliquen las sanciones que correspondan, explica un hilo del defensor de DDHH, Cristhian Bahamonde.

El rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Fernando Sampértegui, dispuso la integración de una comisión de “auditoría académica” para investigar el supuesto plagio de al menos un 40% de la tesis de pregrado de Salazar. (N.J.C)

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