“Reina, Richard, Benigno y Gustavo son profesionales altamente respetados que representan lo mejor de América Latina y el Caribe. Su experiencia complementaria en los sectores público y privado, sus enfoques innovadores y su amplio conocimiento de las necesidades. Además de los desafíos que enfrenta la región fortalecerán el liderazgo del BID durante estos tiempos de crisis”, afirmó el presidente, Mauricio Claver-Carone.

Atropello constitucional

La decisión del organismo internacional viola el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana que reza:

“Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no podrán formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que celebren contrato con el Estado. Bien sea para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual, ni ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país”.

El ministro de la deuda

El pasado 7 de octubre, el presidente Lenín Moreno anunció la aceptación de la renuncia de Martínez después de dos años y cuatro meses en el cargo.

El exministro deja un legado cuyo principal sostén es la deuda externa. Préstamos a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el propio BID. Tenedores de bonos deuda y una renegociación que extenderá los pagos hasta 15 años más son parte de su gestión.

Martínez indicó que ese dinero permitirá mitigar los estragos económicos de la emergencia sanitaria. Sin embargo, la deuda pública aún se mantiene en USD 59.000 millones.

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El ahora exministro confirmó a un medio que irá a Washington a trabajar como Vicepresidente de Países en este organismo.

No obstante, de acuerdo con la Constitución ecuatoriana, ningún exministro podrá trabajar en un organismo económico internacional durante dos años después de abandonar el cargo. Así lo dispone el artículo 153.

“Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no podrán formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que celebren contrato con el Estado. Bien sea para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual, ni ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país”.

De manera que cualquier intención de comandar cualquiera de las áreas de este organismo es una afrenta a la Constitución de la República. Los rumores de las intenciones de Martínez de comandar la Vicepresidencia de Países en la administración de Clever-Carone surgieron desde el pasado 28 de agosto.

“Me encantaría reclutar a Richard y a Nigel (…) Soy un gran admirador de Richard Martínez de Ecuador, María Antonieta Alva de Perú, Nigel Clarke de Jamaica y Azucena Arbeleche de Uruguay. No hay escasez de talento de nueva generación en toda la región”, dijo Claver-Carone cuando aún era candidato al BID.

Martínez sale, entra Pozo

El presidente Moreno indicó este miércoles que Martínez dejaba esta cartera de Estado. En su lugar, entraría Mauricio Pozo, quien ocupó el mismo cargo en el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005).

Pozo agradeció el nombramiento en un tuit. «He aceptado la invitación del presidente Lenín Moreno para hacerme cargo del Ministerio de Finanzas. Me honro con esta dignidad y agradezco la confianza en mi próxima gestión», escribió.

«Fortalecer el programa económico y la dolarización, acelerar la recuperación económica y el empleo, enrumbar al país con estabilidad y promover diálogos nacionales para impulsar reformas urgentes, serán las consignas de mi trabajo», agregó.

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Entre los causales está, haber permitido que el Ministro de Economía y Finanzas priorice el pago a tenedores de bonos en lugar de destinar financiamiento para enfrentar la crisis de Covid-19.

Ecuador pagó cerca de 300 millones de dólares en plena pandemia a acreedores nacionales y del exterior. Tal acción fue calificada como un recurso necesario por varios voceros del Estado.

El Secretario del Presidente, Juan Sebastián Roldán comparó esa actitud con la del buen pagador que se acerca a la entidad de crédito a pagar lo que dispone en esos momentos.

La Constitución del Ecuador establece la posibilidad de destitución y juicio político contra un Presidente por “incumplimiento de funciones”. De acuerdo a la Carta Magna, no es posible afectar los presupuestos de áreas sensibles como son la educación y la salud.

Estas áreas fueron las más afectadas durante todo el proceso de la pandemia en el Ecuador, a partir de decisiones enteramente políticas.

Gómez dijo que la propuesta no se ha consolidado y se estaría esperando que al interior de la Asamblea, los bloques políticos, empiecen a manifestarse. Su planteamiento ya tuvo un primer acercamiento al interior de la Comisión de Fiscalización.

La actitud dilatoria de Litardo

Esteban Melo, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, sostiene que “la salud y la educación son mandatos del Estado, cuando se afecta esos derechos, se podría incumplir funciones”.

Desde la presidencia de la Asamblea se retrasa la continuidad de otros juicios políticos. Melo afirma que César Litardo, presidente de la Asamblea, no envía otros juicios políticos que ya están calificados por el Consejo de Administración de la Legislatura.

“Como integrante de la Comisión de Fiscalización solicité a mis compañeros que insistamos en el envío de los juicios políticos”, agregó.

Días atrás, la recientemente conformada Comisión de Fiscalización ya aprobó el informe favorable para el juicio político contra Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (EQ)

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“No es una amenaza, estamos salvaguardando un proceso planificado, presupuestado para llegar a cumplir un calendario electoral. Esto se trata de defender la democracia”, mencionó la presidenta.

Atamaint dijo que, de los USD 20 millones solicitados por el CNE a Martínez para poder empezar con los procesos de compras públicas, el órgano electoral no ha recibido un solo centavo del Ministerio de Finanzas. “Apenas hemos recibido dinero para los sueldos de los miembros de las Juntas Provinciales Electorales, que incluso está reducido y eso tiene que ser analizado si es pertinente o no” acotó Atamaint.

El mismo sentir de los consejeros

José Cabrera, consejero del CNE, señaló que el Ministerio de Finanzas tomó decisiones de forma unilateral, sin previa consulta a la Función Electoral. “El pleno del Consejo Electoral tiene que aprobar esos nuevos salarios, incluso tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo… No puede el señor ministro, por decisión propia, rebajar los sueldos” precisó Cabrera en relación a las acciones de Richard Martínez.

La posibilidad de denuncia al Ministro de Economía y Finanzas está latente dentro del pleno del CNE. Al respecto, José Cabrera dijo “Yo pediré personalmente al Pleno que se considere el artículo 16 del Código de la Democracia. Que habla de interferencias en el proceso electoral. Los miembros del Consejo podemos hacer la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral”. 

Sobre el binomio presidencial Arauz-Rabascall

Distintos sectores políticos y sociales advierten sobre la posible descalificación del llamado “Binomio de la Esperanza”. Por tal motivo, la presidenta Diana Atamaint señalo que cualquier proceso administrativo hacia los candidatos deberá evaluarlo el Pleno. Dijo que ellos serán quienes deben apegarse al derecho, la Constitución y el Código de la Democracia. (DR)

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Hasta este 2 de septiembre, Romo lleva tres intentos de juicios políticos dentro de la Asamblea Nacional. El primero de ellos lo presentaron en relación al mal uso de un helicóptero de la Policía Nacional para fines personales. El segundo fue en relación a los hechos de las manifestaciones de octubre, donde murieron varios ciudadanos, otros perdieron uno o sus dos ojos y la Policía utilizó gas lacrimógeno en zonas de paz llenas de niños y madres indígenas. El último intento está relacionado con el presunto reparto de hospitales a asambleístas para obtener votos a favor de leyes del Gobierno, en el cual Romo sería la mente maestra detrás de todo, de acuerdo a investigaciones periodísticas.

Richard Martínez ya lleva cinco pedidos de juicio político en la Asamblea Nacional. El primero fue en 2019 porque Martínez no entregaba los recursos económicos correspondientes a los GAD´s de la Amazonía. El segundo intento lo presentó el Partido Social Cristiano en el contexto de la pandemia. En ese, acusaban a Martínez de manejar mal la crisis sanitaria y de no dar datos precisos sobre el pago adelantado de la deuda externa. Los otros juicios los plantearon los ambleístas Raúl Tello, Juan Cristóbal Lloret y Jimmy Candell. Ellos aseguraban que Martínez causó un deterioro en la educación con la reducción de su presupuesto y también lo acusan de priorizar el pago de la deuda externa por sobre la salud de los ecuatorianos.

Pedido de destitución

El 27 de agosto del 2020, 123 legisladores de la Asamblea Nacional pidieron al presidente Lenín Moreno que remueva a María Paula Romo de su cargo por incumplimiento de funciones. A través de su cuenta oficial de Twitter, Moreno defendió a su ministra y dijo que cuenta con su respaldo ante las acusaciones del Legislativo. (DR)

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Autora: Sara España

Dos grupos de acreedores “decepcionados” bloquean la negociación de deuda externa de Ecuador

Ecuador iba camino de marcar una senda para los países emergentes en dificultades con su deuda externa. Hace dos semanas, el grupo de acreedores más grandes, uno de los tres bloques, respaldó las condiciones de reestructuración ofrecidas por el país.

El Gobierno de Lenín Moreno anunció el principio de acuerdo como una gran victoria. Pero esta semana, llegado el momento de oficializar la propuesta, el proceso entró en un bache que puso a Ecuador frente al espejo de las complicaciones de Argentina, empantanado desde hace meses en un duro ida y vuelta con sus tenedores externos de bonos.

Los otros dos grupos de acreedores de Ecuador, minoritarios pero determinantes para sellar un acuerdo definitivo, rechazaron el plan de pagos y, considerándose ignorados, expresaron su “decepción” ante el gesto ecuatoriano de lanzar una propuesta sin haber considerado su contraoferta previa.

El planteamiento del Gobierno de Lenín Moreno y el de los dos grupos en desacuerdo se distancian principalmente en tres aspectos y, a juzgar por la respuesta de Carondelet, no hay aún visos de hallar un punto de encuentro. Al comunicado de reproche recibido, Ecuador contestó con un desmarque: pidió a esos dos conglomerados que sean ellos quienes se alineen a la oferta inicial lanzada. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aclaró, después, a EL PAÍS que entre los dos bloques no tienen capacidad para frenar el proceso de negociación, teniendo en cuenta, además, que no todos los tenedores se han pronunciado.

Los bonistas asesorados por BroadSpan Capital y UBS requieren, como garantía para la reestructuración de pagos, que el Estado ecuatoriano formalice un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El anterior pacto con el FMI se desvaneció por la incapacidad del país de cumplir a rajatabla con los compromisos adquiridos. Además, aspiran a dejar intacto el tramo de deuda de los bonos 2024, tal cual como fue emitido por el Gobierno de Rafael Correa. A cambio de esas dos exigencias, ofrecen una quita mayor a la que consta en el acuerdo de principio avalado por tenedores mayoritarios y abren la mano a entregar nuevo financiamiento por hasta 600 millones de dólares que servirían para reducir la brecha fiscal de este año de Ecuador.

En este colectivo están, según detalló el Gobierno ecuatoriano, Amundi (UK) Limited, Contrarian Capital Management LLC, Grantham Mayo Van Otterloo & Co. y T Rowe Price Associates Inc, así como algunos tenedores del bono 2024. Para dar por exitosa la renegociación de la deuda, Ecuador necesita el consenso del 66% de sus acreedores, un porcentaje que debe ascender al 75% precisamente para cambiar las condiciones de las emisiones que los dos bloques en desacuerdo quieren que se paguen sin modificaciones. Mientras no haya avances con esos grupos, el Gobierno ecuatoriano cuenta con un apoyo del 53% y, con base en “conversaciones informales”, puede llegar al 60%. Necesita, por tanto, convencer a los discordantes pero no ha dado muestras de querer flexibilizarlas condiciones iniciales.

El bloque de los más grandes, que incluye a BlackRock o Ashmore, aceptó una quita de 1.500 millones de dólares que dejaría el total de la deuda vigente de 17.375 millones de dólares en 15.835 millones de dólares. Además, benefició a Ecuador con una significativa rebaja de los intereses y una ampliación de plazos. De tasas que oscilaban entre el 7,7% y el 10,7% se bajan a un promedio del 5,3%, siendo ahora la más alta un 6,9% y el margen de tiempo se duplica pasando de 6,1 años, en promedio, a 12,7 años, en promedio, según las especificaciones que compartió el ministerio de Finanzas el pasado 6 de julio.

Esos términos económicos, dicen los acreedores inconformes, “no representan los mejores esfuerzos de Ecuador para alcanzar una reestructuración equitativa con la mayoría de los tenedores de bonos o su capacidad para implementar los principios de los Objetivos de Desarrollo Social para construir un futuro sostenible”, sostenía el comunicado de rechazo. Aseguran, por otro lado, que su contraoferta sería un ‘ganar-ganar’ para todos los implicados.

Ecuador discrepó en un tono similar. Es un ‘perder-perder’, ironizó el país a través de otro comunicado, en el que recuerda a los mercados internacionales “el enorme sacrificio” que está asumiendo el pueblo ecuatoriano con los ajustes sobrevenidos tras la pandemia de la Covid-19. Dijo, también, que “la propuesta de dinero nuevo parece atractiva pero tiene un costo muy alto”, al fijar la tasa de interés en un 9,5 % y al requerir un mayor esfuerzo en el pago del servicio de deuda. La propuesta inicial, matiza el país, ya recibió el aval de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Estas tiranteces tienen plazo de caducidad, pues el 31 de julio se agota el margen para que el Estado andino llegue a buenos términos con sus acreedores, y el 15 de agosto para oficializar el nuevo cronograma de pagos. De no conseguirlo, Ecuador enfrentará una pendiente ascendiente de emisiones en los próximos ocho años que empezaría este ejercicio con 2.000 millones de dólares en plena pandemia.

Nosotros también contamos esta historia días atrás.

La entrada Para renegociar la deuda, los acreedores nacionales exigen un nuevo acuerdo con el FMI se publicó primero en La Calle.

«Este acuerdo de nivel técnico será puesto a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI el próximo 19 de diciembre de 2019. La aprobación en esta instancia permitiría que a finales de este mes lleguen al país USD 500 millones. Completando así el respaldo financiero ofrecido por el FMI para este año de USD 1.400 millones», reza un fragmento.

Ambas instituciones tuvieron mesas de diálogo para definir objetivos. Uno de ellos es impulso a las reformas a los códigos orgánicos de Planificación y Finanzas Públicas y Financiero y Monetario. Estos cambios se enviarán a la Asamblea Nacional en el año 2020 para su discusión.

Este acuerdo aparece justo después de la aprobación, el lunes 9, del proyecto de ley tributaria en la Asamblea Nacional.

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El resultado de esta reunión es el apoyo del FMI al proyecto de ley de reformas tributarias, objeto de análisis en la Asamblea Nacional.

En septiembre el gobierno esperaba un desembolso de $250 millones de la entidad internacional. Pero éste no llegó, por la renegociacion del acuerdo pactado con la institución.

Entre las metas del acuerdo estaba el incremento de los ingresos fiscales a 2.000 millones de dólares el siguiente año. Para ello, decretó la eliminación del subsidio a los combustibles. Decreto eliminado después de 12 días de protestas a nivel nacional.

El proyecto de ley de crecimiento económico no tuvo la venia del Legislativo y los Asambleístas votaron para que se archive. Y el gobierno espera el pronunciamiento sobre el nuevo proyecto de ley de tributos.

El desembolso del crédito con el FMI no será efectivo hasta que el gobierno cumpla las metas pactadas. El riesgo país está en 1.114 puntos, de forma que, es imposible pedir otro tipo de financiamiento.

La entrada Richard Martínez busca el diálogo con el FMI se publicó primero en La Calle.

El riesgo país es el grado de peligro que corre una empresa al realizar una inversión en determinado territorio. Debe considerar las condiciones políticas, económicas y sociales en las que se encuentra el país. Así como, la capacidad que el Estado tiene para pagar una deuda.

El aumento del riesgo país es consecuencia de las manifestaciones de inicios de octubre en contra de las medidas antipopulares de parte del gobierno. Una de ellas y la mas criticada fue a eliminación al subsidio de los combustibles, que provocó levantamientos de varios sectores del país, como también la paralización de este durante 12 días. Posteriormente, se envió una nueva Ley económica, que el Legislativo archivó.

Para Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, la decisión de archivar la ley hizo que el nivel del indicador se eleve y provoque aspectos negativos del país frente al mercado internacional.

Un mal gobierno y un país cotizado son los principales factores para el aumento del riesgo país. Factores que ponen en aprietos la economía de un territorio.

La entrada El riesgo país aumenta a 1.128 puntos en Ecuador se publicó primero en La Calle.

La sesión inició con la intervención del asambleísta por la bancada de Revolución Ciudada, Hermuy Calle quien criticó la inconstitucionalidad de la ley. Ejemplificó el artículo 157 de la Ley de Crecimiento Económico que, dijo, pretende determinar la autonomía del Banco Central (BCE), lo que transgrede el artículo 303 de la constitución.

Además, los artículos 230 y 237 del proyecto proponen la disminución gradual de la proporción de liquidez doméstica. Calle sostuvo que mientras actualmente, el 60% de los depósitos de los ecuatorianos en la banca están obligados a que sean invertidos en el Ecuador, con la ley, esta obligación se eliminará. A su parecer, este proceso seguirá un círculo vicioso que nos llevará a una crisis sistémica parecida a la de 1999.

Pabel Muñoz, legislador por Revolución Ciudadana, estuvo abierto a recibir un nuevo proyecto de ley por parte del Ejecutivo. “Nos comprometeríamos, entiendo yo, a trabajar sábados y domingos para tratar un nuevo informe de ley, pero no cabe que este se preste a ese tipo de juegos”, puntualizó.

Tello y Almeyda mocionaron el archivo

La moción de negación y archivo vino desde los asambleístas Raúl Tello, independiente, y Vicente Almeyda de la bancada socialcristiana.

Para Raúl Tello la propuesta del Ejecutivo afectaba a la mayoría más vulnerable de la población. Resaltó que sí se debe dar trámite a la remisión de los intereses por deudas de estudiantes y beneficios a maestros comunitarios. “Veo que aquí en primera instancia existe la tozudez del Presidente de la República. Hay inconstitucionalidades como por ejemplo, que el proyecto trataba varias materias y no como dice la Constitución que trate solo una. El artículo 141 es lesivo a los derechos de los afiliados y jubilados de este país. En el último acto castrense que participó el Presidente de la República se comprometió a dejar fuera a la Policía y a las Fuerzas Armadas, el ISPOL y el ISSFA, esto es discriminatorio porque los ecuatorianos somos todos iguales de acuerdo a la Constitución y a la ley”, dijo el asambleísta.

Por su parte, Vicente Almeyda del Partido Social Cristiano, criticó el tratamiento del proyecto de Ley. “El pueblo tiene que saber que en este parlamento han ocurrido situaciones vergonzosas que dejan la imagen de la Asamblea Nacional más debilitada de lo que se encuentra. Hemos denunciado y condenado que este proyecto arrastra una serie de nulidades, irregularidades, ilegalidades que van desde la convocatoria al tratamiento del informe”. Para el asambleísta hubo anexos enviados que no se trataron y que la misma ley se resume en 8 hojas que no representa la esencia del proyecto.

El respaldo a la moción

El apoyo al archivo contó con la aprobación de la bancada de Revolución Ciudadana, la del Partido Social Cristiano, Suma y algunos asambleístas de CREO.
A continuación los nombres de los legisladores que apoyaron la moción de archivo:
Marcela Aguiñaga
Verónica Arias
Carlos Bergmann
Rodrigo Collaguazo
Hermuy Calle
Juan Cárdenas
José Chalá
Kharla Chávez
Esther Cuesta
Liliana Durán
Ronny Aleaga
Augusto Espinosa
Carmen García
Diego García
Verónica Guevara
Marcela Holguín
Juan Cristóbal Lloret
Esteban Melo
Pabel Muñoz
Amapola Naranjo
Mauricio Proaño
José Agualsaca
Carmen Rivadeneira
Silvia Salgado
Franklin Samaniego
Mónica Alemán
Doris Soliz
Bairon Valle
Juan Pablo Velín
Wendy Vera
Lira Villalva
Nancy Guamba
Lexi Loor
Wilma Andrade
Magda Zambrano
Raúl Auquilla
Henry Cucalón
Mercedes Serrano
José Ugarte
Henry Llanes
Guillermo Celi
Segundo Yunga
Jeannine Cruz
Lourdes Cuesta
Mauricio Zambrano
Javier Cadena
Elio Peña
Freddy Campoverde
Doris Calderón
Cristina Reyes
Roberto Gómez
Mariano Zambrano
Jimmy Candell
Encarnación Duchi
Jaime Olivo
César Rohón
Vicente Taiano
Manuel Mendoza
Esteban Torres
Gabriela Larreátegui
Héctor Muñoz
Raúl Tello
Eddy Peñafiel
Tito Puanchir
Fredy Alarcón
Vicente Almeyda
Dennis Marín
Soraya Rodríguez
Fabricio Villamar
Héctor Yépez

A su vez, se abstuvieron los asambleístas:
Esteban Albornoz
José Serrano
Ivan Casanova
Elizabeth Cabezas
Lenin Plaza
Andrea Yaguana
Lina Astudillo
Fernando Burbano
Eliseo Azuero
Fernando Callejas
Rina Campain
Absalón Campoverde
César Carrión
Ángel Sinmaleza
René Yandún
Homero Castanier
Pedro Curichumbi
Patricio Donoso
Fernando Flores
Rosa Verdezoto
Ángel Gende
Diana Saltos
Mae Montaño
Henry Moreno
Luis Pachala
César Solórzano
Boris Estupiñan
Washington Paredes
Marcelo Simbaña
Byron Suquilanda
Tanlly Vera

Pero también hubo parlamentarios que estuvieron en contra de la moción de Tello y Almeyda. En su mayoría pertenecen a la bancada oficialista de Alianza PAIS:
Alberto Arias
Marcia Arregui
Karina Arteaga
José Marquez
Rubén Bustamante
Carlos Cambala
Fausto Terán
Calletano Tenorio
Gabriela Cerda
Jorge Corozo
Liuba Cuesta
Michel Doumet
Brenda Flor
William Garzón
Fafo Gavilánez
César Litardo
Ana Belén Marín
Daniel Mendoza
Manuel Ochoa
Rosa Orellana
Ximena Peña
Nelly Andrade
Luis Quijije
Julio Quiñónez
Guadalupe Salazar
Carlos Vera
Martha Chactong
Juan Carlos Yar
Noralma Zambrano
Alberto Zambrano
María Mercedes Cuesta
Franco Romero

La entrada Asamblea archiva la Ley Económica de Lenín Moreno se publicó primero en La Calle.

“El modelo la CONAIE busca debilitar la actividad privada”, dijo el ministro de economía y finanzas, con referencia a las propuestas entregadas por el ya nombrado grupo a las que describió en una frase “Pan para hoy, hambre para mañana”.

Por otro lado, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, afirmó que este documento se discutió por 200 organizaciones y que “Es del pueblo, para el pueblo y por el desarrollo del país”.

La propuesta plantea incrementar al 4% la recaudación del Impuesto a la Renta a los 270 grupos económicos más fuertes. Además de un impuesto del 1% a los activos de esos mismos grupos. Y otro del 5% al patrimonio de los grupos económicos fuertes.
Proponen también la reducción del IVA al 10%, a fin de incrementar las transacciones y aumentar la recaudación.

Sugieren que Petroecuador cambie los términos de los contratos de prestación de servicios y que las empresas telefónicas paguen una contribución especial. Plantean la no privatización del Banco del Pacífico y la condonación de los intereses de las deudas de los campesinos. Y, en algunos casos, el perdón total de la deuda, alargar los plazos y suspender los juicios por embargos.

Ante la negativa del gobierno, Vargas solicitó que se considere su propuesta y no descartó la reactivación de las movilizaciones.

La entrada Gobierno rechaza propuesta económica de la CONAIE se publicó primero en La Calle.

Las reducciones también han tocado a las Universidades públicas, a las que se les recortará USD83 millones del presupuesto. Las mayores afectadas son: la Universidad de Cuenca, con una reducción de USD14.946.792; la Politécnica Nacional, con USD14.685.719 menos e IKIAM con una reducción de $19.803.679.

“No señores, el país no ha vuelto a la normalidad violenta de la desigualdad. ¡Lxs estudiantes marcharemos para defender nuestro derecho a una educación pública, gratuita y de calidad!”, escribió como reacción el movimiento Estudiantes Autoconvocados, a través de su cuenta de Facebook.

AM/CM/sam

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El documento señala que este proyecto de Ley carece de estudios técnicos e inacción legislativa. El comunicado, publicado en sus redes sociales, indica que las medidas económicas propuestas perjudican la estabilidad económica, social y política del país, además de “una reducción del espacio de soberanía nacional en los ámbitos fiscal monetario y financiero”.

El pasado viernes 18 de octubre, el Ministerio de Finanzas presentó el proyecto de Ley de Crecimiento Económico. De acuerdo con declaraciones del presidente Lenín Moreno, el proyecto contempla no incrementar el impuesto al valor agregado (IVA).

Este proyecto contempla además que las Empresas que tienen ingresos por 1 millón de dólares al año, harán una contribución que representará 532 millones de dólares, durante tres años.

DE/CM/sam

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Los asambleístas tienen 30 días para leer, entender, debatir, cambiar, enmendar, corregir y afinar las reformas enviadas por el Ejecutivo. Hasta hoy, lunes 21 de octubre, ya han transcurrido tres días, la Asamblea no se ha reunido, no han tratado el tema y el tiempo continúa inexorable.

El Gobierno desperdició tres días al enviar las reformas entre gallos y medianoche. ¿Será que el tiempo les alcanza a los asambleístas para tratar las reformas? Después de 27 días lo sabremos.

La entrada El Gobierno envió las reformas tributarias a la Asamblea entre gallos y medianoche se publicó primero en La Calle.